NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 16 de agosto de 2017

Pensar Regiones Sostenibles

Por Germán Ayala Osorio, estudiante del Doctorado en Regiones Sostenibles[1]

Colombia enfrenta, desde ya, dos retos mayúsculos: el primero, lograr condiciones que le aseguren niveles aceptables de sostenibilidad socio ambiental en ciudades y en sectores rurales, y en segundo lugar, y como correlato del primer reto, consolidar escenarios de Paz y ojalá, de posconflicto, entendido este último como un escenario de transformación cultural profunda[2]. Estos dos desafíos se entrecruzan desde diferentes ámbitos, en particular en el Regional, dadas las visiones y las acciones de desarrollo emprendidas en regiones y territorios que aún conservan valiosos ecosistemas naturales y que están en camino de consolidar procesos civilizatorios en ecosistemas humanos golpeados por el conflicto armado interno, la presencia no homogénea del Estado, por problemas de convivencia, por factores propios de la economía ilegal y el actuar de grupos armados organizados (GAO) y neo paramilitares[3].

Aunque se comparta una idea generalizada de desarrollismo, el desarrollo desigual de las regiones en el país da cuenta de procesos no homogéneos de construcción de Estado, sociedad y mercado, triada fundamental para comprender  el orden social  y las acciones que se puedan emprender para pensar, diseñar e implementar regiones sostenibles.

La sostenibilidad, desde la perspectiva del enfoque sistémico, permite la confluencia y la convergencia entre ecosistemas naturales y ecosistemas sociales integrados en diferentes escalas (local, nacional y global), históricamente desligados, por el no acercamiento de disciplinas, por un lado, y saberes que apenas hoy  intentan conectarse a través de lo que se conoce como la interdisciplinariedad; y por el otro lado, de políticas socio económicas fallidas o con impactos negativos.

De allí que al hablar de regiones sostenibles, de inmediato hay que poner en operación las variables y los criterios que entran a jugar para dar cuenta de una pretensión y anhelo de un país que no ha sabido administrar ni aprovechar, racionalmente, los recursos de una biodiversidad que se mantiene en pie a pesar de procesos de intervención, transformación y sometimiento de valiosos ecosistemas naturales, cuyos servicios ecosistémicos, en muchos casos, están bajo amenaza por la presión y la injerencia de corporaciones, políticas estatales y usos indebidos por parte de grupos comunitarios.

Pensar Regiones Sostenibles es un ejercicio político, académico, económico y cultural de gran envergadura. No se trata simplemente de invocar la interdisciplinariedad con la que se pretende romper el paradigma que hizo posible desconectar, desde el pensamiento y el ejercicio de la Escuela, la compleja presencia, el devenir del ser humano y el lugar que alcanzó como especie dominante, dentro de lo que se conoce como la cadena trófica. 

Así entonces, subsiste la necesidad de establecer criterios de análisis que, en perspectiva de futuro, permitan pensar la sostenibilidad regional como el camino para transformar o mejorar las relaciones entre el ser humano y la Naturaleza, en especial en aquellos entornos urbanos que superaron con creces los límites de resiliencia de valiosos y estratégicos ecosistemas naturales.

Un primer criterio que se propone para pensar, modelar y quizás establecer Regiones Sostenibles hace referencia a la historia pasada, reciente y actual de las formas relacionales que dentro de una determinada Región se establecieron entre el Estado, la sociedad y el mercado. Esa historicidad deberá dar pistas y patrones comportamentales de los diferentes actores y factores de poder que, asociados a cada uno de aquellos tres estadios (E-S-M), facilitaron, bajo una idea más o menos consensuada de desarrollo y progreso, la transformación de ecosistemas naturales, territorios y paisajes naturales.

