NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

viernes, 28 de abril de 2017

¿Qué hacemos con los violadores y asesinos de niñas y mujeres?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con cada caso que los Medios masivos registran de violaciones, abusos y muertes de menores y de mujeres, desde diversos sectores de poder y de la opinión pública se vuelve a la propuesta de aumentar las penas, o establecer la  cadena perpetua, e incluso, se insiste en la pena muerte, a pesar de su prohibición constitucional.

Las violentas reacciones se explican, en parte, porque la prensa hace tratamientos noticiosos espectaculares, novelados, dramáticos y dramatizados, que resultar  irresponsables porque alimentan el sentido vindicativo de las propuestas para castigar a los  perpetradores de crímenes y abusos cometidos contra niñas y mujeres. No se trata de esconder unos hechos oprobiosos, violentos e inaceptables, de lo que se trata es de poner en contexto esos hechos, con el propósito de que el registro de la Prensa vaya en la dirección de analizar lo sucedido y de proponer cambios que no necesariamente pasan por la sanción penal (cárcel). Y allí fallan en gran medida los periodistas y los Medios, en la medida en que siguen informando desde la perniciosa y acomodaticia lógica de los llamados criterios de noticiabilidad.

Mientras se consolidan y de desbocan los discursos colectivos que alimentan ese carácter vindicativo con el que mucha gente reacciona, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Estado en su conjunto, como la sociedad en general, pasan de agache ante la tarea urgente de prevenir hechos de violencia contra las menores y las mujeres, como le correspondería asumir al ICBF, y la conversión cultural  que debemos agenciar todos para “desmasculinizarnos” en aras de abandonar las maneras como asumimos de tiempo atrás lo femenino, el cuerpo de la Mujer y la Mujer misma.

Justamente las reacciones apasionadas[1] y profundamente soportadas en la necesidad de vengar estos crímenes, impiden señalar responsabilidades institucionales y culturales (societales), en el contexto de una sociedad machista y de un ordenamiento cultural en el que la idea de Macho se impone sobre una realidad inocultable: se hace- debe hacerse- sobre la inexorable dominación de la Mujer, de su cuerpo y de lo Femenino.

Que se debe hacer algo ante los casos permanentes de abusos contra menores y mujeres, por supuesto, pero primero debemos comprender muy bien cada historia, los protagonistas, victimarios, y rechazar los dispositivos culturales y el discurso publicitario que cosifica a la Mujer y señalar, sin ambages, la institucionalidad que no funcionó en cada caso de feminicidio o violación y maltrato a menores de edad.

Frente al establecimiento de la cadena perpetua, hay que señalar que el sistema penitenciario en Colombia y el funcionamiento de las cárceles[2] están soportados en un ethos mafioso que no solo le resta legitimidad moral a los presidios, sino a la institucionalidad que hay detrás.

No podemos, como sociedad que quiere castigar a los violadores, validar las precarias e ignominiosas condiciones en las que viven los presos y sindicados en las cárceles estatales. El hacinamiento y la corrupción al interior de los penales es un claro indicador de la incapacidad del Estado para resocializar a quien cometió crímenes y violó la ley. Todos sabemos que se “alquilan” baños, camas y celdas y que dicho negocio está en manos de jefes de bandas criminales y paramilitares. Y todo a la luz del INPEC y del resto de las autoridades.

Así entonces, la cárcel, como institución moderna de control y de disciplinamiento social, para  el caso colombiano, resulta nociva. Las cárceles colombianas son verdaderas escuelas del crimen y en el mejor de los casos, centros en donde los sectores que demandan castigos y penas ejemplarizantes para los violadores, encuentran total satisfacción ante las crueles y humillantes  condiciones en las que sobreviven los penados. De esta forma, se consolida  el sentido y el carácter vindicativo de la ley y del derecho penal. Y esto poco aporta a la resocialización de aquellos que violan la ley y maltratan a la sociedad y en particular, a la Mujer. 

¿Qué “soluciones” hay distintas  a la cárcel? A varios ciudadanos les he escuchado la propuesta de la llamada castración química. Y la proposición la justifican al señalar que ante la incapacidad de esos Machos (Hombres) de manejar, "administrar", dominar o encausar sus impulsos sexuales, la disminución de la libido podría impedir la comisión de nuevos crímenes y vejaciones y quizás, al hacerse pública la castración química, la medida sirva como una forma de ahuyentar a los Machos proclives a cometer este tipo de delitos.

En cualquier caso y  mientras  el “indolente” Congreso asume la tarea de cambiar parte del ordenamiento jurídico para castigar estos hechos y conductas punibles, lo que debemos hacer como sociedad es superar el carácter vengativo que acompaña a las penas y con el que se asume socialmente a la cárcel, en aras de avanzar hacia la comprensión de las circunstancias culturales e institucionales que legitiman y facilitan la comisión de dichos delitos, en el contexto de una sociedad Machista que ética y moralmente se soporta en la idea del Gran Macho que todo lo domina, incluyendo, por supuesto, a las Mujeres. De igual manera, comprender aquellas circunstancias que sirven para “ocultar” o maquillar las conductas de todo tipo de Hombres (de todos los estratos) que son proclives a violentar a las mujeres y a las niñas, pero que la sumisión femenina y la cultura dominante no permiten advertir, denunciar o señalar.

Mientras pasa la efervescencia mediática y social, le corresponde al ICBF, en coordinación con otras instituciones del Estado, establecer planes y acciones preventivas que coadyuven a proteger a las mujeres[3] y a las niñas de una desbocada, enfermiza  y peligrosa masculinidad asociada, claro está, a las prácticas y a los discursos de esos Machos que sociedades machistas como la nuestra,  reproducen y legitiman.

martes, 25 de abril de 2017

EL ASOMBRO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social – periodista y politólogo

Detrás de los exaltados, sentimentales y violentos rechazos a los crímenes que a diario se producen en Colombia contra mujeres y  niñas, se advierte una suerte de sorpresa en sectores de la opinión que juzgan como inaceptables y por supuesto, como oprobiosos dichos crímenes.

