NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

viernes, 31 de marzo de 2017

Farc, castrochavismo, Venezuela y la Izquierda

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo


Tanto el capitalismo como el socialismo crean Mesías que niegan la política.
Tan indeseable la dictadura del mercado en el sistema capitalista, como vigilar y castigar a quien piensa distinto en el sistema socialista.
Tanto en las democracias populares del socialismo, como en las democracias liberales del capitalismo, el asistencialismo es la más eficiente política a la que apela el poder para perpetuarse.
Un Estado privatizado y débil, ofrece ayudas; un Estado fuerte, asume responsabilidades.
El capitalismo usa el mercado para someter a los ciudadanos; y el socialismo usa el asistencialismo y el control ideológico para lo mismo.


La compleja, difícil y enmarañada realidad institucional que afronta Venezuela amerita y casi que exige de la Izquierda colombiana y de los dirigentes de las Farc que hoy están en tránsito a la vida política sin armas, un pronunciamiento y casi que una reflexión en torno a lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI.

Son varias las razones y circunstancias internas que obligan a que los sectores afectos a la izquierda y al socialismo se pronuncien en torno a lo que viene sucediendo en la República Bolivariana de Venezuela. La transición política de las Farc, la cercanía de las elecciones de 2018, y por supuesto, los miedos que genera en el país ese enorme fantasma que la derecha “inventó” para espantar cualquier posibilidad de ajuste o cambio al régimen de poder dominante en Colombia: el castrochavismo.  Huelga recordar que con ese fantasma, el NO se impuso el 2 de octubre de 2016 y ese mismo espectro, “justifica” que la derecha y la ultraderecha este 1 de abril inviten a “marchar”[1] a los colombianos,  para advertir de la presencia demoníaca de  ese espíritu.

Y el pronunciamiento debe ir acompañado de una profunda reflexión en torno a qué es lo que estamos entendiendo por ser de Izquierda y las diferencias claras que existen entre estatismo y socialismo. Para ello, recomiendo una entrevista en particular que Pepe Mujica concedió a Claudia Palacios (https://www.youtube.com/watch?v=tuOjL5Zjx4M).

Esa discusión, de cara al país, se puede convertir en la mejor estrategia política y mediática para enfrentar a quienes desde la derecha y la ultraderecha, insisten en que Santos le entregó el país a las Farc, por haber negociado con esa guerrilla el fin del conflicto armado. Esas mentiras y suposiciones deben enfrentarse con la discusión abierta y el análisis profundo no solo de lo que viene sucediendo con el socialismo del siglo XXI en Venezuela y en la región, sino de las propias condiciones en las viene operando en Colombia el Estado liberal.

Creo que dentro de la desarticulada izquierda colombiana existen diferencias y hasta contradicciones conceptuales en torno al sistema socialista, que bien valdría la pena empezar a discutir de cara al país, en especial ahora que las Farc hacen el tránsito a la vida civil y en adelante serán, en particulares y estratégicos territorios, una opción real de poder para comunidades indígenas, afros y campesinas, víctimas de la debilidad del Estado y de una democracia liberal restringida y generadora de profundas contradicciones sociales, políticas y económicas.

Si las Farc insisten en el socialismo y en particular tienen en el modelo venezolano un referente a seguir, o si el viejo  paradigma socialista soviético es el norte que guiará sus aspiraciones políticas, urge que se manifiesten en torno a lo sucede hoy en Venezuela. Y si están, con los ya conocidos controles ideológicos y policivos con los que se asegura la simpatía y la subordinación de las grandes mayorías, a cambio de subsidios y reivindicaciones sociales que poco construyen una idea de un ciudadano capaz de discernir y discutir sobre el fin último de la vida que es alcanzar la felicidad.

Es hora de empezar a discutir y a construir un modelo de Estado que satisfaga, sin revanchismos y persecuciones ideológicas, las necesidades de las grandes mayorías, sin que ello implique acabar con el mercado y la iniciativa privada. Por ello, conviene escuchar a Pepe Mujica en la ya referida entrevista: “yo creo en el socialismo, pero no creo en el estatismo y creo que la construcción del socialismo supone una sociedad mucho más culta, mucho más inteligente y mucho más rica. Creo que países como Suecia se arrimaron mucho más a lo que puede ser el socialismo, o Noruega, que los intentos fallidos que hemos tenido” Y frente al socialismo del siglo XXI, tipo ALBA, Mujica señaló: “lo admiro, pero no es el camino que yo eligiría. Yo preferiría un camino mucho más lento de construcción menos espectacular, mucho auto gestionario. Soy enemigo de la burocracia, de la burocratización. La gente tiene que manejar las cosas y ser responsable y eso hay que irlo ensayando desde abajo hacia arriba. Desconfío que el Estado cuando se hace demasiado grande, pueda sustituir la iniciativa de la gente…”[2]

En lo citado, encuentro, por ejemplo,  diferencias profundas entre el modelo venezolano que implantó Chávez y que con enormes contradicciones intenta mantener Nicolás Maduro, y las ideas políticas del senador Jorge Enrique Robledo[3].

