Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

sábado, 17 de febrero de 2018

EL “FENÓMENO” PETRO

El socialismo cría ciudadanos estatizados; el capitalismo forma ciudadanos-clientes. En los dos sistemas la democracia es una formalidad.

 El capitalismo usa el mercado para someter a los ciudadanos; y el socialismo usa el asistencialismo y el control ideológico para lo mismo.

Un Estado privatizado y débil, ofrece ayudas; un Estado fuerte, asume responsabilidades.


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El candidato a la Presidencia, Gustavo Petro Urrego es, hoy, un fenómeno social en la plaza Pública, mas no es un fenómeno mediático dado que no cuenta con la bendición de los medios masivos privados de Colombia[1]. Y esto se explica porque en su paso por la alcaldía[2] de Bogotá, los medios masivos  capitalinos se convirtieron en actores políticos e hicieron oposición política a la gestión del entonces Alcalde Mayor;  a pesar de la persecución mediática, Petro logró  dejar una marca indeleble entre los más necesitados, en los vulnerables y en una suerte de “ejército” de desposeídos, excluidos y estigmatizados por un sistema político cerrado, por un modelo económico que, desde la perspectiva del mercado, decide quién existe y quién no cuenta para el sistema; y por una sociedad que deviene escindida, pero que intenta ocultar una lucha de clases que está ahí, como dormida, a la espera de la mecha que encienda en las calles, las disputas entre los que están adentro (ricos y clase media indolente) y los que están por fuera (pobres y miserables). Es probable que el discurso de Petro y su carácter confrontador y retador, terminen siendo esa llama que “encienda la lucha de clases”, asunto que preocupa hoy a los líderes del Establecimiento y a las empresas mediáticas.

Así entonces, Petro Urrego está hoy recogiendo lo que sembró durante su complejo y difícil paso por la administración del distrito capital: el aprecio de una masa de hombres y mujeres que para el Estado local, las élites de poder, los medios de comunicación e incluso, para la propia Iglesia, no existían o carecían de rostro humano. Petro les devolvió la identidad y la autoestima que los sistemas social, político y económico les negaron, les arrebataron.

Pero su imagen de “redentor identitario”, traspasó los límites geográficos de la capital y en varias zonas del país su discurso reivindicativo lo erige ya como un fenómeno social y político que hace recordar a muchos las candidaturas presidenciales de Gaitán y Galán. Por ello, insisto, Petro Urrego es un fenómeno social en la Plaza Pública, lo que lo convierte en un líder popular, con un alto riesgo de caer en prácticas de confrontación entre clases y, por ese camino, libere el carácter mesiánico que suelen tener ciertos líderes carismáticos con gran aceptación social y convertidos en un “fenómeno de masas”.

De inmediato, el discurso de la derecha lo tilda de populista, como si el fenómeno mismo fuera una vergüenza. “El populismo no es un fenómeno vergonzoso de coyuntura. Es una fuerza crucial en la democratización del régimen político y económico, pues incorpora las grandes masas a la política y a los beneficios del desarrollo, aunque no pocas veces sirve a regímenes de derecha[3] .

Convertido el concepto y la categoría Populismo/populista en una suerte de “muletilla ideologizada”, va perdiendo sentido y en ese proceso de “vaciamiento” de su contenido histórico y el carácter propositivo, sirve a los propósitos de aquellos que le temen a un líder carismático que agite las banderas de la reivindicación social de las mayorías excluidas y proponga cambios en las correlaciones de fuerza al interior de un Establecimiento que deviene debilitado moralmente por los altos niveles de corrupción alcanzados y por el carácter mezquino y cicatero de sus élites más connotadas.

El populismo como fenómeno recurre en últimas a depositar en el pueblo la posibilidad de que sea el agente con determinación estatal que puede cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas de la sociedad, pero, ¿què significa el pueblo[4]? Intuitivamente podemos considerar que estaría constituido por <<los de abajo>>… se han definido como populistas aquellas formas de la política por las cuales <<el pueblo, es considerado como conjunto social homogéneo y como depositario exclusivo de valores positivos, específicos y permanentes…”[5].

Así entonces, mientras el discurso petrista toma fuerza en la calle y su líder y promotor se hace fuerte en las encuestas y llena plazas públicas, sus opositores hurgan en las realidades sociales, políticas y económicas de Venezuela, para señalar a Petro de ser el “Chávez colombiano” que nos llevará por el camino del “Castrochavismo”.

Como ejemplo de las confusiones conceptuales que genera la Prensa, está el punto de expropiar por vía administrativa (Petro habló de comprar) aquellas tierras improductivas, que fue tomado como parte del modelo de estatalización (nacionalización) propio del viejo régimen socialista soviético (la antigua URSS). De allí que Petro genere miedo y la prensa de derecha lo acerca al llamado “modelo venezolano”. Quizás por ello cobra sentido el calificativo de “populista”, en particular cuando se lee mal la señalada propuesta, que preocupa a ganaderos, latifundistas, mafiosos y “empresarios” del campo que especulan con la propiedad de la tierra. Es la especulación inmobiliaria a la que Petro buscaría atacar y no la propiedad privada, base fundamental del actual modelo de desarrollo económico.

Petro representa la esperanza para cientos de miles de ciudadanos y proto ciudadanos que, cansados de promesas no cumplidas por parte de Partidos Políticos y los políticos tradicionales, y especialmente, hastiados de la corrupción (del ethos mafioso), entienden que llegó el salvador, el Mesías. Un Mesías de izquierda, eso sì, contrario en sus propuestas, al populismo de derecha que agentes del Régimen, los presidentes en ejercicio siempre han exhibido y aplicado. Baste con nombrar las políticas y los programas asistencialistas de Uribe y Santos para entender que el populismo de derecha se enmascara, hábilmente, en acciones y programas que han legitimado y convertido el clientelismo en una práctica política institucionalizada. Hablo del desafortunado programa de Familias en Acción, estrategia clientelista-populista usada por Pastrana, Uribe y Santos para mitigar el malestar social y por esa vía, hacer aún más tramposa a la pobreza. Sobre esa base práctica y conceptual, quienes aplicaron dicha política no buscaban edificar una ciudadanía activa y capaz de exigir derechos, sino, consolidar esa relación lastimera y mísera entre unos casi súbditos y un Estado asistencialista.

De esta manera, Gustavo Francisco Petro, como candidato presidencial, es hoy un fenómeno social y político que, sin contar con el apoyo de la Gran Prensa bogotana, puede llegar al Solio de Bolívar y vencer a las maquinarias bien aceitadas del también candidato presidencial de la derecha y la ultraderecha, Germán Vargas Lleras y las ya envejecidas estructuras clientelares de Uribe Vélez, puestas, hasta el momento, al servicio de su ungido, Iván Duque Márquez.

Petro: un perfil retador

Nadie puede negar que las propuestas de Petro son viables y sobre todo, de urgente aplicación. Se suma a lo anterior, que el ex alcalde de Bogotá tiene una enorme capacidad analítica y oratoria, que le permitió, recientemente, resistir la embestida de la periodista[6] Vicky Dávila[7], quien no pudo llevarlo por el camino sinuoso que siempre ella propone a quienes considera “peligrosos” para el Establecimiento que ella defiende en su rol de “periodista incorporada[8]”.