Por supuesto que estas prácticas criminales son repudiables. Pero detrás de las violentas reacciones sociales frente a violaciones de menores y feminicidios acaecidos recientemente en Colombia,  se insinúa cierto nivel de asombro, cuando en la historia misma de la humanidad hay suficientes ejemplos de la capacidad del ser humano para violentar a sus semejantes. Eso sí, por ser histórica su naturalización resulta no solo inaceptable, sino que debe ser proscrita a través de eficaces procesos de civilización.  

No quiero decir que la ocurrencia  de estos casos de violencia física y simbólica nos lleve a la inacción y al mutismo generalizado de la sociedad. No. Por el contario, sobre el rechazo y la sanción sociales de estos crímenes y vejaciones a niñas y mujeres debemos insistir en la consolidación de procesos civilizatorios, con la esperanza de que algún día cesen los crímenes contra mujeres y menores de edad.

Lo que no se puede perder de vista es que detrás de los victimarios está una condición humana que deviene perversa, maliciosa, retorcida y proclive a someter y maltratar a los Otros, en especial, a las mujeres y niñas.

Esas formas extremadamente violentas con las que son violadas niñas y asesinadas mujeres, terminan por soslayar la discusión sobre formas sutiles y casi que invisibles de violencia contra estas: el discurso publicitario, por ejemplo, las cosifica y las convierte en un atractivo objeto de consumo y potencial conquista[1] (adquisición). En esa línea, la violencia contra las mujeres deviene sistémica y relacional con las condiciones en las que operan disímiles formas y manifestaciones del Poder.

Los recientes feminicidios y los abusos y crímenes de menores como Yuliana Samboní,  están instalados en lo que se conoce como Violencia Cultural (Galtung), auspiciada y legitimada por el discurso publicitario, arraigado en una sociedad machista, masculinizada y masculinizante, como la colombiana, que asegura la pérdida del valor ancestral de lo femenino.

Habría que examinar muy bien las conexiones que pueden existir y darse entre los deseos sexuales reprimidos de los victimarios, la valoración cultural que la sociedad hace de la Mujer, de su cuerpo y de lo femenino, y la abundancia de mensajes publicitarios en donde la mujer se ofrece como un objeto sexual que puede ser tomado, hurtado o poseído.

Ojalá que ante los próximos casos de feminicidios y violencia sexual contra menores de edad que se produzcan en el país,  la capacidad de asombro no se circunscriba al rechazo de los hechos punibles y a la demonización de los actores, sino que se extienda de tal manera, que los estupefactos ciudadanos y agentes estatales sean capaces de reconocer las circunstancias contextuales (relacionales y sistémicas) que muy seguramente coadyuvan a que los victimarios actúen con cierta complacencia cultural ante el evidente desprecio de lo femenino, de la Mujer, y de las niñas, en especial cuando sobre estas recaen condiciones de marginalidad.  

Lo que nos debe asombrar no es el crimen y las técnicas usadas por los victimarios, pues la posibilidad de su ocurrencia está sujeta a la misma perversidad de la condición humana, en especial al lugar que cada victimario le da a la mujer, a lo femenino y al cuerpo.  Lo que debemos comprender y rechazar con inusitada fuerza son los mecanismos y dispositivos culturales que la sociedad aprueba, usa, aplica, consume  y legitima a diario (Violencia Cultural), para someter a las mujeres y a las niñas. Cuando hagamos conciencia  de esto, quizás el asombro individual se torne colectivo y logremos exigir que se modifiquen y erradiquen las condiciones contextuales (Violencia Estructural, Galtung)) en las que suelen sobrevivir mujeres y niñas pobres, violadas y asesinadas no solo por su género, sino porque sus vidas son consideradas despreciables e indignas, y por lo tanto, insignificantes para las lógicas de los potenciales victimarios.





Imagen tomada de Eltiempo.com

LAS APUESTAS DE TIMOLEÓN JIMÉNEZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

El respaldo que la dirigencia fariana ofreció recientemente al régimen de Nicolás Maduro Moros y a la revolución bolivariana, definirá, sin duda, el futuro político del partido que nacerá y recogerá las banderas de las Farc una vez se consolide su desmovilización y la dejación de las armas.

En reciente columna[1] llamaba la atención tanto a las Farc, como al resto de los sectores de la variopinta y fragmentada Izquierda colombiana, en el sentido en que lo que viene aconteciendo en Venezuela debería discutirse en el país dada la coyuntura preelectoral que se vive y el cercano escenario electoral de 2018. Discusión que debería de tener como objetivo central enfrentar el fantasma del “castrochavismo” que la Derecha colombiana creó y con el que lograron el apretado triunfo en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Es apenas evidente que ese mismo espectro o duende, será utilizado en las elecciones de 2018 para que sectores de la Derecha no afectos al proceso de paz con las Farc, busquen alcanzar el poder y de esta manera atacar el proceso de implementación del Acuerdo Final (II).

Sin demora alguna, las Farc expresaron su opinión sobre lo que viene aconteciendo en Venezuela: “En medio de semejante confusión creada desde las alturas del gran capital y la tierra, las FARC no podemos guardar silencio en aras de ganar simpatías. Respaldamos a Nicolás Maduro Moros y la revolución bolivariana, denunciamos la embestida criminal de que son víctimas, llamamos al pueblo colombiano a no dejarse engañar. Urge buscar otras alternativas para informarse. Ninguna obra humana es perfecta y seguramente que pueden haberse cometido errores, que pueden repararse y superarse. Pero no son la corrupta oligarquía colombiana ni sus aparatos de opresión los llamados a dar lecciones de democracia y decencia, cuando han generado en nuestro país un caos mucho mayor y lo dominan mediante un baño de sangre popular permanente.”[2]

El sentido de lo expresado por las Farc puede leerse desde dos perspectivas: la primera, que dicho respaldo al régimen de Maduro Moros indica que hay una total coincidencia ideológica y política entre el proyecto político[3] fariano y la llamada revolución bolivariana que auspició el entonces Coronel, Hugo Rafael Chávez Frías[4], la misma que Maduro intenta mantener a flote con muchas dificultades, en especial, por su reducido carisma. Y la segunda, que el espaldarazo al actual Gobierno venezolano es un claro indicador de que a las Farc no les preocupa el poder intimidante que el fantasma del “castrochavismo” demostró en el plebiscito del 2 de octubre.