El objetivo de buscar satisfacer unas mínimas condiciones de vida digna para las grandes mayorías excluidas del sistema económico y del mercado, no puede hacerse sobre la base de perseguir y arruinar las legítimas aspiraciones de quienes por largo tiempo han vivido de sus esfuerzos y del aprovechamiento de sus capacidades, inventiva e inteligencia. Es decir, la felicidad de grandes mayorías no puede alcanzarse sobre la ruina, la desesperanza y la expulsión de esos otros compatriotas. 

Cualquier régimen de poder debe tener como objetivo brindar para todos, sin exclusiones, las condiciones para que cada individuo pueda desarrollar sus capacidades y sacar adelante su proyecto de vida. Eso sí, creo que el asunto de fondo está en establecer condiciones para que todos alcancen la felicidad, mediada esa búsqueda por principios como la co-responsabilidad con el medio ambiente, la solidaridad y el respeto a la diferencia.

Por todo lo anterior, la Izquierda colombiana y las Farc, tienen en los problemas institucionales que afronta Venezuela, la oportunidad de espantar ese fantasma (el castrochavismo) que asusta a los millones de colombianos que atormentados por su presencia, están dispuestos a todo lo que esté a su alcance para impedir la implementación del Acuerdo Final.

Nota: esta columna fue reproducida en el portal conlaoejaroja.com : http://conlaorejaroja.com/el-caso-venezolano-debe-discutirse-en-colombia/


jueves, 30 de marzo de 2017

¿Marcha o Desfile?

Con la Marcha o Desfile del 1 de abril se confirma la enorme confusión moral y ética en la que deviene el pueblo colombiano, aupada por unas empresas mediáticas que de manera acrítica asumen el cubrimiento de un evento político y pre-electoral, que bien debería de calificarse como inmoral, peligroso e inconveniente para la actual coyuntura que vive el país, en torno a lo que significa haber puesto fin a la confrontación armada con las Farc y de estar ya en la etapa de implementación de lo acordado en el teatro Colón de Bogotá.

No me voy a referir al cinismo de Uribe Vélez, de Ordóñez, de Londoño Hoyos y del confeso criminal y ahora “héroe mediático”, conocido aún como alias Popeye. Este confeso sicario no ha podido lograr que lo llamen por su nombre de pila.

Ya otros con suficiencia se han referido a estos ladinos personajes y en las redes sociales cunde el enfrentamiento, al tiempo que se oculta el objetivo final y estratégico de quienes convocan a movilizarse: medir el nivel de convocatoria de Uribe y Ordóñez, con miras a reconfirmar la decisión que el primero ya tomó, de ungir como su candidato presidencial, a quien cumple con los más elementales principios para merecer semejante llamado a recuperar la Casa de Nari: Alejandro Ordóñez Maldonado. El ex Procurador es clientelista, por lo tanto, corrupto; además, violó, sin asomo de vergüenza, la Constitución Política; es fanático religioso, godo y un Momio con ascendencia en esa parte del Establecimiento decidida a reversar lo acordado con las Farc en La Habana. Es decir, el candidato presidencial perfecto que sabrá recoger las raídas banderas del Centro Democrático.

Llama la atención que las empresas mediáticas, a pesar de conocer los antecedentes y las circunstancias que rodean la actividad pública de Uribe, Ordóñez y Londoño Hoyos, insistan en llamar Marcha, cuando lo que realmente sucederá el sábado primero de abril es el Desfile de quienes claramente se oponen a que este país pase las páginas de la guerra y que intente, a la luz de lo acordado en La Habana, ampliar su restringida democracia, fortalecer su débil Estado y cambiar las condiciones de abandono, atraso y pobreza en las que viven disímiles comunidades rurales. Unos 15 millones de compatriotas.

Una Marcha, per se, viene legitimada por las razones que exhiben quienes la convocan. Por ejemplo, las Marchas o Mingas indígenas siempre devendrán legítimas cuando están pensadas, por ejemplo, para exponer los daños que les producen los TLC, o para señalar el incumplimiento del Estado y de varios Gobiernos a viejos acuerdos, logrados en el contexto de anteriores movilizaciones.

Al ser incapaz de hacer estas disquisiciones y de revisar los dobleces del lenguaje, la Gran Prensa insiste en llamar Marcha a lo que simplemente es una movilización pre electoral convocada por reconocidos corruptos, violadores de los derechos humanos y máximos responsables de oprobiosos actos como los que ocurrieron durante las dos administraciones de Uribe Vélez: “chuzadas” del DAS a magistrados, periodistas y académicos; los “falsos positivos”, la compra de la reelección, la entrega de Notarías a Yidis Medina y la penetración paramilitar en el DAS y en la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras entidades del Estado.

Así entonces, la Prensa, presa de los siempre acomodaticios criterios de noticiabilidad y manipulada por la imagen de ex Presidentes, sobre quienes recaen fuertes señalamientos por actos de corrupción y crímenes, insiste en repetir, sin asomo de crítica y análisis, las nomenclaturas, vocablos y categorías que Ordóñez y Uribe usan de manera ligera e irresponsable, para mantener engañados a sus áulicos. Hablan, por ejemplo, de “desmontar la dictadura de Santos”, de “no permitir que se le entregue el país a las Farc”, o de “rechazar y luchar contra la corrupción”; además, hablan de “mermelada”, eufemismo usado para descalificar las sempiternas relaciones mafiosas establecidas entre los Gobiernos y los Congresos elegidos desde que somos República. Insisten en mostrarse como políticos y ciudadanos probos y la Prensa les hace el juego.

