Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

viernes, 29 de septiembre de 2017

¿Partidos o bolsas de empleo?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La situación de los partidos políticos en Colombia da para pensar en el tipo de democracia que los operadores políticos han coadyuvado a consolidar, con el concurso de cientos de miles de colombianos que se han dejado capturar por la histórica práctica del clientelismo, que para el caso nuestro, deviene como una fuerte institución social y política.

Las decisiones tomadas por Vargas Lleras, Ordóñez Maldonado y Martha Lucía Ramírez de presentarse por firmas a las elecciones de 2018,   así como las dudas que rodean a Humberto de la Calle en cuanto a si  participa de la contienda electoral con el aval institucional del Partido Liberal, dan cuenta de la debilidad no solo de los partidos Liberal y Conservador, sino  la de de micro empresas electorales como el Partido de la U, así como la de Cambio Radical, este último movimiento político creado a imagen y semejanza del candidato de la Derecha y la ultraderecha, Germán Vargas Lleras.

De la democracia colombiana se ha dicho que es formal, lo que claramente expone varios  elementos que no solo la caracterizan como tal, sino que sirven para señalar lo difícil que resulta pasar de una democracia eminentemente electoral, a una vigorosa, moderna, institucionalizada y legítima. Dichos elementos son: la alta abstención, el clientelismo y la dinámica electoral misma.

Con una abstención alta, cuyo promedio histórico nacional alcanza más del 60%, la democracia colombiana, desde una perspectiva político-electoral, es un remedo, una imitación, una caricatura. Se trata de un escenario ideal para las maquinarias clientelistas que pre  y candidatos como Vargas Lleras, Ordóñez Maldonado y el que diga Uribe, están acostumbrados a mover y a mantenerlas aceitadas para su adecuado funcionamiento político.

Así operaron los partidos Liberal y Conservador durante y después del Frente Nacional; hoy, estas colectividades  se disputan las condiciones en las que se mantienen en pie, gracias, justamente, a la tradición y al vigoroso, reglado e institucionalizado clientelismo.  Eso sí, sus representantes más connotados no pueden ocultar el carácter insepulto que de tiempo atrás los acompaña.

Los colombianos que no participan de las contiendas electorales claramente mandan un mensaje de rechazo a la clase política, recado que no es recogido porque los operadores políticos han sabido capturar de tal modo la institucionalidad electoral, y la política misma, que han interiorizado que ese alto guarismo en la abstención resulta insignificante ante el poder clientelar y las relaciones mafiosas que han construido con cientos de millones de colombianos que los sostienen con sus votos.

De esta forma, Colombia es una democracia sin partidos. Y es funcional para sectores del Establecimiento que no solo aplauden los bajos niveles de participación electoral de los colombianos, sino que hacen ingentes esfuerzos para mantener la abstención y la dominación  electoral sobre millones de compatriotas, a través de relaciones clientelares. Y esto se ancla a la ampliación o al mantenimiento de la pobreza en amplios sectores, tradicionalmente marginados; y se conecta con la baja cultura política, asociada con la poca lectura y el nulo pensamiento crítico en amplios sectores poblacionales. Y estas circunstancias contextuales dan vida a una simple suma: Pobreza $ (P$)+ Pobreza Cultural (PC)+ “Pensamiento Acrítico”(PA)= Clientela para los operadores políticos.

Los partidos políticos en Colombia son una fachada de un Régimen que supo borrar los límites entre lo legal y lo ilegal; entre lo correcto y lo incorrecto. Los centros de pensamiento al interior de partidos como el Conservador y el Liberal, son funcionales al ethos mafioso con el que operan dichas colectividades al interior de los legislativos en los ámbitos local, regional y nacional y en relación con la rama ejecutiva, en los mismos niveles.

Los Partidos Políticos en Colombia son, realmente, bolsas de empleo, fruto de las enormes dificultades que enfrenta un aparato productivo deficitario en su capacidad de absorber mano de obra cesante, calificada y no calificada. Un aparato productivo que ha alimentado la corrupciòn al interior de los partidos polìticos. 

Entendido el ejercicio de la política como un mecanismo de “movilidad social”, las prácticas clientelistas aparecen casi de forma natural y por esa vía, la corrupción que tanto quieren ocultar al interior de sus partidos, candidatos que se lanzaràn por firmas como Vargas Lleras y Ordóñez Maldonado, para nombrar apenas dos de los más señalados y salpicados por lo que sucedido por el aval entregado a funcionarios corruptos e incluso, a criminales, como es el caso de Cambio Radical, la empresa electoral de Germán Vargas; y por las prácticas clientelistas que puso en marcha Alejandro Ordóñez Maldonado durante su negativo y nefasto paso por la Procuraduría General de la Nación, incluyendo, por supuesto, el tiempo extra que se quedó en dicha entidad, gracias a su espuria reelección.

Así entonces, para las elecciones de 2018 volveremos a ver el mismo espectáculo político: gente rica, empresarios y élites, votando por aquellos que les aseguren jugosos contratos; otros, de una clase media que tambien buscan beneficios particulares; un reducido sector poblacional con voto de opinión, tratando de erosionar el poder del clientelismo; y los pobres, votando por los candidatos que les ofrezcan almuerzos, luz, alcantarillado, lentejas y otros tipos de migajas.

Lo nuevo que tendremos para el 2018 será el duro enfrentamiento político-electoral entre quienes apoyan el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y aquellos que están de acuerdo con los trizadores de Germán Vargas Lleras, Martha Lucía Ramírez, el que diga Uribe, y el ladino ex procurador general de la nación y fanático religioso, Alejandro Ordóñez Maldonado.