Aunque las Farc reconocen que en la instauración del socialismo en Venezuela se hayan cometido errores reparables, el tono del texto con el que respaldan a Maduro en la difícil coyuntura que enfrenta, da muestra de unas Farc convencidas de que podrán cambiar el modelo económico y político en Colombia en el mediano plazo, a través del triunfo electoral en específicas regiones del país, para luego extenderlo por otras regiones, hasta llegar a la Casa de Nariño. 

No se trata de ganar simpatías como lo señala Timoleón Jiménez en su texto. De lo que se trata es de examinar a fondo la viabilidad de un modelo político y económico que no está garantizando el bienestar y la felicidad de todos los venezolanos. Es un enorme error político pretender gobernar para los sectores históricamente marginados por la vieja oligarquía “blanca” de Venezuela, en contravía de los intereses, deseos y aspiraciones de las otras capas sociales. 

Está probado que si la producción económica decae, el sostenimiento de las políticas de bienestar social (respaldadas en subsidios y con un espíritu asistencialista) terminarán reventando fiscalmente al Estado. Fundar y mantener las políticas sociales con los recursos económicos cosechados por la venta del petróleo, es una decisión de política económica que  hace vulnerable e incluso inviable el proyecto social y político que encarna lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI.

Insisto en que las Farc deberían de atender las críticas y recomendaciones que en particular hizo Pepe Mujica, sobre lo que el ex presidente uruguayo considera como estatismo y que en Venezuela insisten en llamar socialismo.

Es un equívoco montar un régimen político y cambiar el modelo económico para suscitar el abandono masivo de sectores poblacionales que en esas nuevas circunstancias, no encuentran cómo anclar sus aspiraciones y proyectos de vida. No es sobre la estampida de cientos de miles de ciudadanos abocados a dejar su país, como se reconstruye lo que el capitalismo salvaje y el recetario neoliberal degradaron, afectaron o dañaron en Venezuela.

Alcanzar el poder político para perseguir, estigmatizar, golpear, apresar y asesinar tal y como históricamente lo ha hecho la Derecha tanto en  Venezuela como en Colombia, confirma el perverso espíritu libertario que aún anima a sectores de la Izquierda, afines con el pensamiento de las Farc.

Craso error el que comete Timoléon Jiménez al respaldar al régimen venezolano sin advertir y evidenciar los errores y por qué no, los crímenes cometidos por quienes están convencidos de defender a dentelladas el gobierno de Nicolás Maduro.   

Eso sí, no se puede desconocer que sobre Venezuela recaen y sobrevuelan disímiles intereses corporativos internacionales asociados a los intereses de una vieja y corrupta oligarquía que fue derrotada por el proyecto populista y de reivindicación étnica de Chávez Frías. Como tampoco se puede negar que desde Colombia, a través de los noticieros RCN y Caracol, esos intereses han logrado promover la confusión y la desinformación. Pero no se puede negar que subsisten problemas en la consolidación de un proyecto socialista que parece seguir el camino trazado por el viejo modelo socialista de la extinta URSS. Si es así, la implosión del modelo venezolano estaría cerca. 



viernes, 21 de abril de 2017

EL PUEBLO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

Manoseada por todo tipo de regímenes, líderes políticos y religiosos, y de falsos profetas mimetizados como candidatos a cargos  de elección popular, la nomenclatura Pueblo ha sobrevivido a la historia misma de la Humanidad, que deviene violenta y esquizofrénicamente soportable y atractiva.

El carácter universal  del vocablo Pueblo, facilita la confluencia en este, de todo tipo de tendencias, gustos, aspiraciones, y por supuesto, reivindicaciones sociales e identitarias, surgidas todas de la inmensa complejidad del ser humano y de la insistencia de que podemos vivir juntos.

Los regímenes socialistas y los marxistas hablan del “poder popular” para dar sentido y vida política a una vieja aspiración ideológica: el Estado para el Pueblo. En los regímenes  capitalistas el llamado al Pueblo  no necesariamente se hace para desmontar las condiciones que imponen la burguesía y el modelo económico vigente. Cuando se pide el apoyo popular se hace para mantener las condiciones históricas de dominación. Cuando un político, candidato a la Presidencia o a cualquier otro cargo de elección popular enarbola  los intereses del Pueblo para pedir el desmonte de un histórico orden establecido y consecuentemente del sistema económico y político, casi que asistimos a una propuesta de revolución popular. Revolución que de triunfar, seguirá manipulando al Pueblo que la respaldó y dará la oportunidad para que del otro lado nazca ese otro Pueblo que se opone.

La historia misma de la Humanidad nos enseña que la categoría o el término Pueblo es polifónica y maleable, y por lo tanto, generadora de confusiones y manipulaciones. Miremos dos casos recientes y cercanos  geográfica, política y culturalmente para ver lo difuso que puede llegar a ser dicho concepto, así como su interesado uso a través de arengas y discursos que a pesar de sonar todos lógicos y coherentes, esconden la complejidad humana y sobre todo, las disímiles  incoherencias en las que solemos caer los seres humanos cuando la lucha por el poder concentra nuestros propósitos de vida.

El primer caso tiene como protagonista al ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Cuando fungió como Presidente, propuso en diversos escenarios que Colombia debería de hacer el tránsito de un Estado Social de Derecho, a un Estado de Opinión[1], en el que el Pueblo decidiera, junto al Gobierno, el futuro del conjunto de la sociedad. Eso sí, la idea de Pueblo que tenía Uribe estaba sujeta  y reducida a lo que pensaban  “ciudadanos” agradecidos o beneficiados con específicas políticas públicas (los que tenían finca y  pudieron volver a estas, gracias a la Seguridad Democrática), o por las decisiones de “democracia directa” que adoptaba en los Consejos Comunales de Gobierno en donde fungió como el Gran Capataz, deslegitimando el poder de alcaldes y gobernadores.  

El Pueblo que apoyaba en ese entonces al hoy senador Uribe Vélez, se circunscribía al pulso que tomaban las empresas encuestadoras a la llamada opinión pública, la misma que devenía seriamente contaminada de y por los perniciosos tratamientos periodístico-noticiosos que por esa época la Gran Prensa hacía de los hechos que guardaban relación directa o indirecta con la gestión de quien hizo todo para reelegirse, con la clara intención  de imponer su proyecto neoconservador, en lo social y cultural, y en lo económico, el bien aprendido recetario  neoliberal.