Una prensa seria y responsable de inmediato desaprobaría el llamado a la movilización que hoy le hacen al país Uribe y Ordóñez, escoltados por el pasado criminal de “Popeye”. Daría para un enorme titular en este sentido: Inconcebible, Uribe y Ordóñez convocan movilización contra la corrupción. O Quizás otro titular en esta perspectiva: Colombia, un país moralmente confundido.

Pero no, la Gran Prensa colombiana decide pasar por alto los probados actos de corrupción cometidos por los dos señalados personajes, porque  prefiere defender el Establecimiento que les permite informar, haciéndole el juego a quienes desde el Estado consolidaron el ethos mafioso y criminal con el que hoy opera casi toda la institucionalidad estatal.


Así entonces, lo que realmente veremos el 1 de abril no es una Marcha: se tratará de un Desfile de corruptos, a los que la Gran Prensa les hará el juego para insistir en mantener la confusión moral y ética de una nación que intenta consolidarse sin claros referentes de moralidad. 


Imagen tomada de lalinternaazul.com

miércoles, 29 de marzo de 2017

FALSOS POSITIVOS Y LA JEP

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Que los “falsos positivos” sean considerados delitos cometidos  o no dentro del devenir del conflicto armado interno, es una discusión jurídica que despierta una enorme sensibilidad social y política. No será fácil para los familiares de los jóvenes asesinados por miembros de la Fuerza Pública, aceptar dicha tesis por cuanto los agentes del Estado están para proteger la vida y la honra de los ciudadanos. Jamás  podrá ser lo mismo que una fuerza ilegal viole los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a que esas mismas violaciones sean cometidas por agentes estatales sobre los cuales recae la responsabilidad y el deber de valorar y de responder, en perspectiva de derechos, a la confianza que los ciudadanos depositaron en el Estado, a través de estos servidores públicos.  

Es claro que asesinar civiles inermes no es un acto del servicio. Pero tampoco podemos desconocer que los llamados “falsos positivos” guardan una relación estrecha con una realidad inocultable: la degradación del conflicto armado interno, y un perverso y equivocado redireccionamiento de la misión de los agentes de la Fuerza Pública involucrados en la comisión de estos delitos de lesa humanidad. Es difícil imaginar que por fuera de las dinámicas de un conflicto armado como el que vive Colombia desde 1964, se pueda hablar de falsos positivos. Subsiste una conexión casi natural con la comisión de estos delitos, sin que con ello se pretenda minimizar el delito en sí mismo, su dimensión política y social, y mucho menos, el dolor de los familiares de los colombianos asesinados en esas execrables circunstancias.

Así entonces, y de acuerdo con el objetivo final de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, aceptar que los "falsos positivos" sean juzgados como delitos graves perpetrados por agentes del Estado, en el contexto del conflicto armado interno, no puede entenderse como un insalvable error jurídico: se trataría, mas bien, de una decisión política anclada en la necesidad de reconocer que efectivamente el conflicto armado se degradó, hasta tal punto, que miembros del Ejército, especialmente, no solo subvaloraron la vida de los civiles asesinados, sino que tergiversaron y monetizaron la tarea de enfrentar militarmente al enemigo interno.

Más allá de las interpretaciones jurídicas y las discusiones de los expertos, debe estar el compromiso de quienes hoy orientan a las fuerzas armadas, de develar, una vez entre en operación la Jurisdicción Especial para la Paz, las finas conexiones que hicieron posible que la práctica militar de producir falsos positivos estuviera mediada por órdenes emanadas por coroneles y otros oficiales con mando de tropa, con la anuencia de generales de brigada, de la cúpula militar e incluso, del propio Presidente en ejercicio, en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Incluso, si las órdenes de operaciones resultasen falsas, dichas circunstancias no son suficientes para eximir de responsabilidad a quienes dentro de una línea de mando y al interior de un batallón, no se hayan tomado el tiempo y la tarea de analizar lo ocurrido en esos supuestos combates en los que se produjeron las “bajas” de los supuestos guerrilleros, reportadas con celeridad para recibir los beneficios contemplados tanto en el Decreto Boina, como los estipulados en la directriz ministerial 029 de 2005.

Insistir en juzgar a los responsables de "falsos positivos" como violadores de los derechos humanos, por fuera de la JEP, es prolongar en el tiempo odios y resquemores que solo conducen a la generación de sentimientos de venganza y a la entronización de la desconfianza de los ciudadanos en la fuerza pública.

