NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 29 de mayo de 2017

LA ESTRATEGIA DEL DESGASTE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En los teatros de operaciones, las estrategias de los combatientes juegan un papel clave, bien para golpear al enemigo y tratar de vencerlo, someterlo o para desgastarlo. Sin duda, para el caso colombiano las técnicas de la guerra y el uso de las armas, convencionales o no, coadyuvaron al éxito de las tácticas utilizadas por los bandos en combate. Sin embargo, y a pesar de la fiereza de los enfrentamientos y de las acciones de guerra, al final, a la Mesa de La Habana llegaron los representantes de dos ejércitos que no pudieron alcanzar la victoria militar.

Ya en la negociación política para ponerle fin al conflicto armado, se apela a otros tipos de estrategias para lograr sacar el mejor provecho. Dichas estrategias tienen hoy, por la actual coyuntura, un carácter político-electoral de un enorme valor y en el que se puede alojar, con enorme facilidad, lo que llamo en esta columna la Estrategia del Desgaste (ED). La ED no es más que la confluencia de acciones, decisiones, dilaciones y hechos que al parecer no van en la dirección de agotar al enemigo con el que se negoció el fin del conflicto armado, pero que al mirarlos en el tiempo y de acuerdo con conatos y efectivos incumplimientos, en el pasado, por parte del Estado, le darían vida como una maniobra más del Establecimiento para impedir la consolidación de una paz estable y duradera.

Las dificultades que enfrentó el proceso de negociación política adelantado en La Habana entre los delegados del Gobierno de Santos y sus pares, los plenipotenciarios de las Farc, fueron apenas el abrebocas del tortuoso camino que recorrería tiempo después el país, para afianzar el fin del conflicto, construir y consolidar la Paz, y hacer posible la reconciliación nacional.

Es claro que tanto el Gobierno de Santos, presionado por una parte del Establecimiento militar, como del resto de la estructura del Estado y de actores específicos de la sociedad civil, podría estar aplicando, sin que sea una decisión del Ejecutivo, la Estrategia del Desgaste a las Farc. Son varios los hechos que hacen posible pensar en su existencia y aplicación. En primer lugar, la decisión de Santos de convocar al pueblo para que refrendara el Acuerdo Final (I), fue el primer asomo de la maniobra del desgaste que se viene aplicando a las Farc. Santos fue obstinado en este punto y al final, con la derrota en las urnas, el proceso de paz perdió legitimidad social y política.

En segundo lugar está el resultado adverso alcanzado en la jornada plebiscitaria y con este, la fuerte polarización política que desencadenó el enfrentamiento electoral de “dos países”: el que está con el fin del conflicto armado y con las transformaciones que hay que hacer de acuerdo con lo negociado en territorio cubano, y esa otra Colombia que insiste en que vivimos en la democracia más antigua y que por lo tanto, no hay nada que mejorar.

En tercer lugar, y como consecuencia de lo acontecido en ese fatídico 2 de octubre de 2016, están las modificaciones que el Congreso ha hecho al Acuerdo Final (II), después de los ajustes que sufrió la primera versión, como consecuencia de la negativa de millones de colombianos que votaron NO a la refrendación. Y en cuarto lugar, el reciente y controvertido fallo[1] de la Corte Constitucional, con el que se debilitó la columna vertebral del  Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016 y se llenó de incertidumbre el futuro de la implementación de un acuerdo de paz que no solo compromete al Gobierno que lo adelantó y firmó, sino al Estado en su conjunto.

En quinto lugar, en concomitancia con los demás elementos expuestos, en particular con el lento proceso de implementación, están las condiciones logísticas en las que hoy sobreviven mujeres, niñas, niños y hombres de las Farc, en las zonas campamentarias dispuestas para la concentración de los combatientes farianos, en tránsito de dejar las armas e iniciar una nueva vida. Y en sexto lugar, la posibilidad de que el actual Congreso de la República extienda la discusión de las leyes y las reformas, a los tiempos de las elecciones de 2018, escenario inconveniente si tenemos en cuenta las amenazas[2] que lanzó Uribe y miembros del Centro Democrático, en el sentido de desconocer lo acordado, a pesar del blindaje jurídico que lo acompaña, e incluso, de “hacer trizas ese maldito papel al que llaman el Acuerdo Final”.

A pesar de todos los tropiezos señalados, la dirigencia de las Farc insiste en que la paz no tiene marcha atrás, al tiempo que sus voceros recalcan que como organización están cumpliendo con lo pactado en La Habana y firmado en el teatro Colón de Bogotá. Sin embargo, hay que señalar que la Estrategia del Desgaste no va dirigida específicamente contra los miembros del Secretariado de las Farc, sino contra los guerrilleros y guerrilleras rasos concentrados en las 26 ZVTN y los dos PTN.

Y es allí justamente en donde la Estrategia del Desgaste se hace fuerte en la búsqueda del objetivo de agotar, desgastar, cansar, debilitar y ablandar la decisión tomada por la guerrilla de abandonar la guerra.  Y es claro que la Estrategia del Desgaste tiene en el guerrillero raso a su principal objetivo político. Aquel, que a pesar de la formación recibida y la permanente comunicación y discusión de documentos con la dirigencia de las Farc, se siente prisionero y presionado por sus propios miedos e incertidumbres.

Los testimonios recogidos de guerrilleros de las Farc que pernoctan hoy en el PTN[3] de la vereda Monterredondo de Miranda (Cauca), dan cuenta de una total confianza y obediencia a sus máximos comandantes. Llama la atención la mística y el convencimiento del paso dado. Sin embargo, no pueden ocultar la desazón que les produjo el reciente fallo de la Corte Constitucional y el temor que les asiste porque los incumplimientos en la adecuación de los campamentos se extiendan a las amnistías e indultos y al conjunto de medidas, normas, decretos-ley y leyes adoptadas, aprobadas y sancionadas, para dar cumplimiento a lo acordado.

Si bien la guerra ya dejó de ser una opción de vida para muchos de estos guerrilleros que hoy están ad portas de continuar su lucha política sin armas, no descartan regresar a la confrontación militar ante un generalizado incumplimiento del Gobierno y del Estado.

Por todo lo anterior, y ante la posibilidad de que exista o se consolide la Estrategia del Desgaste, los cuadros máximos de las Farc deberán redoblar sus esfuerzos políticos (discursivos) para mantener el control del mando sobre una tropa que no solo  se siente agotada por el encierro, sino acosada por la incertidumbre y el miedo que producen al imaginar que ante un eventual triunfo de Vargas Lleras, o del regreso de Uribe en cuerpo ajeno, se traicione la palabra empeñada por sus comandantes.