En aquella época se habló de un Pueblo que adoraba a Uribe: nueve millones de votantes. El resto, por supuesto (un poco más de 33 millones),  quedó al margen de ese Pueblo elegido -y elector- que con el concurso de los medios masivos de información[2], convirtieron a Uribe Vélez en “el mejor Presidente de Colombia”, y que además lo llevaron a ser considerado como irremplazable, hasta el punto que él mismo habló de una hecatombe[3], si no se aseguraba su continuidad en el poder.

El otro caso tiene como protagonista a Venezuela y su compleja situación. Allá, en el país vecino, el carácter universal de la nomenclatura Pueblo alcanzó tal estiramiento, que hay dos Pueblos virtualmente enfrentados: de un lado, el pueblo bolivariano, compuesto por seguidores agradecidos, como súbditos, con aquel Coronel que les dio la identidad que la pobreza, la marginalidad y una élite “blanca” y corrupta, les negó por años y años. Esos mismos “ciudadanos”, que a pesar de la muerte de Chávez Frías, mantienen su interesado apoyo a quien heredó las banderas y la “revolución bolivariana” y que al parecer le quedó grande mantener el proyecto político bolivariano tal y como lo pensó y ejecutó Hugo Rafael Chávez Frías.

Los miembros de ese otro Pueblo que existe en Venezuela, llevan sobre sus espaldas la pesada lápida que el Establecimiento  les puso a cada uno de esos venezolanos- algunos chavistas y el resto clase media y burgueses- con un epitafio que huele a muerte: Oposición y enemigos de la Patria chavista, bolivariana o “madurista”.

Los líderes de la Oposición al régimen de Maduro agitan e izan las banderas de ese Pueblo que dicen representar. Mientras tanto, Nicolás Maduro, con todo el poder represivo del Estado, el apoyo de los Militares y la chequera petrolera con la que compra conciencias a través de subsidios y el discurso populista que deviene investido de reivindicación étnica y social (lucha de clases), desconoce a ese otro Pueblo, cuyos miembros los considera apátridas, traidores y por lo tanto, enemigos.

Todas las luchas por el Poder, en la especie y condición humana, están profundamente ligadas a la “necesidad” de imponer sobre los demás, nuestras ideas y proyectos de vida individual. El sentido de lo colectivo es solo una débil manta con la que los líderes políticos, de izquierda y derecha, cubren la difícil aspiración humana de vivir en sociedad.

Por lo anterior, cada quien construirá la idea de Pueblo que mejor le convenga para el ejercicio del poder y cada quien se incluirá en la problemática nomenclatura, de acuerdo con su capacidad para luchar, primero, por sus propios intereses y luego quizás, decida continuar luchando por los intereses colectivos.

En todos los Pueblos, por supuesto, confluyen intereses de todo tipo, pero también miedos, arrogancia, ignorancia, débil sentido  común y el carácter gregario  de todos y cada uno de sus miembros. De allí la facilidad de su manipulación por líderes, especialmente, aquellos Mesiánicos, como Uribe y Maduro, que se asumen como Salvadores. Pobres pueblos.  




jueves, 20 de abril de 2017

EL 502

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

La inclusión del ministro de la defensa o de su delegado en el Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica (CNMH) genera todo tipo de suspicacias, críticas[1] y miedos alrededor de los lineamientos y la independencia que en adelante tendrá dicho organismo para investigar y relatar todo lo que permita conocer la Verdad de lo acontecido en estos años de guerra interna.

Es claro que el Decreto 502 del 27 de marzo de 2017, que permite la participación de un delegado del ministerio de la Defensa en el consejo directivo del CNMH es fruto de las presiones y concesiones a las que se ha visto abocado el Presidente en su calidad de Jefe de Estado y supremo comandante de las Fuerzas Armadas, no solo para dar contentillo a esos sectores del Establecimiento que con dificultad y no pocos reparos  aceptan las nuevas realidades y escenarios políticos que crea el Acuerdo Final (II), sino para contener o disipar cualquier intento de que se produzca un “ruido de sables” al interior de la Fuerza Pública, en particular, cuando empiecen a operar los organismos responsables de construir y de re-construir la verdad de los hechos relacionados con el devenir del conflicto armado interno.

Informes como ¡Basta ya! (2013) no fueron del total agrado en los sectores de poder político, social y militar acostumbrados a deslegitimar la lucha armada, al tiempo que reconocen y otorgan una “naturalizada” legitimidad estatal, con la que hábilmente ocultan las prácticas dolosas  y criminales que comprometen a miembros de las élites política y empresarial  de Colombia y por supuesto, a quienes han orientado a las fuerzas armadas en la tarea de enfrentar a las guerrillas.

Con lo establecido en el Decreto 502 se abre la posibilidad para que en las investigaciones e informes que el CNMH vaya a producir y divulgar, se “cuelen” el espíritu de cuerpo y el honor militar, con la clara intención de matizar las prácticas fraudulentas y ocultar delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, así como disimilar las posibles actitudes negligentes e interesadas que permitieron extender en el tiempo la confrontación armada dada la “incapacidad operativa” para derrotar militarmente al enemigo interno, a pesar del enorme presupuesto orientado al gasto militar, a la asesoría técnica prestada por los Estados Unidos y al mejoramiento en equipos, garantizado, por ejemplo, con los recursos del Plan Colombia.  

Lo que esperamos los colombianos que se dé al interior del consejo directivo del Centro de Memoria Histórica, es un diálogo simétrico entre sus miembros, para que dicho organismo no termine validando lo que la Historia Oficial ha relatado alrededor de lo acontecido con el conflicto armado interno y las circunstancias objetivas, estructurales y coyunturales que hicieron posible el levantamiento armado en los años 60, así como su extensión en el tiempo, escalamiento y degradación[2].

Y para que ese diálogo se dé en condiciones de simetría y respeto, el representante del estamento militar deberá llegar con la mente abierta a recibir todo tipo de lecturas alrededor del papel que las fuerzas armadas desempeñaron en estos largos años de confrontación armada. No puede el ministro de la Defensa y/o su delegado llegar a las discusiones sobre las perspectivas en las que se producirán los informes del CNMH, con la tozudez de quienes han defendido el honor militar, a pesar de las claras evidencias de que varios oficiales y suboficiales tergiversaron y retorcieron[3] el sentido de la misión institucional de defender el Estado y a sus asociados, de la amenaza subversiva.

