NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 15 de noviembre de 2017

SANTURBÁN, A LA ORDEN DEL GRAN CAPITAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Si para algo sirve ya y seguirá sirviendo la finalización del fin del conflicto armado[1] entre el Estado y las antiguas Farc, es para poner a la orden del Gran Capital, los recursos de la biodiversidad, en particular aquellos que el subsuelo guarda, como el carbón, el coltán y el oro, para nombrar solo algunos minerales.

Juan Manuel Santos acaba de validar el sentido de la anterior sentencia al confirmar la inversión de mil millones de dólares que hará los Emiratos Árabes, a través de  su multinacional Minesa, en la explotación de oro en el Páramo de Santurbán.

El asunto es de una enorme gravedad en la medida en que la licencia de explotación ya fue solicitada a la ANLA[2], entidad comprometida con la entrega rápida de autorizaciones a empresas de explotación de oro, carbón y petróleo, cuyos funcionarios se sentirán presionados por la millonaria suma de dinero que está dispuesta a invertir dicho país. Las licencias exprés se pusieron de moda durante la administración de  Uribe Vélez, política que tuvo continuidad en los dos periodos de Santos.

En esa línea, la ANLA funge como una suerte de rueda suelta que nadie controla, a juzgar por la rapidez con la que se entregan las licencias ambientales. Es más, se oye en los “mentideros políticos” que los funcionarios de dicha entidad “trabajan a destajo”, es decir, que su sueldo dependería del número de licencias aprobadas. Si eso llegare a ser cierto, los recursos de la biodiversidad estarían servidos en bandeja de plata al Gran Capital.

Volvamos al asunto. Por supuesto que los amigos del “desarrollo” por la vía del extractivismo, se frotan las manos por la llegada de semejante inversión. Muy seguramente las redes de corrupción ya están alertas para el cobro de comisiones y las formas institucionalizadas que entran en operación para otorgar la licencia de explotación en un ecosistema que afronta los problemas que genera la decisión de delimitar el Páramo de Santurbán, como si dicho ecosistema funcionara desde y bajo la lógica fragmentadora con la que opera la delimitación de un área que no debería de estar dispuesta para el desarrollo de minería a gran escala; y en cuanto a la minería artesanal, valdría la pena pensar en acciones de intervención con el fin de reorientar la vida de los mineros, ofreciéndoles, por ejemplo, servir de cuidadores del ecosistema.

Quienes aprueban y apoyan el desarrollo de dichas actividades mineras en el Páramo de Santurbán, parecen desconocer el principio de precaución planteado en la Ley 99 de 1993, en su artículo 1, de los Principios Generales Ambientales: “La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (...) 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

¿Por qué insistir con proyectos de minería a gran escala si se conocen experiencias en el mundo y en el propio país, de los graves efectos socio ambientales que deja la llegada y operación de retroexcavadoras y las transformaciones de un ecosistema frágil y por sobre todo, vital para los cientos de miles de ciudadanos que dependen del suministro del agua que nace de dicho Páramo?

Ojalá las comunidades allegadas al Páramo de Santurbán y en general los colombianos, emprendamos acciones colectivas que permitan detener toda actividad minera a gran escala tanto en este ecosistema, como en otros amenazados por la llegada de multinacionales y sus filiales, interesadas en saquear los recursos del subsuelo, ahora que el país “vive en el posconflicto”. 

Queda claro que delimitar el territorio en el que subsiste el Páramo es una estratagema que abre el camino para actividades de exploración y explotación que benefician a unos pocos, en detrimento de la calidad de vida futura de quienes se benefician de los servicios ecosistémicos que ofrece en particular el Páramo de Santurbán.

Lo que está en juego con Santurbán no solo es el ecosistema en sí mismo, sino la institucionalidad ambiental y científica cada vez más afecta al desarrollo de este tipo de actividades antrópicas que claramente poco o nada aportan al “desarrollo” del país, por cuanto las ganancias terminan en los bolsillos de los accionistas de multinacionales como Minesa, en paraísos fiscales y algunas migajas que sabrá recoger agentes estatales corruptos. Y resulta peor el panorama ambiental, cuando el Estado colombiano no solo deviene débil y precario, sino que no tiene una política ambiental coherente que realmente haga posible pensar en eso que ya se volvió un lugar común y parte fundante y fundamental de acciones de green wash: hablar de desarrollo sostenible o sustentable.

A la presencia de todo tipo de intereses alrededor de la explotación en zonas de Páramo, en particular en el de Santurbán, se suman las diferencias de criterio y de lectura de lo expresado por el Código Minero, en las sentencias de la Corte Constitucional y en lo expresado por expertos, científicos y directores de instituciones ambientales oficiales.

De tiempo atrás, el ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, viene advirtiendo sobre los riesgos de autorizar la explotación de oro en dicho ecosistema. Lo hizo en su momento, cuando la multinacional Greystar se interesó en el oro que se oculta en las entrañas de dicho ecosistema estratégico para millones de habitantes que dependen de su equilibrio y funcionalidad ecológicas. Rodríguez señaló: “No entiendo por qué estamos aquí. Y no lo entiendo porque el Código Minero excluye a los páramos de toda explotación. Entonces me parece que estamos en una situación absurda creada por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, que aceptó, en forma que me parece condenable, la solicitud de una licencia ambiental por parte de la empresa canadiense Greystar[3].