Imagen tomada de wradio.com.co


jueves, 28 de septiembre de 2017

La foto de Ricaurte

La foto de Ricaurte

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Interesante el debate ético-político y periodístico-noticioso que se suscitó en la dirección y la redacción de El Espectador, por la negativa del editor general de no publicar la foto del ex magistrado Ricaurte, cuando era reseñado judicialmente.  En una nota[1] de la redacción judicial, se recoge el debate interno que se originó en torno a un hecho judicial de especial significado, como quiera que se ordenó la captura del ciudadano Francisco Ricaurte, involucrado en lo que ya se conoce como el “cartel de la toga”[2]. Si bien hay que celebrar el espacio de discusión que se abrió al interior del diario bogotano en torno al espinoso asunto, es importante recoger el asunto y llevarlo a la Academia, con el fin de enriquecer el debate.

La decisión editorial me hizo recordar el tratamiento periodístico-noticioso que ese mismo diario le hizo al hecho del collar bomba[3], en el que murió Elvia Cortés, hecho punible y execrable al que la fuente castrense atribuyó la única y total responsabilidad a las antiguas Farc. El diario El Espectador, en ese momento, minimizó el hecho a través de titulares y un cubrimiento periodístico atinado, responsable y alejado de los intereses de la fuente militar. Este diario bogotano no se sumó a los otros medios que sirvieron de ruedas de transmisión a los militares interesados, en esa coyuntura, en torpedear el desarrollo de los diálogos de paz en la zona de Distensión, durante el gobierno de Pastrana Arango (1998-2002). Sobre ese asunto volveré al final de la columna.

En esta ocasión, la negativa de publicar la imagen del ex magistrado reseñado como lo hacen las autoridades con aquellos ciudadanos cobijados con orden de captura, obedece a una decisión editorial que guarda visos políticos en la medida en que se asume una postura sobre un asunto que toca directamente al ejercicio del poder, en este caso, al poder judicial. Por lo tanto, la negativa de editar la fotografía, como el haberlo hecho, como lo hicieron otros medios, obedece a una decisión autónoma de cada empresa informativa. Sin embargo, dicha postura termina, de un lado, por favorecer la imagen de un jurista que se prestó para prácticas contrarias a la ley y a la ética y del otro lado, el diario priva a sus lectores de reconocer a quien a través de sus fallos y de sus actos judiciales, minó aún más la escasa confianza que los colombianos tenemos en la justicia.

Sobre si la imagen publicada genera u aporta a la generación de morbo en las audiencias, me parece que no, en la medida en que las reacciones de los lectores resultan variadas y no necesariamente el interés de leer la prensa y de buscar en particular una foto, esté naturalmente asociada a un interés desaforado por revisar què pasó con un hecho por considerarlo extremadamente atractivo. Con la decisión editorial, El Espectador  considera que la fotografía es desagradable, cruel, inmoral e incluso, como prohibida, dado que se trata de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Parece olvidar el diario que se trata de un cuadro y de un hecho que da cuenta de la entronización de un ethos mafioso que guía la vida de políticos, jueces, empresarios e incluso, de periodistas, circunstancia contextual que amerita el repudio colectivo de una sociedad que no parece alterarse por los actos de corrupción al interior del Estado.

Que un ciudadano sea reseñado por la autoridad judicial, obedece a una situación normal desde la perspectiva judicial. Que ese ciudadano sea un exmagistrado de una alta Corte, como lo es la Corte Suprema de Justicia, por supuesto que eleva la gravedad del hecho judicial y desde una perspectiva ética, la situación resulta extremadamente lamentable y amerita el repudio de la sociedad; pero de allí a que la misma imagen pueda considerarse como inmoral, desagradable en gran medida, o cruel, con el firme propósito de justificar su no publicación por cuanto genera morbo, o hace que la práctica periodística adquiera ese carácter, me parece que es un error de apreciación.

La prensa está para confrontar al poder. Si hoy no lo hace por los compromisos económicos y políticos que comprometen la operación de las empresas mediáticas y la misma libertad de prensa, esos mismos medios deben aprovechar las ocasiones en las que el poder, sectores del Establecimiento y sus representantes más connotados puedan sufrir algún tipo de erosión en su naturalizada legitimidad. Por lo tanto, la fotografía de Ricaurte, luciendo el número con el que se identifica su captura, constituye una oportunidad para exhibir la ilegitimidad, la podredumbre y el hedor que expele ese actor clave del ordenamiento jurídico-político como lo es la Corte Suprema de Justicia, en cabeza, claro está, de quienes hicieron de ella un garito.

Publicar la imagen de Ricaurte no puede hacer más daño del que ya hizo el ex magistrado al actuar de la manera como al parecer lo hizo, de acuerdo con las denuncias ya conocidas por los delatores y corruptos funcionarios, Gustavo Moreno y Musa Besaile.   

Ver el rostro de Ricaurte, impotente, sorprendido, sin el ropaje de magistrado y sin las gafas que le dan ese aire “intelectual” o de “uribista reflexivo”[4], debe servir para que la sociedad se pregunte què pasa por la cabeza de un abogado que alcanza semejante dignidad y es capaz de mancillarla, y de exponer  su nombre y el de su familia al escarnio público; y que esa misma sociedad se cuestione alrededor de los principios  que guiaron su ejercicio como jurista durante tantos años.

La prudencia con la que EL ESPECTADOR cubrió los lejanos hechos de la muerte de la señora Elvia Cortés deja entrever un ejercicio periodístico responsable, que también se puede apreciar en las posturas editoriales[5] asumidas en torno al proceso de paz que se  adelantó en La Habana; sin embargo, en el caso de la ya referida fotografía de Francisco Ricaurte, la dirección editorial hizo una lectura equivocada del hecho noticioso. Cayó El Espectador en una innecesaria “autocensura simbólica” dado que guardó e ignoró  información, en este caso, relacionada con lo mucho  que dice la foto de Ricaurte.






lunes, 25 de septiembre de 2017

El de la Toga: un Cartel más


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los recientes escándalos por actos de corrupción que arropan las vidas de los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos de la Corte Suprema de Justicia, del ex fiscal anti corrupción, Luis Gustavo Moreno y del actual magistrado, Gustavo Malo, son la expresión clara del histórico proceso de entronización del ethos mafioso que no solo parece guiar las vidas de los señalados  abogados, sino que ha servido de bisagra articuladora entre la acción política y legislativa de los congresistas, y la acción judicial, representada en esta Corte y en otra, también salpicada por actos de corrupción. Recuérdese el caso de Fidupetrol o “Fidupretel” en la Corte Constitucional.