En esa línea, comparto el editorial de El Espectador, al señalar que “la Fuerza Pública debe entender y participar en los procesos que expliquen su responsabilidad en la comisión de delitos sin sentirse ofendida o atacada. Nadie está dudando de su aporte al país, pero eso no borra que haya relatos pendientes por contar. Especialmente cuando el trabajo de construcción de memoria en Colombia ha permitido que, por fin, en los últimos años conozcamos más sobre hechos lamentables. Y todavía nos falta mucho por conocer[4].

Una manera para enfrentar los miedos y reparos que ya existen alrededor del señalado Decreto 502, es ordenar la desclasificación de informes de inteligencia y de operaciones de los organismos de seguridad del Estado y las mismas operaciones militares, en especial las más controvertidas, delicadas y contundentes. Ello ayudaría sin duda a despejar dudas y a generar un clima de confianza no solo al interior del consejo directivo del CMH, sino en la academia, y en las asociaciones de víctimas y en los sectores sociales interesados en estos asuntos.

Habrá que esperar qué sucede en adelante, en especial en las elecciones de 2018[5], que serán determinantes no solo para asegurar una eficaz, eficiente y efectiva implementación del Acuerdo Final (II), sino para aclimatar la paz, en un escenario político que deviene polarizado por la acción política e ideológica de Uribe Vélez, de su movimiento político el Centro Democrático, en representación de los sectores de poder militar, político, económico y mediático que se oponen a la pacificación del país y a las transformaciones no estructurales que se pactaron en La Habana.

La real autonomía del CNMH también estará en juego en las elecciones de 2018. Si a la Casa de Nariño llegase un presidente con el talante de Ordóñez o de Vargas Lleras, lo más probable es que las posturas de estos personajes, frente al conflicto armado y en particular frente a lo acordado en Cuba, terminarían afectando el trabajo independiente del CNMH.


Nota: esta columna fue reproducida en el portal Con la Oreja Roja: http://conlaorejaroja.com/la-independencia-del-centro-de-memoria-historica-esta-en-juego/




Imagen tomada del CNMH.


[2] En el Decreto se lee lo siguiente, a propósito de la degradación de la confrontación armada: “Que para la realización de estas funciones, se hace necesario incluir al Ministro de Defensa en la composición de dicho Consejo Directivo, pues la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas y a comprender las dinámicas institucionales y las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, y aporten a la reconstrucción de la verdad histórica ya evitar la repetición de los hechos” .

domingo, 16 de abril de 2017

Dignidad y posverdad

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

La sonada visita que los ex presidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango le hicieron al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, deja en claro varios asuntos políticos y culturales: 1. Es evidente la indignidad que exhiben estos dos remanentes del Frente Nacional, al salir corriendo al gran país del Norte a desprestigiar el Acuerdo Final (II) firmado por Santos y la cúpula de las Farc. 2. Estas dos morrallas del Establecimiento buscan reducir el apoyo internacional que países de Europa le han brindado al Proceso de Paz con esa guerrilla, a los intereses de los Estados Unidos, hoy representado en el gobierno del republicano Donald Trump. 3. La acción política de los dos señalados carcamales expresa con claridad el nivel de polarización política que vive el país en torno a dos  dicotomías: Paz-Guerra y Santos-Uribe. 

La primera, arraigada en los viejos intereses de los señores de la guerra representados por el Senador y propietario del Centro Democrático (se trata de una micro empresa electoral) y el hijo de Misael Pastrana (líder del insepulto Partido Conservador); y la segunda, que deviene engañosa y falsa, pero que tiene el suficiente respaldo mediático y social para que el negativo líder político antioqueño continúe con su objetivo de recuperar el poder sobre la base de divulgar mentiras (posverdad), al tiempo que intenta ocultar la corrupción política que auspició durante sus ocho años (compra de su reelección, falsos positivos y chuzadas del DAS) y su combativo pasado en el que es señalado, por varias entidades internacionales, entre ellas una norteamericana, y, nacionales, como responsable de actividades de narcotráfico (Narcotraficante número 82[1]), paramilitarismo y masacres como la del Aro[2] (en su calidad de Gobernador del Departamento de Antioquia). Y 4. El evidente descuido del Gobierno de Santos, al no advertir en el polarizado panorama político nacional, el paso que acaban de dar los dos señalados ex mandatarios.

Sobre el primer asunto, huelga decir que si por algo se caracteriza la clase política y dirigente de Colombia, es por su falta de dignidad. Como Presidentes, Pastrana y Uribe fueron incapaces de asumir posturas responsables en materia de diplomacia, soberanía estatal y autonomía. Por el contrario, alejados de cualquier acción propia del multilateralismo, actuaron con total genuflexión ante varios gobiernos de los Estados Unidos, reduciendo la viabilidad económica del país y la solución política o militar al conflicto armado interno, a la mirada interesada del gran país del Norte. Primero fue Pastrana con el Plan Colombia y luego Uribe con su Plan Patriota, que significó la “naturalización” del plan militar que heredó de Pastrana Arango.

En cuanto al segundo asunto, Uribe y Pastrana intentan torpedear y reducir el apoyo y el acompañamiento internacional que ha recibido el proceso de paz con las Farc, a la compleja política exterior de los Estados Unidos, en especial hoy que nuevamente esa potencia militar insiste en mantenerse como el gran y único Policía del Mundo.

En lo que respecta al tercer asunto, estos dos incansables "viudos" del poder insisten en polarizar aún más el país, de cara a las elecciones de 2018[3]. Su estrategia no solo busca el apoyo del controvertido, inestable, megalómano y peligroso mandatario norteamericano, sino el respaldo de los cientos de miles de colombianos que viven en los Estados Unidos y que siguen engañados por el poder discursivo de este megalómano líder y por las verdades a medias que el noticiero RCN[4] viene divulgando en torno al Acuerdo Final con el que se puso fin a un degradado conflicto armado interno, al tiempo que sigue ocultando  el pasado oscuro y tenebroso  del ex presidente antioqueño.