Es posible que la discusión de la técnica jurídica se eternice y que finalmente triunfe la tesis que indica que dichos delitos de lesa humanidad no pueden considerarse como parte de las dinámicas de la guerra interna colombiana. Como puede suceder que los falsos positivos sean revisados por los magistrados que darán vida a la JEP. Más allá de lo que suceda jurídicamente, la actual cúpula militar debería de preparar acciones de petición de perdón por hechos de guerra, como los ocurridos en Bojayá, a donde ya las Farc viajaron y pidieron perdón a las comunidades afectadas; y por supuesto, una petición de perdón por los falsos positivos cometidos por unidades militares que no solo violaron los DDHH y el DIH, sino que mancillaron el honor militar, traicionaron la confianza de los ciudadanos y debilitaron la institucionalidad castrense.

En cualquier sentido que termine la discusión sobre este espinoso asunto, lo cierto es que el conflicto armado interno sirvió para darnos cuenta de la perversidad, la vileza y la perfidia de todos los combatientes, legales e ilegales, pero también, para que empresarios y otros sectores de poder exhibieran una perniciosa doble moral con la que pudieron, unos y otros, calificar a los caídos, civiles o no, bajo la insana dicotomía que señala que unos eran Buenos y otros, simplemente, eran Malos


Adenda: en por lo menos dos ocasiones, el hoy ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, ha señalado que los "falsos positivos" pueden terminar en la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de la tesis jurídica que señala que no pueden ser investigados por esa jurisdicción, porque no tienen relación directa con el conflicto armado interno, es decir, no se trata de delitos cometidos en operaciones propias de un acto del servicio. Este es el enlace: http://noticias.caracoltv.com/colombia/justicia-especial-para-la-paz-no-es-para-juzgar-generales-afirma-mindefensa

Nota: esta columna fue reproducida en los portales conlaorejaroja (http://conlaorejaroja.com/los-falsos-positivos-y-la-jep/)  y colombiaplural (https://colombiaplural.com/falsos-positivos-la-jep/)





Imagen tomada de arcoiris.com.co

EL CONFLICTO ARMADO INTERNO: MARGINAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


Que el conflicto armado interno se haya desarrollado con mayor intensidad en amplios territorios selváticos y rurales, le dio un carácter marginal, alejado e insustancial que se alimentó de una realidad incontrastable: jamás la oligarquía y el Establecimiento en general, estuvieron en riesgo y mucho menos sufrieron derrota. Es más: las dinámicas de este prolongado y degradado conflicto armado, los procesos de paz -fallidos y exitosos- y los sesgados tratamientos periodísticos, sirvieron a los propósitos de esas élites de poder tradicional de mantener, a toda costa, un orden injusto e ilegítimo. Orden y forma de dominación que se tornó incontrastable  a través del uso de la fuerza represiva, la estigmatización, persecución y muerte de todo lo que oliera a izquierda, todo con la ayuda de una sociedad estratificada y unos ciudadanos confundidos alrededor de a quién y de cómo exigir sus derechos, pero sobre todo, de cómo cumplir con obligaciones de carácter político.

Ahora que avanza el proceso de concentración de las Farc en las zonas en donde finalmente harán dejación de las armas, se desmovilizarán y harán el tránsito a la vida civil, bien vale la pena discutir sobre el papel que jugarán los imaginarios colectivos y las representaciones sociales que lograron permear la vida de los colombianos por cuenta de ese carácter marginal con el que las élites, el periodismo, los partidos políticos y precisos agentes de la sociedad civil, entendieron la compleja naturaleza y el devenir histórico del conflicto armado interno.

Son varios ya los hechos que me hacen pensar que el sentido marginal con el que millones de colombianos y el Poder político tradicional miraron el desarrollo del conflicto armado, servirá de puente axiológico para emprender y sostener, desde diversos sectores de la sociedad, iniciativas, actitudes, procesos, acciones y caminos que lleven a irrespetar la palabra que el Gobierno empeñó en La Habana, en nombre del Estado y de la sociedad.

El primer hecho tiene que ver con la actitud política asumida por el Fiscal, quien claramente está tratando de torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final (II). Sus reparos y propuestas de ajuste a la Jurisdicción Especial para la Paz hacen parte de la idea marginal con la que Néstor Humberto Martínez Neira, como ciudadano, tuvo y muy seguramente tiene del conflicto armado interno. Simplemente, Martínez Neira, como agente de poder y gracias a su perfil corporativo[1], no puede más que ponerse al servicio de los enemigos, detractores y críticos de la implementación de lo acordado en La Habana, que entendieron y entienden aún el levantamiento armado como una afrenta al poder tradicional, un desafío a la democracia[2] y un reto innecesario y temerario a un Estado legítimo.

Y la mejor forma de hacerlo es a través de una mala interpretación de la indeclinable voluntad de paz de las Farc, que a pesar de los incumplimientos del Gobierno y del Estado,  concentró sus hombres y mujeres aún en armas, en unas zonas que no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad para pernoctar por un largo tiempo.

Puede el país, con actitudes como las asumidas por el actual Fiscal General de la Nación, entrar en un juego de contradicciones. Esto es, considerar como importante haber adelantado una negociación política con las Farc, pero minimizar lo realmente sustancial: cumplir con la palabra empeñada. Por ese camino, y abusando de la firmeza de las Farc para cumplir con lo acordado, la sociedad y el país político parecen estar despreciando, tempranamente, el proceso de implementación del Acuerdo firmado en el teatro Colón.