Un segundo criterio guarda estrecha relación con la caracterización de los actores de poder que dentro, o fuera del Establecimiento, coadyuvaron a la construcción o de-construcción de lo Público, categoría clave para entender las relaciones establecidas entre el ser  humano y la Naturaleza. En este punto es importante establecer qué tipos de poderes y contrapoderes se establecieron en determinada región[4], y qué tipo de actividades antrópicas y sus efectos, negativos y positivos, se produjeron en determinados ecosistemas naturales.

Un tercer criterio tiene que ver con la caracterización de los ecosistemas naturales intervenidos por las acciones antrópicas, alrededor de su vocación, las condiciones geofísicas, morfológicas, climáticas y las relacionadas con la integridad ecológica. Con dicha información, se pueden facilitar las acciones de mitigación y cambios en la orientación del tipo de desarrollo regional a conocer.

Un cuarto criterio se asocia con la periodización de los procesos de transformación de los ecosistemas naturales de la región definida, estableciendo cortes sincrónicos que permitan en el tiempo establecer patrones de comportamiento, cambios sustanciales y estructurales en ecosistemas, en la calidad de los servicios ecosistémicos que prestó, presta o podría prestar.

Y un quinto criterio está definido por la ética ambiental que emerge de la actual coyuntura socio ambiental, elevada y considerada por Enrique Leff y otros, como una profunda crisis civilizatoria en la que se ven comprometidas las racionalidades científicas, economicistas y ambientales sobre las que aún se soporta el actual modelo de desarrollo y las prácticas extractivas que en particular permiten distinguir al caso colombiano.

Con todo lo anterior, y en medio de los dos retos que debe asumir el Estado y la sociedad colombianas, pensar Regiones Sostenibles se erige como una condición necesaria en la que es posible anclar aquello de la sostenibilidad socio ambiental y la consolidación de paz y posconflicto, en un país cuya élite supo aprovecharse de las diferencias regionales (artificiales y naturales), para justificar su incapacidad para liderar la construcción de Nación, y la consolidación de un Estado moderno capaz de copar todo el territorio y erigirse como un orden moralmente superior a sus ciudadanos, a través de la eficacia que le corresponde como símbolo de poder (eficacia simbólica).

Si los criterios aquí planteados se aceptan, la tarea que sigue es hacerlos operacionales en contextos específicos, es decir, en Regiones establecidas “arbitrariamente”, de acuerdo con  unos o varios  problemas a resolver, a analizar o comprender. 


Imagen del ministerio minambiente.gov.co


[1] Doctorado de corte interdisciplinar ofrecido por la Universidad Autónoma de Occidente de Cali.
[2] Especialmente, por la consolidación de una institucionalidad estatal y privada soportada en un ethos mafioso; también por los efectos negativos que dejó un largo conflicto armado interno y las políticas económicas adoptadas en los años 90.
[3] Grupos de paramilitares que sin el liderazgo político de los anteriores líderes de las AUC, actúan para ocupar los territorios dejados por las Farc, hacerse con el negocio del tráfico de drogas y prestar “servicios sicariales” a empresarios del campo y otros agentes, interesados en evitar el resurgimiento de movimientos sociales con vocación de poder. Esto explicaría el asesinato de líderes sociales, reclamantes de tierras, defensores de DDHH y del medio ambiente.
[4] Aunque se trata de un término polisémico, para efectos de este documento, el concepto de Región estará circunscripto a las necesidades del observador-investigador, quien deberá trazar los límites y el tipo de conexiones que se dieron o que se puedan dar entre espacios geográficos, de los que hacen parte el paisaje (invención social), el territorio, las territorialidades, subregiones, lugares y entornos. 

martes, 15 de agosto de 2017

ELEMENTOS PARA PENSAR REGIONES SOSTENIBLES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Cualquier actividad, ejercicio académico, científico y/o político que se emprenda para tratar de comprender o explicar fenómenos y hechos socio ambientales, debe pasar, inexorablemente, por el tamiz correlacional que se dibuja cuando expresamos la triada Estado- Sociedad- Mercado.  En esa misma medida, el ejercicio de pensar, diseñar y hasta soñar Regiones Sostenibles debe pasar por todo tipo de reflexiones, investigaciones, análisis y cuestionamientos alrededor de las formas como operan las relaciones entre los componentes de la señalada triada,  así como el carácter, el funcionamiento, el devenir y los alcances, entre otros, del Estado, de la Sociedad y del Mercado.  

