NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

viernes, 13 de octubre de 2017

Razones para conservar

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Constituye ya un lugar común señalar que Colombia es un país biodiverso, poseedor de una gran oferta ambiental y por ende, una fuente de servicios ambientales que los disímiles ecosistemas naturales-históricos que hay dentro de su territorio, le prestan a la sociedad en general, pero en particular a los grupos humanos que han establecido con éstos, una relación inmanente.

Pero al tiempo que se reconoce la existencia de dicha riqueza ambiental, sectores de poder aplauden a rabiar procesos y prácticas que, asociadas a una idea de desarrollo económico (desarrollismo), poco a poco ponen en riesgo valiosos, frágiles y estratégicos ecosistemas.

Minería a gran escala, monocultivos legales e ilegales, ganadería extensiva, la desecación de humedales por la Potrerización o el avance descontrolado y ambientalmente insostenible de ciudades capitales y otros centros urbanos, entre otros fenómenos socio económicos, van poniendo en riesgo la vida de especies vegetales y animales; desde la perspectiva de la ecología funcional, estos efectos, propios de  un desarrollismo efectista y generador de falsas expectativas alrededor de lo que es el bienestar para los humanos, rompen finas conexiones y relaciones en cadenas tróficas que el grueso de la población y la dirigencia política y empresarial desconocen o suelen subvalorar.

Huelga señalar que la visión actual de desarrollo se consolidó gracias a la economía que, como disciplina, coadyuvó en buena medida a la consolidación de una idea de desarrollo hegemónico, que no admite modelos alternativos de producción.  Señalo que el discurso del desarrollo económico se sirvió de disciplinas como el derecho y la ingeniería, para validar las apuestas transformadoras de ecosistemas que sufrieron y soportaron acciones y decisiones modernizadoras y modernizantes. La política, como ejercicio del poder, sirvió también como instrumento a los intereses de los agentes promotores del desarrollo desde la perspectiva de ese unívoco discurso de la Modernidad; de igual manera, el periodismo ha sido instrumentalizado y puesto al servicio de quienes promueven una idea de desarrollo que poco o nada considera y valora los ecosistemas naturales- históricos.

En todo este largo proceso discursivo del desarrollo, se marginaron disciplinas como la historia y la naciente historia ambiental; la ecología, la antropología y lo que podríamos llamar las “ciencias de la cultura”. Por lo anterior, lo que se debe promover es un diálogo interdisciplinar, sobre la base del establecimiento de consensos mínimos alrededor de mitigar los impactos ambientales del crecimiento económico, de cumplir con la normatividad ambiental y de asumir actitudes de co-responsabilidad entre todos los agentes estatales y privados involucrados.

Así entonces, dada la presencia  hegemónica de la economía y de la lógica del mercado, y la entronización del discurso de un desarrollismo galopante, aparece una pregunta que recoge los principios éticos y estéticos en los que se ancla eso de “llevar el progreso y el desarrollo” hasta las zonas selváticas, boscosas y a los territorios rurales, tradicionalmente vistos como atrasados y desaprovechados. La pregunta es: ¿para qué conservar?

La pregunta misma conlleva  viejas dicotomías: desarrollo-subdesarrollo; vida-muerte; prudencia-insensatez y  sapiencia-ignorancia.  Y podrían aparecer más relaciones dicotómicas. Por lo anterior, expondré lo que podrían considerarse como razones para justificar las acciones de protesta de movimientos ambientalistas que buscan frenar actividades como la minería a gran escala, la ganadería extensiva o el crecimiento desordenado de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que exhiben un ordenamiento territorial caótico. E incluso, podrían estas razones usarse para tratar de convencer a los tecnócratas  que desde una cómoda oficina, orientan determinaciones, aprueban licencias de exploración y explotación y entregan licencias ambientales, de los enormes  riesgos que generan ciertas actividades económicas, llevadas a cabo sin mayores consideraciones socio ambientales.   

La primera razón para legitimar acciones de conservación de bosques húmedos tropicales,  o biomas secos, e incluso, esos últimos relictos de vida silvestre, tiene un carácter  de obligación moral de un ser humano que, al ubicarse como especie dominante, parece determinado a transformar y arrasar con todo lo natural, para ir, poco a poco-como siguiendo una suerte de destino único-, construir un mundo totalmente artificial y artificioso, para seguir huyendo de esa condición  finita que lo atormenta.

La segunda razón para conservar, está asociada a una realidad: por más que han avanzado las ciencias ambientales, el conocimiento  y la información científica y se conocen inventarios faunísticos y florísticos, siempre habrá espacio para la ignorancia. Quizás, jamás el ser humano logre descifrar el misterio de la vida y en particular comprender las lógicas funcionales de ecosistemas naturales complejos, que no se pueden conocer en toda su magnitud, desde las siempre finitas fronteras disciplinares.

La tercera razón alude a un principio que el derecho recogió, pero que debería estar mejor anclado a un asunto sociocultural: el de la precaución. No puede el ser humano insistir en un modelo de desarrollo extractivista, sin tomar medidas de mitigación, de cuidado y de actuar con mesura ante riesgos que los expertos exponen ante determinadas actividades como el “fracking”. Si existen dudas, para qué insistir en una determinación o decisión técnica.

