NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 22 de enero de 2018

Cuenta de cobro

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Que la Organización Ardila Lulle esté considerando no renovar la licencia[1] para mantener al aire su Canal RCN, debido a los bajos consumos de las audiencias, según lo señalan las mediciones del rating, bien puede obedecer a la equivocada y malintencionada política editorial asumida por el Noticiero RCN frente al proceso de paz adelantado en La Habana. Directrices que tienen en la periodista Claudia Gurisatti a su más férrea ejecutora, quien al final llevó a que el noticiero fungiera como una suerte de courrier[2] propagandístico[3]  de los sectores de poder enemigos de las negociaciones y  actor político[4], con todo y lo que ello significa.

Si ese factor contextual explica la crisis económica del Canal y el que la organización Ardila Lulle esté considerando no dar continuidad a la licencia y por esa vía renunciar al uso del espectro electromagnético, estamos ante hecho político, social, cultural y mediático de inusitado valor. Y es así, porque ello sugiere la consolidación de unas audiencias  que, con toda la capacidad para conectar los intereses económicos y políticos que siempre aparecen detrás del funcionamiento de un noticiero, en particular los fuertes hilos del poder que se agitan con cada emisión del noticiero RCN,  y con el criterio suficiente para definir qué consumir, pueden estar presionando cambios no solo en la dirección del Noticiero RCN, sino en la continuidad misma de la operación del Canal.

Insisto en que de comprobarse que los bajos niveles de rating que marca la oferta televisiva del mencionado Canal privado, tienen conexión con el rechazo que generó aquella política editorial de deslegitimar el proceso de paz y afectar la credibilidad del Gobierno de Santos, estamos ante un enorme cambio cultural de un sector importante de la opinión pública que reconoce cuándo un medio informa de manera veraz y "objetiva" y cuándo hace apología de la guerra, tal y como lo hizo el noticiero RCN bajo la dirección de Claudia Gurisatti.

La conexión clara e indiscutible entre bajo consumo de la oferta televisiva y el ejercicio malintencionado del periodismo la hicieron un poco tarde las directivas del Canal, al advertir el bajo consumo y los bajos niveles de rating de la novela, recientemente lanzada, sobre la vida del periodista y humorista, Jaime Garzón. Omar Rincón, crítico de televisión y analista de medios señala que: “La gran contradicción es que el canal uribista, clasista y anti-paz de Colombia haga una serie para celebrar todo lo contrario: el pensar colectivo, los derechos humanos, la igualdad social, el hacer las paces. El peor enemigo del éxito de la serie Garzón es RCN, o siendo directos: el peor enemigo de la serie es el noticiero de RCN. Otra vez más, la ficción cuenta más sobre el país que el noticiero[5].

Lo cierto es que lo que viene sucediendo con el Canal RCN es un campanazo de alerta tanto para libretistas, periodistas y directivos. Advertencia que claramente les dice que las audiencias en Colombia cambiaron y que el manejo informativo y la política editorial no pueden ir en contravía de un anhelo de paz que, aunque controversial por la forma como se dio la negociación política en La Habana, estaba anclado en lo más profundo de un sector amplio de la sociedad que se hartó de la guerra y que poco a poco venía expresando su molestia con ese periodismo que poco aportaba a la reconciliación y a la comprensión de  la delicada coyuntura y el momento histórico por el que atraviesa el país.

Al final, creo que esas audiencias cansadas de la manipulación de los hechos y de las acciones informativas tendientes a tergiversar lo que acontecía en La Habana y lo que se dio posterior a la firma del Acuerdo Final, le están pasando cuenta de cobro al Noticiero RCN y por su conducto, a todo lo que representa el canal RCN. Eso sí, la pérdida de credibilidad[6] y el bajo consumo de la oferta cultural e informativa lleva años consolidándose y al parecer, las directivas del Canal apenas se están percatando.