Adenda: en su alocución, el Presidente dio 20 días más para la entrega de armas de las Farc y extendió la vigencia de las ZVTN hasta el 7 de agosto de 2017. Sin duda, el Presidente quiso mandar un mensaje de tranquilidad a las Farc, en el sentido en que la paz no tiene marcha atrás y que su Gobierno va a cumplir lo acordado en La Habana.  Ojalá sea suficiente y la ED no logre afectar la unidad de mando de las Farc y se produzcan más disidencias y abandonos masivos de las  zonas campamentarias.


Nota: se habla de cientos de guerrilleros de las Farc que abandonaron las zonas veredales de transición. Si esa información es cierta y se confirma el hecho, entonces estaríamos ante la eficacia de la Estrategia del Desgaste. Véase: http://elmundo.com/noticia/Mas-de-100-miembros-de-Farc-huyen-de-Zvtn-y-s-/53410


domingo, 28 de mayo de 2017

DESPUÉS DE 53 AÑOS...



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La hora pactada: 6:30 de la mañana, para partir a las 7. Lugar: entrada principal de la Universidad. Después del llamado a lista, “embarcamos” en un cómodo autobús, con aire acondicionado, que nos llevaría hasta Miranda (Cauca), para luego hacer trasbordo a una “chiva” o mixto, como llaman en Florencia y Neiva a los buses escalera.

Después de un cruce de llamadas para cambiar la ruta previamente trazada, nos dirigimos hacia el municipio de Padilla, un pueblo de corteros de caña y  comerciantes, acosado y cercado por el monocultivo de la caña de azúcar, y la consecuente pobreza asociada a esta forma de latifundio.

Padilla era el punto de encuentro para recoger allí al contacto dispuesto por el Mecanismo  de Monitoreo Tripartito encargado, entre otros asuntos, de coordinar visitas a las zonas campamentarias en las que hoy las Farc concentran sus tropas, en el marco de lo acordado en La  Habana.

Como de la nada apareció “Ramón”[1], un hombre fariano, meztizo y con historias de paz y guerra por contar. Un corto saludo y tomamos la estrecha vía que nos llevaría hasta Miranda. En un recorrido de casi dos horas, estudiantes y profesores llegaron al parque principal del municipio caucano. El pueblo se preparaba para un festival por la paz. Así que la celebración municipal bien podría tomarse como un reflejo de lo que sucedería más tarde en el Punto Transitorio de Normalización (PTN), Dagoberto Ortíz. Porque la paz es fiesta y la guerra, dolor y desazón.

Al tomar la vía hacia la vereda Monterredondo, pareciera que varios puntos de la Agenda de La Habana, tomaran vida de repente. En el camino montañoso, fueron apareciendo la pobreza, el histórico latifundio de la caña, los cultivos de pan coger (coca y plátano) y las vías secundarias y terciarias a medio hacer. Es decir, esa Colombia rural vista con desdén por los centros de poder, Popayán y Bogotá, estaba allí, a la vista de aquellos que hasta ese sábado 27 de mayo de 2017, jamás traspasaron las fronteras de esa Cali que nos hace olvidar que existe algo más allá de sus límites.

Estudiantes y profesores a la expectativa, miraban y registraban el recorrido por una vía tan estrecha, que bien los cultivos de coca se podrían acariciar al estirar las manos por las ventanas.  Mientras se ascendía la pendiente, en el PTN se preparaba la celebración de los 53 años de lucha de unas Farc-EP comprometidas hoy con la Paz, a pesar de los incumplimientos del Gobierno de Santos y del Estado en su conjunto, en relación con la adecuación de los campamentos acordados para facilitar la concentración y la posterior desmovilización de farianas y farianos. Y ni qué decir del reciente fallo de la Corte Constitucional que resiente la confianza de los guerrilleros rasos en el proceso de paz.

En el recorrido, un primer filtro a cargo de hombres del Ejército Nacional. El sargento al mando, confirmó la información y pudimos continuar el camino empinado, buscando el PTN, enclavado en las montañas de Miranda. Luego, un segundo filtro a cargo de indígenas del CRIC, organización indígena que al parecer tiene diferencias con quienes hoy están concentrados y casi listos para emprender una nueva vida. Todo por el territorio.

Seguimos avanzando. El conductor de la “chiva”, sin percartarse del detalle, impedía la conversación y la apreciación del paisaje con un estridente equipo de sonido. Canciones de reggaeton, bachata y salsa, entre otros ritmos, a punto de reventar los parlantes, sonaban sin descanso.

De repente y en una pronunciada curva, el tercer filtro de seguridad. Nuevamente hombres del Ejército Nacional exigieron una requisa a estudiantes y profesores. El papel de estas unidades militares es evitar que las Autodefensas Gaitanistas cumplan la amenaza de atacar este PTN y otras zonas campamentarias. Hecho que confirma que el paramilitarismo sigue vivo y solo esperan, sus hombres en armas, el momento preciso para irrumpir en una o en varios de estos campamentos.

Continuamos en el camino por una loma que por momentos se hacía interminable por las expectativas de los estudiantes de periodismo que por primera vez, al igual que varios de los profesores, podrían hablar con comandantes y guerrilleros de las Farc. Si, vestidos de civil, pero combatientes al fin.

Llegó la hora: desembarcar

Después de tres pitazos del conductor del bus escalera, y de parar en plena loma, nos tiramos de la “chiva” para el registro en la improvisada entrada al PTN. Y allí, nuevamente, la Colombia mestiza, indígena y afro, y ese país campesino, se nos paraba en frente con la dignidad de siempre, a pesar de los golpes que se ordenan y se fraguan desde centros de poder económico y político como Popayán, Cali y Bogotá.

Uno a uno, con escarapela en mano, fuimos entrando al PTN. A decir verdad, un lote con algunas mejoras e instalaciones que más parecen, en su conjunto, el lugar para alojar a trabajadores de la construcción de una finca, o a la familia de un agregado. Nada parecido aún, a lo acordado en La Habana.

Campesinos, familiares, invitados y muy seguramente amigos de la zona estaban allí a la espera de la celebración de los 53 años de las Farc. Periodistas internacionales entrevistaban al Comandante Alirio, quien posteriormente hablaría con los noveles periodistas. Y nuevamente, esa Colombia campesina, humilde, luchadora y curtida por el sol y por la guerra, se hacía presente en el menudo y maltratado físico del Comandante Alirio: hombre menudo, de unos muy cortos 1.65 de estatura, fungía como la autoridad moral y militar en ese PTN, que a pesar de los avances logrados por los mismos guerrilleros, y algunas pinceladas en las obras de adecuación, sigue aún en “borrador”.

En un círculo a medio hacer, como todo en este PTN,  el Comandante Alirio atendió una a una las preguntas de los estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. En particular, muchachas y muchachos matriculados en la asignatura Comunicación, Conflicto y Posconflicto. Ante un interrogante, el pequeño combatiente hizo énfasis en que las Farc siempre estuvieron allí en esa zona y que ni la escalada militar impulsada por la Política de Seguridad Democrática de Uribe, logró sacarlos de allí y hacerlos esconder en los confines de lejanas maniguas.