Y una cuarta  razón tiene que ver con la valoración estética de los ecosistemas. Que existan grupos humanos que desde el goce visual prefieran, al abrir sus ventanas, la presencia del cemento, no quiere decir que esta perspectiva estética se torne homogénea e incontrastable. De allí la necesidad de ponerle límites a las ciudades. Y no se trata como ya proponen algunos arquitectos y urbanizadores, de “forrar” edificios y “sembrar el verde” en sus fachadas y terrazas. No.  De lo que se trata, por ejemplo, es de conservar ecosistemas como los Farallones de Cali, para que dicho paisaje permita el goce visual de una ciudadanía atormentada por el caos vehicular, disímiles formas de violencia física y simbólica y las angustiantes condiciones de una vida moderna vaciada de sentido. 

Todas las razones aquí expuestas y otras que puedan surgir, pasan por la urgente necesidad de abandonar esa visión antropocéntrica con la que fue posible justificar ese No lugar ambiental, desde el que miramos con desdén a las otras especies y a sus habitats. Quizás por ello, al olvidarnos de nuestra propia fragilidad, y al ignorar o desconocer la de los ecosistemas naturales, poco a poco nos convertimos en una peligrosa especie.



Imagen tomada del diario El País de Cali y que corresponde a la explotación a gran escala que por varios años las autoridades ambientales dejaron posar sobre el cauce del río Dagua, a la altura del corregimiento de Zaragoza, en cercanías a Buenaventura. 

miércoles, 11 de octubre de 2017

Elogio a la mediocridad

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En el partido de fútbol, por las eliminatorias al Mundial en Rusia 2017, jugado anoche entre las selecciones de mayores de Perú y Colombia, se dio una escena que muchos calificaron como “un pacto de no agresión”, dado que el empate a un gol convenía a los dos oncenos: Colombia clasificaba de manera directa a la cita orbital, en el cuarto lugar y Perú, accedía a lo que se conoce como el “repechaje”, al ocupar el quinto puesto de la eliminatoria. La misma revista Semana, de Colombia, tituló su nota del día de hoy, 11 de octubre, de la siguiente manera: El pacto de Lima: ¿Falcao acordó el empate ante Perú?[1]

Varios portales[2] de noticias dieron cuenta de lo que sucedió minutos antes de terminar el partido, cuyo marcador  resultaba definitivo a los intereses de una tercera selección: la de Chile.  En la imagen, se vio a Radamel Falcao García conversando con varios jugadores peruanos. Posteriormente, se notó con claridad que la selección peruana renunció a buscar la victoria, tocando el balón en su campo; lo mismo ocurrió con su similar de Colombia, cuyos jugadores no buscaban quitarle el balón a sus adversarios.

Al parecer, estamos ante un “pacto de no agresión”, que no es nuevo en el fútbol, por lo menos en este hemisferio[3]. Incluso, varios que defienden y ven como normal lo sucedido, recuerdan que Colombia fue víctima, en el pasado, de pactos de este tipo, para evitar que accediera a un mundial. En particular, rememoran un partido entre Uruguay y Argentina, en las eliminatorias para el Mundial de Korea en el 2002. Y al hacerlo, estos compatriotas terminaron validando la perniciosa decisión adoptada por los seleccionados del Cono Sur. Tan inaceptable lo que sucedió en aquella época, como lo acontecido anoche en Lima.

Lo sucedido en la cancha del Estadio Nacional de Perú, da cuenta de un episodio que confirma que el fútbol, como deporte espectáculo, hace rato dejó de ser una justa deportiva asociada, exclusivamente, a la búsqueda de la “gloria deportiva y los máximos honores”, para convertirse en un vulgar negocio. Un jugoso y rentable negocio, capaz de someter el honor deportivo, el respeto por una camiseta nacional y, sobre todo, el que se deben los jugadores  hacia millones de fanáticos que aún creen que asisten a un enfrentamiento deportivo y no a un encuentro comercial y empresarial disfrazado de partido.

Es decir, lo pactado o no en Perú, nada tiene que ver con la competencia deportiva, en tanto los jugadores de las selecciones de Colombia y Perú renunciaron a jugar en los minutos finales, dejando de esa manera, de cumplir con dos funciones sustanciales en dicha disciplina deportiva: atacar y defenderse. Funciones que se cumplen a través de la disputa y la tenencia del balón.

Así las cosas, llamo a lo sucedido en dicho escenario deportivo, como el “elogio a la mediocridad”, en tanto se dejó de competir para alcanzar un lugar privilegiado en la historia deportiva del continente, y se conformaron, unos, siendo cuartos en la tabla de posiciones, pudiendo ser segundos o terceros, de haber insistido hasta el final, por alcanzar la victoria; y los otros, que dejaron de buscar la posibilidad de derrotar a Colombia, conformándose con la opción de ser quintos y jugar el “repechaje”, asumiendo, muy seguramente, que será fácil derrotar al rival que les corresponde enfrentar.  

Se trató, además, de la comisión de un “fraude deportivo” que queda oculto detrás de las celebraciones a rabiar de los hinchas peruanos y colombianos, y por supuesto, la de los propios jugadores cafeteros e incas, que brincaban de alegría: los primeros, por acceder al Mundial Rusia 2018 y los otros, por el chance de acompañar a Colombia a la misma justa deportiva, si derrota a la selección de Nueva Zelanda, en el marco de lo que se conoce como el “repechaje”.

El periodismo deportivo se hizo co-partícipe de dicho elogio a la mediocridad, en la medida en que volvió a los viejos procesos de heroización, convirtiendo a los jugadores colombianos en Héroes. ¿En Héroes de qué? En ¿dónde está el heroísmo? En lugar de rechazar lo que sucedió en las postrimerías del encuentro, varios, por no poder decir todos los periodistas, se acomodaron a las circunstancias que impone el negocio del fútbol. Y como voceros de ese “fraude deportivo”, sirvieron de estafetas a los patrocinadores que, por supuesto, jamás entrarán a criticar la conducta poco deportiva en la que cayeron los protagonistas de dicho partido.