Imagen tomada de El Tiempo.com

viernes, 19 de enero de 2018

La cruzada de los Inmorales

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El viaje[1] que emprendió a Venezuela la pre candidata presidencial, Martha Lucía Ramírez, confirma que la ex ministra de Defensa apelará al fantasma del “Castrochavismo”[2], en caso de que decida lanzarse como candidata independiente, ante la dificultad de consolidarse la coalición de Derecha y ultraderecha de la que hacen parte el candidato que escogió Uribe Vélez, el bogotano Iván Duque y el corrupto ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.   

Como parte o no de la coalición, la señora Ramírez apela a la estratagema electoral de asustar al electorado colombiano con los riesgos de que Colombia se “vuelva como Venezuela”. Viaja al vecino país y se toma fotos en estantes vacíos de supermercados. A la ex ministra le preocupa la “crisis humanitaria” de Venezuela, pero guarda sospechoso silencio frente al sistemático asesinato de líderes sociales y políticos y al hambre que padecen millones de colombianos que, bajo el sistema capitalista que ella defiende, viven en extrema pobreza. De la misma manera como jamás le preocupó a la señora Ramírez el drama humanitario de la población colombiana víctima del desplazamiento forzoso por cuenta de los actores armados enfrentados: guerrillas, paras y fuerza pública. Y mucho menos le preocupò la muerte de cientos de miles de civiles que fueron asesinados por militares, en lo que se conoce como "Falsos positivos".

En las críticas que hace a Venezuela, la ex ministra de Defensa en el Gobierno de Uribe comparte tareas con Iván Duque, quien desde España hizo lo mismo con el régimen de Maduro. Mientras el ungido por el dueño y Patrón del Centro Democrático y la elegida de Andrés Pastrana Arango usan la situación de desabastecimiento y la crisis económica y política del vecino país para atrapar incautos e ignorantes, el fanático religioso Ordóñez Maldonado insistirá en el “rayo homosexualizador” que sobrevino sobre Colombia una vez se firmó el Acuerdo Final en La Habana, para convencer a cientos de miles de   homofóbicos que como él, aún creen que ser homosexual es una enfermedad o una perversa confusión.

Es decir, esta coalición del NO insistirá en reeditar la campaña plebiscitaria del 2 de octubre, para engañar al electorado con el ya manido fantasma del "Castrochavismo" y el riesgo de que todos los colombianos que apoyen el proceso de paz con las Farc y la implementación de lo acordado, firmado y refrendado por el Congreso , terminen  "convertidos" en homosexuales.

Sin duda, estamos ante una cruzada moral, curiosamente anclada en la inmoralidad que acompaña al inmediato pasado público del señor Ordóñez Maldonado, quien se hiciera reelegir como Procurador General de la Nación de manera irregular,  violando la Constitución Política de Colombia. De igual manera, la cruzada moralizante está ancorada en la indignidad que acompaña a los ex presidentes que la sostienen política y económicamente: Álvaro Uribe Vélez[3] y Andrés Pastrana Arango[4].

Estamos, sin duda alguna, ante una campaña presidencial que reedita la vieja doctrina del “enemigo interno”, con la que se persiguió a comunistas y que en Colombia la Derecha y la ultraderecha insisten en mantener, a pesar del desarme y la reincorporación de las Farc a la vida social y política del país. El peligroso aderezo que acompaña a los símbolos y al discurso de dicha coalición, lo pone el quemador de libros, lefebvrista  y clientelista Alejandro Ordóñez Maldonado[5]. La prensa no debería de hablar de “Coalición de derecha”, lo que simplemente es la Cruzada de los Inmorales. Còmo estaremos de mal en Colombia, que Uribe, Pastrana y Ordòñez son hoy, para millones de ignorantes y despistados, el faro moral del paìs. 