Y por último, los errores cometidos por el Gobierno de Santos en las estrategias de divulgación y pedagogía de la paz,  el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, así como el débil respaldo del conjunto de la sociedad civil al proceso de implementación de lo acordado en La Habana, explican, sustentan y dieron alas a Uribe y Pastrana para emprender a su modo, la “avanzada diplomática” en nombre de los sectores de poder económico, político, social, mediático y  militar que se oponen a la pacificación del país y a la construcción de escenarios de posconflicto.

Estos dos líderes de la posverdad, cuentan con el respaldo de millones de desinformados e ignorantes y el apoyo  de actores de la sociedad civil, interesados en continuar beneficiándose de la guerra, de la pobreza y de la corrupción política.


Adenda: horas después, la cadena CNN en español, informó que el diálogo entre los ex presidentes Uribe y Pastrana no se dio y que lo acontecido se redujo a un encuentro casual (un saludo) en un restaurante privado al que suele asistir el presidente de los EE.UU. De confirmarse la versión de la cadena informativa, semejante mentira confirma a estos dos momios de la política colombiana como los líderes de la posverdad.


Imagen tomada de Semana.com


domingo, 9 de abril de 2017

LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO (IN) SOSTENIBLE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social – periodista y politólogo

Lo acaecido en Mocoa se puede calificar como una tragedia socio ambiental cuyo análisis y comprensión inicial debe partir de reconocer que el desarrollo planteado en la región que se extiende a lo largo y ancho  del valle del Sibundoy, y por supuesto, el que impera en otras regiones del país, resulta social y ambientalmente insostenible.

Para el caso colombiano, el desarrollo deviene insostenible al revisar varias dimensiones y los elementos constitutivos de cada una de estas. La primera dimensión de ese desarrollo proclive a generar, facilitar y dar la dimensión de catástrofe  a eventos que bien podrían minimizarse sus estragos al estar asociados a “causas naturales” y al Cambio Climático, tiene que ver con la Institucionalidad Estatal

En esta encontramos elementos que dan cuenta de la desidia de funcionarios públicos, como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y jefes de planeación en los órdenes local y regional, que han permitido de diversas maneras que la institucionalidad pública sea cooptada y capturada por particulares poco interesados en dar cuenta de aquello que debería de ser connatural a la función pública: la búsqueda del Bien Común. Lo anterior sucede gracias a los débiles, poco eficientes y efectivos organismos de control, como Contralorías y Procuradurías. En general, estamos ante una enorme precariedad del Estado e incluso ante su inexistencia, en parte gracias al sempiterno centralismo bogotano.

La segunda dimensión con la que podemos caracterizar el desarrollo insostenible está íntimamente ligada a la primera: la Institucionalidad Privada, que para el caso colombiano, resulta de una vigorosa acción política y económica de actores y agentes de la sociedad civil a los que poco o nada les interesa la búsqueda de un desarrollo que no supere los límites de resiliencia de los ecosistemas naturales  y el cumplimiento de las normas técnicas y los marcos legales existentes en la normatividad ambiental.  

Exhiben aquí su poder económico y político disímiles asociaciones y organizaciones locales y por supuesto, multinacionales capaces de anular, revertir, atrasar o disponer de la acción estatal, cuando sus particulares intereses entran en conflicto con organizaciones sociales (de campesinos, afros e indígenas), e incluso, con los propios intereses económicos  de funcionarios públicos que dentro del Estado agencian los negocios (ethos mafioso) de otros particulares o agentes de esa sociedad civil que promueven un desarrollo proclive a generar y permitir eventos y catástrofes como la que hoy enluta a esa parte de Colombia que al parecer sigue haciendo parte de eso que se conoció como los Territorios Nacionales, para indicar la lejanía identitaria, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo económico, con la “identidad nacional” anclada exclusivamente a la acción y en el poder administrativo del Estado central (Bogotá).

Una tercera dimensión atraviesa transversalmente a las dos anteriores: el ejercicio mafioso de la Política. Los elementos constitutivos de esta dimensión son el clientelismo, el incumplimiento de las funciones de autorización, vigilancia y control de los agentes del Estado responsables de la planeación en los ámbitos rural  y urbano, así como de la ejecución de obras y de todo tipo de actividades antrópicas como la ganadería, minería (legal e ilegal), exploración de hidrocarburos y crecimiento urbanístico y desplazamiento forzoso, entre otros, presentes en lo sucedido con la avalancha que casi arrasó por completo al desordenado y mal planeado municipio de Mocoa, capital del departamento del Putumayo.

Una cuarta dimensión legitima y ampara las actividades estatales y privadas, así como la inacción del Estado: el Modelo Económico de Desarrollo Extractivo. Los elementos de esta dimensión advierten un claro descentramiento de la Política por la fuerza de la Economía de Mercado, en el contexto de un “capitalismo salvaje” que se sirve de la débil institucionalidad estatal promovida desde las huestes de unos vigorosos, pero irresponsables actores y agentes de la sociedad civil que, articulados a  la reprimarización de la economía, a la extranjerización de la tierra y al crecimiento de ciudades como centros de poder económico y político, garantizan un desarrollo insostenible a expensas de territorios rurales y ecosistemas naturales estratégicos (selvas, llanuras y subsistemas hídricos).

Y la quinta dimensión es la Cultura Dominante que, resultado de los valores socio ambientales que se desprenden de la lógica económica extractiva, de la arrogancia antropocéntrica, de la equivocada acción estatal y de la incomprensión en todas las esferas de poder, desconoce el papel que debe cumplir el Estado como un tipo de orden sobre el que recae la responsabilidad de garantizar un desarrollo que no agote o sobre explote los recursos naturales, que no genere peligrosos desequilibrios ecosistémicos y especialmente, que reduzca las condiciones de un Buen Vivir a unos pocos privilegiados que cuentan con el suficiente poder político (ethos mafioso) y económico para someter  la institucionalidad estatal.