El Fútbol: síntesis y sintético

En lo que sí ha cumplido el Gobierno de Santos en este PTN es con la entrega de una cancha de fútbol sintética, que me hizo recordar la película Golpe de Estadio. Y es que el fútbol, como deporte espectáculo, termina siendo la síntesis de esa Colombia rural y urbana que ha conversado y dialogado mal durante tanto tiempo, por los mezquinos intereses de unos cuantos. En especial, por cicateros latifundistas y ganaderos, entre otros.

Varios partidos se jugaron en la muy bien terminada cancha, mientras que los alojamientos para los guerrilleros están  en “obra negra”, como está la construcción de esa paz estable y duradera que se pactó en la Cuba de los Castro.

Llegó la hora: a celebrar

Cerca de las 4 de la tarde, y en frente del campamento, un tímido bosque de niebla nos recordaba un mejor pasado del ecosistema boscoso de la vereda Monterredondo. Allí, tres comandantes, entre ellos Alirio, instalaron oficialmente la jornada de celebración de 53 años de lucha armada que se llevó la vida, en la guerra, de cientos de miles de niños  y niñas farianas que hoy, a sus treinta y tantos años, esperan, con incertidumbre, que el Estado cumpla y evite que la amenaza que recientemente lanzó alias “Trizas” (ex ministro de Uribe, Fernando Londoño Hoyos), se cumpla y que “el maldito papel que llaman Acuerdo Final”, termine en la inmensa hoguera que ya prepara esa parte del Establecimiento que se opone a la transformación de esa Colombia rural y de la forma de hacer política. 

En la mesa principal, tres comandantes hombres. Dos trofeos para quienes jugarían más tarde un partido por la paz, Y varias tortas. Al frente, una treintena de civiles y guerrilleros rasos, escucharon el orden del día, cantaron el himno nacional de Colombia, el de las Farc y las sentidas cartas de tres mujeres estudiantes de periodismo, una de ellas, víctima directa de este largo y degradado conflicto armado interno.

Como el tiempo de las Farc no es el mismo que el de nosotros, a eso de las 4 y 15 de la tarde, nuevamente abordamos el bus escalera, con su música a todo volumen, rumbo a Miranda. Y allí, sin mayor demora, subimos al cómodo autobús. Todos a bordo, a la gran ciudad, con el compromiso de escribir sobre lo visto y vivido en el PTN. Atrás quedaron las dudas y las incertidumbres de varios guerrilleros que nos expresaron sus preocupaciones por el lento y ya tortuoso proceso de implementación del Acuerdo Final (II).

Muy seguramente, después de la resaca por la justa celebración de los 53 años de las Farc-EP, los comandantes deberán continuar con la imperiosa tarea de mantener la “moral” de la “guerrillerada” y fortalecer el compromiso de cumplir con la palabra empeñada. Sin duda, por lo visto y oído en el PTN, los guerrilleros siguen firmes con la búsqueda y construcción de esa paz estable y duradera. Lo contrario vemos de parte del Estado y del Gobierno de Santos.

Al mismo punto de partida regresamos, a eso de las 6:30 pm. El cansancio físico era evidente. Cada uno a su realidad, porque al final sabemos que la guerra siempre estuvo a más de tres horas de nuestras cómodas vidas. Y ahora la paz, cuando está igual de cerca, la miramos con la misma despreocupación con la que observamos las dinámicas de este conflicto armado interno que está finalizando, por lo menos con las Farc. 





Fotografía: Germán Ayala O.


[1] Por seguridad, el nombre fue cambiado. 

miércoles, 24 de mayo de 2017

UNA MINGA MÁS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Llegaron a Cali,  un poco más de 4 mil indígenas que, en Minga, denunciarán, entre otros asuntos y problemas, la presencia paramilitar en sus territorios.

A su paso por la Universidad Autónoma de Occidente, la admiración y el respaldo de ciudadanos apostados a los lados de la vía, hacen pensar en que nuestros indígenas Nasa  y Guambianos, entre otras comunidades congregadas, no solo dan muestras de una enorme dignidad, sino de resistencia política, simbólica y física, ante un mundo occidental que envilece el sentido de lo colectivo, pervierte la solidaridad y hace del individualismo la única bandera que mueve a los millones de ciudadanos colombianos apiñados en ciudades capitales como Cali.

El engañoso encanto de la ciudad es ese: borrar cualquier asomo de solidaridad y de conciencia colectiva. Encandilados por las luces del desarrollo, los citadinos apenas si logramos comprender la lucha histórica de los pueblos indígenas y afros que por estos días marchan y se plantan para exigir respeto a sus proyectos de vida, a una élite citadina que sin mayor dignidad mueve los hilos del poder para enredarles la vida por el solo hecho de ser distintos y por lo tanto, incómodos. Resultan fatigosos para una minoría poderosa que no acepta su lucha por mantener la propiedad colectiva, la unidad y la autonomía de sus territorios y por exhibir una relación consustancial con la Madre Tierra.

La ciudad, como símbolo de dominación de los ecosistemas naturales y como hito de un anhelado progreso, se erige como un escenario en el que las luchas se sectorizan como expresión clara del rompimiento de cualquier tipo de conexión que se pueda establecer, por ejemplo, entre las protestas de los profesores,  de diversos sindicatos, el Paro Cívico en Buenaventura y el Chocó, la Minga indígena, con el modelo económico neoliberal.

Mientras afros e indígenas hablan de la defensa de sus territorios y de liberar a la Madre Tierra, los citadinos pedimos vías de acceso, circuitos, comodidades, seguridad, zonas wifi y luces de neón para abstraernos de las duras realidades que soportan quienes por siglos han mantenido una relación inmanente con la Naturaleza. Los mismos que a futuro, podrán frenar la avasallante lógica de ampliar los perímetros de  ciudades, hasta lograr fusionar dos mundos que históricamente han dialogado mal: lo rural y lo urbano.

Anclados, con inusitada fuerza a los espejismos que crean el progreso y el desarrollo, los citadinos ven pasar las Mingas, soportando trancones  y observando con desdén la propia movilización indígena y por supuesto, el Paro Cívico de los habitantes del principal puerto sobre el Pacífico. Sus realidades se nos tornan complejas y difíciles de asir. Y en esa misma lógica responde el Gobierno central, que solo decide afrontar las demandas sentidas de estos pueblos, cuando los dueños del capital ven amenazados  sus intereses y dejan de percibir ganancias o afrontan pérdidas millonarias.

Si, pasó la Minga indígena de Jamundí a Cali. Muy seguramente sus voces y reclamos serán recogidos por periodistas, pero igualmente, la élite dominante hará caso omiso a sus demandas. Buscará, esa misma élite, llevarlos al hastío por históricos incumplimientos, para así entonces entrar a “negociar” con enviados de Bogotá o de los gobiernos local y regional. Eso sí, primero los provocarán para que haya desórdenes y enfrentamientos con el ESMAD, que no es otra cosa que la primera avanzada que siempre manda el Estado para probar, nuevamente, la resistencia de los marchantes.