jueves, 18 de enero de 2018

CHIRAJARA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El desplome de una parte de la estructura del puente Chirajara  golpea la confianza social, técnica y política que sobre  la ingeniería colombiana se venía construyendo con promocionadas vías 4G y con otras ejecutorias a nivel nacional; además,  deja entrever con claridad la detestable práctica de los actores involucrados en el hecho, de no asumir con rapidez y diligencia la responsabilidad correspondiente. No basta con salir a  los medios[1] a lamentar la muerte de los 9 trabajadores que cayeron en el colapso de la estructura. Antes de que la Fiscalía investigue y señale responsabilidades penales, se esperaría que alguien, por lo menos políticamente, asuma la responsabilidad de lo sucedido. Bien podrían asumirlas el propio Presidente Santos y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Por el contrario, asumir responsabilidades por lo acontecido se torna complejo y difícil porque el enrevesado esquema de subcontratación facilita la aceptada práctica cultural de evitar asumirlas hasta tanto no haya una presión de la justicia o exista una sentencia judicial que así lo señale. Y sobre la presión que puede ejercer la prensa, ellos saben que a través de titulares[2] se puede matizar el vergonzoso episodio.

Sin duda, la caída del pontón Chirajara es un hecho, además de técnico e ingenieril, público, y por lo tanto, tiene un carácter político. De allí la necesidad de “politizar” el hecho, dado que allí están comprometidos el Estado en su conjunto, el Gobierno de Santos como garante político y ético de unas obras, así como los consorcios y firmas que las diseñaron, financiaron y ejecutaron.

Una vez ocurrido el desplome de la estructura, se esperaría que las firmas comprometidas en la ejecución técnica de la obra desplazaran un equipo, con el acompañamiento de grupos privados  de ingenieros y la vigilancia de los entes de control estatal, para evaluar con rapidez y diligencia lo sucedido y explicar las causas del desprendimiento de una parte del puente en cuestión.

Resulta inaceptable que los voceros de las firmas comprometidas no le hayan anunciado al país la conformación de un equipo de trabajo que busque establecer qué sucedió con el puente. Pero no, es más fuerte la práctica de “esperar a ver qué pasa”, para luego asumir responsabilidades civiles y penales.

Esos silencios hacen parte de lo que en varias columnas llamo el ethos mafioso. Como sociedad hemos naturalizado no solo las coimas que pagaron funcionarios de Odebrecht a políticos para que adjudicaran obras civiles de gran calado como el proyecto Ocaña-Gamarra (4G), sino la permisividad en la ejecución de obras, en la aceptación de las mismas por parte de interventores que a pesar de saber de riesgos por problemas técnicos, comprometen sus firmas y las avalan, participando así de actos de corrupción. Lo más probable es que en el desplome de la obra se descubran problemas de cálculo o aquellos surgidos por la mala calidad de materiales usados en la estructura que se vino al suelo.  

Lo que deben entender las entidades comprometidas en este caso es que no solo se desplomó una estructura, sino que se vino abajo la confianza, el buen nombre, la respetabilidad y el actuar  ético de unas firmas de ingenieros y de un Gobierno que le apuntó a la construcción de vías para conectar y hacer más competitivo el país.

Y ojalá que el proceso de reparación a las familias de las víctimas del siniestro sea transparente y justo y ojalá cuente con el acompañamiento  de alguna entidad del Estado, porque es de esperar que se ofrezcan compensaciones económicas que no alcanzan a compensar el dolor infringido. Y esto se puede dar, porque no generan confianza quienes guardan un desacertado y cómplice silencio frente a un suceso en el que de manera directa e indirecta, hay responsables naturales.





Foto tomada de El Espectador, cortesía de Periódico del Meta.

[2] El titular de EL TIEMPO, medio que pertenece a Sarmiento Angulo, comprometido en la obra en cuestión, es una clara muestra de un ejercicio de salvaguardar el nombre del propietario: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/puente-en-via-bogota-villavicencio-se-desplomo-y-deja-victimas-mortales-171458

lunes, 15 de enero de 2018

Estado y proceso de implementación

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Durante los 50 años de conflicto armado interno[1] entre el Estado y la guerrilla de las Farc-Ep[2], se consolidó la idea alrededor de que Colombia no alcanzaba niveles constantes y óptimos de crecimiento económico y desarrollo, justamente, porque se debía enfrentar a ese “enemigo interno”, lo que suponía un esfuerzo militar y económico y por supuesto, institucional desde la perspectiva política, para lograr imponerse y someter, militar y políticamente a dichas fuerzas subversivas.