Al cruzar estas dimensiones en los análisis que ya se están haciendo sobre lo acaecido en Mocoa,  la  conclusión podría ser la siguiente: Colombia está lejos de diseñar y garantizar regiones sostenibles al mantener un modelo de desarrollo extractivo que solo beneficia a los más poderosos, gracias a una pujante y corpulenta acción privada,  garantizada por un Estado débil y precario, operado por funcionarios públicos indolentes e irresponsables. Todo lo anterior, sistémicamente articulado a la cosmovisión dominante con la que se viene comprometiendo la vida de los más humildes, la función pública y el equilibrio de los ecosistemas naturales. Hoy fue Mocoa, mañana podrá ocurrir en otro lugar. Esa es una de las “virtudes” del desarrollo  (in) sostenible. 



Imagen tomada de El Espectador.com

jueves, 6 de abril de 2017

¿PALACIO A LA JEP?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

Permitir que los casos de Diego Palacio y los de otros ex funcionarios de la administración de Uribe Vélez lleguen a la JEP, es facilitarle el trabajo que el Centro Democrático (CD) y otros sectores de poder emprenderán para deslegitimar dicha jurisdicción, reduciendo su origen y talante eminentemente jurídico, a un carácter político.

La probada compra de la reelección presidencial que permitió que Uribe (2002- 2010) extendiera su mandado hasta el 2010 (buscó quedarse otro período), obedece a una práctica corrupta que dio origen a lo que el país conoció como la “yidispolítica”. La condena proferida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Diego Palacio no debería ser de conocimiento de los magistrados de la JEP, en tanto que en razón y en el contexto del conflicto armado interno no se puede justificar la comisión del delito de cohecho en el que están comprometidos Palacio y otros ex ministros, y la también condenada, la ex congresista Yidis Medina.

Según se colige de la carta enviada por Palacio al Secretario General de la JEP, el ex ministro insiste en su inocencia y espera una segunda instancia que pueda revisar la sentencia proferida por la CSJ y reversar dicho fallo condenatorio. Resulta inaceptable que el condenado ex funcionario de Uribe Vélez pretenda que la Jurisdicción Especial para la Paz funja como una especie de corte de revisión y/o instancia de casación de lo que es un abierto y probado caso de corrupción política.

En su carta, Palacio señala que existe una conexión natural entre la PDSD (Política de Defensa y Seguridad Democrática), su continuidad a través de la reelección de Uribe Vélez, su mentor, y el devenir del conflicto armado interno, en la medida en que gracias a su aplicación, los hechos bélicos se escalaron, se profundizó el desplazamiento forzado, aumentaron los “falsos positivos” y se degradó el conflicto armado, todo en el marco del objetivo estratégico (con un carácter vindicativo por parte de Uribe) de eliminar militarmente a las Farc. En la misiva del ex ministro, se lee que la reelección… tenía como pilar fundamental y principal motivador la continuidad de la Política de Seguridad Democrática, eje central de su plataforma (2006-2010) la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra grupos armados[1].

Lo que olvida Diego Palacio es que el documento jurídico-político que dio vida a dicha política pública y justificó la acción militar del Estado para acabar militarmente con las guerrillas (en especial, con las Farc) no se reconoce la existencia del conflicto armado y por el contrario, se reducen las acciones armadas de la subversión a una amenaza terrorista. De esa forma, Uribe, su gobierno y por lo tanto sus altos funcionarios, desconocieron los derechos de las víctimas, así como invalidaron la tesis histórica que señala que el Estado y las guerrillas son actores políticos armados enfrentados de tiempo atrás por el control del territorio y la conquista de la población civil. 

Quizás, entonces, el magistrado que revise la solicitud elevada por Palacio encuentre en dicha contradicción, conceptual y política, y en el hecho punible por el que fue condenado el solicitante, razones para impedir que a la JEP lleguen asuntos y casos de corrupción que claramente afectarían la imagen y el carácter jurídico que los negociadores del Gobierno y las propias Farc le dieron a dicha jurisdicción  en el Acuerdo Final.   

El argumento que esgrime Diego Palacio es deleznable en la medida en que Uribe y las fuerzas estatales actuaron militarmente no para reducir o para someter a las fuerzas subversivas, sino a unos terroristas. En esa línea, pretender conectar la espuria reelección de Uribe con el devenir del conflicto y en particular con la "necesidad" de acabar con las Farc resulta un exabrupto jurídico-político dado que se desconoció el estatus político de las guerrillas, el origen social, económico y político del conflicto armado interno y por esa vía, se concluye que las decisiones militares adoptadas durante el mandato de Uribe estuvieron siempre alejadas del propósito u objetivo del que habla Palacio al aludir a la imperiosa necesidad de extender cuatro años más la aplicación de la Política de Seguridad Democrática.

Concuerdo con la posición editorial asumida por EL ESPECTADOR. Señala la nota del diario de los Cano que “Según aclararon los voceros de Palacio, lo que pretende el exfuncionario es que la JEP sirva como una segunda instancia que modifique la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, son dos las principales preocupaciones. Primera: no es para nada clara la relación que los hechos por los que fue condenado Palacio pudieran tener con el conflicto armado, embudo para entrar a la JEP. No sobra recordar que la justicia colombiana condenó a la excongresista Yidis Medina por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de Cámara la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Éste habría sido comprado con el nombramiento de un gerente para una Empresa Social del Estado, en Barrancabermeja, ofrecido por Palacio. La Corte Suprema encontró suficientes argumentos para dar por probados esos hechos y por eso profirió su condena. Ese argumento, como lo dijimos en su momento, nos parece estirar de manera inadecuada la influencia del conflicto armado. Llevándolo al ridículo, los involucrados por los sobornos de Odebrecht podrían argumentar que el país necesitaba la construcción de vías para que el Estado pudiera llegar a las zonas de conflicto. El filtro que se aplique tiene que ser estricto si se quiere argumentar que la JEP es, en realidad, una justicia excepcional y no un espacio donde cualquiera busque ser liberado. Lo que nos lleva al segundo argumento: si Palacio no tiene en sus planes confesar, ¿qué es lo que le aporta al país a cambio de su eventual libertad? Si en efecto se acepta a la JEP y de nuevo se encuentra como culpable, sabemos que perdería los beneficios y tendría una condena incluso mayor a la que actualmente opera sobre él. ¿De verdad eso es lo que desea? Y, más importante aún, ¿qué tan conveniente es que la JEP sea usada como una segunda instancia cuando su propósito es contarle la verdad al país sobre los casos del conflicto armado? ¿No es eso una perversión oportunista del objetivo para el que fue aprobada? Ya tiene la JEP su primer reto para demostrar que no es un tribunal político. Ojalá no permita que le pongan palos a la rueda de la columna vertebral del posconflicto[2].
Ahora bien, dada la evidente y explicable lealtad de Diego Palacio con el hoy senador Uribe Vélez, bien podríamos pensar que la solicitud del ex ministro hace parte de una muy bien pensada estratagema política del CD y de su líder para deslegitimar una jurisdicción que les preocupa, en la medida en que allí muy seguramente comparecerán militares y otros ex ministros que bien pueden dar cuenta de la responsabilidad política que recae en Uribe y en los consejos de ministros, por aquello de la responsabilidad de mando, en donde se tomaron decisiones militares que de manera directa o indirecta terminaron en la violación de los derechos humanos y en la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de agentes del Estado.