No hay tema en el que Petro no exhiba dominio conceptual de los hechos y las circunstancias que rodean a los problemas que le plantean académicos, técnicos o periodistas. Digamos entonces que Petro es un candidato “completo”: tiene un carisma focalizado en lo popular, es inteligente, pero… es retador y puede, por esa vía, tramitar en el ejercicio del poder, las angustias que le producen los pobres y el proceso de reivindicación de clases que quedó trunco al momento de dejar la lucha armada,  y que aplazó por largos años al cumplir con lo acordado en la época y de actuar dentro de la institucionalidad en su aplaudido papel como Congresista.

Por los registros que se tienen de sus presentaciones en las plazas públicas en donde se viene presentando y por la imagen entregada por las encuestas, es probable que Petro pase a la segunda vuelta presidencial. Dudo que logre un triunfo en primera vuelta, aunque en estos escenarios electorales todo puede pasar. Ya en ese escenario, lo más probable es que los sectores de la izquierda que hoy acompañan a Fajardo terminen con Petro Urrego, claro está, sobre la base de que Fajardo llegue débil a esa instancia o simplemente no pase de la primera vuelta.

¿Qué le falta a Petro? Además de maquinaria, darle manejo a ese espíritu vindicativo con el que parece entender la división de clases y la lucha por asegurar bienestar a esas grandes masas de outsiders que esperan la llegada de su salvador.

Si Petro logra concretar en votos la presencia masiva de colombianos en sus eventos proselitistas, y se convierte en Presidente, tiene dos caminos: uno, gobierna para los pobres y hace reformas sociales ancoradas en un oneroso proyecto  económico con el que buscará “acabar con la pobreza”; o dos, transa con esa parte del Establecimiento que sea capaz de reconocer la inviabilidad del actual Régimen de poder y por esa vía, generar las condiciones institucionales y la institucionalidad suficientes para llevar al país por los caminos de reformas sustanciales que no solo reivindiquen la vida de ese “pueblo” que le sigue, sino que permitan consolidar una idea de Estado moderno que sea defendida por una sociedad que debe tener ese mismo talante. Ahora bien, en cualquier sentido, cuatro años serán siempre insuficientes para transformar las difíciles condiciones en las que han operado históricamente el Estado, la sociedad y el mercado.

El modelo de Estado que tiene Petro en mente es viable siempre y cuando transe con el viejo Régimen de poder. De no hacerlo, sus deseos y anhelos de reivindicar la vida y los derechos de los más pobres lo podrán llevar a una suerte de modelo estatista que en lugar de consolidar una renovada ciudadanía en sus seguidores y apadrinados, y en los que por extensión se reconozcan en sus ideas, termine por crear “neo súbditos”, es decir, mendigos de un Estado que no ofrece bienestar estructural, sino paliativos coyunturales.  
De conquistar el poder el 17 de mayo próximo, y de no transar con el Establecimiento, tanto Vargas Lleras y Uribe harán todo lo que esté a su alcance para “hacer invivible la República”, con el apoyo de la Gran Prensa. Ese riesgo lo conoce Petro, pero dudo que sus fieles seguidores comprendan lo que se puede venir para el país si ese escenario llega a darse. Amanecerá y veremos.

Imagen tomada de El Espectador.com





[1] Contrario lo que sucedió con Uribe Vélez, quien logró que la Gran Prensa se hincara ante su imagen carismática, su violento carácter y sus formas coloquiales de expresarse y de hablarle al “pueblo”.
[3] De la Torre, Cristina. Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia. La Carreta Política. 2005. p.23.

[5] Santamaría Vergara, Orlando. ¿Neopopulismo o neoliberalismo? Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2007. p. 18.
[7] Días después de la entrevista, la periodista Victoria Eugenia Dávila, conocida como Vicky Dávila, invitó al mismo set al candidato de la derecha y la ultraderecha, Germán Vargas Lleras. La periodista le permitió a Vargas Lleras que dedicara buena parte de la entrevista a despotricar y criticar las propuestas de gobierno de Petro. Lo sucedido hace parte de una muy bien tejida estrategia mediática de evitar confrontar propuestas, y permitir en su lugar, que los candidatos de la Derecha asusten al electorado con el fantasma del Castrochavismo y del populismo de izquierda.

viernes, 16 de febrero de 2018

Dos caminos, varios caminantes

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los resultados de las elecciones de 2018 en Colombia podrán significar para el país, trasegar en dos direcciones: de un lado, la posibilidad de que Colombia empiece a caminar en una dirección contraria en materia de racionalidad política, económica y sobre todo, cultural, sin que ese camino propuesto nos lleve al “modelo venezolano” que, hábilmente convertido en fantasma por la Derecha, puede jugar un papel protagónico el próximo 17 de mayo; y del otro lado, un trazado que simplemente dé continuidad a los problemas históricos del país, esto es, mantener inmodificables las correlaciones de fuerza al interior de un Régimen que parece inexpugnable, a pesar de su inocultable ilegitimidad y debilidad moral.

Esos dos caminos posibles y las apuestas ético-políticas para transitarlos, se harán antagónicas no solo por el contenido mismo de la propuesta del candidato a la Presidencia que resulte ganador, sino por el carácter de quien vaya a dirigir los destinos de la Nación por los siguientes cuatro años.

En esta oportunidad propongo una caracterización de los candidatos presidenciales, antes de las consultas que se producirán en las elecciones del 11 de marzo.

En el itinerario que nos llevará por los caminos de la continuidad y en la perspectiva de “cambiar para que todo siga igual”, ubico a los candidatos Iván Duque (el ungido de Uribe), Alejandro Ordóñez Maldonado (el anulado Procurador), Martha Lucía Ramírez (ex ministra de Defensa de Uribe), Germán Vargas Lleras (ex ministro de Santos), Sergio Fajardo y Vivian Morales (“La Mesías”); en la dirección que nos pueda llevar a nuevos escenarios y en particular, a cambios sustanciales en las formas como opera el poder, esto es, superar el ethos mafioso  que guía tanto a la clase empresarial y política, sino al grueso de la sociedad, y de forma paralela hacer la transición política de la guerra a la paz, ubico a los candidatos Humberto de la Calle y Gustavo Petro Urrego. 

Eso sí, con un matiz que tiene que ver con el carácter de estos dos curtidos políticos: el ex vicepresidente de Samper (renunció cuando explotó el escándalo del 8.000) exhibe un espíritu aplomado, sosegado y sereno que lo hace proclive a conciliar y a buscar los consensos que necesitará consolidar para avanzar hacia un estadio distinto en lo político, económico y cultural. Por el contrario, el ex alcalde de Bogotá hace alarde de un carácter confrontador que no solo genera preocupación en los líderes del Establecimiento, sino entre los seguidores que pueden hacer disquisiciones que superan el apasionamiento que ya exhiben muchos de sus seguidores que se expresan, por ejemplo, en las redes sociales.

Pero intentemos caracterizar a aquellos candidatos que están dispuestos a recorrer los caminos de la continuidad y que a dentelladas defienden el Establecimiento, del cual, de diversas maneras, se han servido. Inicio con Iván Duque. Se trata de un joven político que desde ya funge como una suerte de “marioneta” de quien no solo opera como el dueño del Centro Democrático, sino de las ideas que Duque hoy repite sin mayor análisis y convicción. Su suerte será definida en una consulta de la que nadie puede hoy, asegurar un resultado que le favorezca.