Adjunta a esa idea gravitó otra que advertía como obstáculo histórico para que el Estado colombiano fuera considerado moderno en el sentido planteado por el proyecto de la euro modernidad, su evidente debilidad, manifiesta en su no presencia hegemónica a lo largo y ancho de su territorio.

Estas dos ideas fueron sumándose a lecturas académicas, circunstancias y hechos, dando lugar a una tesis que indicaba que el origen mismo del conflicto armado interno entre el Estado y las guerrillas se dio y se mantuvo por más de 50 años, por la nula presencia del Estado como un tipo de orden capaz de guiar y controlar la vida de sus habitantes.

Si hoy, gracias al proceso de paz de La Habana, la guerrilla más grande del país (las Farc-Ep) ya no existe como tal[3], en qué radican las dificultades institucionales para lograr que el Estado cope el territorio nacional y por esa vía someta, en beneficio colectivo, a aquellas fuerzas y actores que insisten en actuar en contra de o de forma paralela al Estado formalmente establecido (paraestados)? Es decir, después de la salida de los combatientes de las Farc de los territorios en los que hacían presencia militar, para concentrarse en las zonas de verificación, proceso que completa 18 meses, ¿por qué no se ha construido Estado, sociedad y mercado en aquellos lugares?

Más allá de las discusiones de si el Estado es una especie de “artefacto portátil” que se lleva y se instala en determinado territorio y de las dificultades que subsisten para que su operación sea efectiva y perenne en el tiempo, hay una verdad inocultable: el Gobierno de Santos no pudo, en nombre del Estado y Juan Manuel Santos como jefe de Estado, lograr que la institucionalidad estatal llegase a los territorios que las Farc abandonaron gracias a que se puso fin al conflicto armado interno.

Para explicar la no presencia del Estado en los señalados territorios ex farianos, propongo la siguiente tesis: subsisten dentro del Estado mismo, el Gobierno actual y al interior de lo que se llama el Establecimiento, poderosos actores económicos, políticos y sociales que luchan  contra la institucionalidad que busca, desde una aceptada noción de Estado, expandir y asegurar la presencia estatal hegemónica. Dichos actores, conectados interesadamente con fuerzas ilegales (narcotráfico y todo tipo de actividades mafiosas como contrabando), presionan y hacen ingentes esfuerzos para que no se diseñen e implementen acciones y políticas públicas tendientes a edificar y garantizar la presencia y la operación de un Estado desde la concepción moderna. Igualmente, aparecen los intereses particulares de ganaderos, latifundistas y filiales de multinacionales a las que les conviene, hasta cierto punto, que el Estado se mantenga ausente, débil o proclive a ofrecer todo tipo de garantías a inversionistas solo interesados en aprovecharse de la labilidad estatal y de las oportunidades que ofrecen las tierras que fueron liberadas de las Farc-Ep.

Lo dicho por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, confirma la penosa situación que afrontan cientos de miles de colombianos que en particulares territorios, viven a pesar de la No presencia del Estado, o de su presencia debilitada. Dijo Antonio Guterres, en el marco de la evaluación del proceso de implementación del Acuerdo Final firmado en el teatro Colón entre las antiguas Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, “acelerar el proceso de presencia activa del Estado en la totalidad del territorio nacional (…) para terminar la dualidad entre una Colombia próspera, útil y desarrollada y una Colombia periférica, marginada, donde el Estado está muy débilmente presente y donde las comunidades no tienen acceso a las ventajas del desarrollo económico y tecnológico”. Pero puntualizó que tal presencia no es solo para garantizar seguridad, sino también para promover el acceso a servicios públicos, a la salud, a la educación y “para solucionar problemas muy antiguos, como los ligados a la tierra, para mejorar las condiciones de la población[4].