Para el primero, debemos reconocer su espíritu, su carácter, eficacia simbólica[1] y situación simbólica[2] con la que  se definen, en buena medida, sus maneras de operar como un tipo de orden legítimo y viable. La tarea que se desprende de inmediato es auscultar la institucionalidad estatal que deviene histórica, pero en buena medida también coyuntural dadas los vertiginosos cambios culturales que viene experimentando la sociedad sobre la que opera, con el objetivo de  controlarla, someterla, guiarla y/o acompañarla en el largo proceso civilizatorio que “justifica” y explica la relación binaria Estado-sociedad. Para el caso de las Regiones Sostenibles, es clave revisar las políticas ambientales y advertir si como orden perenne, el Estado colombiano logró, en el tiempo, tener, ofrecer, aplicar y consolidar una política ambiental capaz de integrar los discursos hegemónicos del desarrollo y el progreso, en aras no solo de dar cumplimiento a compromisos ambientales adquiridos, sino para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y sociales que comparten sus dinámicas en un mismo espacio geográfico (natural).

Es claro, entonces, que varios elementos y circunstancias se congregan alrededor de esas institucionalidades que hacen parte de la triada Estado-Sociedad- Mercado; y   con ellas  mismas, se buscan explicaciones y se emprenden acciones conducentes a comprender, evitar o mitigar eventos, hechos o fenómenos socio ambientales.  Dentro de esos elementos aparecen la fortaleza institucional, la coherencia diferenciada de los partidos políticos, la cultura política expresada en las urnas, los grupos de poder hegemónico (élites tradicionales, por ejemplo), o “nuevos” que por específicas coyunturas político-electoral hayan alcanzado el poder político estatal y finalmente, los niveles de expresión de lo que llamo aquí un Estado análogo[3].

En cuanto a la Sociedad, señalo como elemento clave para evaluar el funcionamiento y el devenir de la agregación amorfa de individuos y ciudadanos que la constituye, a la cultura dominante y al juego que esta le permite, el lugar que le ha cedido o los beneficios políticos que le aseguran las expresiones y prácticas culturales de lo que varios autores llaman la poscultura. El consumo, la reproducción humana, el individualismo y el antropocentrismo, entre otros elementos, deben mirarse y tenerse en cuenta a la hora de pensar y discutir modelos de regiones sostenibles, soportadas claro está, en una visión sistémica integradora de la vida social, con los ecosistemas naturales.    

Y en lo que refiere al Mercado, señalo como principal característica la producción y la reproducción del capital como objetivo estratégico que hace confluir de un lado, las aspiraciones, deseos y las propias incertidumbres de los ciudadanos presos de lo que les ofrece la poscultura y del otro lado, somete la política y  la institucionalidad estatal al designios de una globalización económica que urge la eliminación de obstáculos, de fronteras y de quimeras como la defensa de la soberanía estatal y popular y por ese camino, el aprovechamiento sin límites, de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos que prestan valiosos y estratégicos ecosistemas.   

Así entonces, pensar y diseñar regiones sostenibles implica de manera clara, la exposición y quizás la disección de cada uno de los componentes de la triada Estado-Sociedad- Mercado. Esta reflexión continúa.