A su paso por Cali, los indígenas nuevamente nos dieron muestra de dignidad, fuerza, coraje, organización, sentido de lo colectivo. Pero poco de eso nos quedará porque seguiremos obnubilados por esta apuesta de desarrollo que solo nos llena de incertidumbres, y que poco a poco va vaciando de sentido nuestras vidas. Por eso, la Minga de ayer será, para muchos citadinos, una Minga más.


Fotografía: Lucía Villamizar H.


lunes, 22 de mayo de 2017

UNA IMPAGABLE DEUDA HISTÓRICA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El Paro Cívico que se adelanta en estos momentos en Buenaventura se explica por el cansancio de sus habitantes, ante el histórico abandono  y la desidia del Estado (local, regional  y nacional) en relación con las demandas sentidas de la población afrocolombiana asentada en aquella ciudad-puerto.

En los niveles local, regional y nacional, el Estado deviene débil, precario, inexistente y/o capturado por disímiles mafias clientelares, circunstancias estas que han coadyuvado a que la Ciudad-puerto sea una fuente de generación de riqueza y recursos económicos que poco o nada han servido para la construcción de una ciudad moderna, con todo y lo que ello conlleva en materia de desarrollo social.

Los marchantes y los líderes del Paro Cívico gritan a voz en cuello que hay una “deuda histórica” del Estado con Buenaventura. Dicha expresión de inmediato retrotrae a políticas públicas y planes de inversiones que en su momento echaron a andar expectativas en la población afro que poco o nada se ha beneficiado de las actividades portuarias desarrolladas en esta ciudad.  

Recuerdo el Plan Pacífico y al Proyecto[1] Biopacífico[2] como iniciativas que de disímiles maneras hicieron soñar a propios y a extraños en que había llegado el momento de saldar dicha deuda histórica. Y recientemente se elevó a la ciudad de Buenaventura como la capital de la Alianza Pacífico.

El desgreño administrativo, la corrupción, el clientelismo, la debilidad, la precariedad  y la captura mafiosa del Estado en todos sus niveles y por supuesto, una no declarada animosidad[3] étnica, son circunstancias que han hecho posible que la gente afro del Puerto viva en condiciones de miseria y abandono. Y los afros se cansaron.

Eso sí, hay decir que la corrupción y el abandono estatal contra los que hoy se expresan los habitantes de Buenaventura, de muchas maneras recae sobre ellos mismos algo o mucho de responsabilidad, por acción u omisión, ante la consolidación de esas circunstancias que atentan contra el derecho a vivir en condiciones de dignidad.

Resulta inaceptable que en pleno siglo XXI haya en  Colombia  ciudadanos exigiendo el suministro de agua potable y la construcción de un hospital de 3er nivel. Por lo anterior, el malestar social en Buenaventura es el espejo en donde se refleja el abandono y la desidia estatal a lo largo del gran territorio que se conoce como el Chocó Biogeográfico.

El mismo PCN (Proceso de Comunidades Negras) debe revisar a su interior las actuaciones de sus miembros, así como las acciones y decisiones tomadas por quienes a pesar de  compartir el mismo origen africano y una identidad asociada a lo afro, actúan más cercanos a las lógicas de mestizos y “blancos”, poco interesados y comprometidos con el fortalecimiento cultural y en particular, con el afianzamiento de una cultura política distinta, que haga posible expulsar del Estado local las pérfidas lógicas que durante años la clase política tradicional impuso para dejar por fuera de los beneficios a las grandes mayorías afrocolombianas o en su defecto, a su cooptación para producir su desmoronamiento étnico.  

Así que en los problemas que hoy los líderes del Paro Cívico exhiben de Buenaventura, en parte nacieron, crecieron y se acrecentaron con la anuencia de miembros, pensadores, líderes y simpatizantes del PCN y en general, del pueblo afro.

Mientras llegan a acuerdos con el alto Gobierno, bien valdría la pena que las lideresas (Francia Márquez, por ejemplo) que hoy están al frente de la protesta, asuman posturas auto críticas y desde allí, emprendan acciones de depuración en sus liderazgos y en equipos de trabajo, para llevar a los órganos y entidades del  Estado local a quienes de verdad estén comprometidos con generar condiciones de vida digna para los afrocolombianos residentes en la ciudad-puerto, afectados históricamente por una inocultable animosidad étnica que se siente en las oficinas de  Bogotá, y que se reproduce en las de la Gobernación del Valle e incluso, y contradictoriamente, se ha asentado en la propia alcaldía de Buenaventura.  

Es claro, entonces, que existe en Buenaventura unas dinámicas económicas de claro beneficio particular y sectorial, y que además se dan de espaldas a las demandas sentidas de los habitantes del Puerto.  Y de la mano de estas, una acción política anclada a un ethos mafioso que ha contagiado a los propios afrocolombianos.

Así entonces, quienes sueñan[4] con Buenaventura, lo hacen de espaldas a las condiciones sociales y a las formas de vida de los bonaerenses.  Por ello, se echan al aire globos de crecimiento económico, a espaldas de una realidad social y política inocultable: extrema pobreza, múltiples violencias y Estado local colapsado. En esos globos van propuestas como convertir a Buenaventura  en un puerto que supere los rendimientos de sus ‘similares’ de El Callao y Valparaíso. Singapur aparece como referente para darle a la ciudad costera el giro estético y logístico con el que sueñan la Cámara de Comercio y la Sociedad Portuaria, entre otros. Ahora quieren posicionar a Buenaventura como la capital de la Alianza Pacífico.

Iniciativas todas que se piensan a espaldas de las complejas condiciones de vida que se presentan hoy en Buenaventura. Obras como el Malecón y el bulevar Bahía de la Cruz, la terminación de la doble-calzada y los constantes y costosos dragados del canal de acceso, entre otras, parecen caminar de forma paralela a los problemas de convivencia, de seguridad, de orden público, de pobreza y de incertidumbres sociales que  Buenaventura exhibe de tiempo atrás y que guardan relación con los cambios sociales, políticos y ambientales que se están produciendo a lo largo y ancho de la región Pacífico.

Buenaventura es receptora de una población que internamente migra desde varios puntos de la región Pacífico. Una población sedienta que, mediante protestas sociales, ha llamado la atención sobre sus necesidades como el acceso a agua potable y mejores servicios sociales. Igualmente, el Puerto es escenario de sangrientas disputas entre bandas criminales y narcotraficantes, que actúan con el silencio cómplice de un Estado local que no ha podido erigirse como un orden legítimo capaz de guiar a la sociedad local hacia otras formas de vida y convivencia.