Hoy, parece que el ambientalismo y la defensa de la biodiversidad devienen en una profunda crisis, a juzgar por el poco eco y apoyo que ya tienen esas voces de alarma en universidades e instituciones de carácter ambiental. El silencio de la Academia desconcierta en la medida en que alienta a las interesadas multinacionales como Minesa, para intervenir en ecosistemas sobre los que poco se tienen cuenta las  valoraciones estéticas[4] y éticas que la ciudadanía hace, en aras de exigir que se detenga cualquier acción que comprometa el equilibrio ecológico del Páramo de Santurbán. En esa medida, parece que para muchos científicos y académicos resulta mejor explotar unos recursos, haciendo uso de una autonomía sin límites y desprovista de cualquier responsabilidad con el medio ambiente y sobre todo, con quienes de manera directa se benefician de los servicios ecosistémicos que les presta el señalado y deseado Páramo de Santurbán.

Augusto Ángel Maya, en su libro Ataraxia, habla de la Hybris humanista, como “… desconocer y separar esta pertenencia y unidad del hombre al ser, y vivir en una ilusión de autonomía sin límites”. Tantos los ingenieros de Minesa, el Presidente Santos y el Estado colombiano caerán en lo que los griegos llamaron la Hybris, como el pecado en el que cae el ser humano al rebasar sus propios límites y comportarse como si fuera Dios.

¿No será que desde sectores de la Academia y de la institucionalidad ambiental se le está haciendo el juego al extractivismo, cuando desde esos mismos escenarios, de duda y de ciencia, debería de gritarse a voz en cuello, que el desarrollo tiene unos límites y que estos aparecen cuando lo que se pondrá en riesgo es la propia supervivencia de cientos de miles de personas?

Creo que es urgente volver al ambientalismo de los años 60 y 70, de cara a enfrentar a quienes desde la Academia, silentes o no, y desde los usos particulares de la ciencia, promueven discursos que, afectos por ejemplo al discurso de los ecosistemas emergentes, terminan validando todo tipo de acciones antrópicas de explotación que solo benefician a unos pocos, basados en que el dinamismo de la Naturaleza permite todo tipo de acciones humanas, como la explotación de oro en Santurbán.

Al principio de precaución hay que sumarle esta pregunta: ¿cuántos de los beneficiados y cuántos los afectados? Y es claro, que con la explotación de oro en Santurbán, los beneficiados serán unos pocos y los afectados, se cuentan por millones. Mientras la ANLA juega con la biodiversidad y el Páramo de Santurbán es ofrecido al Gran Capital, la Academia y los agentes de las ciencias ambientales, guardan cómplice silencio.



viernes, 10 de noviembre de 2017

POR LA ESPALDA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El crimen de Aulio Isarama Forastero, a manos de un miembro de la guerrilla del ELN, es un hecho grave no solo por tratarse de un líder y gobernador indígena, por el delicado contexto del pactado cese al fuego bilateral temporal, sino por las circunstancias en las que se produjo la muerte del indígena: fue asesinado por la espalda.

El diario El Espectador recoge la versión oficial del dictamen de Medicina Legal: “La causa de la muerte obedece a un daño vascular severo a nivel del tórax, producido por el paso de dos proyectiles de arma de fuego de alta velocidad. Estos disparos se realizaron de atrás hacia adelante, de la espalda hacía adelante, en una modalidad de contacto firme. Es decir, con la boquilla del arma firmemente apoyada sobre la pared posterior del tórax en momentos en los cuales se evidencia que el tórax estaba desnudo. Se encuentra evidencias de un disparo a contacto firme de un tórax desnudo[1].

Es decir, se trató de un crimen vil, cobarde, execrable y demencial. Si, el COCE reconoció que el crimen es responsabilidad de uno de sus frentes, y es posible que dicho reconocimiento sirva para señalar que subsiste unidad de mando dentro de la organización guerrillera, pero no señaló qué acciones iba a emprender contra quien ordenó y/o disparó al cuerpo de  Forastero. Y es lo mínimo que se espera de una guerrilla que dice guiarse por unos “códigos revolucionarios”. Entonces, debe llevar al asesino de Isarama Forastero a un juicio de acuerdo con sus normas y de ser posible, entregarlo en primera instancia a la comunidad indígena afectada por el asesinato de su líder para que en ese escenario comunitario sea juzgado; o, en una lejana e improbable decisión, entregarlo a la institucionalidad que combaten desde los años 60.

Por lo anterior, se espera que el COCE haga públicas las acciones disciplinarias que tomará en contra de quienes participaron del crimen de Forastero. Así como justifican el secuestro de civiles, a los que someten a su “justicia revolucionaria[2]”, se espera el juzgamiento del victimario que asesinó al Gobernador indígena. No puede el ELN caer en la trampa de valorar más los resultados operacionales que pudo haber entregado hasta el momento quien disparó por la espalda en contra de Isarama Forastero, y ponerlos por encima de semejante acción demencial.  No.