Imagen tomada de ecologiaverde.com


[1] Refiero a la confianza que el Estado genera como actor político en determinados grupos sociales. Para el caso colombiano, propongo, para un análisis crítico  de su funcionamiento y de su eficacia simbólica, la nomenclatura Estado Asimbólico: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/08/colombia-un-estado-asimbolico.html

[2] Refiero como situación simbólica al momento que vive el Estado como estructura de poner y dominación, en relación con las formas representacionales de sus asociados construyen y comparten alrededor de la legitimidad de su operación, la legalidad de las decisiones adoptadas en particulares instituciones o agentes estatales y en general, de lo que como símbolo de unidad política y faro moral proyecta en los ciudadanos que de manera “natural” han aceptado su autoridad.
[3] Refiero con Estado análogo a esa institucionalidad estatal que si bien cumpliría las mismas y originales funciones políticas y territoriales del Estado, su finalidad sería el diferenciador del Estado. 

jueves, 10 de agosto de 2017

Colombia: un Estado Asimbólico

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El contenido de este texto busca reacciones en los lectores, alrededor de la categoría Estado Asimbólico que se propone para evaluar la acción estatal (histórica) del Estado colombiano. Así entonces, espero los comentarios que a bien tengan hacer aquellas personas que decidan dedicar tiempo a leer este artículo.

Un Estado se considera Asimbólico cuando, por su débil institucionalidad, es incapaz de regular,  guiar y enfocar la vida de quienes comparten un territorio sobre el que teleológicamente busca dar sentido a ideas políticas como soberanía popular y estatal, y moralidad pública; y lograr, en un proceso histórico continuo y vigilado, una esperada e imaginada unidad nacional.

Un Estado se considera Asimbólico porque a lo largo de su historia, la estructura de poder que lo soporta y las correlaciones de fuerza que lo visibilizan y perpetúan,  permitieron la consolidación de negativas representaciones sociales (RS) de sus asociados, que terminaron en el debilitamiento de su imagen como orden viable, legítimo y justo. Su incapacidad e “insolvencia” simbólica es resultante del desgaste que sufrió su institucionalidad estatal por las acciones y prácticas asociadas al clientelismo, a las de un entronizado ethos mafioso y a la corrupción público-privada que poco a poco minaron la confianza de la ciudadanía, hasta deslegitimar su operación e intervención a través de políticas públicas y por supuesto, a través del uso del poder coercitivo, del uso legítimo de la fuerza, de la imposición de gravámenes y del imperio de la ley.

Lo que sucede con el Estado en lo que corresponde a la función simbólica que le precede, es que ésta, una vez debilitada por la circulación y entronización de las negativas representaciones sociales (RS)  construidas y  de-construidas por los  ciudadanos y las que terminan interiorizándose  en  quienes sobrellevan la institucionalidad estatal, esto es, el Presidente de la República y otros funcionarios de elección popular y en general de la burocracia estatal, es que pierde credibilidad, legitimidad y anima el incumplimiento de la ley, la inmoralidad pública, así como el irrespeto a las instituciones estatales y la consecuente violación de la confianza ciudadana.

Un Estado mantiene intacta o pierde su condición de símbolo de poder y dominación a lo largo de la historia y  de acuerdo con las formas como se resolvieron los conflictos, las luchas y las guerras que se suscitaron durante su proceso de consolidación. Todo lo anterior, asociado, por supuesto, a las prácticas culturales y al fortalecimiento de actores de poder interesados, en primer lugar, en construir Estado a partir de su aceptación como necesidad para superar estadios de violencia e inmanejables incertidumbres sociales y espirituales; y en segundo lugar, esos mismos u otros actores de poder (de la sociedad civil, especialmente), proclives a través del tiempo a “hacerse” con el Estado para orientar o reorientar los objetivos compartidos universalmente sobre su función, operación y fines políticos.

El carácter más o menos espectral con el que históricamente el Estado opere, le irá asegurando la condición asimbólica en la medida en que la sociedad civil y la sociedad en general toman decisiones más acordes con intereses particulares y de acuerdo con los frutos que dejen las “negociaciones”, coaliciones, recomposición del poder y consensos logrados entre sectores de poder (élites del llamado Establecimiento) interesados más en consolidar un tipo de Estado sectorial o regionalmente fuerte (privatizado), al tiempo que aseguran su debilidad para ejercer completo  dominio del territorio administrativa y políticamente reconocido.