Distinto lo que mostró el seleccionado de Brasil en la misma eliminatoria a Rusia 2018.  El fútbol que exhibió en las últimas jornadas y la actitud de sus jugadores hacen parte de lo que llamo la búsqueda genuina de la gloria y el reconocimiento. De esa forma, sepultaron cualquier asomo de mediocridad. Justo, lo contrario a lo mostrado por los seleccionados de Perú y Colombia.

Lamentable lo que sucedió en dicho escenario deportivo. Y por supuesto, que no podemos esperar reacción alguna de la FIFA, cuestionado ente no solo por el comportamiento mafioso y corrupto de varios de sus dirigentes, sino porque su poder, resulta incontrastable aún para los propios Estados.

Más grave aún resulta el episodio no futbolístico, para una sociedad como la colombiana en donde por estos días, y ante el silencio de los fusiles de las Farc, los colombianos podemos escuchar en toda su magnitud, el ruido insoportable de la corrupción. Lo sucedido en Lima, sin duda, contribuye a ese ethos mafioso que se entronizó en el país y que tiene en la viveza y en la maña a sus correlatos más inmediatos.

Que en feroces guerras y batallas los guerreros pacten treguas, vaya y venga, pero que en un deporte espectáculo como el fútbol se “negocie” no jugar, no competir, termina siendo una conducta que acerca a los involucrados a la comisión de un “fraude deportivo”.




lunes, 9 de octubre de 2017

TUMACO EN TRES DIMENSIONES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los hechos acaecidos en zona rural de Tumaco pueden examinarse desde tres  dimensiones-realidades: la primera, que confirma la histórica debilidad del Estado para copar el territorio y por esa vía, exhibe la dificultad para erigirse como un referente de orden moral no solo para sus asociados, sino para los propios miembros de la Fuerza Pública y los demás funcionarios de esa precaria institucionalidad pública con la que suele expresarse el Estado colombiano y en particular el gobierno local en ese puerto nariñense; la segunda, las enormes dificultades que afronta la implementación del Acuerdo Final, justamente por la débil institucionalidad estatal, pero  con un agravante: la crisis misional de la Policía Nacional, y el funcionamiento aislado de la Policía Antinarcóticos, que da a este cuerpo armado el carácter de rueda suelta; y una tercera dimensión-realidad, alude al fenómeno de desterritorialización del Estado, de la legalidad, del deber ser y de las prácticas de campesinos y en general de la vida civil. En su lugar, se expresa la territorialización del crimen, de lo incorrecto y  de la ilegalidad.

La labilidad del Estado asegura no solo la presencia de cultivos de uso ilícito, de narcotraficantes, paramilitares y de otras organizaciones criminales, sino que la inmoralidad de los funcionarios públicos del nivel central (magistrados de altas cortes, políticos profesionales y operadores políticos) permea a las instituciones armadas estatales. Baste con recordar episodios en los que miembros de la Policía y el Ejército terminaron cuidando a ciertas estructuras delincuenciales, a narcotraficantes y paramilitares. Allí los límites entre lo legal y lo ilegal se hicieron borrosos. Es tiempo de revisar si dentro de la Policía Antinarcóticos existen hoy alianzas con narcotraficantes y reductos paramilitares. Lo cierto es que la rampante corrupción en las altas esferas del Estado es el espejo en el que muy seguramente muchos miembros de la Fuerza Pública se miran para cumplir con su deber, guiados, eso sí, por el mal ejemplo de una clase política corrupta, sórdida y  cicatera.

En lo que refiere al proceso de implementación del Acuerdo Final, lo sucedido en Tumaco confirma la lenta llegada de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y quizás, el mensaje que envía lo acaecido, es que dichos programas y estrategias  ya están fracasando o fracasarán en lo consecutivo. De allí que se necesite de una intervención humanitaria sistémica y sistemática  en Tumaco, así como en otros territorios en donde el monocultivo de la coca no solo está acabando con selvas y ecosistemas naturales, sino que está erosionando la soberanía estatal, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y  contaminando a miembros de la Fuerza Pública que pueden estar hoy más cerca de los intereses de narcotraficantes; y otros, que empeñados con la  erradicación de la coca, siguiendo las órdenes del Gobierno, poco les importe asesinar  civiles. Al fin y al cabo, esos policiales saben que en Bogotá y en otras ciudades capitales la muerte de campesinos cocaleros no moviliza a la opinión pública.

Y en cuanto a la tercera dimensión-realidad, Tumaco, como otros municipios y zonas del país, hacen parte de lo que se conoce como territorios  en disputa. La política anti drogas, la precariedad del Estado, la presencia de organizaciones criminales de diverso pelambre, así como las transformaciones culturales de campesinos y otras comunidades permeadas por el poder económico que da cultivar coca,  coadyuvan en buena medida a los procesos de desterritorialización que sufre Tumaco. Los efectos son claros: de tiempo atrás en zonas cocaleras, como las que existen en dicho puerto, lo que subiste es una suerte de territorialización del crimen, de la ilegalidad y de prácticas contrarias al buen vivir.

La masacre de seis campesinos es un hecho execrable y un crimen que de inmediato debería hacer reaccionar al Ejecutivo y al propio Congreso, en aras de revisar a profundidad la política anti drogas y en particular, examinar las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito puestas en marcha en el marco del proceso de implementación de lo acordado en La Habana.