La pequeña y la gran minería deambulan por meandros y selvas en una región biodiversa en la que históricamente el Estado brilla por su ausencia o por su asombrosa incapacidad. Los nocivos efectos ambientales que se vienen produciendo a las cuencas de los numerosos ríos que buscan el océano Pacífico, hacen que el dragado del canal de acceso de la Bahía se convierta en una actividad constante y costosa, dadas las dimensiones que viene adquiriendo la sedimentación, producida por la tierra que se ‘lava’ por la sistemática deforestación.

Antes de echar globos y de diseñar en maquetas la Buenaventura que sueñan  actores económicos particulares, bien valdría la pena primero observar y estudiar muy bien los problemas que afronta Buenaventura, para luego intervenirlos. Para ello, se requiere voluntad política de los gobiernos nacional, regional y local, con miras a convocar a las universidades públicas y privadas asentadas en la región, para que a través de procesos investigativos, interpretativos y de intervención se logre avanzar en la ‘pacificación’ y en la discusión de ideas de ‘progreso y desarrollo’ que tengan en cuenta las cosmovisiones de las comunidades afrodescendientes asentadas en el Puerto. Ahora bien, no se requieren más diagnósticos, sino acciones concretas y permanentes en el tiempo, eso sí, sobre la base de consensos sociales logrados con las comunidades de base.

Dejar que únicamente actores económicos sueñen con una idea de Buenaventura, alejada de su historia, de sus valores ancestrales, de su presente y sobre todo, apartada de los intereses y perspectivas de vida de sus habitantes, es insistir en la construcción de una ciudad-puerto que discrimina y arrincona a quienes han soportado de tiempo atrás la imposición de proyectos de desarrollo que se piensan por fuera de las dinámicas culturales, sociales, económicas y políticas no sólo del Puerto, sino de las zonas que conforman el Chocó Biogeográfico. La deuda histórica que el Estado y la nación tienen con Buenaventura y con la región pacífico no sólo se mantiene, sino que seguirá creciendo, así mañana se decrete que Buenaventura es la capital de la Alianza Pacífico.

El Paro Cívico y sus líderes están mandando un claro mensaje a los co-responsables de esa deuda histórica que agobia a Buenaventura y a su gente; la misma deuda que hoy legitima el levantamiento social: los Afros quieren gobernar o que se gobierne teniendo en cuenta a las grandes mayorías. Sin mafias, sin clientelas, sin corrupción. Llegó la hora del cambio para el Puerto, pero el esfuerzo obliga a la clase dirigente tradicional (“blanca” y mestiza) y al propio PCN, a pensar en otro Ethos que haga pagable esa “deuda histórica”. Mientras pasa el tiempo, esa deuda histórica se hará cada vez más impagable. 







Imagen tomada de https://colombiaplural.com/

viernes, 19 de mayo de 2017

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL GOLPE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Horas después de la polémica decisión de la Corte Constitucional (CC) con la que se golpeó[1] la estructura jurídica y política del Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016, y se abrió un enorme boquete para que el Congreso modifique, a discreción, el sentido y los alcances del Acuerdo Final (II) al que llegó el Jefe del Estado, Juan Manuel Santos Calderón, y la cúpula de las Farc, es importante revisar las alternativas y las acciones que quedan y que se puedan emprender para bajar los niveles de incertidumbre que generó el fallo del alto tribunal y encauzar el ya tortuoso proceso de implementación.

El camino que ya exponen expertos, en cabeza de Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, es  convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En este escenario, posible, pero lejano, las fuerzas políticas, sociales, económicas y militares que han acompañado el proceso de paz con esa guerrilla, buscarían blindar lo acordado en La Habana y darle vida constitucional a los cambios institucionales que acordaron los plenipotenciarios de las Farc y del Gobierno, con lo que se buscará consolidar una paz estable y duradera, al tiempo que se construyen escenarios de posconflicto.

Imagino que Enrique Santiago ha sopesado los riesgos[2] que trae convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en las actuales circunstancias. Es clara y evidente la polarización política que se respira en el país entre quienes buscan hacer “trizas”[3] el Acuerdo Final (II) y los sectores convencidos de que esta es la oportunidad para hacer las transformaciones que las guerrillas buscaron, en vano, a través de las armas, y que comprometen las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado.

La vigencia política de Uribe Vélez es un factor y él mismo constituye un actor a tener en cuenta al momento de pensar en convocar a elecciones para elegir delegatarios para derogar y/o modificar  la Carta Política de 1991. A pesar de que su imagen deviene débil en los últimos años, con el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y con el apoyo interesado de cristianos,  de Acore y  de fanáticos religiosos como Ordóñez Maldonado[4], logró repotenciarse y ahora, con renovados bríos, a pesar del evidente cansancio que ya dejan ver sus combativos “huesitos”, Uribe Vélez puede, fácilmente, hacerse a varias curules en esa deseada Asamblea Nacional Constituyente. Y todos sabemos que una vez ahí, Uribe, como ganadero y latifundista, buscará imponer sus ideas en torno al modelo de Estado (el de opinión) y el de sociedad que “requiere” el país, según su óptica conservadora, en lo social y cultural, y neoliberal en lo económico.

De esta forma, pensar en una ANC es un enorme riesgo que correría el país y el actual ordenamiento jurídico-político si los conservadores, la derecha más recalcitrante y la ultraderecha, con cristianos abordo, llegan a un escenario en el que se pueda derogar y modificar la Constitución política de 1991. Las posturas radicales de unos y otros, podrían llevar al país a peligrosos niveles de crispación política e ideológica, guiados por los miedos que lograron infundir estos mismos agentes y actores en millones de colombianos que votaron negativamente a la refrendación del Acuerdo Final, por el temor que les generó la tal “ideología de género” y la llegada al país del “Castrochavismo”[5].  Les bastó con crear estos dos fantasmas, para asustar a millones de incautos y desinformados, eso sí, con el apoyo irrestricto de empresas mediáticas como el Noticiero RCN[6], importante actor político siempre dispuesto a confundir a las audiencias y de esta manera servirle a esa parte del Establecimiento que no quiere y menos aún acepta que se hagan transformaciones institucionales en el marco de la relación Estado-sociedad-mercado.

Otra salida que se plantea es llamar a un “Diálogo Nacional” tal y como quedó consignado en el Acuerdo Final. Las preguntas que me hago son: ¿para qué, en qué condiciones y entre quiénes? Digamos que el primer interrogante se responde con algo de facilidad, pues es claro que lo que se busca es generar fuertes consensos en torno a la necesidad de avanzar hacia la implementación de lo acordado en La Habana. Eso sí, hay que tener en cuenta que los Opositores al proceso de paz se mueven entre hacer “trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo Final” y modificar aspectos sustanciales, en particular en lo que tiene que ver con la JEP y las transformaciones en el sector rural (legalización de tierras y actualización de Catastro). Es decir, no dejan espacio a la discusión, sino que se trata de una “particular renegociación (sin contraparte) por imposición.