Para el caso de Colombia, el Estado es Asimbólico porque de tiempo atrás su inacción, su débil respuesta a las demandas sentidas de la sociedad, en especial a los más vulnerables, su no presencia, o por el contrario, su presencia no heterogénea en el territorio nacional, permitió y permite aún que  dicha nomenclatura, concepto y categoría haya perdido anclaje político, social y económico, lo que paulatinamente debilitó su capacidad de mantenerse y erigirse como  un símbolo de unidad identitaria y territorial sobre el que recae la enorme responsabilidad política de convertirse en un faro moral para sus asociados. 

La condición asimbólica del Estado colombiano puede tener origen en el incumplimiento de los tres monopolios modernos, universalmente aceptados: renta, fuerza o violencia y justicia. Pero digamos que esa no sería la única fuente determinadora de esa condición. Su carácter espectral con el que se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, anima, produce, reproduce, legitima y valida acciones y actores paraestatales que pueden ser legales o ilegales. Quizás, entonces, su sombría o fantasmagórica figura sea la fuente más clara de donde viene la condición asimbólica que se le puede endilgar al Estado colombiano.

De esa manera, la función simbólica del Estado recae no solo en quien funge como Presidente de la República, sino en cada uno de los funcionarios públicos que llevan a cuesta la representación del Estado como una forma de dominación en la que el uso de legítimo de la fuerza, la intimidación y la coerción, se aceptan a través de tres caminos: el primero, a través de la  aceptación natural por parte de cada uno de los asociados que nacen, reconocen las circunstancias regladas, se comprometen a respetarlas y promueven su perpetuación a través del ejemplo; el segundo, a través de la aceptación expresa de su autoridad por parte de ciudadanos que confían y reclaman del Estado su condición perenne. Y el tercero, a través de la imposición a través de acciones violentas que tienen un carácter ejemplarizante y persuasivo para aquellos grupos humanos o sectores de poder particular que retan o cuestionan la autoridad y la legitimidad estatal. Para el caso colombiano, dichas acciones disciplinantes y ejemplarizantes se enmarcaron en la lucha contra los grupos de bandoleros y las otras denominaciones en el contexto de la violencia política de los años 40 y 50, y posteriormente, el enfrentamiento estatal contra las agrupaciones subversivas que surgieron en los años 60.

Al revisar el contenido de la Constitución Política de Colombia (1991) se encuentra el carácter simbólico del Estado, en particular cuando en el Título VII, de la Rama Ejecutiva, Capítulo I del Presidente de la República, se lee: “Artículo 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

La disquisición alrededor de si el Estado colombiano es símbolo de poder, o si por el contrario su accionar en lo público hace pensar en que su poder es estratégicamente simbólico, no solo confirma su naturaleza simbólica como un tipo de orden, sino que advierte que el Presidente,  como máxima autoridad moral y administrativa, entra de manera obligada en un proceso de consolidación del  Estado, en su calidad de Jefe de Estado, como símbolo de unidad nacional. De esta manera,  la condición o el carácter simbólico del Estado bien pueden debilitarse o consolidarse de acuerdo con las valoraciones que de la gestión del Presidente hagan los ciudadanos y actores de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a los partidos políticos. 


Con todo lo anterior, y si seguimos a Fernán González cuando señala que Colombia es un Estado en formación, podemos colegir que hemos construido, de disímiles maneras, o por específicas circunstancias, un Estado Asimbólico, hecho que hace aún más complejo el ejercicio de erigirse como un orden justo, defendible, viable y legítimo.



Imagen tomada de banderadecolombia.net



martes, 1 de agosto de 2017

LOS ERRORES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La crisis institucional que afronta hoy el régimen de Maduro y que sufre una buena parte del pueblo venezolano obedece, fundamentalmente, a crasos errores cometidos por quienes lideraron en el pasado lo que llaman el “socialismo del siglo XXI” y aquellos que creyeron, como Nicolás Maduro, que podrían dar continuidad al proyecto político orientado por Hugo Rafael Chávez Frías[1].