Otro elemento o hecho que bien puede estar alojado en ese mismo carácter marginalcon el se entendió el levantamiento armado de los años 60, tiene que ver con la forma como los Medios masivos están cubriendo hoy la salida de las Farc de la selva. Se advierte en las empresas mediáticas un profundo desinterés periodístico-noticioso y político, por cubrir semejante hecho histórico: las últimas marchas de los guerrilleros farianos que aún armados, exhiben, por ahora, una fuerte confianza en los Comandantes que negociaron con los enviados del Gobierno, al tiempo que dudan que el Estado cumpla con lo que en su nombre firmó el Presidente Santos en su calidad de jefe de Estado, de Gobierno, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y máximo responsable del orden público.

Se suma a lo anterior, las reiteradas amenazas[3] de Uribe[4] y de sus áulicos, en el sentido en que si recuperan el poder del Estado en las próximas elecciones de 2018, derogarán y echarán para atrás gran parte de lo negociado en La Habana y ratificado en el teatro Colón de Bogotá. Dichas posturas e intimidaciones claramente no solo están alojadas en el carácter marginal con el que se entendió y devino el conflicto armado interno, sino en la equívoca lectura que de éste hizo Uribe Vélez y que quedó plasmada en su Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), aplicada con mano fuerte durante sus ocho años de mandato. Recordemos que en dicha política pública se desconoció la existencia del conflicto armado interno y por esa vía, los derechos de las víctimas que produjeron las Farc, el Estado y los Paramilitares. Se dijo que el país afrontaba una amenaza terrorista.

El hecho de que el conflicto armado no haya logrado desmontar el histórico y actual régimen de poder, no puede alentar a quienes tienen hoy máximas responsabilidades políticas y un lugar privilegiado en la sociedad, a promover desde el Estado el incumplimiento del Acuerdo Final (II) y a incitar a agentes de la sociedad para que respalden las acciones de específicos actores de la sociedad civil que, amparados en que no sufrieron derrota, harán todo lo posible, en el posacuerdo y en el posconflicto, para cobrarle a las Farc la osadía de haber desafío su Poder, que al parecer ellos mismos consideran que deviene natural.

Quienes respaldamos el 2 de octubre de 2016 el Acuerdo Final (I) y aquellos que entendieron que fueron engañados[5] por el Centro Democrático, por Uribe y por los líderes de la Campaña del NO, debemos salir a defender la implementación de lo acordado en Cuba y a denunciar acciones de dilación y de incumplimiento de la palabra empeñada, por parte del Estado, de instituciones como el Congreso, el poder judicial y los partidos políticos que acompañaron en la negociación  a Santos, en nombre y a través de la llamada Unidad Nacional.

Adenda: son muchas las incertidumbres y miedos que hoy tienen los guerrilleros que están adportas de dejar las armas y de reinsertarse a la vida civil. Es urgente que universidades estatales y privadas se acerquen a los campamentos para iniciar procesos de acompañamiento y capacitación a estos hombres y mujeres que no tuvieron otra opción que la guerra. El SENA debería de estar instalándose ya en esos campamentos para indagar necesidades y aspiraciones de los guerrilleros(as). De igual manera, la Registraduría Nacional del Estado Civil debería de hacer presencia temprana, para entregar las cédulas a esos “nuevos” ciudadanos. Se trataría de gestos y acciones para generar confianza y aminorar incertidumbres. La confianza en los Comandantes puede flaquear en cualquier momento.




martes, 28 de marzo de 2017

LOS PRESIDENCIABLES (V)


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Aquellos que acompañan de tiempo atrás el proceso de paz de La Habana, e incluso, quienes se “montaron en el bus” de la Paz recientemente, ven en Humberto de la Calle Lombana al líder político capaz de sacar adelante el difícil y complejo proceso de implementación  de lo acordado y con ello, dejar las bases sociales, culturales, políticas y económicas para ver si logramos consolidar, en unos años, escenarios de posconflicto.

De la Calle reúne el perfil para liderar el gobierno de transición[1] que el país requiere para hacer menos traumático el tránsito del estadio de guerra en el que vivimos por más de 50 años, al estadio de la paz que estamos apenas tratando de construir.

El ex vice presidente de Samper Pizano conoce, como muy pocos, el Acuerdo Final (II) y a la cúpula de las Farc, lo que le debería de otorgar un plus diferenciador en relación con los otros candidatos que buscarán llegar a la Presidencia en 2018, sin conocer a los líderes de esa organización subversiva y el sentido transformador del documento con el que se puso fin al enfrentamiento armado y se sembraron las bases para construir una paz estable y duradera.

A lo anterior se suma que De la Calle no genera mayores resistencias en esa parte del Establecimiento que aún tiene dudas y miedos por el proyecto político[2] de las Farc y por la posibilidad de comparecer ante la JEP por el apoyo brindado a estructuras paramilitares y por haber coadyuvado de disímiles maneras a la extensión de la guerra interna y a la degradación de la fuerza pública en el cumplimiento de sus objetivos misionales.

Ahora bien, una eventual, esperada y necesaria candidatura de Humberto De la Calle debería de oficializarse con la toma de distancia del partido liberal, de la coalición de gobierno y del Gobierno de Santos. Ya el país sabe que Vargas Lleras es el candidato de Santos y de esa parte del Establecimiento que no acompañe el sentido y el contenido del Acuerdo Final (II). 