En qué condiciones contextuales se daría ese “Diálogo Nacional”? En un escenario pre o electoral atravesado por la intemperancia y el fortalecimiento del paramilitarismo en las regiones y territorios abandonados por las Farc. Se suma a lo anterior, que los congresistas han demostrado que por encima de todo están sus intereses personales. Sin disciplina de partido y con partidos que funcionan como maquinarias clientelistas y mafiosas, es difícil promover una discusión política seria y con claras motivaciones de consolidar un Estado moderno.

Además, no se vislumbra una figura política o un intelectual que logre sentar en una Gran Mesa Nacional a los del CD, a la maltrecha Unidad Nacional, a la sociedad civil comprometida con la paz y con la extensión de la naturaleza del conflicto armado, a los representantes de los medios masivos, a los de Acore, a los militares activos, a la Academia, y a los débiles partidos políticos, entre otros. Por lo anterior, no está claro quiénes participarían de ese Diálogo Nacional, que bien puede terminar en un pacto entre élites, con el objetivo claro de hacerle “conejo a las Farc”, o en su defecto, dicha alianza buscaría erosionar la probada unidad de mando de las Farc, logrando la cooptación de sus principales cuadros.

Así las cosas, solo queda que el Congreso cumpla con la tarea encomendada y entienda el momento histórico y el dolor de los millones de  víctimas que dejó y deja aún el conflicto armado y deseche las pretensiones de los sectores, actores y factores de poder que lo presionan para modificar sustancialmente el Acuerdo Final y dilatar las discusiones legislativas, para esperar el retorno de Uribe Vélez al poder, por su puesto, en el cuerpo ajeno de Germán Vargas Lleras[7], Alejandro Ordóñez Maldonado e Iván Duque, entre otros.

Insisto en que los magistrados de la Corte Constitucional no decidieron con el sentido que el momento histórico les exigía. Lo actuado confirma la enorme dificultad política, cultural y jurídica para construir una perenne Institucionalidad Estatal de Paz[8], que de manera excepcional y temporal, fuera capaz de superar los odios, resquemores y los disímiles intereses de aquellos actores a los que la guerra interna les sirvió para consolidarse dentro de un pérfido Establecimiento. Una vez superada la excepcionalidad que la misma Corte Constitucional reconoció que no reducía las funciones del Congreso, el alto tribunal tuvo la oportunidad de hacer de la búsqueda de la Paz, una misión de Estado y no de Gobierno. Y una vez superada la excepcionalidad del fast track, la misma Corte pudo trazar el camino para que el país empezara a caminar por senderos distintos, eso sí, orientado ese trasegar por un nuevo Ethos[9]. Los magistrados, sin embargo, no supieron darle a la Paz el carácter de asunto de Estado y prefirieron dejar su búsqueda, encerrada en las luchas intestinas y mezquinas que se dan en el Congreso de la República y en las acciones de un Gobierno que negoció el fin de la guerra con las Farc, sin una Política de Paz de carácter estatal. 


Adenda: la decisión de la CC afecta de manera directa el proceso de negociación con el ELN. Los Elenos están pendientes del avance del proceso de implementación de lo acordado en La Habana. 


Imagen tomada de Telesurtv.net







jueves, 18 de mayo de 2017

EL DURO GOLPE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con la reciente decisión adoptada por la Corte Constitucional, con la que se eliminan los numerales H y J del Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016, se confirma que “en Colombia la guerra ha sido un asunto de Estado, pero la búsqueda de la paz, por el contrario, ha sido y lo es aún, un asunto de Gobiernos[1].

Al declarar inexequibles los señalados numerales, el alto tribunal no solo contradice el espíritu[2] y el carácter del Acto Legislativo 01 y de lo que se conoce como el Fast Track, sino que abre[3] aún más las compuertas para que lo negociado y acordado por el Gobierno de Santos, en su calidad de Jefe de Estado, y la dirigencia de las Farc, pueda ser modificado en el Congreso, lo que claramente significa que el Acuerdo Final II termine en una re-negociación que bien puede hacer “trizas” el sentido y los alcances de lo acordado  en La Habana y firmado en el teatro Colón.

Aunque el Gobierno mantiene las mayorías en el Congreso, la lentitud con la que en adelante se discutirán los proyectos de ley y el ambiente pre electoral que vive ya el país y el que  vivirá en 2018, facilitan las tareas al Centro Democrático (CD) en su único objetivo electoral y político de torpedear el proceso de implementación de lo firmado en el teatro Colón. Las anteriores circunstancias e incluso, las acciones persuasivas que desde el CD ya se vienen haciendo sobre congresistas de la ya maltrecha Unidad Nacional, ponen en riesgo la cohesión de ésta.

La decisión de la CC afecta los numerales H y J que señalan: “Los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previa del Gobierno nacional; En la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación”.

La decisión que tomaron los magistrados de la CC con la que declararon la ilegalidad del contenido de los numerales citados, hay que entenderla como parte de la enorme dificultad que arrastran las Cortes y en general la institucionalidad de los tres poderes públicos, de asumir, aceptar y consolidar una única idea consensuada de Estado que permita yuxtaponer, temporal y extraordinariamente, la búsqueda de la Paz, a la separación ideal y utópica de los poderes públicos, en particular, a la ficticia  disociación que siempre ha existido en Colombia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Baste con recordar los tiempos en los que el Congreso de la República, durante las dos administraciones de Uribe Vélez, actuó como un apéndice de un Jefe de Estado que decidió, caprichosamente, desconocer la existencia del conflicto armado interno a través de su Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática.

Entiendo el sentido de la demanda que interpuso el pre candidato del Centro Democrático, Iván Duque, pero por encima de la interesada exigencia de que se “mantuviera  la independencia” del Congreso, en su relación con el Ejecutivo, está la búsqueda de un fin mayor que es el de terminar con el conflicto armado interno y por esa vía, facilitar y hacer las transformaciones institucionales, políticas, sociales y culturales que eliminen las causas objetivas que permitieron y sostuvieron la lucha armada de las guerrillas por largos 50 años.

De esta manera, se advierte y queda expuesta la enorme dificultad que como Estado, como República y como sociedad civilizada tenemos para consolidar un discurso y concebir una Política de Paz, con espíritu y sentido estatal, capaz de superar los intereses partidistas, cada vez más asociados y permeados por las ventajas que históricamente han obtenido sectores de poder militar, político y económico al insistir, promover y extender en el tiempo un conflicto armado interno al que de muchas maneras coadyuvaron a degradar.

Al final, con la decisión de los magistrados de la Corte Constitucional que tumbaron los numerales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016, gana esa parte del Establecimiento que, curiosamente, siempre ha orquestado, impulsado y validado la perniciosa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, contaminada por el ofrecimiento de contratos, prebendas y todo tipo de acciones encaminadas a “capturar” a los legisladores.