El primer error que comete Nicolás Maduro es el de haber dedicado mucho tiempo a imitar,  a parecerse a Chávez y a mantener viva la imagen del desaparecido Mesías, dejando de lado la imperiosa tarea de consolidar una institucionalidad socialista capaz de afrontar el desafío político y social de una Oposición que con el tiempo se hizo fuerte, porque supo encontrar fisuras institucionales, pero sobre todo, vacíos y errores en la implementación de un régimen político y económico que requiere de un gran compromiso y convergencia social, pero sobre todo, de grados de eficiencia, efectividad y eficacia, en especial en lo que tiene que ver con mantener las cadenas de distribución de alimentos y por esa vía, cerrar las puertas a la indignación y a la resistencia que produjo en sectores sociales (clase media) la existencia de problemas con el abastecimiento de víveres y elementos de primera necesidad.

El equívoco de Maduro estuvo en intentar gobernar a Venezuela soportando el enorme peso simbólico de la imagen y el liderazgo de Chávez Frías, con el agravante de no haber apuntalado instituciones capaces de mantener el aprecio colectivo por las reivindicaciones sociales e identitarias que Chávez logró para unas mayorías atormentadas por la pobreza, pero sobre todo, afligidas por el desprecio de miembros de una élite política y económica “blanca” que históricamente los desconoció como ciudadanos y beneficiarios de la renta petrolera.

El no haber sabido constituir instituciones fuertes y una institucionalidad eficiente para atender las demandas sentidas de la población, le dio enormes posibilidades a una Oposición que no solo supo ver y aprovechar los errores y las fisuras institucionales, sino que aprovechó muy bien el pobre liderazgo que ejerció y ejerce aún ese mal imitador de Chávez que se llama Nicolás Maduro.

Mientras que Chávez buscó reivindicar la vida de los más miserables, su proyecto socialista desoyó a una clase media y alta que a pesar de que se quedó en el país, jamás fue convencida o atraída por un proyecto socialista que decidió focalizar su acción política, social, económica e ideológica, en una porción importante de la población, al tiempo que despreciaba las aspiraciones de quienes por largo tiempo vivieron de la renta petrolera o hacían parte de las redes clientelares y de corrupción política que por años dominaron en Venezuela.

Al final, los líderes del experimento socialista venezolano confiaron demasiado en la imagen del líder mesiánico, en su permanencia como símbolo de unidad, aún después de muerto, al tiempo que consolidaron un brutal y temeroso aparato represivo(policial y militar), el mismo que  hoy soporta, políticamente,  la aventura de cambiar un ordenamiento jurídico-político ganado a pulso en pasadas y masivas contiendas electorales, a través de una Constituyente que nace del desespero por no haber consolidado años atrás la institucionalidad socialista suficiente sobre la cual soportar el cambio de modelo de Estado, en lo económico, en lo político y en lo social.

Ojalá que lo que aconteció, acontece y acontecerá en Venezuela sirva de lección para quienes desde la izquierda[2] colombiana insisten en instaurar aquí el viejo modelo socialista soviético. De un lado, aprender a crear y consolidar instituciones fuertes y eficientes y una institucionalidad que arrope las expectativas de vida de las grandes mayorías, sobre la base de un ethos que se diferencie del que agenció el antiguo régimen. Poco se gana al desmontar un régimen oprobioso y corrupto, si quienes lideran el cambio arrastran un ethos mafioso que quizás supera, en daño y perversidad, al que se quiere desmontar y proscribir a través de la instalación de un nuevo régimen, en este caso, el socialismo del siglo XXI.  De otro lado, queda la lección de que los Mesías resultan perjudiciales, en la medida en que se erigen como el principal obstáculo para consolidar instituciones fuertes, legítimas y eficientes, de cara al enorme desafío que trae mitigar o acabar con la pobreza estructural en la que se encuentran atrapados millones de colombianos.



Imagen tomada de 20minutos.es

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