Sin duda, es importante la crítica y el llamado que hace el Secretario General de las Naciones Unidas al actual Gobierno de Colombia para que en el poco tiempo que le queda al frente del Estado, intente por lo menos dejar acciones y decisiones institucionales que pueda recoger el próximo Gobierno y que conduzcan a la consolidación del Estado como un orden moderno. Pero no será fácil, porque en Colombia hay “un doble Estado”: uno que  actúa inmerso en la ilegalidad y otro que le permite a determinados actores de poder no solo fungir como Estado, sino aprovecharse de una debilidad auto inducida.

El presidencialismo y el ejercicio mismo de la política son un factor claro que impide la consolidación[5] del Estado como un orden justo, legítimo y perenne a lo largo y ancho de sus fronteras internas. El débil sistema de pesos y contrapesos, consecuencia de la acción clientelista de congresistas, ministros y presidentes, aporta significativamente a extender en el tiempo la presencia no hegemónica del Estado o que se considere como un “Estado en construcción”.

Pedro Medellín lo señala de esta manera: “aunque ofrezca lo divino y lo humano en la campaña electoral, por más que se comprometa con la salud o la educación, al próximo presidente le va a tocar la tarea más relevante y decisiva: restablecer el orden constitucional que en solo 25 años, un gobierno tras otro, han destrozado.  Y no lo es por las 54 reformas constitucionales que desde el 18 de agosto de 1993 han ido vaciando la Constitución de 1991. El desafío está, sobre todo, en quitar el piso a las prácticas gubernamentales, legislativas y judiciales que, desde los días siguientes a la expedición de la Constitución de 1991, han ido desmantelando el orden constitucional del país.  Me refiero a los centenares de leyes orgánicas y decretos reglamentarios que, desde la Presidencia y el Congreso, se han expedido alterando las reglas del juego constitucional y legal del país. Todo a través de un proceso en que se entregan puestos y contratos a los congresistas a cambio de apoyos a los proyectos de ley presentados por el gobierno ante Senado y Cámara, sin importar si transgredían las normas o no”[6]

Por lo anterior, en varios años el mismo u otro Secretario General de la ONU podrá hacer la misma crítica y el mismo llamado pues el problema de construir Estado, sociedad y mercado no solo pasa por una aún no consensuada y compartida noción de lo que debe ser un Estado moderno, sino que pasa por los mezquinos intereses de élites de poder local y regional que insistirán en mantener una institucionalidad estatal a la altura de sus deseos y negociados. Y todo, porque como sociedad permitimos la entronización del ethos mafioso que guía la vida de los funcionarios públicos y la de los agentes privados.   



Imagen tomada de la revista Semana.com


[3] Aunque mantienen la misma sigla, hoy existe la Farc: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Véase:  http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/09/por-german-ayala-osorio-comunicador.html

jueves, 11 de enero de 2018

ELN: ¿EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El proceso de paz que el gobierno adelanta con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) acaba de sufrir su más fuerte traspiés, por la absurda decisión de miembros de ese grupo armado ilegal de atentar contra la infraestructura económica y unidades militares, horas después de finalizado el cese bilateral y temporal al fuego[1] pactado con el Gobierno de Santos.

Tanto los atentados de ayer, como el crimen del indígena Aulio Isarama Forastero[2] dejan entrever una fuerte tensión y fractura entre la dirigencia del ELN y miembros de Frentes que parecen operar desconociendo la línea de mando y las directrices del COCE. Si eso es así, estamos ante una compleja circunstancia política y operativa que haría casi imposible que la negociación política avance, se logre poner fin a las hostilidades en forma definitiva y los miembros de esa agrupación subversiva se desmovilicen y reintegren a la vida social, económica y política del país. Y si por el contrario, los señalados hechos corresponden o dan cuenta del cumplimiento de órdenes emanadas por el Comando Central, entonces estamos ante una dirigencia guerrillera obtusa, envilecida por la guerra, ciega e irresponsable con el momento histórico que vive el país, lumpenizada, criminal y en exceso dogmática, que se ahoga poco a poco en su anacrónica lucha armada.