Presentarse a elecciones con las banderas de Santos le restaría legitimidad y transparencia a De la Calle Lombana, en el actual contexto de polarización que se respira en el país y que muy seguramente aumentará la crispación en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales. De esa manera, Humberto de la Calle podría atraer los votos de aquellos sectores societales que fueron engañados[3] por el Centro Democrático y por Ordóñez en la sucia campaña por el NO, en la jornada  plebliscitaria vivida ese recordado 2 de octubre de 2016.

De la Calle Lombana es un liberal que tiene el carácter, el talante democrático y la sapiencia suficientes para poder entablar diálogos con los sectores de derecha y extrema derecha que aún tienen dudas sobre lo acordado en La Habana, así como los de la extrema izquierda y la izquierda democrática que no acompañaron la negociación política adelantada en territorio cubano.

Para enfrentar al Centro Democrático y a Ordóñez Maldonado, en su claro objetivo de reversar lo acordado en Cuba, Humberto de la Calle tiene la experiencia de haber liderado una compleja negociación política con las Farc, pero también el carácter suficiente, sin caer en el discurso camarrorero que caracteriza a Álvaro Uribe Vélez[4], para enfrentar a quienes desde sus huestes y acompañados por sectas religiosas lideradas por el ex procurador Ordóñez, harán todo para echar para atrás[5] el Acuerdo Final (II) si logran hacerse con la Casa de Nari.

Hay que esperar que el político liberal tome la decisión de lanzarse como candidato presidencial. No faltará, eso sí, el señalamiento de que su eventual candidatura contará con los votos de las Farc. No debería de extrañar que así fuera, dado que como gestor clave en la negociación en La Habana, tiene ganado el respeto de los líderes farianos y de los miembros del partido político que nacerá una vez las Farc hagan dejación de armas y puedan hacer política tal y como el país espera que suceda.

Una vez oficializada su candidatura, se espera que se dé un acercamiento con Robledo, Claudia López, Navarro Wolf y Fajardo, entre otros, con miras a consolidar una gran coalición que pueda darle la pelea a Vargas Lleras y al candidato[6] del Centro Democrático, Alejandro Ordóñez Maldonado, confesos enemigos del proceso de paz, de la implementación y del posconflicto.






viernes, 24 de marzo de 2017

LOS PRESIDENCIABLES (IV)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Quienes se han declarado amigos, militantes o simpatizantes de la ideología de Izquierda, muy seguramente han soportado -y seguirán soportando- largos procesos de estigmatización, persecución, exclusión y muerte, por cuenta de la perversa asociación entre lo que se conoce como izquierda democrática y la extrema izquierda (guerrillas).

Una vez desaparecidas las Farc como grupo armado ilegal y en breve, pase lo mismo con el ELN, se espera que esa terrible y perversa asociación pierda sentido político y social, para que por fin el país deje de ser esa democracia restringida en la que la izquierda jamás ha sido una real opción de poder, justamente, por la estigmatización, la persecución y la muerte de sus líderes.   

En esas circunstancias contextuales se puede ubicar la vida pública y el trasegar político del hoy candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo Castillo.

En una entrevista (2014), el combativo senador manizalita señaló que “los países solo cambian cuando cambia la gente. Ese es uno de los grandes errores de la guerrilla. Se reúnen diez tipos y dicen: “Esto está muy mal y yo lo cambio”. Pero las cosas no son así. Los países solo cambian cuando los pueblos deciden cambiarlos[1].

Detrás de esa reflexión hay dos elementos claves: el primero, la confianza en que la gente, las mayorías o el pueblo, tome conciencia y reivindique sus derechos. Sin duda, Robledo deja ver un fuerte optimismo en un cambio que requiere de enormes esfuerzos por sacar de la ignorancia a millones de colombianos que han establecido con los políticos y servidores públicos una relación clientelar, justamente por las condiciones de marginalidad, pobreza y vulnerabilidad, que hacen parte del caldo de cultivo para el clientelismo y la compra de votos. El segundo elemento tiene que ver con el temprano distanciamiento que Robledo adoptó frente a las guerrillas.

Desde muy temprano Robledo Castillo supo tomar distancia de la lucha armada y del levantamiento de las guerrillas colombianas en los años 60. A pesar de ello y de haber hecho público su rechazo “a la combinación de todas las formas de lucha”, el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado[2] abrió investigación en su contra en el contexto de lo que se llamó la Farcpolítica. Al final, la investigación se cerró porque el Jefe del Ministerio Público[3] no encontró pruebas que comprometieran al Senador con las actividades de las Farc.

A pesar de haber marcado distancia con las guerrillas, sus debates al interior del Congreso sobre temas agrarios, de infraestructura, macroeconomía (TLC) y en general, sobre asuntos públicos de especial interés colectivo, siempre han sido  leídos por la Derecha y sus detractores como una clara y firme oposición e incluso desprecio, hacia el Capitalismo. Su militancia en el MOIR sirvió para que sus críticos lo ubicaran como un consumado comunista. De hecho, en la ya comentada entrevista, Robledo ubica su lucha política en ese régimen ideal del comunismo.

