NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

lunes, 24 de julio de 2017

Punto de Partida

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La reunión[1] a la que asistieron Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, por parte de los Paramilitares; y en representación de las Farc-Ep, Jesús Santrich, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, constituye un hecho de un indudable valor político y ético. El encuentro, que se dio el 19 de julio del año en curso, se produjo gracias a las gestiones del padre Francisco de Roux, con el concurso del facilitador de paz,  el conservador Álvaro Leyva Durán y del abogado y asesor jurídico en la Mesa de La Habana, Diego Martínez.

Aunque hasta el momento no se conoce de la existencia de una “agenda” o de un compromiso en particular al que pudieron llegar los señalados ex combatientes en las largas tres horas que duró  el crucial y significativo encuentro, si trascendió a los Medios la voluntad de estos señores de la guerra de contribuir a la construcción de una verdad Histórica que nos ayude a comprender qué fue lo que pasó en 53 años de guerra interna.

Esta reunión me hizo recordar la respuesta que dio Manuel Marulanda Vélez a un periodista en pleno proceso de paz del Caguán. Ante la pregunta de si se sentaría a dialogar con el entonces comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, el comandante de las Farc señaló “yo tal vez no… ese es otro paseo, estamos contra el paramilitarismo[2]. Sin imaginar el rumbo que tomarían las dinámicas del conflicto armado y las de las propias Farc, Pedro Antonio Marín quizás sospechaba que subalternos como Alfonso Cano, o los propios Santrich o Iván Márquez, entre otros comandantes que sobrevivieron al Plan Colombia y al Plan Patriota, si podrían estar dispuestos en aquella época o en posteriores momentos, a dialogar con sus sempiternos enemigos.

Años después, sin la presencia de “Tirofijo” y del líder paramilitar, Carlos Castaño, y en medio del proceso de implementación del Acuerdo Final alcanzado entre la dirigencia de las Farc y el gobierno de Santos, el país conoce de una reunión a la que Marulanda Vélez se negó en un momento histórico diferente al que el país vive hoy. Y es claro que Colombia pasa por otro momento histórico, diametralmente distinto  al que se vivió durante los diálogos del Caguán[3]. Ad portas de convertirse las Farc en partido político y después de haber hecho dejación de armas, con el acompañamiento de la ONU, ex líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y ex combatientes farianos deciden reunirse para, muy seguramente, ponerse de acuerdo para contribuir a la construcción de la Verdad que tanto necesita este país para avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera.

Debieron pasar muchos años y darse las más oprobiosas conductas y acciones de paramilitares y guerrilleros, para que sus líderes se sentaran, ya envejecidos y cansados de la guerra, en una misma mesa a conversar de manera respetuosa y distendida.

El gran aporte a la reconciliación de Colombia que pueden hacer estos veteranos de guerra  está en coadyuvar a construir una Verdad que le sirva al país para comprender qué fue lo que sucedió durante años y años de confrontación armada, y luego, avanzar en el establecimiento de responsabilidades políticas y jurídicas por parte de operadores políticos y agentes económicos y sociales de la sociedad civil, que los patrocinaron y facilitaron su presencia y operación en los campos del país.

Así entonces, la reunión en sí misma sobreviene con un invaluable valor ético-político en la medida en que sirve de ejemplo para que la sociedad colombiana, que deviene profundamente escindida y polarizada aún entre falsas dicotomías como Paz-Guerra y Buenos-Malos, asuma el reto de promover  y lograr una esperada reconciliación. Eso sí, reconciliación que deberá darse  y sostenerse en una Verdad que, aunque dolorosa y difícil de aceptar, nos sirva para trascender las motivaciones de los combatientes, legales e ilegales, y nos permita conocer la identidad de aquellos que desde disímiles instancias de poder político, social y económico, auparon las confrontaciones y contribuyeron en buena forma a la degradación del conflicto armado.

No sabemos qué tan preparados estemos en Colombia para escuchar a quienes desde la Derecha crearon el fenómeno  paramilitar y apoyaron a los grupos paramilitares con el firme propósito de presionar y garantizar el desplazamiento forzado de indígenas, afros y campesinos, considerados por terratenientes, banqueros, ganaderos y agroindustriales como enemigos del modelo de explotación rural a gran escala. Ya está claro que los paramilitares no hicieron parte de un proyecto contrainsurgente, sino que fueron la avanzada de actores de la sociedad civil que buscaron acaparar la mayor tierra posible para dar rienda suelta a proyectos agroindustriales y mineros a gran escala.

La ya comentada reunión constituye, sin duda, un punto de partida. Que la Verdad florezca, a pesar de los esfuerzos de la gran prensa y de otros sectores de poder, por evitar que se cumpla con aquello de garantizar Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Especial reconocimiento para el Padre Francisco de Roux, un incansable luchador por la construcción de una paz digna para todos.

Termino con apartes de lo expresado por el jefe negociador del Gobierno en la Mesa de La Habana, Humberto de la Calle Lombana, una vez alcanzado el primer Acuerdo Final: “Muchos colombianos quisieran castigo para las FARC. Pero también con igual fervor deberíamos pedir el mismo castigo para todos los responsables. Agentes estatales que desviaron su misión y terceros financiadores de graves crímenes y masacres. La violencia del otro no puede justificar la violencia propia. Lo que se quiere con la aplicación de una justicia de transición y con la puesta en marcha de mecanismos para la verdad y la reparación, es que esta sociedad entienda que no hay violencia buena. Que la única reacción legítima contra el crimen es la fuerza democrática del Estado. Que fuera de este camino, viene el desencadenamiento de violencias que se alimentan a sí mismas y que perpetúan la confrontación. La no repetición es algo que exigimos a las FARC con firmeza. Pero este también debe ser un gran compromiso nacional. Nadie deberá en el futuro alentar formas de la mal llamada justicia privada. Lo acordado en la justicia es parte de un sistema completo que implica verdad, reparación y garantía de no repetición[4].





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