El gobernador indígena hacía parte de una comunidad afectada por todos los actores armados, incluyendo, por supuesto, a las Fuerzas Militares y al débil Estado colombiano. Las condiciones de abandono, pobreza y miseria  en las que vive esta comunidad indígena y otros sectores poblacionales,  han servido a los líderes del ELN para justificar su presencia armada y su lucha contra el Estado.  Se pide un mínimo de coherencia en quienes dicen haberse alzado en armas para defender a un Pueblo que soporta el yugo de un oprobioso e ilegítimo régimen de poder.

Resulta inaceptable que dentro de una organización que se dice “revolucionaria” se den este tipo de hechos, más propios de grupos de delincuencia común, de bandidos a sueldo, de sicarios que un día se pusieron un brazalete para “defender a los débiles”. ¿Qué tiene de revolucionario asesinar a una persona en las condiciones en las que se produjo el deceso de Isarama Forastero? Mas bien, se trata de una acción propia de matreros y no de sujetos políticos alzados en armas.

Más allá de exigirle al Gobierno una reacción conducente a romper el delicado cese bilateral y temporal del fuego, lo que debería hacer el Ejecutivo y el equipo negociador del Presidente Santos, es pedirle a la comandancia del ELN que explique si el asesinato de Forastero obedece a decisiones autónomas que sus miembros pueden tomar en cualquier momento. De ser así, la negociación política se tornaría aún más delicada porque estaría mediada por la pérdida de la “mística revolucionaria”, hecho que le restaría sentido a continuar negociando, por cuanto no se estaría dialogando con alzados en armas, sino con enajenados sicarios.




Imagen tomada de El Espectador.com

martes, 7 de noviembre de 2017

Periodismo Incorporado

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El primero de noviembre, en Bogotá, se realizó el foro[1] sobre noticias falsas. Más allá de los resultados del evento, bien vale la pena señalar que el asunto de las fake news aparece, junto a la posverdad, como vocablos, nomenclaturas, hechos y situaciones nuevas y propias de esta época postindustrial y postmoderna, cuando claramente las noticias falsas y la posverdad son tan antiguas como el ejercicio mismo del Poder, así  el uso del tèrmino posverdad, por ejemplo, se  remita apenas a una década atrás.

Lo curioso del asunto es que al hablar de posverdad y fake news, la Gran Prensa trata de pasar incólume ante la responsabilidad histórica que debe asumir por haberse prestado en el pasado a la construcción de mentiras y a recoger versiones de organismos de inteligencia y fuentes oficiales, en especial de la fuente castrense, con el firme propósito de tergiversar los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado interno, acomodar las versiones de los bandos enfrentados y en general, para tratar de disimular el hedor de un Establecimiento desde donde se auparon acciones y actitudes que terminaron borrando los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal. La Gran Prensa, con sus periodistas vedettes, trató de perfumar ese hedor con las noticias del entretenimiento, industria que supo bien explotar en su noticiero el reconocido periodista Yamid Amat.

La discusión, entonces, está mal planteada: el problema no está tanto en las falsas noticias que hoy circulan por las redes sociales y que recogen los propios Medios masivos. El gran problema está en la forma como la Gran Prensa colombiana viene informando, especialmente desde 1998, cuando nacieron las empresas periodísticas privadas RCN y Caracol que, con sus noticieros, han logrado manipular a unas audiencias ignorantes, así como disimular la hediondez de un régimen político corrupto, sostenido más por el ejercicio del poder tradicional, que por una bien ganada legitimidad.

Todo régimen de poder político sabe -debe- cooptar a la Prensa y usarla para consolidarse y servir a los intereses de unos pocos. Lo ha hecho la izquierda y la derecha, sin mayor diferencia en las rutinas de producción noticiosa de medios masivos a lo largo y ancho del planeta. Y cuando ello sucede, los Regímenes hacen lo que deben hacer para mantener el poder: mentir, acomodar, manipular, enlodar y ocultar, entre otras acciones. Para ello, apelan a los periodistas incorporados, o lo que se conoce en inglés como embedded reporter y que se puede traducir como “reporteros incrustados”[2]; también se pueden llamar “periodistas incorporados”, es decir, aquellos que afectos a un gobierno en particular, harán todo lo posible para salvaguardar secretos, desviar la atención sobre hechos trascendentales, auto censurarse y en general, dejar de informar. Tambièn, sirven esos periodistas incrustados para posicionar- imponer-  lìderes carismàticos capaces de extender en el tiempo un tipo de Règimen u orden de dominaciòn.

Lo mínimo que se esperaría que hicieran dichos regímenes, en el marco de una democracia ideal, es garantizar la vigilancia y el control por parte de la Prensa que milita con los sectores de poder que perdieron las elecciones o aquellos que se declaren en oposición. Es decir, lo que se debe garantizar es pluralidad informativa, asunto al que le suelen temer los gobernantes, de izquierda y derecha. Unos y otros, temen al escrutinio y buscan controlar a las audiencias, en particular, desean mantener los altos niveles de ignorancia e incapacidad de cientos de millones de ciudadanos incapaces de descifrar las lógicas bajo las cuales funciona y opera el poder político.