Otros casos de corrupción que evidencian la presencia naturalizada de ese ethos mafioso, tienen que ver con la adjudicación de obras a la firma Odebrecht. Y así, podemos irnos, incluso, a lo sucedido con la construcción de la hidroeléctrica de El Guavio; o lo ocurrido con la construcción de Chambacú, caso en el que estuvieron involucrados los reconocidos políticos Luis Alberto Moreno y Fernando Araújo. El listado es largo y  tedioso, por los niveles de impunidad que los rodea.

Más allá de las versiones entregadas por delatores[1] como Gustavo Moreno y Otto Bula, entre otros, y de los tratamientos espectaculares y reduccionistas que hacen los medios masivos, lo que hay que tratar de ver y descifrar en estos hechos son elementos claves que nos pueden ayudar a entender y comprender el trasfondo ético-político que compromete no solo a los funcionarios corruptos, sino a la sociedad política y en general, a todos los colombianos, así como a específicos agentes de la sociedad civil y por supuesto, a la naturaleza misma del Estado.

Un primer elemento tiene que ver con la precaria institucionalidad que subsiste dentro del Estado, la misma con la que se aseguran perniciosas e insanas relaciones con agentes de la sociedad civil. Al final, la débil institucionalidad se consolida, y por esa vía se permite que el ethos mafioso se filtre por las grietas que dejan las permeables y frágiles institucionalidades privadas y estatal.

Los actos de corrupción se producen y se reproducen no solo porque existen unos personajes dispuestos a ofrecer dádivas a unos funcionarios, sino porque la institucionalidad en los ámbitos privado y público está diseñada de tal forma, que facilita la tarea de quienes están dispuestos a saltarse las normas y manipular los procedimientos para obtener beneficios individuales.

Un segundo elemento tiene que ver con el efectivo y eficiente manejo que los corruptos  hacen de lo que se llama la economía del delito. Como saben que el aparato judicial es permeable y corrupto, apelan a hábiles  y reconocidos abogados, formados casi que exclusivamente para manipular pruebas y al sistema judicial mismo. Al final, las penas impuestas, por demás irrisorias, les permiten sopesar los costos morales que les puedan generar las sanciones penales a las que haya lugar y los beneficios económicos alcanzados en las actividades desarrolladas de manera subrepticia o ilegal.

Un tercer elemento tiene que ver con la  sanción colectiva que deberían recibir los magistrados, congresistas y contratistas corruptos, entre otros. En una sociedad como la colombiana, la sanción moral y colectiva no existe como patrón de comportamiento social. El cubrimiento periodístico de los actos recientes de corrupción no sirve para que la sociedad, hastiada de ese “operativo y eficiente”  ethos mafioso, se movilice en contra de las prácticas mafiosas de togados, abogados, congresistas, contratistas, comerciantes y altos funcionarios de Gobierno, incluyendo a los protegidos Presidentes. No se registran en los Medios masivos las voces de Rectores de universidades públicas y privadas, presidentes de gremios económicos, la cúpula militar, y mucho menos a los altos jerarcas de la Iglesia Católica y mucho menos a pastores cristianos y de otras comunidades religiosas, exigiendo sanciones drásticas para los corruptos. Por el contrario, parece que no les importara el asunto.

Así entonces, los actos de corrupción que hoy tienen en la picota pública a ladinos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos profesionales y a funcionarios de la  Fiscalía General de la Nación, se asumen como actos aislados, que no comprometen al sistema político y mucho menos, a la estructura moral y ética de unos agentes de la sociedad civil que están dispuestos a todo para mantenerse vigentes y “competitivos” dentro de un Mercado en el que se reproduce el ethos mafioso.
Un cuarto elemento tiene que ver con el maridaje entre políticos profesionales, jueces y agentes de la sociedad civil. En ese histórico contubernio se reproduce y se fortalece el ethos mafioso, lo que hace que la corrupción, a pesar de los escándalos mediáticos, no solo se naturalice, sino que se convierta en un efectivo mecanismo de movilidad social y por supuesto, de enriquecimiento personal.

Y finalmente, hay un quinto elemento que a pesar de estar circunscrito a los dineros que Musa Besaile le envió al ex magistrado Francisco Ricaurte, expone claramente la enorme dificultad social y política que hay en Colombia para proscribir el paramilitarismo. No se trata solo de las millonarias cifras que se manejan para evitar o dilatar un fallo judicial en el marco de la parapolítica, sino de la aceptación política y social que magistrados corruptos  han hecho de un fenómeno que está anclado de manera profunda con una sociedad conservadora  como la colombiana y con un Establecimiento que apela a la combinación de todas  las formas de lucha, con miras a garantizar un Estado que solo les sirve a unos pocos.

Con todo lo anterior, lo que hacen personajes como Otto Bula, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Luis Gustavo Moreno, entre otros, es debilitar aún más la ya precaria institucionalidad estatal, para alcanzar sus innobles propósitos de enriquecerse de manera individual.

Al llamado “cartel de la Toga, se suman los del “azúcar”, los “cuadernos”, los “pañales y papel higiénico”, entre otros. Lo sucedido en la Corte Suprema de Justicia no dará para poner punto final a la corrupción. Se trata, simplemente, de un cartel más.

Adenda: muy grave que la revista Semana haya decidido sacar de sus páginas a su columnista León Valencia. La salida del colaborador se dio, al parecer, por las presiones y amenazas lanzadas, según trascendió, por un grupo de empresarios y ciudadanos antioqueños, en el sentido de suspender los contratos de suscripción a la revista, por considerar que la publicación hebdomadaria tenía demasiados columnistas críticos de la gestión del entonces Presidente Uribe Vélez.