Es probable que aparezcan otras solicitudes como la que acaba de elevar a la JEP el ex ministro Diego Palacio. Ojalá no se caiga en el error de convertir la jurisdicción especial para la paz en una instancia para revisar prácticas dolosas y corruptas de quienes usaron las circunstancias del conflicto armado interno para concentrar el poder y debilitar el orden constitucional, al tiempo que desconocieron la naturaleza política de la guerra interna.





Imagen tomada de semana.com



[1] Tomado de la carta enviada por  Diego Palacio.
[2] ¿Un soborno por culpa del conflicto? El Espectador. http://www.elespectador.com/opinion/editorial/un-soborno-por-culpa-del-conflicto-articulo-688002  Abril 6 de 2017. 5:48pm.

lunes, 3 de abril de 2017

Mocoa y los Marchantes

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

La “Marcha”[1] del 01 de abril y la tragedia de Mocoa están inexorablemente unidas al ethos mafioso que de tiempo atrás acompaña al ejercicio de la Política en Colombia, y por supuesto, a esa visión insostenible de desarrollo que se manifestó en forma de dolor y muerte en la capital del Putumayo.

En lo acaecido en Mocoa confluyen la desidia estatal, la debilidad de las instituciones ambientales comprometidas, el dañino centralismo bogotano, la omisión, el clientelismo, la corrupción, la pobreza, la violencia, el desplazamiento forzado  y la nula planeación, entre otros factores, todos en el contexto de una visión de desarrollo que al ser insostenible desde el punto de vista ambiental, solo puede producir tragedias como la que hoy el país lamenta.

Mientras en Mocoa la creciente de tres o más ríos o quebradas evidenciaba la confluencia de cada uno de los señalados factores contextuales (culturales),  casi al tiempo, en urbes igualmente mal planeadas como Bogotá, Cali y Medellín, marchaban varios de los responsables, directos e indirectos, de la tragedia acaecida en la capital del Putumayo y por supuesto, de anteriores tragedias vividas en dichas capitales cada vez que apareció y aparece la temporada de lluvias.

¿Qué hizo Álvaro Uribe Vélez durante ocho años, en materia ambiental? Creo que bastante: debilitó la institucionalidad ambiental en el país y convirtió su Plan Nacional de Desarrollo en la patente de corso para someter valiosos ecosistemas naturales a procesos de explotación y aprovechamiento, alejados del carácter holístico y responsable  que debe acompañar la visión de un desarrollo sostenible. Por ejemplo, la entrega de licencias de ambientales durante su mandato, la convirtió en una singular feria de favores (clientelismo).

Como hijo de la subcultura arriera, Uribe promovió y difundió una idea de desarrollo que solo puede generar tragedias como la que hoy soporta el pueblo de Mocoa. Así entonces, mientras que con enorme cinismo Uribe y Ordóñez se movilizaron para pedir la renuncia de Santos y criticar la corrupción, de estos dos ladinos personajes hay que decir que poco o nada hicieron para detener la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la minería (legal e ilegal), y la ganadería extensiva, entre otras actividades antrópicas que de tiempo atrás se posaron sobre el valle del Sibundoy y lo convirtieron  en una región insostenible desde la perspectiva ambiental.

La responsabilidad de lo ocurrido en la capital del Putumayo recae en el Estado (local, regional y nacional), en la sociedad civil asentada en dicho departamento y municipio y, por supuesto, en todos los colombianos que de muchas maneras hemos legitimado la corrupción y el ejercicio de un ethos mafioso que se entronizó en las formas como opera el Estado, la sociedad y el mercado. En particular, en aquellos colombianos de clase media que poco o nada les preocupa que llueva y salen a “marchar contra la corrupción”, cerrando los ojos ante el debilitamiento del Estado que promovieron Uribe y Ordóñez: uno, desde la Presidencia y el otro, desde la Procuraduría General de la Nación.

Permitir la deforestación de las cuencas hidrográficas, así como asentamientos humanos en las riberas de los ríos, y el crecimiento desordenado de urbes empobrecidas, son acciones y actividades que claramente muestran la intención de generar desequilibrios en los ecosistemas naturales, para satisfacer las necesidades de agentes privados, que cuentan con el apoyo de políticos inescrupulosos como los que marcharon el 1 de abril. 

En esa dirección y mientras se reconstruye lentamente el casco urbano de Mocoa, los colombianos de esas urbes, en especial los de una clase media acomodada, que cuentan con instituciones, muy seguramente seguirán promoviendo “marchas contra la corrupción”, al tiempo que intentan ocultar su pobre cultura política y su afán de impedir que se implemente lo que se acordó entre el Gobierno de Santos y las Farc, especialmente, en materia de reforma agraria y reordenamiento territorial.

Al final, la tragedia de Mocoa nos permitió ver las garras de un modelo de desarrollo insostenible y la inviabilidad de un régimen político centralizado, desde donde se promueve el ethos mafioso, el mismo que vimos marchar el 1 de abril a cargo o en cabeza del senador del Centro Democrático, el corrupto Ex Procurador General (el Consejo de Estado lo sancionó  con destitución por haber violado la Carta Política), el ex ministro Londoño Hoyos y  del sempiterno sicario de Pablo Escobar.

Adenda: por supuesto que también es responsable de lo sucedido en Mocoa el actual Presidente de la República, porque insiste en su locomotora minero-energética y promueve un desarrollo a todas luces insostenible.




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