Ahora bien, por las condiciones que le impone el contexto colombiano, en perspectiva de una realidad política, social, económica y cultural, Jorge Robledo parecería acercarse más a la social democracia o en su defecto, al esfuerzo de consolidar por fin el Estado y la democracia, que insistir en el viejo modelo de Estado socialista tipo soviético, o en el mismo referente Chino (dice haber sido maoísta), como el primer paso para llegar a un régimen comunista en el que tendría sentido las posturas nihilistas y anárquicas con las que simpatizó tempranamente el senador Jorge Enrique Robledo.

Al consultar el ideario de unidad del Polo Democrático Alternativo se lee lo siguiente: “Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población y los de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todos y en todo el territorio nacional[4].

En esa medida, tanto el PDA, como Robledo, fundan su proyecto político en la idea de Democracia Radical de Chantal Mouffe. Por esa vía, entonces, su proyecto político no debería de suscitar miedos a lo que hoy tanto asusta a millones de colombianos: el castrochavismo.

Si esa lectura tiene asidero y es acorde a su ideario político, Robledo no podría seguir siendo señalado por sectores de la Derecha y la extrema derecha como enemigo del mercado y del capitalismo. Para quienes así lo creen, el hoy candidato a la Presidencia señaló en 2014, que: No. El problema de Colombia no es exceso de capitalismo, como puede ser la crisis de países que son tan ricos y producen tanto que se quiebran. La nuestra se explica por falta de capitalismo. Si Colombia fuera un país capitalista desarrollado no tendríamos desempleos y subempleos sumados de 80 %. El salario mínimo sería cinco o seis dólares la hora. Nosotros tenemos el peor de los capitalismos. El más salvaje, el más atrasado, el más corrupto, el más premoderno[5].

Lo cierto es que Jorge Enrique Robledo es hoy la carta presidencial del Polo Democrático Alternativo, a pesar de las luchas intestinas y de la desaprobación de un grupo pequeño que acompaña a Clara López Obregón, con quien el Senador guarda y exhibe irreconciliables posturas políticas alrededor de lo que es estar o hacer parte de un partido de oposición y en cuanto a la coherencia y el respeto por un ideario y programa de Gobierno.

Pero hay una realidad política que confronta las aspiraciones de Robledo: el PDA no tiene un alcance nacional. Este hecho, históricamente le ha asegurado lugares secundarios en las preferencias de los electores. Por ello el Senador Robledo Castillo sabe que no alcanzará los votos suficientes para llegar a la Presidencia en primera vuelta. Será necesario hacer coaliciones programáticas si de verdad desean competir, quienes lo acompañen, contra el poder clientelar de Vargas Lleras y Ordóñez Maldonado[6] Que hoy Robledo, Claudia López Hernández[7], Sergio Fajardo y Navarro estén buscando alianzas para enfrentar a De La Calle, a Ordóñez y a Vargas Lleras[8], candidato de Santos y de esa parte del Establecimiento que no acompaña el proceso de Paz, da cuenta de esa realidad política del Polo y por supuesto, del complejo escenario electoral en el que florecen tres asuntos públicos de especial interés colectivo: el primero, la implementación de lo acordado con las Farc y el compromiso que debe asumir el Estado en la construcción de una paz estable y duradera; el segundo, la lucha institucional y social contra la corrupción[9] y el tercero, consolidar por fin el Estado como un orden justo y legítimo.

Aún no sabemos qué pasará con la candidatura presidencial de Jorge Robledo Castillo. Lo cierto es que nadie puede dudar de su capacidad de trabajo, de su inteligencia, rigurosidad y seriedad. Y algo clave: no se le conocen actos de corrupción y poder clientelar alguno. Eso sí, como sucedió con Gustavo Petro Urrego, su  buen desempeño como Senador no es garantía de que podrá manejar un Estado como el colombiano que deviene cooptado y capturado por históricas mafias que se han enquistado en su institucionalidad.

En caso de llegar, vía coalición, al Solio de Bolívar, ojalá Robledo logre juntar los intereses del conjunto de los campesinos, indígenas (y los de los afros) y el empresariado. Y que no olvide lo que le dijo a Eduardo Arias en la ya citada entrevista: “Yo defiendo a los jornaleros de la caña. Defiendo sus sindicatos. Deben tener unos derechos mínimos. Pero, al mismo tiempo, defiendo a capa y espada la existencia de los ingenios azucareros[10].

Adenda: una recomendación final al candidato del PDA: no caer en posturas mesiánicas. Ya bastante tuvimos con el Mesías antioqueño que mandó durante ocho aciagos años (2002-2010) y el nuevo Mesías: Ordóñez Maldonado.