De Alejandro Ordóñez Maldonado bastaría con señalar que violó la Constitución y se hizo reelegir Procurador General de la Nación con todo tipo de argucias. Se trata de un fanático religioso que después de haber convertido el edificio de la Procuraduría en una suerte de abadía desde donde emprendió cruzadas contra impíos y en un centro de operaciones clientelistas, ahora posa como guía moral y “enemigo” del Régimen del cual se benefició durante sus casi 8 años manejando, a su antojo, los destinos de la Procuraduría General de la Nación.

Entre tanto, Martha Lucía Ramírez representa el oportunismo político. Con una apuesta ideológica y política acomodaticia, la ex ministra está pescando en el río revuelto de la crisis de credibilidad que de tiempo atrás persigue a Uribe y al sector de la Derecha que lo acompaña, quien a pesar de seguir siendo un gran elector, entiende que en esta oportunidad no podrá competir con la muy bien aceitada maquinaria de Germán Vargas Lleras. De allí que el resultado de la consulta del 11 de marzo poco importa, porque ya Uribe y el ex ministro de Santos pactaron unirse en segunda vuelta para “retomar el rumbo del país”.

De Vargas Lleras hay que decir que su carácter violento, que lo acerca a la condición de patán, le permite superar con creces a quien ofreció a “alias la Mechuda darle en la cara marica” y a quien Santos calificara como “rufián de esquina”. Con un agravante: Vargas Lleras está desesperado porque ser Presidente de la República es más que un anhelo, es una obligación de sangre.

En cuanto a Sergio Fajardo, hay que señalar que su "tibieza discursiva" y su reciente pasado político en su tierra lo instalan con fidelidad en esa parte del Establecimiento que insiste en "cambiar para que todo siga igual". El episodio que se conoce como "DonBernabilidad" es una mancha en la credibilidad que quiere proyectar. Fajardo juega a la decencia, en medio de la ilegitimidad de un Régimen corrupto y criminal. 

Y Vivian Morales es una suerte de “Mesías” que salvará al país de los efectos que dejó el “rayo homosexualizador”. Con su lema de campaña, “Dios y con la Constitución se gobierna esta Nación”, la confundida senadora Liberal se erige como un faro moral para una sociedad que ella considera que extravió sus valores tradicionales, de allí que se vea en la necesidad de desconocer la condición laica del Estado.  Por coherencia ideológica, debería de militar en el Partido Conservador. 

La candidatura y proyecto político de la Farc, en cabeza de Rodrigo Londoño, propone un tercer camino posible para el país, del que muy seguramente pocos, por ahora, están dispuestos a recorrer de la mano del ex comandante guerrillero. Mientras su modelo político y económico siga siendo el viejo modelo soviético (de la antigua URSS), serán muy pocos los seguidores y simpatizantes que logrará para su causa política. Y mucho menos será posible que en esa dirección camine una sociedad que, dividida en clases, aún no hace conciencia sobre la necesidad de modificar sustancialmente el modelo económico y político, sin que ello signifique que ese modelo socialista sea el único posible. Más le vale a la dirigencia del Partido de la Rosa,  escuchar a Pepe Mujica para entender que generando riqueza, se superan tanto la pobreza como la exclusión; y que no es a través del estatismo que se superan los problemas que viene generando el “capitalismo salvaje”. Una recomendación final a los señores de la Farc: demuestren que pueden administrar el Estado, iniciando en los ámbitos local y regional. Que hayan administrado con éxito la empresa de la guerra, no quiere decir que estén preparados para manejar un Estado que continúa en proceso de consolidación. 

Así entonces, para estas elecciones de 2018, el país decidirá entre dos caminos: el de dar continuidad al actual Régimen de poder, o hacerle modificaciones para lograr que gane algo de legitimidad y moralidad. Hay varios caminantes, con disímiles talantes. Cada quien elegirá de acuerdo con sus intereses (clientelistas para muchos), gustos en materia del carácter que cree debe tener quien se atreva a “gobernar” en (a) Colombia y otros tantos, guiados por las manipulaciones de la Prensa. 



Imagen tomada de Semana.com

lunes, 12 de febrero de 2018

EL ESTADO COMO TEMA DE CAMPAÑA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los temas que la gran prensa bogotana y los candidatos presidenciales intentan posicionar en la actual coyuntura electoral de 2018, tienen que ver con combatir la corrupción, la inseguridad en las calles, ajustar el modelo de desarrollo extractivo y mejoramiento del aparato productivo que finalmente lleve al país a detener el proceso de reprimarización de la economía; la calidad de la educación, disminuir la pobreza y avanzar en equidad; y finalmente, y perdiendo cada vez más  fuerza en la opinión pública y publicada, asegurar el éxito del proceso de implementación del Acuerdo Final, firmado con las Farc.

Si miramos con atención, las posibilidades de avanzar en cada uno de los temas-problemas propuestos por los candidatos a la Presidencia, así como las formas y los procedimientos para asegurar la superación de las dificultades más apremiantes del país, pasan por la construcción y consolidación de un Estado-nación que le sirva a todos, sobre la base de una compartida idea de lo colectivo y de lo público.

Si en algo parece haber consenso académico es que Colombia es un Estado débil, precario, en proceso de consolidación por las formas diferenciadas en las que hace presencia en determinados territorios, y cooptado y capturado por mafias de todo tipo, sostenidas en muchas ocasiones por los propios Partidos Políticos. Al escuchar a los candidatos, pocos o casi que ninguno alude a la imperiosa necesidad de consolidar un Estado eficiente, decente, moralmente superior a sus asociados; y capaz de proponer un orden jurídico-político legítimo, justo, viable y perenne.

A lo mejor, saben que asumir esa tarea implicaría desmontar el actual régimen de poder y ninguno está dispuesto a proponerlo y mucho menos, a intentarlo si alguno de los presentes candidatos llega a la Casa de Nariño. Quizás recuerdan lo que sucedió con Álvaro Gómez Hurtado, quien habló, en el contexto del Proceso 8.000, de desmontar el Régimen de Poder. El ex designado a la Presidencia señaló: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República…Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va a Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mi me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente".(Revista Diners 303, junio de 1995).

Así entonces, cada candidato a la Presidencia habla de los temas que cree que maneja, o supone que les preocupan a las grandes mayorías. Por ejemplo, Vargas Lleras habla de recuperar la seguridad con sus frentes ciudadanos (¿nuevas Convivir?), pero no advierte varios asuntos problemáticos: el Estado colombiano no conserva, para sí, el monopolio de la renta, de la justicia y de la violencia. La solución que expone el candidato de la Derecha y la ultraderecha, la piensa asentar sobre debilidades estructurales del Estado[1], que se expresan en la lábil institucionalidad que exhiben las instituciones comprometidas en los objetivos que se propone alcanzar Vargas Lleras: la Policía y la propia Fiscalía, por ejemplo.