En esa misma dirección, cito apartes de lo expresado recientemente por Víctor De Currea-Lugo: “El ELN sabe de los graves problemas de incumplimiento del gobierno en el caso de las FARC, pero no es eso lo que le amilana, eso hace parte del inventario. Lo que les pesa como un ancla es la unidad interna que quieren salvar a toda costa y, como dice el refrán, los ejércitos avanzan al paso del más lento. El problema es que el más lento, en este caso las llamadas “barras bravas” elenas y la minoría contraria a los diálogos, parece que están ganando el pulso. Los incidentes, que son reales, también sirvieron de excusa...”[3]

Con todo y los problemas con la implementación del Acuerdo de La Habana[4], dicho proceso de paz hace parte del positivo momento histórico por el que atraviesa el país, circunstancia esta que  debería de ser el norte que los guerrilleros del ELN y su dirigencia busquen, con el firme propósito de abandonar aquella sentencia que los hace ver cada vez más como una guerrilla dogmática: “liberación o muerte”. Pero al juzgar por los hechos acaecidos, la ya vetusta dirigencia elena no solo parece que se quedó petrificada en los convulsionados años 60, sino que contradice sus mismos principios y valores de lucha, al afectar negativamente a los sectores sociales y comunitarios cuya presencia la consideran definitiva y necesaria para la discusión pública de la agenda pactada con el Gobierno.  Se trata de esas mismas comunidades que claman el cese de las hostilidades, un alivio humanitario, el respeto de sus vidas, cosmovisiones y territorios.

Ese mar de contradicciones del ELN se puede explicar en las profundas diferencias de formación política que suelen darse entre los altos mandos y la base guerrillera. De un lado, unos gozan de formación académica que les permite mantener el sentido de un proyecto político, a pesar del incuestionable fracaso de la lucha armada; y otros tantos, la inmensa mayoría de la base guerrillera, arropados por la ignorancia, la nula o poca formación política y presionados por alcanzar un lugar importante dentro de una organización vertical y dominante, no alcanzan a entender que el tiempo de la lucha armada ya pasó y que al insistir en esta, corren no solo el riesgo de morir, sino de empeorar la vida de los “desvalidos”, del “pueblo abandonado” y de los “pobres” por los cuales dicen luchar contra un orden político corrupto, criminal y violento.

Parece que el COCE y la base guerrillera no comprenden las delicadas circunstancias en las que se desarrollará el próximo  escenario electoral. Con cada atentado perpetrado, la derecha y la ultraderecha se afianzan ante una opinión pública manipulada y sus candidatos ganan visibilidad para desestimar no solo el actual proceso de negociación que se adelanta en Quito, sino lo acordado en La Habana.

De romperse el proceso de negociación que se adelanta en Quito (Ecuador) y de mantener las hostilidades y de consolidarse la degradación de la lucha armada, el Comando Central de dicha guerrilla corre el riesgo de quitarle y borrarle a dicha organización lo poco que le queda de “Ejército de Liberación Nacional”; al final, lo que lograrán es poner en duda si realmente son lo que dicen ser, porque ni actúan como Ejército, ni lograron “liberar al pueblo” que dicen defender y porque el alcance territorial de su lucha  es mínimo y su presencia termina por aumentar la pobreza y la miseria que se vive, por ejemplo, en el Chocó.






martes, 9 de enero de 2018

TRES TEMAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En varias columnas anteriores sostengo que este 2018[1] será un año definitivo para el país. Y es que más allá de las candidaturas,  de las estrategias  y estratagemas que  pondrán en marcha los interesados,  y de las decisiones que adopte el electorado, existen varios temas que de manera inexorable deberían de hacer parte de la agenda pública y de las preocupaciones de cada uno de los ciudadanos colombianos: el primer tema, la anuencia social y política con la corrupción. Si como sociedad no adoptamos medidas y posturas que nos lleven a proscribir la deshonestidad, la trampa, la marrulla y el Todo Vale[2], el ethos mafioso[3] seguirá fortaleciéndose hasta hacer inviable la convivencia pacífica entre quienes le apostamos al desmonte de las prácticas corruptas, y aquellos que desde diversos ámbitos y discursos hacen todo para validar y legitimar  el engaño, el contubernio y la indecencia.