Así entonces, no nos debe preocupar la posverdad y las falsas noticias. Lo que nos debe preocupar es la incorporación, cada vez menos disimulada, de periodistas vedettes a los que las audiencias suelen creerles y seguir sus discursos aparentemente democráticos y profundamente anclados en una ética periodística supuestamente no afecta a ningún sector de poder.

Como audiencias lo que debemos hacer es consumir con extremo cuidado las versiones periodísticas, en especial las que entregan de manera amañada empresas mediáticas como RCN y Caracol. Luego, debemos contrastarlas con otras fuentes, eso sí,  siempre apelando a la historia y a la lectura de informes y libros que nos permitan develar lo que la Gran Prensa siempre maquillará, callará o tergiversará.

Adenda: la pérdida sistemática de audiencias del Noticiero RCN, según los últimos estudios de rating, bien podría entenderse como el rechazo de unas audiencias que aprendieron a consumir y que se dieron cuenta de la perversa política editorial que guía el ejercicio periodístico de dicha empresa mediática. Aunque dicha pérdida no le generará mayores problemas económicos al conglomerado económico que está detrás de dicho noticiero, si se trata de un duro golpe a la hegemonía informativa que por largos años ostentó el informativo RCN.





Imagen tomada de Monitoreodemedios.co


[2] Especialmente, alude a periodistas que hacen parte de las filas de ejércitos y asisten a los combates y a las operaciones militares para informar desde el  punto de vista de la fuerza que lo incorporó o a la que pertenece por decisión propia. 

jueves, 2 de noviembre de 2017

TIMOCHENKO: ¿PRESIDENTE?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La aparición e irrupción de las ex guerrillas Farianas en la procedimental y restringida Democracia colombiana cuenta, desde los primeros pre acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo de La Habana,  con enormes resistencias desde disímiles sectores de la sociedad civil.

Al contar ya con personería jurídica, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) podrá participar en las elecciones de 2018, en las condiciones pactadas en el Acuerdo Final. Los máximos dirigentes de la Farc entran, así y de lleno, a la institucionalidad democrática. Y lo hacen sin que se hayan creado todas las instituciones  y generado las institucionalidades de las que se habla en el documento con el que se negoció el fin del conflicto armado entre el Estado y la guerrilla Fariana, hoy desmovilizada.

La dirigencia del nuevo partido político (Farc) dio a conocer a los colombianos los cuadros que buscarán llegar al Congreso y se determinó también que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será el candidato presidencial con el que intentarán hacerse con el poder del Estado, esta vez a través del ejercicio de la política y el respaldo del electorado afín al ideario de dicha organización.

Por supuesto que no se hicieron esperar las reacciones en contra de la participación y la elegibilidad política de los integrantes de una ex guerrilla que se desmovilizó, que entregó las armas, pero que aún no comparece ante los magistrados de la JEP. Hay que advertir que aún no entra en operación dicha jurisdicción, lo que significa que de resultar electos al Congreso e incluso, en el remoto caso de que “Timochenko” resulte elegido Presidente de la República, las decisiones judiciales, esto es, las sanciones a las que haya lugar y que deberán adoptar los magistrados de la JEP y que no favorezcan a los ex guerrilleros, tendrán que cumplirse durante el desarrollo de sus funciones públicas.

Es comprensible hasta cierto grado las resistencias sociales que ya se expresan en torno a la posibilidad de que los ex combatientes de las Farc, señalados de la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de un largo y degradado conflicto armado interno, puedan participar de las elecciones de 2018 sin haber pasado primero por la JEP.

Presento a continuación varias consideraciones y elementos que pueden coadyuvar a la comprensión del escenario político-electoral que se avecina con la participación de los ex guerrilleros reinsertados en la vida democrática del país.

1.    Quienes rechazan, con inusitada vehemencia y odio que Rodrigo Londoño se presente a las elecciones de 2018 en su calidad de candidato presidencial de la Farc, terminan validando la conducta criminal y mafiosa de un Establecimiento que por largo tiempo promovió y aupó acciones de terror (el paramilitarismo, por ejemplo) que terminaron con los asesinatos de periodistas, profesores, líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, líderes cocaleros y candidatos presidenciales de izquierda, entre otros.  A lo que se suma, el desplazamiento de más de seis millones de colombianos, entre campesinos, afros e indígenas, por la incursión de los grupos paramilitares, que operaron con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública.

2.     Oponerse a la participación política de los ex combatientes de las ya desaparecidas Farc-EP, termina por desconocer el carácter político de la entonces organización subversiva y la lucha política que por 53 años libraron, contra un Estado y un régimen al que siempre consideraron ilegítimo. Caen en un sinsentido y en un lugar común aquellos que insisten en negar y rechazar la incursión en política de los ex guerrilleros; y lo hacen, aupados por sectores de la prensa afectos a los Señores de la Guerra que no solo viven dentro del Establecimiento,  sino que con su capacidad coercitiva, lo convirtieron en un Régimen peligroso para aquellos que piensan distinto y desconocen la naturalizada legitimidad del actual orden de dominación.