Imagen tomada de lapatria.com



[6] El columnista Jorge Gómez Pinilla asegura que Ordóñez, finalmente, será el candidato de Uribe para las elecciones de 2018. Tiene sentido la tesis, en la medida en que al senador y al ex Procurador los une la ideología conservadora. Véase: http://www.elespectador.com/opinion/uribe-ordonez-un-maridaje-incestuoso-columna-685614

miércoles, 22 de marzo de 2017

LOS PRESIDENCIABLES (III)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

A la senadora Claudia López Hernández  hay que reconocerle su capacidad de trabajo y el espíritu combativo y crítico con el que ha solventado recordados debates cuando fungió como investigadora  y publicara libros  sobre el fenómeno paramilitar, así como columnista[1] del diario EL TIEMPO, y por supuesto, en su calidad de Congresista.

Para recordar, los enfrentamientos que sostuvo con el entonces Presidente Uribe, a quien en una columna de opinión le dijo lo siguiente: “para empezar ha decidido adoptar un estilo intolerante con discurso fascista, que bien puede dejarle a Carlos Castaño. Usted será un político de extrema derecha, pero no dudo de que es un demócrata, como para competir en estilo y discurso con un asesino recalcitrante que veía guerrilleros hasta en la sombra y salía a cazarlos creyendo hacer una gesta patrióticaUsted tiene el gran mérito de haber convencido a esta sociedad de que la guerrilla es un problema, no una solución. Eso lo llevó a su primera victoria y su posterior reelección. Pero el acierto de su segundo mandato y su papel histórico dependen de que se convenza y convenza a esta sociedad de que el paramilitarismo también es un problema[2]

En otro debate, esta vez en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuestionó a Uribe Vélez por la penetración de los paramilitares[3] y por haber co-gobernado con políticos comprometidos con el proyecto político y económico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Como congresista, López Hernández participó de interesantes debates[4] sobre los costos, las dimensiones y las implicaciones  del posconflicto.  En este último dejó entrever parte de su proyecto político de centro-derecha,  al señalar  que lo que necesita Colombia es un Estado fuerte que cope el territorio, remplace a los ilegales (guerrillas, paras y bacrim); que  haya mercado y que se construya ciudadanía.  Todo en el contexto del sistema capitalista y del modelo neoliberal. En esa perspectiva, López Hernández cree profundamente en el poder de la ley y en el sometimiento de las libertades individual y colectiva.

Sin duda, la senadora por la Alianza Verde es una mujer inteligente, capaz y trabajadora. En su haber tiene su carácter combativo y las ya señaladas condiciones. Eso sí, tiene en su contra que hace populismo con temas sensibles como la lucha contra la corrupción, cuando ella misma sabe que lo que hay que cambiar es el Régimen y hasta que éste no sufra derrota,  será casi imposible desmontar las mafias enquistadas en el propio Estado. Y por esa vía, al hablar con vehemencia de  temas propicios para coyunturas electorales, como la lucha contra la corrupción público-privada y que resultan de gran interés social y mediático, puede caer en una suerte de mesianismo que bien la puede terminar acercando a consolidados megalómanos como el propio Uribe y Gustavo Petro Urrego. Ese es un riesgo que puede evitar si no morigera su discurso y la forma como está buscando el respaldo popular.

De otro lado, los sectores conservadores, godos y homofóbicos muy seguramente usarán su identidad sexual para torpedear  su aspiración presidencial. En particular, me parece que este asunto no debería de ser un asunto público (político), pero estamos en Colombia, de allí la necesidad de exponerlo en esta columna, como un elemento que puede jugar en contra de su proyecto político con el que busca llegar a la Casa de Nariño.

Eso sí, la senadora por la Alianza Verde[5] exhibe una enorme deuda con el pensamiento  y el activismo ambiental en la medida en que dicha colectividad  “es una débil fuerza política que internamente exhibe muchas dudas como proyecto ideológico y político, especialmente porque en materia ambiental no tiene un discurso que sirva, por ejemplo, para respaldar conceptualmente la discusión sobre los graves efectos que viene generando la locomotora minera en zonas biodiversas[6].  Desconozco actividades de seguimiento y vigilancia del partido Alianza Verde de y sobre la ejecución de los proyectos minero-energéticos implementados en los gobiernos de Uribe y de Santos, claramente insostenibles desde una perspectiva socio ambiental.

Desconozco, igualmente, actos y asuntos que hagan pensar o que puedan poner sobre los hombros de la Senadora, sombra alguna asociada a la corrupción política. Sin embargo, su cercanía al proyecto político y al propio Alcalde Mayor de Bogotá, alcanza a poner un manto de duda sobre su discurso.  Con todo y lo anterior,  Claudia López es hoy una opción real de poder, sin desconocer los puntos ya señalados,  que no le favorecen en su legítima aspiración para ocupar el Solio de Bolívar.




Imagen tomada de las2orillas.com.co


Nota: esta columna fue reproducida por el Semanario Virtual Caja de Herramientas, edición 535, de marzo de 2017. http://viva.org.co/cajavirtual/svc0535/articulo04.html



[1] Las directivas del diario EL TIEMPO, cuando perteneció a Planeta, le quitaron el espacio a Claudia López por haber criticado al periódico por los tratamientos noticiosos dados al escándalo por la corrupción dentro del programa Agro Ingreso Seguro. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2009/10/eltiempo-un-diario-oficial.html

[5] Antes de la fusión de Progresistas con el Partido Verde, esta última colectividad jamás se erigió como un partido de corte ambientalista.

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