Resulta inaceptable que la Policía Antinarcóticos exhiba comportamientos propios de una entidad que funciona por fuera de límites y controles institucionales. No por atender las exigencias en materia de la lucha contra las drogas por parte del Departamento de Estado de los EE.UU, el Estado colombiano puede entrar en la dinámica de mandar a asesinar civiles inermes, que si bien protestan y se enfrentan a la Fuerza Pública, su condición civil no puede ser desatendida por miembros de la Policía Antinarcóticos, cuerpo armado que confirma la desviación misional de la Policía Nacional, cuerpo civil armado que debería velar por la seguridad ciudadana.

Quienes defienden el papel de la Policía Antinarcóticos dirán que justamente los narcotraficantes y todo lo que se mueve alrededor de su accionar, ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Es posible que así sea, pero los hechos sucedidos en zona rural de Tumaco nos llevan a la urgente necesidad de revisar cuál es la misión de la Policía y de esa forma, desmontar la actual Policía Antinarcóticos, dando lugar a otra estructura y si se quiere, a otra institucionalidad que enfrente a los cultivos de uso ilícito.

Si se confirma la participación de miembros de la Policía Antinarcóticos en el asesinato de los seis civiles, la responsabilidad política la debe asumir el Presidente de la República y sus ministros; de igual forma, los policiales deben ser procesados y condenados. Lo sucedido amerita, insisto, en una revisión de ese cuerpo de la Policía. Algo pasa en su interior. A la gravedad de la masacre de los seis campesinos, se suma el ataque de la Policía Antinarcóticos a la misión humanitaria que intentaba entrar en la zona en donde ocurrieron los hechos del jueves pasado. Dicho comportamiento puede indicar un nivel de estrés muy alto por la presión que ejerce el Ejecutivo para cumplir con el Departamento de Estado de los EEUU, pero también un comportamiento anormal y criminal, fruto de la porosa frontera que los mismos policiales, posiblemente contaminados por el poder corruptor de narcos y del negocio de la coca, establecieron entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo institucional y lo no institucional.

Adenda: que miembros del Ejército hayan auxiliado a los civiles atacados por la Policía Antinarcóticos, y que hayan al parecer evitado más muertos, genera muchas dudas alrededor de la forma como operan estos dos cuerpos armados en dicho territorio.



Imagen tomada de Elcolombiano.com


viernes, 6 de octubre de 2017

Implementación y disidencias

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los problemas que hoy afronta la implementación del Acuerdo Final  son de responsabilidad compartida entre el Gobierno de Santos, la institucionalidad estatal involucrada, agentes de la sociedad civil, los colombianos en su conjunto,  las dinámicas políticas al interior del Congreso y por supuesto, las propias Farc, en una proporción menor. Eso sí, subsiste un inicio común para todos: la idea y la terquedad de Santos de refrendar lo acordado vía plebiscito y la derrota sufrida el 2 de octubre de 2016.

De forma rápida señalo en qué consisten las responsabilidades. En el caso del Gobierno, porque la Unidad Nacional no se fundó sobre la existencia de un documento de política pública de paz que, tanto como documento y como doctrina, permitiera, por ejemplo, planificar escenarios de posconflicto, anclados en amplios consensos políticos, sociales y económicos. Todos sabemos que la Unidad Nacional fungió como una suerte de colmena burocrática en donde confluyeron los ávidos intereses de grupos de poder regional, por hacerse a unos recursos y a unos presupuestos. No los atrajo, a esa colmena, un genuino interés por consolidar la paz.

La débil institucionalidad estatal poco ha estado articulada en torno a la Paz. Es más, los otoñales problemas de coordinación entre instituciones públicas constituyen hoy el mayor obstáculo no solo para implementar lo acordado, sino para consolidar la paz territorial de la que se habla en el Acuerdo Final (II). Como no subsiste una idea consensuada, unificada y única en torno a lo que debe ser un Estado moderno, las decisiones que se adoptan desde ministerios y otras instancias, se soportan más en intereses sectoriales, asociados a los de jefes políticos, politiqueros de oficio e incluso, enemigos del proceso de paz, enquistados y parapetados en la misma institucionalidad estatal.  

En cuanto a la sociedad civil, esta deviene profundamente polarizada. Además, durante los largos años de confrontación armada, agentes de la sociedad civil coadyuvaron en buena medida con la degradación del conflicto armado, apoyando a los actores armados, en particular a las estructuras paramilitares. Convertido en un escenario de confrontación ideológica y política, la posibilidad de ponerle fin al conflicto no logró permear a todos sus agentes, en la idea de generar consensos  en torno a la necesidad de frenar las hostilidades, parar el derramamiento de sangre y dar el paso para construir una paz estable y duradera.

Y en lo que alude a la sociedad en general, cientos de miles de colombianos jamás comprendieron  las circunstancias que originaron el levantamiento armado en los turbulentos años 60. Los altos índices de ignorancia contextual, la baja cultura política, la pobreza de criterio y en muchas ocasiones, un impúdico desinterés, evitó que el conflicto armado y sus perversas dinámicas de dolor y muerte permeara la vida societal. Si la guerra no interesó,  la firma del fin del conflicto no tendría por qué convocar a las grandes mayorías.

En lo que corresponde al Congreso, infortunadamente hay que reconocer que históricamente ha sido el peor escenario para la consolidación del Estado. En dicha corporación legislativa confluyen los mezquinos intereses de una clase dirigente cicatera y responsable en gran medida del levantamiento de las guerrillas y de la consolidación del paramilitarismo; de igual manera, concurre una clase emergente que encontró en el ejercicio de la política, la oportunidad para enriquecerse. Al final, y a pesar de ser el escenario natural para tramitar el Acuerdo Final, hay que reconocer la poca legitimidad social y política del Congreso de la República.