Imagen tomada de noticias.caracoltv.com


[1] La delación de Gustavo Moreno está mediada por las grabaciones que tiene la DEA y por la posibilidad de que sea extraditado a los Estados Unidos. De no mediar la existencia de pruebas de dicho organismo internacional, el ex fiscal anti corrupción, pero corrupto, muy seguramente hubiese mantenido su silencio como parte de los pactos criminales que suelen establecerse entre mafiosos y criminales, establecidos con sus pares corruptos.

viernes, 22 de septiembre de 2017

A propósito del homenaje al Mono Jojoy

Todo Patriota distorsiona la idea de ciudadano.
Un Patriota suele terminar siendo el títere preferido de un señor de la guerra.
Detrás de la construcción de Héroes, están el discurso del poder y el imaginario infantil con el que se insiste en la idea de superhombre

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El homenaje que rindieron dirigentes y miembros de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) a su comandante Jorge Briceño (alias el Mono Jojoy), corresponde a un hecho íntimo, entendible y comprensible desde la lógica de aquellos que combatieron juntos al Estado durante largos 50 años de conflicto armado interno. 

Para los miembros de la ex guerrilla Fariana, el Mono Jojoy[1] es un combatiente y hasta un Héroe, y como tal lo van a recordar siempre, independientemente de lo que digan los restantes miembros de la sociedad colombiana. Así entonces, no debería de ser motivo de polémica que las Farc quieran recordar a quien sirvió a su causa que, equivocada o no,  corresponde a la naturaleza política de un largo y degradado conflicto armado interno.

La polémica que se registra en las redes sociales y que recogen varios medios masivos hace parte del actual ambiente de crispación y polarización política que vive el país, en torno a la negociación política con la que se firmó el fin del conflicto entre el Estado y las Farc.

El cruce de toda suerte de  improperios y agravios corresponde a la baja cultura política de cientos de miles de colombianos que jamás comprendieron las razones y las circunstancias objetivas e históricas que justificaron, en los años 60, el levantamiento armado y la lucha político-militar de las guerrillas. Lo que resulta curioso es que esos mismos compatriotas que rechazan la presencia de dichas fuerzas insurgentes, son los mismos que legitiman las acciones de guerra de los paramilitares y aceptan como bien supremo, la acción  política y la operación militar que se dio de la mano de agentes del Establecimiento.

En medio de la polémica se señala que el acto de las Farc resulta ofensivo para las víctimas y que se trata, por lo tanto, de una acción re victimizante. Me parece que no. Y es así, en la medida en que ya las Farc en varias ocasiones han pedido perdón a sus víctimas, en los casos de El Nogal (hecho terrorista) y Bojayá, producto de un enfrentamiento entre Paramilitares y miembros de las antiguas Farc. No veo que el acto de recordación del criminal de guerra, alias Mono Jojoy, sea un acto re-victimizante.

Si vamos a aplicar ese mismo criterio, entonces la acción de desagravio que ofreció Álvaro Uribe Vélez  al general Rito Alejo del Río (el “Pacificador de Urabá”), condenado por el crimen del campesino Mauricio López Mena y procesado por paramilitarismo, también debe ser entendida como un acto de re victimización para la familia de López y para todos aquellos colombianos que se vieron afectados por las masacres perpetradas por las AUC, fruto de una documentada y ya probada operación conjunta entre militares y paramilitares.

Ahora bien, que se trata de un acto arrogante y soberbio, por supuesto. Pero es que  así son los guerreros, legales e ilegales: poco les importa lo que piensen sus detractores. Lo que si queda claro es que el homenaje al Mono Jojoy es la prueba tangible de lo difícil y quizás traumático que resulta para los señores de las nuevas Farc, dejar de pensar como combatientes. Están en ese tránsito y  la deferencia hacia Jorge Briceño es prueba de lo difícil que resulta volver a la condición civil.

Todos estos homenajes a combatientes, legales e ilegales, son fruto del lugar preponderante que ocuparon y que al parecer aún ocupan los guerreros en los imaginarios y representaciones sociales de los miembros de una sociedad que se acostumbró a su presencia y operación.

Lo que tenemos que hacer como miembros de esta sociedad indolente y desmemoriada, es re posicionar la condición civil[2], y por ese camino proscribir la admiración hacia aquellos que legal o ilegalmente han empuñado las armas para defender una causa que siempre será discutible.

No por defender al Estado, las acciones de los miembros de la Fuerza Pública se dieron en el marco de la ética, la mística militar y el respeto a los DDHH y al DIH. Dentro de la Fuerza Pública hay Héroes de Fango[3]. Y de igual manera, no podemos defender de buenas a primeras a quienes desde la ilegalidad, Paras y Guerrillas, perpetraron todo tipo de delitos, crímenes de lesa humanidad y daños a la población civil.  Al final, es claro que dentro cada ejército, legal o ilegal, siempre encontraremos combatientes con el talante del Mono Jojoy y Rito Alejo del Río, el General Santoyo y el resto de oficiales responsables, por ejemplo, de los mal llamados “falsos positivos”.

Lo que debemos hacer como civiles es dejar de llamar Héroes a los combatientes legales o ilegales. Y no olvidemos que la guerra es el escenario perfecto para la estupidez humana. Por ello siempre estará presente. Como tampoco podemos olvidar que en la guerra las primeras víctimas son la inteligencia y la verdad. Y dos reflexiones finales: por más justa que sea la causa del guerrero, éste siempre encarnará la posibilidad de violar los derechos humanos. 