Los demás candidatos aluden a temas similares, sin entrar en la discusión alrededor del tipo de Estado[2] que tenemos y hemos construido entre todos los colombianos, por acción u omisión. De la debilidad y de la precariedad del orden político establecido se han beneficiado, históricamente, una clase dominante a la que jamás le interesó consolidar un orden justo, con sentido de lo colectivo. Por el contrario, a esa misma élite le conviene mantener la labilidad estatal porque su riqueza. fortuna y su poder político lo han alcanzado gracias a esa circunstancia contextual.

Marco Palacios, en su libro Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1994, señala que “desde sus orígenes el Estado republicano se había mostrado incapaz de asegurar la estabilidad política. Los partidos y sus facciones luchaban por conducir administraciones en bancarrota crónica… la fragilidad de la administración pública puede explicarse en buena medida por su incapacidad de extraer impuestos a las clases propietarias que, con diversas razones y ardides, redujeron el reino de la ciudadanía a los electores calificados  y ampliaron el universo de contribuyentes a todos los consumidores. El Estado colombiano, al igual que todos los latinoamericanos  y aun muchos europeos, puso patas arriba  uno de los principios clásicos de la democracia que pretendía practicar: <<no hay impuestos sin representación>>. La abrumadora mayoría de los habitantes  tenía sus derechos políticos recortados y sostenía con sus impuestos un Estado que representaba los intereses de las clases altas (Norma- Vitral. 1994. págs. 44-46).

Por lo anterior, ni Vargas Lleras, De la Calle, Fajardo,  Petro, Caicedo y mucho menos Ordóñez, Duque y Ramírez,  se atreven a cuestionar a quienes haciendo parte del Establecimiento, solo han trabajado para mantener la flaqueza estatal. Por ello no cuestionan al banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y a las cabezas visibles de los otros emporios económicos que se han fortalecido a costa del Estado y de su negativo proceso de consolidación como un tipo de orden justo.

Así entonces, al escuchar las “propuestas” de los candidatos presidenciales, queda la sensación de que sus aspiraciones políticas no solo son de corto plazo o coyunturales, sino que la  eventual llegada de cualquiera de ellos al Solio de Bolívar, obedecería  más a la aspiración, propia de ególatras,  de “quedar” en la historia política del país, que realmente buscar la transformación de lo que por años viene funcionando mal a lo largo y ancho del territorio nacional.  

El primer paso para consolidar un Estado justo, legítimo y viable, pasa por la necesidad de proscribir el ethos mafioso que ha guiado a los políticos profesionales en Colombia, a gran parte de la clase empresarial y al grueso de agentes de la sociedad civil y a una parte importante de la sociedad. El segundo, se daría a partir de la firma de un real Pacto Político entre los verdaderos dueños del país, quien gane la Presidencia y el grueso de la sociedad. Para dar ese segundo paso, todos tenemos que sentirnos avergonzados del tipo de Estado que hemos construido y asumido.





viernes, 9 de febrero de 2018

¿Hordas o detractores políticos?


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los registros audiovisuales de las protestas, desmanes, silbatinas y acciones violentas de rechazo que mostraron varios grupos de ciudadanos en contra de la presencia del candidato presidencial de la Farc[1], Rodrigo Londoño[2], dan cuenta no solo del nivel de exasperación que genera la imagen y lo que representa para estos detractores el ex líder militar de esa extinta guerrilla, sino de una actitud tozuda de unos ciudadanos que desconocen y se  oponen a la participación política de los antiguos guerrilleros y por esa vía, niegan la legitimidad del Acuerdo Final negociado en La Habana y firmado en el teatro Colón de Bogotá. A lo anterior se suman, por supuesto, las acciones incivilizadas de quienes lanzaron piedras y tomates contra el candidato presidencial, su caravana y los vehículos. No se descarta la presencia de azuzadores provenientes o simpatizantes del Centro Democrático[3], hecho que haría parte de las sucias estrategias electorales de un entorno político caracterizado por la polarización política e ideológica.

Lo acontecido en lugares específicos de Armenia, Cali y Yumbo confirma lo difícil que será construir escenarios de paz, “reconciliación” y respeto por las ideas contrarias, en particular alrededor de las que quieren exponer en la plaza pública los antiguos miembros de las Farc-Ep. Aunque se trata de manifestaciones menores, a juzgar por el número de participantes de los hechos y las  refriegas registradas en las tres localidades, el nivel de violencia, verbal y física, pueden terminar alentando a quienes puedan estar dispuestos a pasar a acciones mayores, como atentar contra la vida del candidato presidencial del partido de la rosa. La decisión de suspender la campaña política por parte del partido Farc[4], hasta que no tengan plenas garantías por parte del Estado colombiano, muy seguramente obedece a un análisis del riesgo que corre la extensión de las protestas en número y en niveles de violencia y provocación.

Quienes se manifiestan en contra de las ideas de ese Otro al que consideran un contradictor político, lo hacen amparados en un principio democrático que hace legítima la protesta, sin que se extienda dicha validación, a las vías de hecho tal y como sucedió en Cali, Yumbo y Armenia. Quienes llevaron su malestar a las vías de hecho y a las acciones de violencia física, se acercaron peligrosamente a la condición de delincuentes comunes, la misma que muy seguramente reconocen o endilgan a la figura de “Timochenko”, dado, muy seguramente, porque los amotinados exhiben un pobre capital cultural que no les alcanza para advertir que el señor Londoño es un “delincuente político” en vías de ser procesado por los crímenes cometidos en razón del levantamiento armado; y que su presencia como candidato presidencial obedece a una negociación política con la que se puede estar o no de acuerdo, pero que debemos reconocer en tanto se hizo en nombre del Estado colombiano.

La incapacidad para entender y aceptar el sentido y la conveniencia de una negociación política compleja como la que se dio en La Habana para evitar más muertes de civiles, soldados y guerrilleros, es la misma que muy seguramente tienen  los rabiosos manifestantes para señalar como responsables de lo acontecido durante 53 años de conflicto armado interno a la clase política, dirigente y empresarial que, por ejemplo, ayudó a crear y apoyó a los grupos paramilitares que curiosamente, pocas actividades contra insurgentes desarrollaron; y más bien, se dedicaron a violentar y desplazar indígenas, afrocolombianos, colonos y campesinos, para que las tierras abandonadas pasaran a manos de latifundistas, ganaderos y agentes de la agroindustria (palmicultores y cañicultores).

Eso sí, no se puede dejar de señalar que la campaña presidencial de la Farc no solo es prematura, sino provocadora, lo que por supuesto no valida los hechos de violencia registrados contra el ex comandante fariano. Y es provocadora, por el nivel de polarización que subsiste en el país de tiempo atrás; además, resulta provocadora porque, por varias circunstancias contextuales, la JEP no está en operación. Por lo anterior, hubiera sido preferible que Rodrigo Londoño aplazara su aspiración política hasta tanto no compareciera ante este tribunal para saldar sus cuentas con la justicia, en el marco del modelo de justicia restaurativa (justicia transicional) acordado en La Habana.