Y claro,  les cabe responsabilidad a los combatientes de las Farc, por haber dilatado en el tiempo una negociación política con el Estado, a sabiendas de que jamás estuvieron cerca de derrotar a las fuerzas del Establecimiento. Pudo más la inercia y la arrogancia. Los errores cometidos durante las negociaciones con Belisario Betancur, el mal manejo de la zona de Distensión en los tiempos de Pastrana Arango, los hechos de guerra cometidos durante el proceso de La Habana, y la degradación de muchas de sus operaciones militares que terminaron dañando a la población civil, sirvieron a la consolidación de odios y resquemores en una sociedad mediatizada y mediada por medios informativos cooptados por el Establecimiento, en particular desde 1998.

Cambios y disidencias

Hay que recordar que el Acuerdo mismo sufrió modificaciones debido al resultado electoral de la jornada plebiscitaria de octubre de 2016 y ese mismo proceso de ajuste continuó y continúa aún en el propio Congreso, y luego en la Corte Constitucional[1] con fallos como aquel que modificó el sentido del mecanismo del Fast Track[2]. Es más, ahora mismo que se discute la ley estatutaria para el funcionamiento de la JEP, nuevamente se le está metiendo el diente a lo acordado, en particular en el tema de la elegibilidad política de los ex combatientes.

Pero más allá de la metamorfosis que ha sufrido el Acuerdo Final, vale la pena concentrarse en un asunto espinoso: las disidencias.

Las responsabilidades recaen en el Gobierno y en el Estado mismo, por la lenta operación de los programas y proyectos encaminados a garantizar la reincorporación social, económica y política de los ex guerrilleros. Insisto en la tesis: existe una estrategia para  fracturar a la naciente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Y esta se puso en marcha a través de la demora[3] en la adecuación de las zonas veredales, en la entrega de tierras para que los ex guerrilleros dieran inicio a sus actividades productivas y el desembolso de los recursos económicos convenidos en La Habana. Por físico cansancio y por los altos niveles de incertidumbre, cientos de miles ex guerrilleros han abandonado las zonas y los puntos de “concentración”. A estas disidencias, hay que sumarle la de los combatientes del Frente Primero que desconoció, al final de la negociación, lo que se acordó en la Mesa de Diálogo.

Distintas fuentes indican que en la zona de Suárez, en el Cauca y en otras de ese mismo departamento, hay presencia de disidencias y que estas adelantan actividades de reclutamiento de menores y de rearme de sus estructuras. Grave situación.

El Estado, con toda la contundencia, debe enfrentar a estas estructuras delincuenciales y evitar que se fortalezcan. El país no puede permitir que dichos grupos se consoliden política y militarmente. Resulta inconcebible e inaceptable pensar que en unos años, el Estado esté nuevamente negociando la desmovilización de dichas estructuras disidentes.

Y al proceso de sometimiento pueden aportar los ex combatientes de la Farc. Conocen sus lógicas de operación y en ese sentido, están obligados política y moralmente a coadyuvar a que las autoridades los persigan, los sometan o los “neutralicen”.

Estas disidencias son también responsabilidad de la dirigencia de la hoy llamada  Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en la medida en que son fruto de una  unidad de mando que la cúpula Fariana dijo que tenía sobre  estos combatientes. Y no es así. Deben reconocer que la penetración del negocio del narcotráfico erosionó el trabajo de adoctrinamiento de quienes hoy delinquen en varias zonas del país, a nombre de las Farc. Hubo, sin duda, procesos de lumpenización que hoy muestran su rostro en los disidentes. 

Si bien las disidencias se tornan “normales” en estos procesos de negociación política, lo que no puede asumirse como parte del paisaje, es el surgimiento de “otras Farc”. No. Los tiempos de la negociación política ya pasaron. Hay que apostarle a la consolidación de un Estado que no solo sea moderno, sino legítimo.






martes, 3 de octubre de 2017

(A) Tacando duro

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La pieza publicitaria[1] que acaba de producir Cambio Radical, la micro empresa electoral de Germán Vargas Lleras, marca, desde ya, el talante confrontador y polarizante con el que la Derecha y la Ultraderecha asumirá la campaña electoral de 2018. Se trata, sin duda, del segundo tiempo del Plebiscito[2] del 2 de octubre de 2016. Nuevamente, los sectores del Establecimiento que no reconocen el Acuerdo Final negociado en La Habana, dirán mentiras, meterán miedo a millones de  ingenuos votantes y los engañarán como lo han hecho durante los inicios de la República.

Se trata de un corto, pero bien logrado video en el que se observa a un jugador de billar pool, “tacando” a una bola. La esfera que es golpeada, representa al Frente Alternativo Revolucionario del Común (FARC).  El taco con el que se golpea a dicha bola, es manejado por un hombre vestido con saco y camisa manga larga. El logo símbolo del nuevo partido, “remplaza” al número 11 con el que se identifica, en el juego normal, la bola escogida.  La bola con la que se “taca” a la que corresponde a las Farc, lleva  el logo del mini partido Cambio Radical, y corresponde a la bola blanca con la que en el juego del billar pool, se golpea a las demás, identificadas cada uno por un número, hasta llevarlas a los huecos, troneras o “buchacaras”[3], propias de las mesas de billar.

El logo-símbolo de las Farc[4], en forma de rosa, está acompañado de la sigla FARC, escrita en color verde, que recuerda el pasado militar de esa ex guerrilla.