Y no dejemos de recordar que la Gran Prensa siempre nos presentó, en lugar de seres humanos caídos en combate,  Trofeos de guerra[4], en especial cuando los asesinados o caídos en combate militaban en las antiguas Farc. Y las mismas empresas mediáticas son responsables de los procesos de heroización[5] que echaron a andar para favorecer la imagen de la Fuerza Pública y por esa vía, defender al Establecimiento. Paz en la tumba del criminal de guerra.




El monocultivo de la caña de azúcar


Por Germán Ayala Osorio, estudiante del Doctorado en Regiones Sostenibles[1]

En una columna anterior señalé que el monocultivo, como experiencia agrícola, constituye una acción transformadora económicamente rentable, para unos pocos, y por eso, viable y quizás perenne en el tiempo;  en cuanto a lo social, el monocultivo resulta controvertible y controvertido en la medida en que genera y exacerba conflictos sociales; y desde una perspectiva ambiental, esa misma práctica y experiencia agrícola resulta evidentemente “no ecosistémica”, dado que el mismo monocultivo deviene con un carácter artificial[2], con el que se invalidan relaciones y conexiones consustanciales y valiosas.  

Ahora, en este texto, vuelvo sobre el mismo asunto, pero esta vez particularizando en el cultivo de la caña de azúcar. Sobre esta gramínea señalo que es la negación de lo ambiental desde una perspectiva socio-ecosistémica. Es decir, este monocultivo es una “deformidad paisajística” en la medida en que enrarece el goce visual, haciendo que quien recorre en vehículo el Valle del Cauca, encuentra un paisaje, desde el punto de vista mental, agotador y fatigante para quien busca variedad o está acostumbrado al  deleite de paisajes variados en los que “conviven” biomas,  y diversidad de cultivos;  así mismo, la plantación de caña de azúcar es un particular sistema emergente (artificial), que se yuxtapone  a las relaciones, conexiones e identidades que fluían funcional y estéticamente dentro de territorios ocupados desde otras lógicas y símbolos.

Ahora bien, como ejercicio intelectual, en esta oportunidad hago una extrapolación conceptual de la categoría del No lugar propuesta por Marc Augé, para señalar que el monocultivo de la caña de azúcar genera No lugares, en el sentido en que los territorios ocupados por esta plantación devienen profundamente ahistóricos, deshumanizados, deshumanizantes y con el enorme poder de tachar las huellas relacionales-ambientales, las identidades y la historia misma de las territorialidades que desplazó y que fueron construidas y recreadas por comunidades que, asentadas de tiempo atrás, debieron abandonar sus territorios y el sentido mismo de sus vidas, para que estos quedaran debajo del trabajo mecánico de las recolectoras de caña,  o pisoteadas por las dominadas y enajenadas pisadas de los corteros.

En las tierras y territorios que hace años ocuparon comunidades afrocolombianas e indígenas y en los que hoy solo hay caña de azúcar, brotaban territorialidades propias de un ejercicio de apropiación espacial, resultado de ejercicios simbólicos con los que el territorio lograba ser transformado y convertido en un constructo social, asociado y conectado a cosmovisiones propias de las comunidades negras y los pueblos indígenas.

Con la llegada de los ingenios azucareros y la expansión del monocultivo, se negaron y se fracturaron las territorialidades construidas históricamente, a través del despojo o procesos de compra, resultados de presiones de todo tipo.  La premisa que guiò los ejercicios de ocupación y despojo, estaba asociada a una racionalidad económica con la que se calificó como improductivos los procesos agrícolas emprendidos por dichos grupos humanos.  Con este mismo principio, se afectaron cuerpos de agua, como humedales, madres viejas y meandros, considerados como obstáculos a la idea de desarrollo sobre la que se sostenía el interés de promover ese tipo de plantación.

Digamos entonces, que la imposición de dicha racionalidad abrió el camino para la consolidación de los No Lugares de los que habla Augè.  Esto es, lugares que, vaciados de sentido simbólico comunitario, quedaron a merced de las lógicas de máximo aprovechamiento, a través de la negación, por ejemplo, de principios de rotación de cultivos y de relaciones de inmanencia.

Lo contario a un No lugar, según Augé, es el lugar de la identidad, de lo relacional y de la historia. De allí que el monocultivo de la caña de azúcar se erija, en una triple perspectiva, en un cultivo que expresa la máxima capacidad humana para fragmentar y dominar territorios  y ecosistemas que sobrevivían bajo condiciones de interacción y conexiones naturales;   en una segunda perspectiva, este monocultivo se presenta como un dispositivo socio cultural capaz de empobrecer identidades o de reducirlas a partes inconexas, que gravitan en diáspora hasta ser olvidadas por la historia oficial; y en una tercera perspectiva, la caña de azúcar constituye un paisaje artificial, homogéneo y monótono que bien puede dar cuenta de las bases ideológicas, los sentires y las formas particulares de representación del espacio, de quienes lo agenciaron y lo impusieron como una variable importante para alcanzar un determinado desarrollo económico y con éste, adentrar al país a estadios de modernización.  

En sus palabras, Augè sostiene que: “Si un lugar puede definirse como un lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como  espacio de identidad ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar… la sobre modernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí  lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de lugares de <<memoria>>… El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intricado de la identidad y de la relación[3]

La caña de azúcar, entonces, como monocultivo y los ingenios azucareros como agentes de poder económico y político, convirtieron el Valle del Cauca, por ejemplo, en un enorme palimpsesto en el que  anteriores territorialidades fueron borradas y remplazadas por otras que, a pesar de devenir empobrecidas ambiental, relacional e identitariamente, logran sobrevivir por la fuerza del capital, el debilitamiento de procesos comunitarios por el uso de la fuerza coercitiva y en varias ocasiones con el uso de la violencia.