Mientras la Farc toma medidas y el Gobierno ofrece  y garantiza a los desmovilizados y reincorporados desarrollar actividades electorales, convendría que medios de comunicación, la Iglesia Católica y las otras comunidades religiosas, la Universidad y otros agentes de la llamada sociedad civil, adelanten actividades y acciones pedagógicas para intentar que la horda  de manifestantes entiendan los límites de la protesta y comprendan que el Acuerdo Final es un hecho político y jurídico cumplido. Y que entiendan las diferencias que hay entre pertenecer a una horda de incivilizados, o de respetuosos y civilizados detractores políticos que, dispuestos a discutir y dialogar en torno a  unas ideas que, controvertibles o no, siempre hicieron parte de la historia del país.

Ese mensaje pedagógico que podamos llevar a los detractores de la Farc y a las mismas hordas ya referidas,  debe girar en torno a una idea central: la negociación política la hizo el Estado. Quienes no compartan la decisión adoptada por el Gobierno de Santos tienen caminos jurídicos para exponer lo que consideran inválido o ilegal de lo firmado en el teatro Colón. Por ello, resulta primitivo y poco racional insistir en el uso de la violencia, las vías de hecho y en acciones para eliminar al Otro, solo porque no piensa como nosotros, o porque en particulares circunstancias fue mi victimario.



Imagen tomada de Semana.com







lunes, 5 de febrero de 2018

Ecología Política: la última esperanza de cambio

Por Germán Ayala Osorio, estudiante doctorado en Regiones Sostenibles

En varias columnas anteriores[1] he expuesto mi pesimismo en torno al futuro de la humanidad, por las  crisis ambientales[2] y los conflictos socio ambientales[3]  suscitados por la forma como hemos asumido no solo las relaciones con la Naturaleza[4], sino entre nosotros mismos.

En un texto en particular,  señalé que es tarde para la sustentabilidad[5]. Sin embargo, al leer acerca de la Ecología Política (EP) encuentro algunas ideas sobre las cuales es posible sostener la esperanza de poder reversar, o quizás apenas morigerar los efectos negativos que como especie dominante le producimos al Planeta; eso sí,  no puedo dejar  de señalar los obstáculos a los que se enfrentan quienes siguen, practican y fomentan las ideas y las orientaciones de este campo ambiental  y por supuesto, los que debe afrontar la Ecología Política misma como paradigma. Sobre este asunto me referiré al final de esta columna.

Para entender de dónde provino o, a través de qué hechos, contextos y circunstancias fue posible llegar a la Ecología Política, hay que recordar al “viejo ambientalismo”, las luchas ideológicas de los años 60 y 70. La ecología política surge como la prolongación de las ideas de 1968 (Gortz) y constituye uno de los principales recipientes  de la <<revolución de las consciencias políticas, del cuestionamiento existencial>> de esta época (Cohn-Bendit)”[6].

Es decir, la Ecología Política se sostiene en unos mitos fundantes que aportan a su caracterización como una suerte de “macro” ideología, capaz de aglutinar disímiles perspectivas y voces, conducentes, por supuesto, a la generación de consensos alrededor de lo insostenible que resulta mantener el actual proyecto humano, ancorado en un modelo de desarrollo[7] extractivo y en un tipo de sociedad consumista que asume las relaciones entre los seres humanos y la Naturaleza desde un anacrónico antropocentrismo.  

Entiendo la Ecología Política (EP), como diría Bourdieu, como un campo de lucha, que se torna conflictivo por los enfrentamientos que promueve o genera entre paradigmas, sistemas de pensamiento, ideologías y apuestas discursivas que giran en torno al tipo de relaciones que el ser humano viene estableciendo de tiempo atrás con la Naturaleza. La EP apunta a la generación, por la vía cultural, de un ser humano integral (coherente entre vida pública y vida privada), solidario con su propia especie, con las otras, y responsable con la Naturaleza. Un  ser humano consciente de su lugar en el mundo, más allá de identidades en las que suele ocultar su propensión a someter al Otro y a la Naturaleza.

Algunos autores, como Dobson, asumen la EP como “un conjunto de ideas con respecto al medio ambiente, las cuales pueden ser consideradas propiamente como una ideología: la ideología del ecologismo (1997)”. Entre tanto, Ilich y Gorz, manifiestan que “la ecología política es una herramienta radical y holística de transformación social[8]. De igual manera, aparece Marcellesi quien asume este campo de acción, de reflexión y de estudio de los problemas  y los conflictos socioambientales, como “una crítica transformadora de la sociedad productivista y como acción política en busca de sentido y radicalidad democrática.  Al introducir el concepto de supervivencia humana, la ecología política desarrolla un análisis crítico del funcionamiento y de los valores de nuestras sociedades industriales y de la cultura occidental”.  Lipietz también participa de la discusión sobre el sentido de la EP, y recuerda que mientras que en su origen la ecología era una disciplina científica, <<la ecología de la especie humana difiere de la ecología de las demás especies animales, puesto que los seres humanos – al contrario del resto de las especies- son animales no solamente sociales, sino también políticos>>.

Quienes promueven la Ecología Política, entran en total contradicción con la operación del Estado moderno, en la medida en que representa una forma de dominación, en especial cuando desde las instancias de poder estatal se han promulgado y aupado toda suerte de políticas ambientales sectoriales de corte mono disciplinar, que han hecho posible transformar los ecosistemas hasta hacer posible la desaparición de especies, comprometer el equilibrio ecológico y por esa vía, poner en cuestión tanto la viabilidad del “proyecto” humano, como la  dignidad humana de millones de seres humanos que viven en extremas condiciones de pobreza y miseria.

El ya referido Marcellesi señala que “de antemano descartaremos cualquier relación entre el marxismo ortodoxo y la ecología política. Hemos definido un ecologismo opuesto al colectivismo, a cualquier forma de violencia y de dictadura (del Estado, del Partido, del proletariado) y, sobre todo, al productivismo, ya sea capitalista o socialista”.

Entre tanto, Enrique Left sostiene que “la ecología política es la política de la reapropiación  de la naturaleza. Sus estrategias no solo orientan las aplicaciones del conocimiento, sino que se plasman en una lucha teórica por la producción y la apropiación  de conceptos  y en una disputa  de sentidos en el campo discursivo de la sustentabilidad[9].

Ahora bien, termino esta columna aludiendo a los obstáculos con los que ya se enfrenta la Ecología Política, y quienes hacen ingentes esfuerzos por convertirla en el paradigma de cambio y quizás la última oportunidad, discursiva y práctica, de pasar la página del desarrollismo y del consumismo.

Un primer obstáculo está determinado en y por el ser humano mismo, esto es, la condición humana. Otra dificultad radica en la inercia de la sociedad moderna y de los procesos modernizantes echados a andar de tiempo atrás. Otro limitante tiene que ver con asumir la EP como una ideología totalizante cuando aún no se han superado viejas luchas ideológicas entre Izquierda y Derecha, o entre Capitalismo vs Socialismo. De igual manera, reconozco como fuertes obstáculos para la consolidación paradigmática de la EP, a los sistemas de dominación consolidados, porque será muy difícil echar para atrás lógicas de dominación y transformación de la Naturaleza.  

A todo lo anterior, se suma la extrema pobreza de millones de habitantes y la inmensa riqueza concentrada en unos pocos (inconciencia ambiental compartida por unos y otros), circunstancias estas convertidas en una suerte de círculo vicioso insuperable. Y finalmente, un gran impedimento está dado  por los discursos que niegan la complejidad del ser humano y de la sociedad; en particular, el discurso de quienes creen que los problemas ambientales, todos, encontrarán solución en los avances de la técnica y la tecnología, de allí que se intenten negar las crisis ambientales y los conflictos socio ambientales.