El segundo tema, el medio ambiente. Debemos, como ciudadanos “sentipensantes”, entender que el actual modelo de desarrollo[4] extractivo deviene insostenible ambientalmente. No podemos  continuar desangrando[5] a la Madre Tierra de la forma como se viene haciendo desde los gobiernos de César Gaviria, pasando por los periodos de Uribe y Santos, con el único objetivo de asegurar millonarias ganancias a multinacionales que explotan a gran escala oro, coltán, carbón y petróleo (fracking[6]).  Al despropósito de extraer las riquezas del subsuelo, en las precarias condiciones institucionales y en las discutibles circunstancias técnicas, se suma un desarrollo urbanístico caótico, especulativo e incontrolable, que pone en riesgo la vida civilizada y la de valiosos ecosistemas boscosos en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, para nombrar apenas tres grandes capitales.

Y el tercer tema, tiene que ver con la implementación de lo acordado en La Habana, firmado en el teatro Colón de Bogotá y refrendado por el Congreso y validado por la Corte Constitucional. Es de suma importancia que los electores y los ciudadanos entiendan que haber desmovilizado a las Farc y el permitir su existencia como partido político es un hecho político, social, económico y cultural (civilizatorio diría) que nos abre la posibilidad histórica de dar un giro a la nación en todos aquellos ámbitos desde donde se justificó el levantamiento armado en los años 60. 

Ojalá estos tres temas resultaran definitivos para la elección presidencial que se avecina, pero  muy seguramente podrá más el clientelismo, el llamado TLC[7],  la incomprensión de la naturaleza del conflicto armado interno, la inconciencia colectiva en materia ambiental y una generalizada ignorancia[8] sobre el daño que nos hacen como sociedad tanto la corrupción pública y privada, como el modelo de desarrollo que considera a la Naturaleza como un mero recurso. Y es así porque las candidaturas de Vargas Lleras, Fajardo e Iván Duque arrastran apoyos políticos, electorales y económicos de sectores de poder que de tiempo atrás hicieron todo para mantener una guerra que sabían que jamás ganarían, dejando  de hacer  las transformaciones que el país necesitaba y que la guerrilla de las Farc demandó por largos 53 años; esos mismos sectores del Establecimiento, son los mismos que le vienen apostando a la extracción de los recursos del subsuelo y exhiben penosos episodios asociados a la corrupción. A Vargas Lleras se le asocia, desde diversos sectores de la opinión, con prácticas clientelistas y con grupos paramilitares[9]. A lo que se suma, negativamente, su carácter grosero y violento.  

De igual manera, a Fajardo le recuerdan los episodios asociados a  las actividades de Don Berna, lo que dio vida a  la expresión “DonBernabilidad”[10], que significó ni más ni menos que la claudicación del Estado local (Medellín) ante el poder corruptor y criminal de los narco paramilitares. En cuanto a Iván Duque, el solo hecho de ser el ungido de Uribe Vélez lo convierte en el “juguete preferido” del Gran Titiritero que claramente busca regresar a la Casa de Nariño (¿o de Nari?) para gobernar en cuerpo ajeno. Elegir a Duque como Presidente es darle la tercera oportunidad para que Uribe Vélez gobierne[11] al país con su peligroso carácter autárquico.  Y no olvidemos que Duque viajó con Zuluaga a Brasil[12], en el contexto del escándalo de Odebrecht.

El candidato presidencial que propone cambios al modelo de desarrollo extractivo y una perspectiva ambiental sostenible, es Gustavo Petro Urrego. Eso sí, sobre la candidatura progresista  de Petro recaen los miedos que la Derecha logró inocular, con el apoyo de la Gran Prensa, en la opinión pública alrededor de la posible llegada del “castrochavismo”[13] en un eventual triunfo del ex militante del M-19. A esto se suma su carácter mesiánico y su perfil megalómano que lo invalidan como el político que pueda unir a una Nación fragmentada, polarizada y a una sociedad escindida.