En la historia del cultivo de la caña de azúcar se destacan elementos y circunstancias económicas, ambientales, sociales y políticas que dan cuenta del lugar que dicho cultivo fue ganando en Colombia y en particular en el Valle del Cauca. Dentro de la lógica de la historia oficial, profundamente acrítica, historiadores como Oscar Gerardo Ramos, recrean momentos de la llegada y la consolidación de la caña de azúcar, en estos términos:

 “…Al entrar el siglo XVII la cañadulce en el Nuevo Reino de Granada se había extendido por las más diversas comarcas, planicies, vallejuelos, laderas y ascendido desde la costa hasta pisos térmicos de 2.000 m… la cultura cañamelera tenía un carácter industrial, entendido como la incorporación ordenada de conocimientos agrológicos y técnicos conducentes a obtener resultados económicos debidamente contabilizados. Y lo que era también importante, los terratenientes gozaban de una inserción clara en los centros de poder político… La oferta azucarera colombiana fue de 743.974 Tn. en 1971, y aumentó casi el 49%, hasta 1.107.268, en 1979…Entre 1980 y 1988 la oferta azucarera colombiana sufrió altibajos. Apenas hubo un crecimiento agregado del 9,5%. Hacia 1989 la industria contaba con 154.402 Ha. de cañadulce, que producían 1.523.323 Tn. de edulcorante. De las primeras, 56.768 (el 36,8%) pertenecían a los 11 ingenios integrados en ASOCAÑA, y las 97.634 restantes (el 63,2%) a 995 cultivadores independientes. Con el paso del tiempo, por tanto, aumentó la proporción de tierra propiedad de estos últimos…Desde la década de 1970 se había venido quemando la caña antes de la cosecha. Como las comunidades expresaran inconformidad frente a esa práctica, particularmente en el área de Palmira, se llegó finalmente a un acuerdo entre ellas, el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales del Valle, Cauca y Risaralda, ASOCAÑA y sus afiliados, denominado Convenio de concertación para una producción limpia con el sector azucarero que comprometía a ingenios y cañicultores a determinadas acciones de protección ecológica en períodos de tiempo razonables. Además, en 2001 se estableció por ley la oxigenación de las gasolinas con alcohol carburante en las ciudades de más de 500.000 habitantes y en sus áreas metropolitanas (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira) … En los albores del siglo XXI hay sembradas en el Valle del Cauca 205.000 Ha. de caña para elaboración de azúcar, soporte económico y orgullo de la región. La oferta de sacarosa fue en 2003 de 2.645.833 Tn. crudas, de las que se exportaron 1.287.256. El campo está mecanizado en gran parte, las fábricas automatizadas y la administración informatizada…”[4]

Dejando de lado la historia oficialista de la caña de azúcar, su consolidación como plantación no solo modificó y transformó los frutales que describiera en su momento el cronista Pedro Cieza de León, sino que hizo que la seguridad alimentaria del departamento quedara reducida o  circunscrita a depender de otros lugares dentro de la propia comarca y por fuera de esta. Además, transformó la vida de campesinos, indígenas y población negra.

Al final, se trata de un cultivo en el que desaparece la noción de campesino. Se trata de un proceso productivo que arrastra viejas relaciones de dominación tanto de seres humanos, como de la propia naturaleza, y que deja como resultado la valoración de la tierra como un mero sustrato, y procesos de desterritorialización de aquellos grupos humanos que no pudieron soportar la fuerte presión que ejercieron los agentes de poder que rápidamente confluyeron en una industria que arrastra impagables deudas socio ecosistémicas y culturales.





Imagen tomada de www.youtube.com


[1] Universidad Autónoma de Occidente.

[3] Augé, M. Los No lugares, espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad. Editorial Gedisa. 1992. P. 44-45.

[4] Ramos Gómez, Oscar G. Caña de azúcar en Colombia. Revista de Indias, 2005, vol. LXV, núm. 233 Págs. 49-78. 

miércoles, 20 de septiembre de 2017

¿Viajo o no viajo?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La ciudadana Juliana Hernández, esposa del político Alfredo Ramos Maya, cuyo padre fue investigado por parapolítica, usó las redes sociales para rechazar la presunta presencia de “un guerrillero de las Farc”, en el mismo vuelo en el que ella viajaría. Véase la historia en este enlace de la revista Semana (http://www.semana.com/nacion/articulo/el-hombre-al-que-senalaron-de-guerrillero-en-un-avion/541074 )

Lo sucedido tiene dos ámbitos desde los cuales se puede hacer algún tipo de análisis crítico: el primer ámbito posible es el de la posverdad[1], estadio en el que al parecer se mueve la ciudadana indignada, dado que reacciona, de manera violenta, ante una información no confirmada. Al final, quedó claro que el señor Fabio Vinasco es un ciudadano que jamás militó en las antiguas Farc y mucho menos, por lo menos por ahora no se ha demostrado que haga parte de las nuevas Farc.

El segundo ámbito tiene que ver con un error mayúsculo en el que incurre la señora del senador Alfredo Ramos, al momento de señalar que “hay un guerrillero de las Farc en un avión”. A la ciudadana en cuestión hay que recordarle que hay unas nuevas Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), lo que le impide a ella y al resto de nacionales advertir sobre la “presencia de guerrilleros” en espacios públicos o privados, por cuanto hoy solo hay ex combatientes, ex guerrilleros, desmovilizados, reinsertados o reincorporados. Allí tiene varias nomenclaturas que puede usar la señora Hernández para exclamar, rezongar, gritar, vociferar o gruñir sobre la presencia de un miembro del partido político, Farc[2].  

La violenta reacción, fruto de la intolerancia, el odio y la animadversión que siente y expresa la señora Hernández hacia los miembros de las Farc (antiguo grupo armado  ilegal), al parecer le sirve para esconder esa realidad política que tanto molesta a los círculos sociales  simpatizantes  con la raída bandera de la guerra y la seguridad democrática, que se agitan con inusitada fuerza desde la micro empresa electoral, conocida como  Centro Democrático; círculos al que muy seguramente ella hace parte.