De todas formas, hay que guardar la esperanza de que como especie podamos reversar lo hecho hasta el momento, para generar unas nuevas relaciones entre el ser humano y la Naturaleza. Relaciones que deberán ser consustanciales, lo que implica abandonar el paradigma del antropocentrismo.




Imagen tomada de: allevents.in


[6] Tomado de Florent Marcellesi, Ecología Política: génesis, teoría y praxis de la ideología verde. Cuadernos Bakeaz 85. Movimientos sociales. p. 2.
[8] Ibid. p. 2. Marcellesi.
[9] Left, Enrique.  Racionalidad aambiental, la reapropiación social de la Naturaleza. Siglo XXI editores. México. p. 270. 

viernes, 2 de febrero de 2018

CUIDADO CON LAS ENCUESTAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En sociedades capitalistas y altanamente mediadas por el actuar informativo y político de medios masivos de comunicación, la opinión pública suele ser fácilmente permeable, manipulable y sensible a lo que digan las encuestas, en particular cuando se trata de conocer cómo va a votar el sector del electorado que es encuestado. Y más en Colombia, cuando esas audiencias que se consideran que hacen parte de lo que se conoce como la Opinión Pública, exhiben bajos niveles de cultura política, que bien pueden rayar con la ignorancia alrededor de qué es eso del Régimen de poder, sus lógicas, intereses y principales actores y responsables de lo que pasa en el país.  Con un agravante mayor: la actual coyuntura política del país, definida por dos procesos de paz[1] con grupos guerrilleros,  ha coadyuvado en buena medida a exacerbar la polarización ideológica y política que se generó desde 2002, cuando llegó a la Casa de Nariño, Álvaro Uribe Vélez.  Así las cosas y ante la cercanía de la jornada electoral del 11 de marzo de 2018 (elección del Congreso)  y las presidenciales en mayo del mismo año, las empresas mediáticas contrataron encuestadoras para conocer la opinión de las audiencias y la de los posibles votantes que participarán en las venideras jornadas de elección popular de congresistas y Presidente de la República.

La encuesta de Guarumo y Eco analítica, contratada por EL TIEMPO y la W Radio, dice que  Sergio Fajardo está en el primer lugar, con el 14,6 por ciento, mientras que Gustavo Petro Urrego se ubica segundo, con el 12,5 por ciento. En el tercer lugar,  aparece el precandidato Iván  Duque Márquez con una 12,2 por ciento.

En otra medición, pagada por otros medios (Semana, Noticias Caracol y Blu Radio), y realizada por Invamer, el candidato de izquierda, Gustavo Petro Urrego lidera las intenciones de voto de los encuestados con un 23,4%, seguido del candidato de la Coalición Colombia, de centro derecha-izquierda, con un 21,6%; en el tercer lugar, la misma medición señala al candidato de derecha, Germán Vargas Lleras con un 14,8%.

Y en la medición entregada por la firma YanHaass para los medios RCN radio, RCN televisión, La F.M, La República y otros periódicos, la intención  de voto de los encuestados señala las preferencias en este sentido: en primer lugar, aparece el Voto en Blanco,  con un 30%. En segundo lugar está Sergio Fajardo con el 14% y en tercera posición se encuentra Gustavo Petro con 13%.

Como se aprecia, el candidato de derecha que cuenta con la mejor  maquinaria electoral,   Germán Vargas Lleras, solo aparece en los primeros lugares de preferencias en una de las tres encuestas y un tanto lejos de aquellos que ocupan los dos primeros lugares.

Como se trata de encuestas pagadas por empresas mediáticas que tienen intereses claros en los comicios del 11 de marzo y del 27 de mayo próximos, los resultados arrojados hay que tomarlos como una “fotografía” coyuntural. Con todo y eso, y de hacerse en adelante otras mediciones alrededor de las preferencias para la jornada de elección de Presidente y de mantenerse estos resultados, pueden darse dos lecturas. La primera, si los resultados de hoy son fieles a la real intención de voto de los encuestados y con toda la capacidad de convertirse en una tendencia universal (para el universo de los votantes habilitados), estaríamos ante un escenario político que golpearía fuertemente el proyecto ultraconservador que encarnan Vargas Lleras, Uribe Vélez, Iván Duque, Alejandro Ordóñez y Martha Lucía Ramírez.

Lo anterior no quiere decir que un eventual triunfo de Fajardo pueda representar un giro trascendental en la manera como viene operando el Régimen de poder. Simplemente, un gobierno de Fajardo daría cuenta de una “negociación” o transacción al interior de agentes del Establecimiento que reconocen en las figuras de Vargas Lleras y el que salga de la Coalición de Derecha, liderada por Uribe Vélez, un enorme desgaste de la imagen de las elites de poder, la propia del ex vicepresidente de Santos y por supuesto, la del senador y ex presidente, por el asocio que una parte importante de las audiencias hacen con la corrupción, la violación de los derechos humanos y con disímiles hechos de violencia simbólica. Fajardo serviría para bajarle la presión que en estos momentos siente y soporta esa parte del Establecimiento que no acompaña los procesos de paz y que sabe que Colombia necesita cambios por lo menos en la forma de hacer política.

De darse un triunfo de Petro, ello si representaría un giro enorme en las formas como viene operando el Establecimiento, lo que de inmediato podría generar dos estadios: uno, que Petro desconozca las correlaciones de fuerza que subsisten al interior del Régimen y decida gobernar en contravía;  y dos, que logre negociar y por ese camino, asegurar condiciones de gobernabilidad que le permitan, por lo menos, cumplir con algunos de sus programas sociales y medio ambientales.

La segunda lectura posible, de mantenerse las preferencias, sin que al final se dé el triunfo de Petro o de Fajardo, daría vida a la siguiente hipótesis y posible estratagema de quienes hacen las encuestas, pero especialmente, de quienes las pagan: inflar las imágenes de Petro y Fajardo y mantenerlas en el tiempo, para ocultar a quien realmente triunfará: Germán Vargas Lleras, porque no solo cuenta con la maquinaria electoral, sino con el apoyo de empresarios a los que solo les interesa obtener millonarios contratos y a otros tantos colombianos que gustan de su forma de hacer política (al mejor estilo de Cambio Radical). Cuando sea el momento preciso, los medios masivos apelarán nuevamente, pero con mayor insistencia,  al fantasma del castrochavismo para usarlo como instrumento ideológico para meterle miedo a los colombianos y de esa forma, asegurar el triunfo de Vargas Lleras, quien de todas formas terminará aliado con Uribe. De concretarse dicha coalición, la consulta que se hará para decidir la suerte de Ordóñez, Ramírez y Duque, sería un simple distractor electoral y una estratagema de la derecha para mostrarse desunida.

Con todo y lo anterior, de las encuestas hay que dudar, en particular de aquellas que tienen por objeto medir la intención de voto de un electorado que fácilmente se deja seducir por la estrategia que se conoce como el TLC: tejas, lechona y contratos. Hasta tanto no haya un electorado en su mayoría formado políticamente, y capaz de tomar decisiones autónomas, candidaturas como las de Vargas Lleras pueden dar al traste con los sueños y esperanzas de cambio que generan las fotografías tomadas hoy por estas tres empresas demoscópicas.