3.   Es claro que con la participación de la Farc en el escenario electoral de 2018, la institucionalidad democrática se fortalece, y en general, se beneficia en buena medida el mismo Régimen de poder, en tanto que, al permitir la participación política de los ex combatientes, la comunidad internacional podría entender como un "progreso" que dicho Régimen permita la inclusión de esa nueva fuerza política. Eso sí, hay que advertir que habrá sectores de poder político, económico y social que buscarán la desaparición física de los reinsertados, por los miedos que generan los fantasmas del “castrochavismo”  y el “comunismo”.

4.  Es importante reconocer que el escenario electoral de 2018 puede resultar un quiebre histórico importante para el país, en la medida en que se abren dos caminos posibles: de un lado, una vía que conduce a que el actual Régimen de poder se fortalezca y con toda su ilegitimidad, logre consolidarse a pesar de que las causas objetivas e históricas que provocaron el levantamiento armado en los años 60 siguen sin superarse, lo que hace que los conflictos sociales, políticos y económicos se extiendan aún más en el tiempo; y la otra ruta, llevaría a la posibilidad de un cambio estructural en la forma en la que opera el Estado, la sociedad y el mercado, sin que ello necesariamente signifique llegar a lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Esto último podría darse si se cumple el punto 3.4.2 del Acuerdo Final firmado en el teatro Colón, en el que se propone un Pacto Político Nacional.

5.    El Pacto Político Nacional podría convertirse en una oportunidad para aquella élite enquistada en el Estado y que sostiene al mismo Establecimiento, de reorientar al país hacia mejores estadios sociales, económicos y políticos, que aseguren no solo el fortalecimiento de la democracia, el pluralismo político e ideológico, sino que entre todos se acuerde proscribir el uso de las armas en el ejercicio de la política, así como  desterrar ese ethos mafioso con el que operan el Estado, la sociedad y el mercado.

Habrá que esperar que entre en operación la JEP, que las elecciones de 2018 transcurran en calma y que no se presenten actos de terror contra comunidades rurales o atentados contra quienes empeñaron su palabra y pactaron cumplir lo firmado en el Acuerdo Final. Pero sobre todo, lo que realmente esperamos es que pasado un tiempo, no asistamos al intercambio de impunidades entre los máximos líderes de la Farc, el Establecimiento y aquellos sectores de la sociedad civil comprometidos con el devenir del conflicto armado interno y la participación en crímenes atroces y violaciones a los DDHH y al DIH.

Y termino con esta idea: el problema no está en que Timochenko se lance a la Presidencia puesto que se pactó en La Habana la participación política de los miembros de la cúpula de esa agrupación armada ilegal. Y para lograrlo, necesitará vencer a la maquinaria y al poder económico que respalda a Vargas Lleras; el  asunto de fondo es si estamos dispuestos a seguir validando un régimen de poder que es responsable del nacimiento de las guerrillas y por lo tanto, de la existencia de quien, desde la civilidad, hoy busca o pretende cambiar el rumbo del país de acuerdo con lo que él considera es un proyecto viable y la salida a los complejos problemas del país. No podemos olvidar que Rodrigo Londoño, alias Timochenko,  es producto de ese ilegítimo orden político que muchos defienden al rechazar su temprana aspiración política. 




miércoles, 1 de noviembre de 2017

Conservación, ecosistemas emergentes y sustentabilidad

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La presencia incontrastable de la especie humana en el planeta Tierra y los claros efectos negativos que dejan los procesos y las actividades antrópicas desplegadas durante siglos, pero aceleradas quizás en los últimos 50 años, hacen pensar en la urgente necesidad de revisar procesos productivos, modificar prácticas de consumo y en general, a establecer límites a específicas acciones antrópicas de especial impacto ambiental y ecológico sobre frágiles ecosistemas naturales-históricos.

Entonces, hablamos desde hace años atrás, de sostenibilidad ambiental y más recientemente de sostenibilidad o sustentabilidad, problemáticos términos y categorías que, al devenir interdisciplinares y sistémicas, en especial la segunda, se nos presenta como un reto y quizás una meta inalcanzable si examinamos los efectos y los daños que como especie dominante hemos provocado a Gaia.  

Y en ese proceso de consolidación de lo que sería una segunda etapa del largo e ineficaz proceso de concientización ambiental del grueso de la población humana y en particular de las élites económicas y políticas tanto de los países denominados “desarrollados”, como de los que buscan alcanzar algún nivel de desarrollo, pareciera que trasladáramos la operacionalización de las decisiones y las actividades de carácter sostenible o sustentable, a procesos externos a la condición humana, como si la transformación de la naturaleza obedeciera a lógicas y discursos alejados de esa propia  condición que deviene compleja.

Por lo anterior, señalo que la (in) sostenibilidad o la (in) sustentabilidad tiene un fuerte arraigo en la condición humana en tanto que, como especie dominante, consciente o inconscientemente,  no solo tomó distancia de la Naturaleza, sino que culturalmente justificó -y seguirá haciéndolo-, los procesos de transformación de unos  ecosistemas naturales cuyos servicios ecosistémicos poco o nada son tenidos en cuenta porque el proyecto humano moderno, deviene profundamente avasallante, hasta el punto de hacer inviable la vida humana, en especial en ciudades que crecen de manera desordenada, expandiendo sus instalaciones a territorios rurales y selváticos que se resisten a esa apuesta de desarrollo.