Lo sucedido deja entrever lo difícil que resulta para sectores de poder social y político aceptar que un Gobierno, elegido democráticamente, en representación del Estado y con la bandera de la Seguridad Democrática, y muy seguramente con los votos de miembros de ese círculo social afecto al Centro Democrático y a las ideas de su propietario,  negoció el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Farc.

Y como los miembros de dicho sector de la opinión y de la sociedad suelen declararse Patriotas[3] (o mas bien son Patrioteros), huelga recordarles que al hacerlo, están defendiendo el orden social establecido, el régimen político y el conjunto de instituciones que conforman el Estado. Así que, mal hacen al rechazar una negociación política que se hizo en nombre del Estado y peor daño harán si logran “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”, que es el objetivo político-electoral del Centro Democrático. 

Por ello, deben entender que con esas posturas están desconociendo la autoridad y la legitimidad del Estado[4] colombiano para implementar lo que se acordó en su nombre en La Habana y garantizar la paz, elevada constitucionalmente al carácter de derecho. Por ese camino y contradictoriamente, estarían haciendo el mismo trabajo político que las antiguas Farc hicieron durante más de 50 años: desconocer al Estado y atacar sus instituciones. En este caso en particular, por atacar al Gobierno de Santos, terminan por desconocer la legitimidad de los poderes públicos comprometidos en la firma del Acuerdo Final.

La reacción de la ciudadana en mención resulta de una especie de simbiosis entre una lectura de clase y de una suerte de “incontrolable animadversión simbólica”; de la primera, se desprende el poder que cree tener la señora Hernández, por su condición de esposa de un reconocido político, para advertir a la tripulación de un vuelo, de la presencia un ciudadano que no es digno de compartir ese mismo espacio, de allí que advierta, grite y “amanece” con no entrar y compartir ese vuelo; de la segunda, se desprende un odio visceral contra un símbolo político que, situado en una gorra y convertido en un simple  “suvenir o souvenir”, le recuerda que fue Cuba uno de los países garantes de la negociación entre el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc.

Mal ejemplo el que terminó dando la señora Hernández. Si le parece terrible e inaceptable compartir un vuelo con un reincorporado de las Farc (de las antiguas), está en su derecho de no hacerlo; pero armar una escena, con repercusiones mediáticas, solo deja entrever un estado de alteración soportado en un odio visceral que le impide asumir las responsabilidades políticas que como ciudadana y sujeto histórico tiene, para entender las razones y las circunstancias en las que se dio el levantamiento armado de las guerrillas en los años 60. Si no es capaz de entender y comprender ese momento histórico y menos aún es capaz de valorar, desde una ética ciudadana, las dimensiones y el enorme significado que tiene haber puesto fin a un degradado conflicto armado interno, entonces la señora Hernández desconoce su propia condición de ciudadana. Y le recuerdo que el Estado es responsable de lo sucedido en 53 años de guerra interna, por acción u omisión.  El mismo Estado que al parecer, la ciudadana Hernández está  dispuesta a desconocer.

Ojalá los problemas del país y de todos los colombianos en estos momentos se pudieran reducir a la disquisición en la que cayó la señora Hernández: ¿viajo o no viajo?

Me pregunto ¿cuál sería la reacción de la señora Hernández de Ramos si en otro vuelo y por la misma vía de la posverdad, le llegara información que le indicara de la presencia de un Paramilitar (ahora mismo, serían ex Paras)? ¿Haría lo mismo en las redes sociales? Se abstendría de viajar y compartir el vuelo con el miembro - ex miembro- del grupo armado ilegal que perpetró, en mayor número y en peores condiciones de sevicia y maldad las más sangrientas masacres? Y para terminar, le recomiendo que lea el informe ¡Basta Ya!




viernes, 15 de septiembre de 2017

Politizar la maternidad

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El mundo, desde una perspectiva histórica, deviene profundamente masculino. En disímiles relatos y en las historias de poblamiento a lo largo y ancho del planeta, aparece la figura dominante del Gran Macho, y al tiempo, la del Héroe, con la que se reconocía la valentía, arrojo, intrepidez, fuerza y el esfuerzo de Hombres en las guerras o en procesos de dominación de la Naturaleza.

En esos procesos históricos, posteriormente ideologizados y politizados por el discurso de la Modernidad, no solo el medio ambiente sufrió los embates de una racionalidad masculina violenta, hegemonizante y avasallante, sino que la Mujer, su cuerpo, su feminidad y su inteligencia, padecieron la imposición de una forma de estar en  el mundo promulgada desde ese tipo particular, pero universalizante,  racionalidad masculina.  Baste con recordar lo sucedido con la aparición de las Brujas, para entender lo miedos del Hombre, del Gran Macho, ante la inteligencia de la Mujer.

El cuerpo de las mujeres es la tercera colonia, aparte de los Estados  colonizados  y la naturaleza  sometida”. La frase de Maria Mies, eco feminista alemana, no solo recoge lo sucedido en el mundo gracias a la imposición  del relato del Gran Macho, sino que me permite introducir un asunto que de tiempo atrás me da vueltas en la cabeza: la imperiosa necesidad hoy, de politizar la reproducción humana, dados los efectos ambientales que el ser humano produce en la Naturaleza,  y la entronización de la pobreza[1], entre otros efectos que genera la compleja condición humana.

Entiendo por politizar la reproducción,  en términos de las condiciones de libertad que deben tener todas las mujeres en el mundo para  decidir cuándo ser madre, el número de hijos, las condiciones para concebirlo, cuidarlo durante el embarazo y finalmente, el ejercicio mismo de la maternidad posparto. O por  el contrario, la misma libertad para decidir no tener, no reproducirse.

La lucha no es solo contra los “impulsos” o “llamados” que  su condición de dadora de vida le hace a la Mujer, sino con todo  lo que social, cultural y religiosamente se ha construido en torno a la obligación de reproducirse para mantener la especie o alcanzar los niveles de satisfacción, producto, claro está, de una construcción social emanada desde el discurso masculino.