Nota: una versión ampliada y mejorada de este artículo se publicó en la revista Sur, bajo el título Elecciones en Colombia y opinión pública. Ver en este enlace:  https://www.sur.org.co/elecciones-colombia-opinion-publica/



Imagen tomada de Semana.com





[1] Uno de los procesos de paz se dio con las Farc. Y está en proceso de implementación. La negociación de La Habana fue un ingrediente para polarizar aún más al país, hecho que se evidenció en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016; y el otro proceso de paz con el ELN, que apenas está en una etapa de negociación y que afronta serias dificultades en materia de confianza entre los negociadores. 

miércoles, 31 de enero de 2018

¡SAS !, SE ROBARON LA TIERRA (RESEÑA)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El siguiente documento pretende dar cuenta, a manera de reseña, del contenido del libro que Wilson Arias Castillo publicó recientemente, y en el que hace serias denuncias sobre el acaparamiento de tierras en la altillanura colombiana.

El autor de esta reseña considera de gran valor académico y político el contenido del libro Así se roban la tierra en Colombia. Y por ello, invita a estudiantes y profesores a que lo lean y divulguen las ideas y denuncias allí plasmadas, por cuanto refieren a hechos y asuntos públicos que comprometen no solo la seguridad alimentaria del país, la subsistencia del campesinado, sino al propio Estado en su rol garante de lo público, gravemente afectado por las acciones jurídicas emprendidas por poderosos agentes privados.

Así se roban la tierra en Colombia es el título del libro que recién publica Wilson Arias Castillo, quien por esta época aspira a llegar al Senado de la República.

El texto en cuestión constituye una pieza investigativa de enorme valor político y periodístico e incluso, tendría que servir como prueba a las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación debería de adelantar, en el contexto de un proceso disciplinario y penal que se ha dilatado en el tiempo, debido a la débil institucionalidad estatal y al poder intimidatorio de las familias y firmas que se apoderaron de manera irregular de baldíos en la altillanura colombiana.

El libro de Arias Castillo tiene un carácter de denuncia pública alrededor de unos hechos que el grueso de la población colombiana quizás ignore, porque los pocos registros periodísticos que se dieron en torno a los hechos denunciados,  no sirvieron para elevarlos a un asunto público de indiscutible importancia, trascendencia y relevancia.

En tres acápites, Wilson Arias soporta sus denuncias en los documentos oficiales recogidos, al tiempo que ubica las acciones emprendidas por empresas multinacionales, nacionales y poderosas familias, en un complejo contexto internacional en el que aparecen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que de manera directa e indirecta aúpan los procesos de concentración de la tierra, la modernización del campo y el crecimiento urbanístico en las condiciones propias de un Estado privatizado como el colombiano, que actúa en función de  los intereses de poderosos particulares.

En el texto se lee: “…este libro presenta una mirada del contexto internacional de la <<fiebre por la tierra>>, resaltando los actores que participan de dicha dinámica y la manera como se inserta la agricultura del Siglo XXI, propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos. La premisa fundamental de esta visión es que el Estado debe estar en función de las necesidades de los inversionistas” (Arias, 2017; p.11).

En el primer capítulo, intitulado Contexto internacional, fiebre por la tierra, el autor llama la atención sobre las compras masivas de tierras por parte de “multinacionales agrícolas, gobiernos, fondos privados financieros y fondos de pensiones, entre otros”(Arias, 2017; p.13), todos agentes que encontraron en Colombia las condiciones para acaparar tierras baldías, aprovechando la precariedad de las instituciones del Estado, la ineficiencia, ineficacia o el generalizado desinterés de organismos de control y de investigación como la Fiscalía, para vigilar de cerca las actuaciones de poderosos particulares que, de disímiles maneras, manipularon las normas y violaron las leyes en y para su propio beneficio.

Arias señala al respecto que “este fenómeno global encontró en Colombia dos factores claves para su desarrollo. De un lado, una región con características que la hacen atractiva para dinámicas globales de acaparamiento y por otra parte, un modelo de política pública que coincide ampliamente y promueve este tipo de inversiones” (Arias, 2017; p. 15).

El político vallecaucano advierte sobre los alcances de lo que se conoce como la agricultura del siglo XXI, que no solo representará la desaparición de la figura del campesino, sino que coadyuvará en buena medida a consolidar regiones ambientalmente insostenibles debido al modelo de plantación que se propone imponer en la altillanura colombiana y que no es más que el correlato del viejo latifundio y las prácticas propias de la agroindustria cañera y palmicultora.

En la publicación se lee lo siguiente: “Así, la agricultura del Siglo XXI considera que el sector privado debe hacer las inversiones, y el Estado debe hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que ellos hagan su labor. La locomotora del agro de Santos coincide con la denominada Agricultura del Siglo XXI. Una agricultura <<moderna>>, donde se prioriza la escala de producción, en grandes volúmenes de inversión, con una pretendida sostenibilidad ambiental y donde los pequeños productores (ya no denominados campesinos) <<solo pueden subsistir>> en el campo si se asocian con grandes inversionistas” (Arias, 2017; p. 15).

Una vez expuesto ese marco contextual y axiológico, el autor ubica y le explica al lector qué es eso de la altillanura colombiana, para posteriormente denunciar a los acaparadores que, en una suerte de un fino ethos mafioso, burlaron la ley y debilitaron la ya precaria institucionalidad estatal, con acciones jurídicas que claramente dan cuenta de para qué es el Poder.

El ex congresista Arias Castillo dice en su texto, que “la región de la Orinoquia está comprendida por los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada. Dentro de esta hay una subregión  conocida como la Altillanura, que abarca 7 millones  de hectáreas y comprende los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripàn en el departamento del Meta, y Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño en el Vichada. Los casos de acaparamiento de tierras investigados y presentados ante la opinión pública se circunscriben a esta región” (Arias, 2017; p. 20).

La región a la que se alude, es de un enorme potencial por la disponibilidad del agua, la presencia del solo durante todo el año, las condiciones planas y otros elementos que acercan a quienes hoy acaparan grandes extensiones  de  esa tierra, al mercado inmobiliario, sector económico altamente especulativo.  

Pero Arias no solo denuncia con nombres propios a empresas multinacionales, nacionales y miembros de familias con enorme poder económico y político. Por el contrario, el autor del libro Así se roban la tierra en Colombia señala con claridad las acciones y decisiones de política pública adoptadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos entre el 2010 y el 2018. En el texto se lee: “Diferentes propuestas normativas se han planteado” para dar cuenta de las exigencias que los agentes privados le han hecho al actual Gobierno.  El “derecho de superficie, los Bonos agrarios y la política forestal y agua y la seguridad jurídica” constituyen acciones de política pública, en el marco de un Estado que prácticamente se puso al servicio de los mezquinos intereses de unos muy particulares agentes privados (Arias, 2017; p. 30 y 31).

En el segundo acápite del libro, el autor registra los casos de acaparamiento de tierras en la altillanura, analizados en el periodo legislativo 2010-2014. En cuadros muy bien dispuestos, Arias Castillo describe las empresas a través de las cuales agentes económicos se apoderaron de tierras baldías en la altillanura, las mismas que por ley deben entregarse a familias campesinas con un objetivo claro: asegurar la supervivencia del campesinado y por esa vía garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos.