De esta manera, aparecen territorios insostenibles ambiental y socialmente porque el territorio es mirado como un mero sustrato, si evaluamos el agotamiento de fuentes de agua, el empobrecimiento de los suelos por la creciente urbanización, por la desaparición de ecosistemas naturales (bosques y humedales),  por la consolidación de  prácticas agroindustriales y la ganadería extensiva, entre otras acciones antrópicas;  dichas transformaciones del territorio empiezan a producir territorialidades que devienen asociadas al consumo, pero especial y dramáticamente a  la profundización del distanciamiento de la especie humana de los ecosistemas naturales-históricos y al vaciamiento del sentido de la vida.

Por ese camino, entonces, no es posible separar la discusión de la sustentabilidad o la sostenibilidad del lugar dominante que el ser humano logró alcanzar sobre especies animales y vegetales sobre las que ejerció todo tipo de presiones y acciones de depredación, a partir de largas y sostenidas acciones discursivas de subvaloración, en el marco de un deseado mundo artificial que poco a poco aparece, como una suerte de macro ecosistema emergente.

Y en ese proceso cultural en el que se desconocen finas y frágiles conexiones ecológicas, la conservación ambiental, como discurso y práctica social y política, viene sufriendo profundos cambios, justamente por la aparición de ecosistemas emergentes, en especial aquellos que son frutos de actividades antrópicas de gran calado como el arrasamiento de ecosistemas boscosos para dar vida en esos territorios, a monocultivos como la Palma Africana, la caña de azúcar y plantaciones de coca, entre otros.

Y es allí en donde el discurso ambiental tendiente a la conservación, muy propio de los años 60 y 70, se va poco a poco diluyendo en la valoración de ecosistemas emergentes cuya funcionalidad ecológica y sus “servicios ambientales emergentes”, parecen convencer a quienes otrora defendían a dentelladas la conservación.  Las sucesiones ecológicas, por actividades humanas o por ciclos naturales y la aparición de ecosistemas emergentes no pueden terminar justificando procesos de intervención humana que desechan no solo el principio de precaución, sino que dejan de lado el desconocimiento que aún tenemos sobre el funcionamiento de la Naturaleza en su conjunto y en particular de frágiles ecosistemas que al ser fundamentales para la vida humana y la supervivencia de especies vegetales y animales, deberían de conservarse, ante las enormes dudas que se suscitan sobre los nuevos servicios ambientales que pueden o podrían prestar los ecosistemas emergentes.


Así entonces, hablar de sustentabilidad o sostenibilidad nos remite de manera inexorable a repensar procesos productivos, prácticas de consumo y las relaciones entre el ser humano con la Naturaleza, en el marco de un proceso más amplio de comprensión de una condición humana arrogante y con la enorme capacidad de usar el conocimiento científico en beneficio de empresas a las que solo les interesa alcanzar mayores ganancias, a costa de la pérdida de especies y de delicadas conexiones ecológicas que a pesar de los avances de las ciencias ambientales, mantienen y mantendrán estadios constantes de ignorancia en un ser humano del que hay que demandar, sobre todo, prudencia y respeto por un entorno del que infortunadamente supo tomar una equivocada distancia. 





Imagen tomada de Elpilon.com.co

jueves, 26 de octubre de 2017

SUSTENTABILIDAD Y ECONOMÌA ECOLÒGICA

Por Germán Ayala Osorio, estudiante Doctorado en Regiones Sostenibles

Con las evidencias del deterioro ambiental que viene generando de tiempo atrás el actual modelo desarrollo económico, basado en el extractivismo y en los acelerados procesos de transformación ecosistémica, aparecen la Sustentabilidad y la Economía Ecológica (EE) como nuevos campos de lucha y propuestas que apuntan a re orientar el desarrollo, la economía y los principios que guían, en particular, a  una civilización occidental depredadora, consumista y racionalmente comprometida con la búsqueda de una felicidad cada vez más artificial y artificiosa.  

Parecería no tener mayor sentido hablar de sustentabilidad ante el evidente deterioro de ecosistemas naturales-históricos cuyos límites de resiliencia ya están siendo traspasados por la fuerte presión que sobre ellos ejerce un incontrastable antropocentrismo, vehiculizado por los viejos preceptos de la economía neoclásica.  Pero no es así. Hablar de sustentabilidad, entonces, debería de entenderse como una suerte de última oportunidad para aquellos socio ecosistemas que resisten  fuertes perturbaciones de origen antrópico, en el marco de una ciudadanía que no solo le da la espalda a la Naturaleza, sino que soporta y ancla la búsqueda de la felicidad en valores y principios alejados de la solidaridad, el respeto al Otro, o en acciones que buscan anular el principio de precaución y por supuesto, la insistencia en prácticas culturales que alimentan el hedonismo, el individualismo y consolidan el distanciamiento ecológico y ambiental de la especie humana, del contexto natural.