En cuanto al candidato Humberto De la Calle Lombana, hay que decir que su candidatura presidencial, al estar fundada casi exclusivamente en la implementación del Acuerdo Final con las Farc, los otros dos temas aquí propuestos poco desarrollo tendrían durante su eventual gobierno, dado que De la Calle, como Vargas Lleras, Fajardo y Duque[14] hacen parte sustantiva del Establecimiento desde donde se viene  insistiendo en mantener el viejo modelo extractivo colonial.

Dicho lo anterior, los colombianos enfrentamos una difícil coyuntura, que se hace aún más compleja porque no hay en la contienda electoral un candidato que logre convocar y unir a una sociedad que no ha podido concebir un proyecto de nación que recoja las diferencias regionales y haga posible extender por todo el territorio nacional la legítima acción estatal. El reto es enorme. Habrá que esperar qué sucede en la elección del nuevo Congreso y posteriormente, en la jornada para elegir Presidente.








Imagen tomada de la revista Semana.com


[7] Tejas, Lechón y Contratos.
[14] Aunque Uribe y Pastrana aún no definen qué hacer con las aspiraciones de Martha Lucía Ramírez y el corrupto ex procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, doy por descontado que el candidato de la Derecha y la ultraderecha será Iván Duque. 

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Extorsión navideña

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El ethos mafioso y su correlato, la corrupción, son quizás el mayor obstáculo socio-cultural y el reto ético-político más grande que deben enfrentar los colombianos si de verdad su dirigencia política y empresarial quiere consolidar una sociedad justa, moderna y éticamente viable.

He conocido de una práctica social y empresarial que me hace pensar en lo difícil que será superar los problemas éticos de una sociedad que desde tiempos remotos se le dificultó y se le dificulta aún, poner límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal. Y en los tiempos en los que de alguna manera se logró establecer dichos límites, éstos fueron borrados desde 2002, cuando el país se acostumbró al Todo Vale, como parte de ese principio mafioso que se logró entronizar entre el 2002 y el 2010, durante la oscura presidencia de quien fuese llamado como el Señor de las Sombras.  

Dicha práctica es la siguiente: empresas de todo tipo, piden o exigen a sus proveedores, regalos para entregar a sus empleados. Sin duda, se trata de una extorsión contra aquellos contratistas, clientes o proveedores con los que ciertas compañías sostienen una relación comercial, que por supuesto podría darse por terminada si no aceptan la extorsión navideña de comprar de manera obligada, regalos para los trabajadores de las empresas desde donde se hacen las llamadas extorsivas.

Resulta extremadamente grave que una relación comercial se decida mantener, no sobre la base de una evaluación de los servicios y la calidad de los productos que unos terceros prestan o entregan a unas empresas, sino a partir de la aceptación o no de la extorsión que por esta época navideña vienen haciendo ciertas empresas a sus clientes, proveedores o contratistas.

Estamos ante una acción y actitud mafiosa, sucia, corrupta, inmoral, poco ética y absurda de unas empresas que, claramente, buscan entregar sus obligaciones morales con sus propios empleados, a unos terceros que, por cuenta de la extorsión navideña, deben salir corriendo a comprar artículos (regalos) que deberían adquirir las empresas a las que prestan sus servicios, como parte de sus propias políticas de bienestar laboral.

¿Me pregunto: ¿Què vendrá mañana? ¿Acaso, dichas empresas exigirán dinero a sus clientes, proveedores o contratistas para terminar de pagar la nómina, o aportar al pago de la seguridad social de sus empleados?

Con dicha práctica empresarial, ejecutada a través de llamadas telefónicas, queda claro lo difícil que será para los colombianos proscribir ese ethos mafioso que su clase política y empresarial logró entronizar, y que parece tener gran aceptación en el resto de la sociedad. 


Imagen tomada de artigoo.com

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