En la relación de los agentes acaparadores de tierras aparece la familia Sarmiento Angulo y el Grupo Corficolombiana. Las empresas Mavalle, Unipalma e Ingenio Sicarare hacen parte de los procedimientos y las acciones jurídicas y de hecho emprendidas por la poderosa familia del banquero colombiano. Las hectáreas suman 28.900, cifra que confirma no solo el particular acaparamiento, sino que expone el ignominioso indicador de Gini que oscila entre 0,85 y 0.9, siendo 1 el límite con el que se indica la mayor concentración de tierra, para este caso.

En la misma relación aparece la familia Eder, del Grupo Manuelita, con 37 mil hectáreas. De igual manera, aparece el núcleo familiar Santa Domingo y el Grupo Valorem, con 5.500 hectáreas.  Y el grupo Aliar (Sindicato Antioqueño) con más de 40 mil hectáreas.

En el listado de multinacionales se reseñan al Grupo  Mònica del Brasil,  con 7 empresas que, según se lee en el libro de Arias, suman 13 mil hectáreas. A renglón seguido aparece Cargill con 25 mil Ha y el principal accionista de Avianca, Germán Efremovich y el Grupo Sinergy, con 8.000 hectáreas aproximadamente.

En lo denunciado por el autor, aparece Riopaila Castilla. Arias dice lo siguiente: “El caso Riopaila muestra cómo el acaparamiento de tierras en la Altillanura no ha sido responsabilidad exclusiva de actores extranjeros. También se han visto inmiscuidos empresarios colombianos, algunos con larga trayectoria en actividades agroindustriales, que buscando ampliar su portafolio de negocios decidieron invertir en esa región. Este hecho confirma la gravedad de la concentración de la tierra en la Altillanura: las mismas empresas, los mismos apellidos que han copado las mejores tierras del suroccidente del país, como las del Valle del Cauca, pretenden quedarse también con la última frontera agrícola… Este ingenio azucarero adquirió cerca de 34 mil hectáreas en el departamento del Vichada, en el proyecto conocido como Veracruz, para la siembra de palma de aceite y cereales” (Arias, 2017; p. 49).

Arias Castillo no solo relaciona a estas empresas y familias, al igual que a otras, sino que señala las cuantías de dinero que, a título de subsidios, recibieron del Estado colombiano. De igual manera, Arias detalla las argucias legales a las que apelaron estas firmas y familias para hacerse con las tierras baldías en la altillanura.

En todo este proceso de concentración de la tierra a través de sinuosos caminos jurídicos aparecen sospechosas omisiones como lo denuncia y enuncia en su libro Wilson Arias Castillo. En particular, refiere a la omisión del Gobierno de Uribe Vélez frente al caso del grupo Mónica Colombia. En el libro se lee: “Por ejemplo, en carta enviada el 27 de marzo de 2009 al entonces Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el representante legal de Mónica Semillas, Ricardo Cambruzzi, contaba lo siguiente: “Se conformó el grupo empresarial Mónica Colombia con otras seis empresas subordinadas. En síntesis, inversionistas nacionales o foráneos con capacidad de explotar grandes extensiones se ven limitados porque no pueden adquirir terrenos  que sobrepasen la mensura establecida en hectáreas para la UAF[1]. Este solo hecho desestimula la inversión, pues hace necesario recurrir a la creación de muchas sociedades, para poner en cabeza de socios o terceros, cada UA que se adquiere para plasmar proyectos agrícolas” (Arias, 2017; p. 43).

Ante semejante omisión presidencial, el autor cuenta que se elevó la denuncia correspondiente en la Comisión de Acusaciones o "de Absoluciones" de la Cámara de Representantes, en donde duerme el sueño de los justos.

Y en el tercer acápite o capítulo, intitulado Política de tierras  en el post-acuerdo, Arias Castillo analiza y cuestiona los alcances de lo acordado entre las Farc-Ep y el Gobierno de Santos, en el marco de lo que se conoce el Acuerdo Final II (versión firmada en el teatro Colón de Bogotá).

Los cuestionamientos que hace el autor de Así es como se roban la tierra en Colombia, comienzan con la ley Zidres[2] y se presentan en este sentido: “Dentro de nuestras principales preocupaciones y críticas en contra de esta figura  se encuentran: i) que el gobierno eliminó el régimen de baldíos de la nación  para responder a exigencias como las planteadas  por la multinacional Mónica Semillas, que veían en la UAF una <<traba burocrática>>; ii) por otra parte, se concentrará en mayor medida la propiedad y el uso de la tierra, en un país que de lejos es de los más desiguales del mundo con un Gini que ronda el 0,9 yiii) complementario a lo anterior, se modificará el ordenamiento del territorio en función de los intereses corporativos de compañías que… buscan expandirse  y acaparar no sólo tierras, fuentes hídricas  y bienes públicos, sino que con las Zidres  lograron legalizar  las acumulaciones expuestas, y podrán expandirse  y ampliar el tamaño de sus emprendimientos, ahora con la entrega de tierras por parte del Estado” (Arias, 2017; p. 83).

 Arias Castillo deja entrever sus dudas alrededor de lo que se negoció en La Habana en materia de acceso a la tierra, en el marco del punto de Reforma Agraria Integral. Se colige de lo planteado en el libro, que al parecer el Secretariado de las Farc terminó aceptando una negociación que en materia de tierras y reforma agraria integral poco o nada beneficia a los campesinos por los que dijeron sostener su lucha armada  por más de 50 años; y por el contrario, lo negociado y lo aceptado después de firmado el Acuerdo Final, ya se sabe que beneficia y beneficiará a los grandes capitales, familias y empresas interesadas en imponer el modelo de las grandes plantaciones y por esa vía, eliminar, simbólica y físicamente a los campesinos colombianos, convirtiéndolo en empobrecidos jornaleros.

Insisto en que el libro de Arias Castillo, en sus 93 páginas, constituye un buen ejemplo de seguimiento y análisis a un fenómeno como el de la concentración ilegal de la tierra en pocas manos. Con ejemplos bien documentados, el autor señala y acusa a poderosas multinacionales, empresas nacionales y sus filiales, como a miembros de “prestigiosas” familias, de  emprender maniobras sinuosas para arrebatarle a la Nación y a los campesinos, los baldíos de la altillanura.

Nota: muchos pensaràn que incurro en un error al usar la figura jurìdica empresarial SAS en lugar de zas, expresiòn muy usada para señalar un ruido que se produce por la caìda o la ruptura de algo. No. Al usar la voz SAS, hago referencia a esta figura dando cuenta de que fue usada por los acaparadores de tierras como estrategia para poder torcer el cuello a la ley. Y en los casos reseñados aquì es claro que a travès de varias SAS, se produjo un fuerte !zas! en la institucionalidad estatal, debido al rompimiento del orden jurìdico a travès de estratagemas de todo tipo. 


Imagen tomada de Radiomacondo.fm



[1] Unidad Agrícola Familiar, UAF.
[2] Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres. 

Entradas populares

Páginas vistas en total

Etiquetas