Bien vale la pena analizar el texto que acompaña a las imágenes: “A partir de los Acuerdos, las Farc entraron al juego. Ellos pretenden llevar a Colombia al comunismo y a la tragedia de Venezuela, al autoritarismo, al hambre y a la pobreza. Si los dejamos, las Farc nos pueden llevar a la dictadura y al atraso. Por eso, el Partido Cambio Radical con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia… y los va a derrotar”.

Miremos, primero, lo que correspondería a Lo No Dicho, en el texto leído en la pieza publicitaria. En primer lugar, se ocultan antecedentes y prácticas políticas recientes, asociadas al autoritarismo. Esto es, se niega el pasado autoritario de los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez; incluso, se oculta el talante arbitrario y grosero que en escenarios públicos y privados se le reconoce, de tiempo atrás, a Germán Vargas Lleras. Y no se trata, simplemente, de un problema de carácter: estoy hablando de una forma interiorizada de proceder, impulsada y anclada profundamente en su condición de clase y el linaje del apellido Lleras.

En la misma perspectiva de Lo No dicho, el soporte publicitario recrea una Colombia sin pobres y sin hambre. Y todos sabemos que ese país, en esas condiciones, no existe. Al ocultar esa realidad que deviene histórica, el texto que acompaña a la pieza publicitaria, inocula miedo en las audiencias dado que ahora sí, con la llegada de las Farc al poder, el país se llenará de ciudadanos pobres y además, hambrientos.

Ahora pasemos a un análisis desde la perspectiva de Lo Dicho, es decir, a la verdad que se quiere recrear, posicionar, fortalecer o entronizar en los consumidores de dicho spot publicitario. Es cierto cuando quien lee el texto, señala que las Farc entraron al “juego de la democracia” gracias a los Acuerdos. Allí, inicialmente, se expresa la aceptación de los mismos por parte de Cambio Radical y de Vargas Lleras y de su equipo, aunque no pueden ocultar sus miedos por la naturaleza política de las nuevas Farc. De igual manera, se puede entender el mensaje como una invitación a las Farc, para jugar el mismo juego que está planteando Cambio Radical.

Al decir que las Farc llevarán a Colombia por el camino del comunismo, activan viejos miedos y fantasmas; incluso, desentierran la vieja doctrina norteamericana con la que dieron vida a la Alianza para el Progreso, política pública transnacional con la que enfrentaron al enemigo transfronterizo: el comunismo. Misma doctrina con la que se validó la doctrina de seguridad nacional con la que se enfrentaron a las guerrillas levantadas en armas en los años 60 y que aún sectores del Establecimiento se resisten a su desmonte.

Al nombrar a Venezuela, vuelven a activar los miedos de millones de colombianos que, gracias al trabajo persuasivo de los informativos de los canales privados RCN y Caracol, no quieren padecer problemas de abastecimiento de papel higiénico y productos de la canasta familiar, tal y como ha sucedido en el país vecino. Todo lo anterior, a pesar de la existencia de carteles privados del papel higiénico, del azúcar, de la Toga y de los Cuadernos, entre otros.

Y con toda la fuerza discursiva, que indica una profunda confianza en  “los colombianos”, y con “el poder las mayorías”, dice la pieza publicitaria y por su conducto, Germán Vargas Lleras, que derrotarán a las Farc, jugando las reglas de la democracia. Que en el soporte publicitario se prometa derrotar al nuevo contrincante, “en democracia”, manda a las audiencias un mensaje no solo de confianza en obtener el triunfo, sino en que se hará respetando las reglas del juego, del juego democrático. Pero todos sabemos que no será así: Cambio Radical está, de tiempo atrás, anclado a prácticas clientelistas y mafiosas; incluso,  varios mandatarios regionales que contaron con el aval de Vargas Lleras, hoy están procesados por la comisión de crímenes y delitos fiscales. Baste con revisar los casos de Oneida Pinto y Kiko Gómez, en la Guajira.

Y al decir  que enfrentarán a las Farc en democracia, en el discurso hay una pausa, que determina en el texto citado líneas atrás, los tres puntos suspensivos, y que corresponde al momento en el que la bola de las Farc, entra en el  hueco, o en la tronera. Claramente,  la entrada en la tronera, “buchacara” o hueco, puede significar el  entierro temprano de las Farc, como partido, o por el contrario, sepultar lo acordado en La Habana.

Y para terminar, el hombre que pone la bola de las Farc en la mesa, puede representar a Vargas Lleras, desde dos perspectivas: la primera, se trata de un hombre vestido con saco  oscuro y camisa de manga larga. Es decir, se trata de un civil. Y el propietario de Cambio Radical y hoy candidato presidencial de la Derecha y la ultraderecha, viste normalmente de traje oscuro. Y aunque Vargas Lleras funge como oficial de la Reserva, sigue siendo un civil; y para la segunda perspectiva, la persona que (a) “taca” a las Farc, lo hace con la mano derecha. Habrá que esperar la respuesta de las Farc, con una pieza publicitaria que responda al mensaje, directo y cifrado, que Vargas Lleras les está enviando.



Imagen tomada de juegosandroides.com


[3] Esta expresión la escuché en varias ocasiones durante mi niñez. Desconozco si corresponde al nombre dado aquí.

viernes, 29 de septiembre de 2017

¿Partidos o bolsas de empleo?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La situación de los partidos políticos en Colombia da para pensar en el tipo de democracia que los operadores políticos han coadyuvado a consolidar, con el concurso de cientos de miles de colombianos que se han dejado capturar por la histórica práctica del clientelismo, que para el caso nuestro, deviene como una fuerte institución social y política.