Va quedando claro que negociar en La Habana  una Agenda de seis puntos fue relativamente fácil, pero lo realmente difícil  -y ojalá no imposible- será que el Congreso haga respetar la palabra que empeñó el Presidente, a nombre de los millones de colombianos que creemos en que es posible pensar y vivir en un país distinto y en Paz.

Insisto, entonces, en que nuestro gran problema como Estado y Sociedad está en la incapacidad de concebir una Política de Paz que supere los límites morales y temporales de los Gobiernos, y que nos acerque a la comprensión de un conflicto armado interno que para muchos es y seguirá siendo un asunto marginal[4]. Tan marginal, como el artículo 22 de la Constitución que señala que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. 

Y en ese mismo sentido, queda en entredicho la figura de Jefe de Estado, dado que el Presidente Santos, como Jefe de Gobierno, negoció con las Farc una Agenda de seis puntos con el propósito de poner fin a  la guerra interna y por esa vía, construir una paz estable y duradera. Al final, la decisión de la Corte Constitucional confirma que no existe y que no hay la voluntad de concebir una institucionalidad  capaz de asumir la búsqueda de la Paz como un asunto de Estado. Sin duda alguna, se  trata de un duro golpe el que acaba de propinar la Corte Constitucional al proceso de implementación del Acuerdo Final (II).

Adenda: el magistrado Carlos Bernal debió declarase impedido para votar el trascendental fallo, porque había emitido opiniones sobre el proceso de paz y el Acuerdo Final. Tanto Bernal, como sus compañeros, al parecer votaron, pensando en extender las discusiones en el Congreso, hasta que llegue el momento de las elecciones de 2018.

Imagen tomada de Semana.com 




[2] El título del Acto Legislativo 01 de 2016 dice: POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA FACILITAR Y ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO NORMATIVO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA
[3] Ya  el mismo Congreso había hecho ajustes al Acuerdo Final (II), en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los militares, en particular con el asunto de la jerarquía del mando. En cuanto a la responsabilidad y juzgamiento de terceros en el Conflicto, también se hicieron ajustes. 

miércoles, 17 de mayo de 2017

DE SASHA Y OTRAS VIDAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Una vez se hizo viral el video[1] en el que se mostraba a un hombre pateando a su propia perra, la indignación social en redes sociales creció exponencialmente, circunstancia esta que presionó y motivó la reacción de la Unidad de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional, que finalmente dispuso el rescate del canino, con el fin de alejarlo de las garras de su agresor. 

La  rabia y el coraje con los que reaccionamos quienes compartimos nuestras vidas con perros o  gatos, contrasta con el bajo interés y dolor que despierta, en las mismas redes sociales en los que circuló el video de Sasha, y en el país en general, los crímenes de líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de la comunidad LGTBI y reclamantes de tierras. Crímenes que “…entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017 ascienden a 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos.[2]

Sin duda, es un avance que como sociedad civilizada nos indignemos contra cualquier tipo de abuso y maltrato a los animales, en particular, contra aquellos que nos brindan compañía en nuestros hogares y con quienes establecemos una relación de amor que hace posible erosionar el antropocentrismo desde el que miramos con desdén el medio ambiente y las vidas de otras especies. Pero mientras damos un paso hacia adelante en esa perspectiva, damos dos hacia atrás, a juzgar por la actitud pasiva que asumimos ante el asesinato de luchadores y luchadoras sociales y políticos, de indígenas, campesinos y afrocolombianos que reclaman el cumplimiento de sus derechos y reivindican sus proyectos de vida.

¿Qué tipo de sociedad somos? Hace ya un tiempo, aficionados al fútbol de todos los sectores sociales  se conmovieron con la tragedia aérea que enlutó a este deporte[3]; y esos mismos sectores, guardaron silencio cómplice por el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales y políticas.  

Me arriesgo a proponer los siguientes elementos que bien  podrían servir para construir una tesis o una hipótesis con la que se podrían buscar y encontrar explicaciones a ese comportamiento colectivo que nos lleva a reaccionar, con violencia y furor, contra los maltratadores de animales, y a guardar silencio encubridor frente a quienes asesinan a luchadores sociales, muy seguramente con la anuencia de agentes estatales.

El primer elemento de esa hipótesis o tesis explicativa es que somos una sociedad profundamente escindida. Esta circunstancia haría posible que la subvaloración de la vida de aquellos colombianos vilmente asesinados por quienes se oponen a la consolidación de una paz estable y duradera, está asociada a que históricamente rechazamos, desconocemos, subvaloramos y menospreciamos las luchas de indígenas, campesinos y afrocolombianos y la de todos aquellos ciudadanos que insisten en defender el medio ambiente y los derechos humanos, entre otros asuntos públicos de especial interés social y político.

El segundo elemento tiene que ver con la entronización de  una sensibilidad acomodaticia y selectiva en el sentido en que resulta más fácil defender la vida de los animales, porque ello supondría arriesgarse menos a la estigmatización social y política que sufren quienes defienden, en espacios públicos y privados, la vida de sindicalistas, líderes y lideresas sociales y políticas, dado que tradicionalmente han sido vistos como “gente problemática”, “revolucionarios”, “de izquierda” o  “cercanos o amigos de las guerrillas”, en especial, cercanos a las Farc.   

Lo anterior, en el marco de la fuerte polarización política e ideológica que inició Uribe Vélez desde que fungió como Presidente y que la Gran Prensa bogotana se encargó de extender en el tiempo. Esa misma prensa hoy, apela a la engañosa dicotomía Santos-Uribe, con la que insisten en dividirnos y por ese camino evitar que la construcción de la paz alcance el consenso social necesario y de esa forma, frenar a quienes se oponen a cambiar y a transformar la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado.  

Y un tercer elemento alude a que por efectos de los Media y las redes sociales, específicas y particulares identidades victimizadas o reivindicadas  por los actores armados, en el marco del conflicto armado interno, resultan incómodas para la cultura “blanca” hegemónica. Queda claro que en esta materia, los propios Medios masivos juegan un papel clave al usar diversos dispositivos culturales como la publicidad (discriminante en lo sexual y en lo étnico), para mantener dichas condiciones hegemónicas.

Bien por Sasha y por todos los que rechazamos al energúmeno, a la bestia, al feroz y al violento que la pateó, pero muy mal porque poco o nada hemos hecho para rechazar el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra, entre otros; y para exigirle al Estado que haga lo que tiene que hacer, para detener lo que sin duda va camino a convertirse en una práctica genocida, aceptada socialmente.




Nota: al parecer, y según información periodística, quien maltrató a Sasha no era precisamente el propietario de la perra, sino un familiar que había quedado al cuidado del canino. Véase: http://www.semana.com/nacion/articulo/quien-pateo-a-la-perra-maltratada-sasha-en-bogota/525572



martes, 16 de mayo de 2017

NOTICIAS UNO: ¿EN LA MIRA?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


El informe periodístico[1] que el noticiero Noticias Uno emitió en días pasados, provocó, nuevamente, la airada reacción del señor  Álvaro Uribe Vélez, quien descalificó al periodista Julián Martínez, a quien señaló como “periodista Pro Farc”.