Al emerger la sustentabilidad y la economía ecológica (EE) como esa suerte de última oportunidad para modificar la histórica e inconveniente relación establecida por el Hombre con la Naturaleza, lo que resta por hacer es establecer, reconocer y entronizar la nueva apuesta de relaciones a generar con una Naturaleza transformada y con la presencia de ecosistemas emergentes cuya funcionalidad y sus “nuevos” servicios ecosistémicos desconocemos tanto, o igual, como ignoramos las funciones y las complejas conexiones y cadenas tróficas de aquellos ecosistemas “originales” enfrentados a procesos evolutivos (naturales),  o a fenómenos de sucesión ecológica producidos por la pesada mano del Hombre.

Las ideas que acompañan teleológicamente a estos campos de lucha tienen que ver con vocablos como reconversión, revisión, volver atrás, abandonar, restablecer, recuperar, dejar de lado y detener, entre otros. Todas estas nomenclaturas, al instalarlas en ejercicios prácticos sobre ecosistemas naturales y el propio modelo de desarrollo económico, darían cuenta de una imperiosa necesidad: hay que confrontar sistémica y profundamente el lugar preponderante que la especie humana alcanzó gracias a su inteligencia, poder transformador y a su capacidad para generar aquello sobre lo que sostiene y desde donde legitima su actual forma de estar en el Planeta: la Cultura.  

Así entonces, la vigencia y la posibilidad de acción que requieren la sustentabilidad y la EE para incidir y provocar cambios sustanciales, pasan por decisiones de carácter cultural, entendido este escenario como la cuna en donde todo lo que el ser humano es capaz de crear y re-crear, puede ser modificado, abandonado, proscrito o superado. Y muy seguramente, los cambios que desde ya sugieren los agenciadores de la EE requerirán de orientaciones culturales que implicarán adelantar procesos de toma de decisión complejos y difíciles.  

Propongo, entonces, que lo propuesto por  Lester Brown se asuma dentro de las decisiones que se pueden adoptar en Colombia, país biodiverso que ya entró en la peligrosa espiral de un desarrollo insostenible que no solo fragmenta y pone en riesgo la estabilidad y el equilibrio de valiosos y frágiles ecosistemas, sino que progresivamente va vaciando de sentido la vida de millones de habitantes que padecen tanto la inequidad y los problemas de distribución de la riqueza producida por su ineficiente aparato productivo, como todo tipo de exclusiones, en especial las de origen identitario.

Dice Brown que es necesario:

·         Finalizar la era de las energías no renovables e ir hacia la era de la energía solar, la energía eólica, las celdas de combustible, las pequeñas centrales hidroeléctricas y el hidrógeno. 
·         Hacer una transición hacia la economía del re­ uso y el reciclado de materiales en lugar de la del desperdicio y los desechables. 
·         Cambiar hacia tecnologías de baja intensidad de emisiones, principalmente en los sectores de generación de energía, calefacción y transporte. 
·         Poner fin a la explotación de las minas de oro y minerales, por los grandes costos materiales y de energía, y los impactos contaminantes que se generan. 
·         Promover con radicalidad un sistema impositivo y de subvenciones, al imponer impuestos sobre vertederos, eliminar subvenciones a actividades y sectores que dañan  el  medio ambiente, establecer impuestos al  consumo de combustibles fósiles  y a la deforestación, incentivar las actividades de  conservación y protección de ecosistemas  estratégicos. 
·          Aumentar la productividad en las tierras de cultivo. 
·          Aumentar la eficiencia en el uso del agua. 
·         Proteger los productos y servicios provenientes de los bosques. 
·         Desarrollar sistemas de transporte masivos públicos que predominen sobre el uso del automóvil. 
·         Estabilizar la población, reduciendo la fertilidad humana. 
·         Conseguir que los precios cuenten la verdad ecológica, a través de la incorporación de los costos ecológicos al precio final que paga la empresa y/o el consumidor”.[1]

Eso sì, lo planteado por Brown, para el caso colombiano, pasa por enormes dificultades, que devienen sistémicas, ancladas, por supuesto, a la matriz cultural en donde se produce y se reproduce el ethos mafioso que orienta las relaciones entre particulares y el Estado y claro està, las relaciones sociales, políticas y económicas.  A lo que suma, infortunadamente, el poder, por momentos incontrastable, de la Iglesia Católica y de otras iglesias y congregaciones cuyos discursos y proclamas devienen profundamente insostenibles desde el punto de vista ambiental, al insistir, por ejemplo, en la reproducción humana sin unos mínimos de consideraciones. Y no podemos dejar de señalar el carácter pre-capitalista de una clase empresarial que al tiempo que cree en el mercado (eso sì, reducido a sus intereses y aspiraciones), hace ingentes esfuerzos para extender en el tiempo la captura mafiosa del Estado. Y no podemos dejar por fuera a nuestra clase política, interesada cada vez más en convertir el ejercicio de la política en un mecanismo para su efectivo enriquecimiento.

De esta manera, tanto la sustentabilidad, como la Economía Ecológica en Colombia, son materias pendientes, lo que asegura que la deuda socio-ambiental siga creciendo.