Las decisiones tomadas por Vargas Lleras, Ordóñez Maldonado y Martha Lucía Ramírez de presentarse por firmas a las elecciones de 2018,   así como las dudas que rodean a Humberto de la Calle en cuanto a si  participa de la contienda electoral con el aval institucional del Partido Liberal, dan cuenta de la debilidad no solo de los partidos Liberal y Conservador, sino  la de de micro empresas electorales como el Partido de la U, así como la de Cambio Radical, este último movimiento político creado a imagen y semejanza del candidato de la Derecha y la ultraderecha, Germán Vargas Lleras.

De la democracia colombiana se ha dicho que es formal, lo que claramente expone varios  elementos que no solo la caracterizan como tal, sino que sirven para señalar lo difícil que resulta pasar de una democracia eminentemente electoral, a una vigorosa, moderna, institucionalizada y legítima. Dichos elementos son: la alta abstención, el clientelismo y la dinámica electoral misma.

Con una abstención alta, cuyo promedio histórico nacional alcanza más del 60%, la democracia colombiana, desde una perspectiva político-electoral, es un remedo, una imitación, una caricatura. Se trata de un escenario ideal para las maquinarias clientelistas que pre  y candidatos como Vargas Lleras, Ordóñez Maldonado y el que diga Uribe, están acostumbrados a mover y a mantenerlas aceitadas para su adecuado funcionamiento político.

Así operaron los partidos Liberal y Conservador durante y después del Frente Nacional; hoy, estas colectividades  se disputan las condiciones en las que se mantienen en pie, gracias, justamente, a la tradición y al vigoroso, reglado e institucionalizado clientelismo.  Eso sí, sus representantes más connotados no pueden ocultar el carácter insepulto que de tiempo atrás los acompaña.

Los colombianos que no participan de las contiendas electorales claramente mandan un mensaje de rechazo a la clase política, recado que no es recogido porque los operadores políticos han sabido capturar de tal modo la institucionalidad electoral, y la política misma, que han interiorizado que ese alto guarismo en la abstención resulta insignificante ante el poder clientelar y las relaciones mafiosas que han construido con cientos de millones de colombianos que los sostienen con sus votos.

De esta forma, Colombia es una democracia sin partidos. Y es funcional para sectores del Establecimiento que no solo aplauden los bajos niveles de participación electoral de los colombianos, sino que hacen ingentes esfuerzos para mantener la abstención y la dominación  electoral sobre millones de compatriotas, a través de relaciones clientelares. Y esto se ancla a la ampliación o al mantenimiento de la pobreza en amplios sectores, tradicionalmente marginados; y se conecta con la baja cultura política, asociada con la poca lectura y el nulo pensamiento crítico en amplios sectores poblacionales. Y estas circunstancias contextuales dan vida a una simple suma: Pobreza $ (P$)+ Pobreza Cultural (PC)+ “Pensamiento Acrítico”(PA)= Clientela para los operadores políticos.

Los partidos políticos en Colombia son una fachada de un Régimen que supo borrar los límites entre lo legal y lo ilegal; entre lo correcto y lo incorrecto. Los centros de pensamiento al interior de partidos como el Conservador y el Liberal, son funcionales al ethos mafioso con el que operan dichas colectividades al interior de los legislativos en los ámbitos local, regional y nacional y en relación con la rama ejecutiva, en los mismos niveles.

Los Partidos Políticos en Colombia son, realmente, bolsas de empleo, fruto de las enormes dificultades que enfrenta un aparato productivo deficitario en su capacidad de absorber mano de obra cesante, calificada y no calificada. Un aparato productivo que ha alimentado la corrupciòn al interior de los partidos polìticos. 

Entendido el ejercicio de la política como un mecanismo de “movilidad social”, las prácticas clientelistas aparecen casi de forma natural y por esa vía, la corrupción que tanto quieren ocultar al interior de sus partidos, candidatos que se lanzaràn por firmas como Vargas Lleras y Ordóñez Maldonado, para nombrar apenas dos de los más señalados y salpicados por lo que sucedido por el aval entregado a funcionarios corruptos e incluso, a criminales, como es el caso de Cambio Radical, la empresa electoral de Germán Vargas; y por las prácticas clientelistas que puso en marcha Alejandro Ordóñez Maldonado durante su negativo y nefasto paso por la Procuraduría General de la Nación, incluyendo, por supuesto, el tiempo extra que se quedó en dicha entidad, gracias a su espuria reelección.

Así entonces, para las elecciones de 2018 volveremos a ver el mismo espectáculo político: gente rica, empresarios y élites, votando por aquellos que les aseguren jugosos contratos; otros, de una clase media que tambien buscan beneficios particulares; un reducido sector poblacional con voto de opinión, tratando de erosionar el poder del clientelismo; y los pobres, votando por los candidatos que les ofrezcan almuerzos, luz, alcantarillado, lentejas y otros tipos de migajas.

Lo nuevo que tendremos para el 2018 será el duro enfrentamiento político-electoral entre quienes apoyan el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y aquellos que están de acuerdo con los trizadores de Germán Vargas Lleras, Martha Lucía Ramírez, el que diga Uribe, y el ladino ex procurador general de la nación y fanático religioso, Alejandro Ordóñez Maldonado.