No es la primera vez que el político, ganadero y latifundista antioqueño estigmatiza y pone en riesgo la vida de los periodistas que publican hechos en los que se ven comprometidas y cuestionadas sus actuaciones públicas y privadas. Ya lo había hecho con Holmann Morris, Yoir Ackerman y ahora, a Julián Martínez. Todos, periodistas críticos a los que Uribe señaló como amigos de los “terroristas o amigos de lafar”.

La violenta, inconveniente y peligrosa reacción del montaraz latifundista se dio porque la dirección de Noticias Uno publicó un informe en el que se señala que Uribe Vélez, cuando fungió como Presidente, se benefició de recursos públicos en su hacienda El Ubérrimo, en el contexto de una política pública en la que se entregaban millonarias cuantías de dinero del Estado, para la construcción de distritos de riego. Dichos dineros no eran reembolsables.

Lo que hizo el periodista Martínez fue recuperar un informe de 2013, de la Contraloría General de la República en la que se concluía que Uribe se auto benefició con recursos públicos, en su calidad de Presidente y latifundista. Si bien se trata de un “refrito”, desde la perspectiva periodística, la pertinencia del informe es innegable, en tanto que coadyuva a entender los orígenes del  conflicto armado interno en Colombia, asociados estos, especialmente, a la lucha por la tierra, la concentración de la misma en pocas manos, así como las prácticas de despojo y/o apropiación de terrenos baldíos. Sobre este asunto, el señalado informe insiste en que la hacienda del político antioqueño acaparó dentro sus límites  tierras de la Nación (baldíos).

Quienes miran y entienden el informe periodístico como parte de una “persecución periodística y política” por parte del mencionado Noticiero, olvidan no solo la naturaleza agraria y de lucha por la tierra que tiene nuestro largo conflicto armado interno, sino que desconocen la función natural del periodismo: incomodar al Poder y por ende, a los poderosos. Y es claro que Uribe ha logrado consolidar el suficiente músculo financiero como para financiar y/o presionar actividades de tipo político y electoral y de esta forma, mantener su cuestionada vigencia política.

Así entonces, lo que hace Noticias Uno y el periodista víctima del señalamiento del mencionado ganadero y latifundista, es simplemente indagar, cuestionar y demostrar que las actuaciones del señor Uribe Vélez no devienen tan pulcras y ajustadas a la ley y a la ética, como insiste el ex mandatario cada vez que se cuestiona su pasado público y privado y las actuaciones de sus hijos (casos como la zona franca y el diálogo en Panamá con Odebrecht[2]).

Como figura pública, y en particular como ex presidente, Uribe Vélez está expuesto y obligado a responder a los llamados y cuestionamientos que le hagan la justicia  y la prensa sobre asuntos sobre los cuales no hay claridad jurídica, como el caso de la apropiación de baldíos. En lugar de señalar y poner sobre los hombros del equipo periodístico de Noticias Uno, la pesada lápida de la estigmatización, bien pudo salir el señor Uribe a dar explicaciones, así ya en el pasado las haya dado. La probidad de sus actuaciones siempre estará en duda mientras existan funcionarios públicos, operadores judiciales (jueces)  y periodistas capaces de enfrentar su poder intimidante y su aún deificada figura.

El señalamiento que hizo el político antioqueño al periodista Julián Martínez se torna peligroso porque él, como ex presidente, arrastra la alucinante admiración de miembros de sectores de poder, legal e ilegal, que bien pueden asumir los cuestionamientos de su máximo líder y mentor (un verdadero Mesías para cientos de miles), como una suerte de “orden o invitación” a eliminar física o simbólicamente a todos aquellos periodistas “pro Farc”.

Resulta inaceptable y totalmente reprochable la reacción del ganadero antioqueño contra un Noticiero y unos periodistas que han logrado mantenerse por fuera del unanimismo mediático[3] e ideológico que Uribe logró imponer y consolidar durante sus aciagos años de Gobierno (2002- 2010). Unanimismo que hoy pretenden mantener medios y espacios informativos como Noticias RCN, La FM, La W y noticiero CM&, entre otros.

Que haya en Colombia periodistas “integrados”, subsumidos, cooptados,  capturados y articulados al poder de una élite empresarial y financiera que extraña el Todo Vale[4] y las prácticas de Uribe[5] en lo que concierne al manejo de asuntos del Estado, no significa que no puedan existir colegas que desde la crítica y la investigación, quieran aportar a la generación de estadios divergentes de opinión pública con los que intentan erosionar en algo el poder de penetración de las empresas mediáticas que no solo defienden a Uribe Vélez, sino al Establecimiento en general.

Más allá del nocivo, imprudente, irrespetuoso e infame señalamiento del señor Álvaro Uribe Vélez contra el mencionado Noticiero de televisión y los periodistas críticos, lo que queda claro es que el ejercicio del periodismo en Colombia deviene profundamente capturado por el poder político y económico, en especial por aquellos sectores que no acompañan el proceso de paz de La Habana, y en particular, rechazan todo lo que tenga que ver con el develamiento de los hechos de una historia de despojo y de apropiación  y concentración de la tierra por desposesión.

De igual manera, a  esos mismos sectores de poder no les gusta que se indague y se expliquen las maneras como desde la misma institucionalidad oficial se logra privatizar el Estado[6] y debilitar su acción, a través de la entrega de millonarias sumas de dinero, que enmascarados como subsidios no reembolsables, lo que terminan consolidando es el ethos mafioso[7] con el que históricamente han actuado quienes buscaron y buscan, desesperadamente, llegar a la Casa de Nariño ( o de Nari), para mantener y extender los privilegios de una clase dominante cicatera y violenta.

Por todo lo anterior, los periodistas de Noticias Uno, el propio Julián Martínez y quienes creemos en un ejercicio periodístico que inexorablemente debe confrontar al Poder y  molestar a los poderosos, debemos preguntarnos si el mencionado noticiero y su equipo informativo están en la mira de…


Adenda 1: hay que apoyar y exaltar el pronunciamiento de la FLIP en torno al asunto. Véase:  http://flip.org.co/es/content/%C3%A1lvaro-uribe-v%C3%A9lez-estigmatiza-periodista-de-noticias-uno

Adenda 2: el silencio de los otros medios y de los colegas de Julián Martínez, confirma  lo ya señalado: en Colombia hay periodistas “integrados” al Establecimiento y otros, que intentan cumplir con los principios deontológicos de este hermoso oficio.


Imagen tomada de poli.edu.co




[3] Véase el libro De la democracia radical, al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática. UAO, 2016.

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