Imagen tomada de wwf.org.co


[1] Brown, Lester., 2007. El reto climático. Artículo publicado por el periódico El Espectador. Semana 
del 15 al 21 de Julio, Bogotá. Citado por Carmenza Castiblanco, en: La economía ecológica, una ciencia en busca de autor. 2007. Volumen 10, número 3. https://www.google.com.co/search?dcr=0&source=hp&ei=4n7yWaXELcqDmQGsnrKQAw&q=economia+ecologica+en+colombia&oq=economia+ecologica&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.2205.5205.0.11742.18.12.0.0.0.0.505.2200.2-1j3j1j1.6.0....0...1.1.64.psy-ab..12.6.2197...0i131k1.0.VktU7v4sOmQ Consulta: octubre 26, 22:25 pm).

martes, 24 de octubre de 2017

PAÍS DE MIERDA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

“Y hasta aquí los deportes, país de mierda[1]” fue la expresión que el periodista César Augusto Londoño usó, al aire, para rechazar el asesinato de Jaime Garzón. Que un periodista, en plena emisión de un noticiero, fustigue y exprese el dolor que le produjo el crimen del humorista y periodista, resultó, por lo menos, llamativo. Dejo esta idea aquí, para retomarla al final de esta columna.

Los ya 81 líderes sociales asesinados en lo que va del 2017, da cuenta de varios hechos y circunstancias que bien vale la pena atender y entender, en aras de dimensionar lo que significa lo que ya muchos señalan como crímenes sistemáticos asociados muy seguramente a un proyecto político aupado por sectores de derecha y ultraderecha. Es más, dichas acciones violentas sería el abrebocas de lo que vivirá el país en el 2018, año clave en el que dos proyectos políticos se verán enfrentados: de un lado, el proyecto que va de la mano de la implementación del Acuerdo Final, que implica y compromete transformaciones en el Estado y en la sociedad; y del otro lado, el proyecto conservador- tradicional, aupado por los sectores de poder en los que emergen figuras como Uribe Vélez y Vargas Lleras, entre otros.  

El primer hecho claro es, quizás, el más evidente, pero el menos advertido en términos de su importancia y  tiene que ver con las armas. Es decir, con aquellas que sicarios operaron contra víctimas con perfiles claramente definidos: defensores del medio ambiente, reclamantes de tierra, opositores a proyectos mineros, líderes cocaleros y defensores de derechos humanos.

Desconozco si las armas utilizadas en estos crímenes tienen un origen ilegal o legal y la suerte que corrió dicho armamento, en los casos, si los hubo, en los que hayan sido capturados los sicarios. El punto aquí es la facilidad con la que circulan armas ilegales. Me pregunto: ¿qué están haciendo los organismos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas para golpear y desarticular las redes y las mafias que están detrás del tráfico de armas? Parece que no mucho.  Este debería de ser el primer gran aspecto a poner en las mesas de los consejos de seguridad que se convocan, para diseñar estrategias que eviten el asesinato de estos líderes y en general, de cualquier colombiano.

¿Cuáles son los protocolos- si los hay- que se ponen en marcha cuando son decomisadas armas en operativos y allanamientos que realizan la Policía y las Fuerzas Militares? Si se guardan en las guarniciones militares o en las estaciones de Policía, quién responde para que dicho armamento no salga de esos depósitos y se usen en crímenes de especial valor político (como muerte de candidatos a la Presidencia ocurridos en el pasado) o estos, cuyo valor está asociado a prácticas con las que se busca impedir la implementación del Acuerdo Final (II).

El segundo hecho claro es que muchas de las muertes de los líderes y lideresas, responden, desde una perspectiva territorial, a los territorios que dejaron las Farc y en los que cobrarán sentido político y electoral las 16 Circunscripciones Especiales de Paz negociadas en La Habana y que aparecen en el Acuerdo Final firmado en el teatro Colón de Bogotá. Este elemento, de carácter político, es el eje en el que se pueden articular otros elementos con el fin de demostrar la sistematicidad que el Gobierno y la Fiscalía no desean reconocer.

Un tercer hecho tiene que ver con la valoración que sectores de la sociedad hacen de los crímenes. Como se trata de campesinos, afros o de indígenas, sus muertos no cuentan para el grueso de la sociedad que vive y sobrevive apiñada en ciudades y capitales de departamento. Y la negativa valoración nace o está anclada en un principio rector: se trata de ciudadanos disonantes cuyos proyectos de vida no se ajustan a las demandas del actual modelo económico extractivo. De allí que su eliminación física está más que justificada por aquellos sectores de poder político y social que vienen aupando la consolidación del modelo de las grandes plantaciones como palma africana, caña de azúcar o proyectos de mega minería, entre otros.

Así las cosas, el país de mierda de César Augusto Londoño, es el mismo país que no se moviliza por los crímenes perpetrados contra estos colombianos. Ese mismo  hedor que describió el periodista deportivo, acompaña a la sociedad colombiana que se “levanta” y se “une” más fácilmente en torno a un partido de fútbol de la Selección masculina de mayores. Por largos 90 minutos millones de colombianos se sentaron a sufrir y a disfrutar después, la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018 (una senadora cree que se clasificó a un “mundial” a realizarse en la antigua URSS). Pero la muerte de los 81 colombianos ni siquiera concita o convoca una conversación que dure 10 minutos. Eso somos como sociedad y como país: una mierda.





Imagen tomada de semana.com 

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