Imagen tomada de wradio.com.co


jueves, 28 de septiembre de 2017

La foto de Ricaurte

La foto de Ricaurte

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Interesante el debate ético-político y periodístico-noticioso que se suscitó en la dirección y la redacción de El Espectador, por la negativa del editor general de no publicar la foto del ex magistrado Ricaurte, cuando era reseñado judicialmente.  En una nota[1] de la redacción judicial, se recoge el debate interno que se originó en torno a un hecho judicial de especial significado, como quiera que se ordenó la captura del ciudadano Francisco Ricaurte, involucrado en lo que ya se conoce como el “cartel de la toga”[2]. Si bien hay que celebrar el espacio de discusión que se abrió al interior del diario bogotano en torno al espinoso asunto, es importante recoger el asunto y llevarlo a la Academia, con el fin de enriquecer el debate.

La decisión editorial me hizo recordar el tratamiento periodístico-noticioso que ese mismo diario le hizo al hecho del collar bomba[3], en el que murió Elvia Cortés, hecho punible y execrable al que la fuente castrense atribuyó la única y total responsabilidad a las antiguas Farc. El diario El Espectador, en ese momento, minimizó el hecho a través de titulares y un cubrimiento periodístico atinado, responsable y alejado de los intereses de la fuente militar. Este diario bogotano no se sumó a los otros medios que sirvieron de ruedas de transmisión a los militares interesados, en esa coyuntura, en torpedear el desarrollo de los diálogos de paz en la zona de Distensión, durante el gobierno de Pastrana Arango (1998-2002). Sobre ese asunto volveré al final de la columna.

En esta ocasión, la negativa de publicar la imagen del ex magistrado reseñado como lo hacen las autoridades con aquellos ciudadanos cobijados con orden de captura, obedece a una decisión editorial que guarda visos políticos en la medida en que se asume una postura sobre un asunto que toca directamente al ejercicio del poder, en este caso, al poder judicial. Por lo tanto, la negativa de editar la fotografía, como el haberlo hecho, como lo hicieron otros medios, obedece a una decisión autónoma de cada empresa informativa. Sin embargo, dicha postura termina, de un lado, por favorecer la imagen de un jurista que se prestó para prácticas contrarias a la ley y a la ética y del otro lado, el diario priva a sus lectores de reconocer a quien a través de sus fallos y de sus actos judiciales, minó aún más la escasa confianza que los colombianos tenemos en la justicia.

Sobre si la imagen publicada genera u aporta a la generación de morbo en las audiencias, me parece que no, en la medida en que las reacciones de los lectores resultan variadas y no necesariamente el interés de leer la prensa y de buscar en particular una foto, esté naturalmente asociada a un interés desaforado por revisar què pasó con un hecho por considerarlo extremadamente atractivo. Con la decisión editorial, El Espectador  considera que la fotografía es desagradable, cruel, inmoral e incluso, como prohibida, dado que se trata de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Parece olvidar el diario que se trata de un cuadro y de un hecho que da cuenta de la entronización de un ethos mafioso que guía la vida de políticos, jueces, empresarios e incluso, de periodistas, circunstancia contextual que amerita el repudio colectivo de una sociedad que no parece alterarse por los actos de corrupción al interior del Estado.

Que un ciudadano sea reseñado por la autoridad judicial, obedece a una situación normal desde la perspectiva judicial. Que ese ciudadano sea un exmagistrado de una alta Corte, como lo es la Corte Suprema de Justicia, por supuesto que eleva la gravedad del hecho judicial y desde una perspectiva ética, la situación resulta extremadamente lamentable y amerita el repudio de la sociedad; pero de allí a que la misma imagen pueda considerarse como inmoral, desagradable en gran medida, o cruel, con el firme propósito de justificar su no publicación por cuanto genera morbo, o hace que la práctica periodística adquiera ese carácter, me parece que es un error de apreciación.

La prensa está para confrontar al poder. Si hoy no lo hace por los compromisos económicos y políticos que comprometen la operación de las empresas mediáticas y la misma libertad de prensa, esos mismos medios deben aprovechar las ocasiones en las que el poder, sectores del Establecimiento y sus representantes más connotados puedan sufrir algún tipo de erosión en su naturalizada legitimidad. Por lo tanto, la fotografía de Ricaurte, luciendo el número con el que se identifica su captura, constituye una oportunidad para exhibir la ilegitimidad, la podredumbre y el hedor que expele ese actor clave del ordenamiento jurídico-político como lo es la Corte Suprema de Justicia, en cabeza, claro está, de quienes hicieron de ella un garito.

Publicar la imagen de Ricaurte no puede hacer más daño del que ya hizo el ex magistrado al actuar de la manera como al parecer lo hizo, de acuerdo con las denuncias ya conocidas por los delatores y corruptos funcionarios, Gustavo Moreno y Musa Besaile.   

Ver el rostro de Ricaurte, impotente, sorprendido, sin el ropaje de magistrado y sin las gafas que le dan ese aire “intelectual” o de “uribista reflexivo”[4], debe servir para que la sociedad se pregunte què pasa por la cabeza de un abogado que alcanza semejante dignidad y es capaz de mancillarla, y de exponer  su nombre y el de su familia al escarnio público; y que esa misma sociedad se cuestione alrededor de los principios  que guiaron su ejercicio como jurista durante tantos años.

La prudencia con la que EL ESPECTADOR cubrió los lejanos hechos de la muerte de la señora Elvia Cortés deja entrever un ejercicio periodístico responsable, que también se puede apreciar en las posturas editoriales[5] asumidas en torno al proceso de paz que se  adelantó en La Habana; sin embargo, en el caso de la ya referida fotografía de Francisco Ricaurte, la dirección editorial hizo una lectura equivocada del hecho noticioso. Cayó El Espectador en una innecesaria “autocensura simbólica” dado que guardó e ignoró  información, en este caso, relacionada con lo mucho  que dice la foto de Ricaurte.






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