NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

jueves, 1 de junio de 2017

CONDICIONES MÍNIMAS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo


“Estamos ante un verdadero conflicto  frontal entre las grandes corporaciones y  los Estados. Estos aparecen interferidos  en sus decisiones fundamentales –  políticas, económicas y militares– por  organizaciones globales que no  dependen de ningún Estado y que en la  suma de sus actividades no responden ni  están fiscalizadas por ningún  parlamento, por ninguna institución  representativa del interés colectivo. En  una palabra, es toda la estructura  política del mundo la que está siendo  socavada.” (Salvador Allende, 1972. ONU).



A juzgar por la forma como transcurrieron, transcurren y discurren los recientes paros cívicos (Chocó y Buenaventura), Mingas indígenas (Cauca) y el paro de Maestros, se puede concluir que  como sociedad y como Estado enfrentamos una enorme dificultad para dialogar, reconocer al Otro, y sobre todo, aceptar que para sostener un diálogo respetuoso, debemos admitir que las demandas expuestas por los sectores sociales que hoy levantan sus voces, no solo devienen legítimas, sino que advierten la inexistencia de unas condiciones mínimas para vivir y trabajar. Es decir, se trata de asuntos de dignidad que no se pueden despreciar.

Por ejemplo, los habitantes de Buenaventura, en su mayoría afrocolombianos, exigen al Estado óptimos servicios de agua potable, alcantarillado y salud. Es decir, lo mínimo que un orden social y político debe brindar para legitimarse y hacerse con el respeto[1] de sus asociados. Y para que esto se dé, el Estado debe reconocerlos como interlocutores válidos y respetarlos como ciudadanos dignos que hacen uso del legítimo derecho a  la protesta.  Pero, como todo en la vida, hay prioridades, lógicas enfrentadas, circunstancias contextuales  y variables que guardan estrecha relación con las maneras como el Estado responde a dichos desafíos, demandas y reclamos.  

De allí que para muchos resulta curioso, incomprensible y hasta contradictorio que el mismo Gobierno que negoció el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Farc, sea incapaz o se muestre renuente a negociar con civiles,  unos mínimos para vivir con dignidad.

En este punto hay que hacer disquisiciones en torno a la naturaleza diferenciada de los conflictos en mención, pero también a las coincidencias que existen entre los escenarios de negociación planteados y las circunstancias que los originaron y los mantienen vigentes en el tiempo.

Al respecto, hay que decir que la negociación entre el Gobierno y las Farc está inscrita en los intereses corporativos, nacionales e internacionales, que de tiempo atrás se han posado sobre el territorio nacional; sus representantes urgen y exigen operar en condiciones de seguridad que el conflicto armado interno, por obvias razones, no puede garantizar a empresas y contratistas.  Estamos, entonces, ante una paz económica, más que a una paz de carácter político[2].

De ese modo, la larga negociación con las Farc y el ya complejo y riesgoso proceso de implementación, demanda del Gobierno de Santos una especial concentración que hace que las demandas sentidas de las comunidades afro, indígenas y campesinas del Pacífico y las de los propios maestros, sean asumidas como reales e importantes, pero no como estratégicas, en tanto dichos reclamos tienen un fuerte lazo  y lastre histórico que equivocadamente el Gobierno usa para dilatar las soluciones y probar, por esa vía, la capacidad de decisión y resistencia de las comunidades reclamantes.  Menos mal las demandas sentidas de estas comunidades no tienen que ver, en estricto sentido, con  el modelo de desarrollo extractivo que impera en el Pacífico, ni mucho menos con  ajustar el modelo neoliberal vigente. De lo contrario, una salida negociada al Paro cívico no se daría en el corto plazo.

Si bien las razones y circunstancias objetivas que “justificaron” el levantamiento armado en los años 60 permanecen vigentes, e incluso, se hacen visibles y presentes en las señaladas marchas y protestas, la lógica de una clase política y económica cicatera, opta por acompañar, con resistencias de una parte de la establecimiento, en mayor medida la solución política a la guerra interna, al tiempo que sacrifica legitimidad social y política en la región Pacífica y desestima la ya vieja e histórica lucha de Fecode y de los maestros por mejorar sus condiciones salariales y laborales. Es claro para el Gobierno y multinacionales la gente de la región Pacífica poco importa. Lo que realmente se valoran son los recursos hídricos y los que esconde la manigua y los bosques.

Finalmente, después de 53 años de guerra con las Farc, hay que advertir que el Estado creció y se consolidó bajo una doctrina militar con la que no solo respondió a los desafíos de las guerrillas, sino que sirvió, con la idea del enemigo interno, a perseguir, torturar y aniquilar a todo aquello que “oliera a izquierda”. Esa vieja, pero eficaz doctrina, sigue vigente a pesar de la ya casi entrega de armas de las Farc y de su tránsito a la vida civil. De allí que la relación amigo-enemigo sigue haciendo presencia hoy en los paros cívicos, mingas y el cese de actividades de los maestros. He aquí elementos comunes y diferencias entre los tipos de negociación, con las Farc, con los Maestros y con los líderes de los Paros cívicos de Buenaventura y el Chocó.

Todo lo anterior permite constatar que la idea de Estado débil y precario y de una insuficiente institucionalidad capaz de reaccionar con eficiencia, efectividad y eficacia ante reclamos sociales, la han interiorizado de tal forma los funcionarios públicos bogotanos, que la paquidérmica reacción estatal deviene no solo naturalizada, sino que es y debe ser asumida por los funcionarios de los ámbitos regional y local, como una lógica que debe permanecer en el tiempo. Con esa lógica se busca evitar que la gente exija sus derechos y proteste, dada la renuente y demorada respuesta estatal; y cuando lo hagan, simplemente se reacciona apelando a la vieja doctrina del enemigo interno. Y para ello, el Gobierno tiene y envía al ESMAD para cumplir con la tarea represiva, que tiene dos objetivos: el primero, persuadir a los manifestantes, golpeando, hiriendo o asesinando manifestantes; y el segundo, garantizar los intereses del empresariado que se ve afectado por el paro cívico en el principal puerto sobre el Pacífico.

Una vez se consoliden las Farc como partido político, el país deberá acostumbrarse a este tipo de movilizaciones y protestas sociales que no solo se llevarán a cabo para exigir mejores condiciones de vida de comunidades históricamente abandonadas por el Estado, sino para impedir la operación de multinacionales mineras y el desarrollo de proyectos productivos a gran escala. Por ello, en el Acuerdo Final[3] se estableció que las protestas sociales deberán tratarse con civilidad, garantizando los derechos a los reclamantes.

Mientras llega ese momento y se promuevan los cambios estructurales que están contemplados en el Acuerdo Final, los paros cívicos y el cese de actividades seguirán siendo mecanismos efectivos para una ciudadanía que poco a poco pierde el miedo a reclamarle al Estado unas mínimas condiciones de vida.




Imagen tomada de Colombia Plural.



[3] “Garantías plenas para la movilización y la protesta pacífica como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta” p. 45. Acuerdo Final II.

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