Las actuales crisis socio ambientales y anteriormente las guerras mundiales y disímiles conflictos armados  internos y otras formas de violencia física, se erigen como circunstancias objetivas que posibilitan el inicio del proceso de politizar la maternidad. Y para hacerlo, hay que cuestionar con firmeza el mundo artificial que el ser humano- en especial el Hombre, desde la perspectiva de género- ha creado, en virtud del sometimiento de la Naturaleza y de la Mujer.

Educar a las Mujeres para que hagan de su cuerpo y de la maternidad un asunto político debería de ser la apuesta de un nuevo feminismo que confronte las lógicas con las que hoy se insiste en dominar y transformar la Naturaleza y continuar sometiendo a la Mujer al proceso de cosificación, logrado a través de dispositivos como la publicidad y de instituciones como la Iglesia, que les inculca a las Mujeres el “sagrado deber” de la reproducción, la familia y la sociedad en general.

Baste con recordar el número de hijos que nuestras abuelas (para el caso, mi abuela materna tuvo 11) parieron para darnos cuenta de que se trató, en muchos casos, de relaciones sexuales no consentidas, fruto de un contexto cultural e instituicional de dominación y de sometimiento. Y baste con recordar las frases de muchos hombres con las que daban cuenta de sus miedos a la inteligencia de la Mujer: “le hago un par de hijos con eso hago que se queda en casa”.

El actual modelo de desarrollo y las condiciones socio culturales en las que opera hoy la sociedad, el Estado y el mercado, necesitan sufrir serios procesos de confrontación política. Y el primer paso es politizar la maternidad, esto es, llevar el asunto de la reproducción y el mantenimiento de la especie a un diálogo en el que se reconozca a la Mujer el poder de decidir si desea o no ser Madre.

Quizás, entonces, a la búsqueda de alternativas al desarrollo, y a propuestas como el decrecimiento económico, entre otras que se dan por la toma de conciencia de los daños ambientales que hemos producido como especie,  hay que sumarle la politización de la maternidad.




jueves, 14 de septiembre de 2017

En Contra de…


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

De cara a las elecciones de 2018, el país político afronta el reto mayúsculo de trazar renovados compromisos éticos, que hagan posible proscribir el Todo Vale [1] y el ethos mafioso [2]que sostuvo a esa práctica social que los colombianos interiorizaron durante y después del periodo presidencial 2002-2010. La misma práctica social que se estableció y se institucionalizó, por ejemplo, en altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

Como en otras jornadas y escenarios electorales, los colombianos se alistan a votar en Contra de… Al tener que votar en Contra de…, los electores pueden optar por elegir sin conocer a fondo las propuestas de aquellos que se auto proclaman como opciones dignas, bien para dar continuidad al orden establecido, o para darle un giro a la  lógica con la que el Establecimiento viene operando de tiempo atrás.

Para infortunio del país, nuevamente estamos convocados a votar en Contra de…, lo que de inmediato supone un nivel de polarización política y por lo menos, dos ideas de países que se enfrentarán en las urnas. De un lado, estarán quienes ejercerán el derecho de elegir, votando en Contra  de  Vargas Lleras, Ordóñez Maldonado o del que diga Uribe. O quizás, en segunda vuelta, en Contra de la unión de estos políticos mesiánicos y profundamente populistas y clientelistas. 

Por ese camino, la propuesta de coalición entre  sectores  “progresistas” define claramente el objetivo: impedir que lleguen a la Casa de Nariño (o de Nari), el que diga Uribe; frase que expresa la fórmula de reciclaje de quien cree aún, tozudamente, que el país lo necesita, como alguna vez lo consideró Malcom Deas[3] y cientos de millones de colombianos obnubilados por su discurso patriótico (realmente, patriotero) y engañados por la Gran Prensa que durante ocho años ocultó, validó y legitimó[4] la penetración paramilitar en el Estado; o el propio Vargas Lleras, quien desde las entrañas del Establecimiento y por derecho natural, participará de las elecciones solo para comprobar el carácter determinista con el que cree él y sus seguidores, viene investida su vida dado su “linaje” asociado al ejercicio del poder político.

Del otro lado, estarán los seguidores del ex vicepresidente del gobierno de Santos y del senador del Centro Democrático, que harán lo propio, es decir, votar en Contra de Gustavo Petro, Claudia López, Sergio Fajardo o Humberto de la Calle.

De esta forma, unos votarán a favor de una idea clave: tratar de cambiar en algo las circunstancias contextuales hegemónicas que han permitido  la reproducción de las condiciones en las que opera un Establecimiento que deviene ilegítimo, criminal y corrupto como el colombiano; del otro lado, irán a las urnas aquellos grupos de poder que de manera decidida buscarán mantener el statu quo, en especial porque no aceptan implementar  lo que se negoció en La Habana, dado que ello  implica modificar co-relaciones de fuerza en el sector rural, que abarca amplios territorios y en los que justamente se expresan la mezquindad de la élite dominante, la inequidad del desarrollo económico; así como la irresponsabilidad de una política minero-energética pensada solo desde una racionalidad económica que poco o nada atiende los llamados de ambientalistas y de los científicos alrededor de la necesidad de conservar  o de aprovechar de manera razonable los recursos naturales y los servicios ambientales (ecosistémicos) que prestan diversos, frágiles y estratégicos ecosistemas.  

Por lo anterior, vuelvo e insisto en que las elecciones de 2018 serán claves para el país: los habilitados para votar tienen dos únicas opciones: o votan para intentar cambiar y modificar lo que ha funcionado mal por tanto tiempo; o por el contrario, sufragan para que todo siga igual. Eso sí, esta segunda opción se presenta mimetizada en dos  ideas: la primera, la de retomar el rumbo, sin que se advierta que ello significa regresar al oscuro y aciago pasado de la Seguridad Democrática.  Y la segunda idea, está recogida en el eslogan de Mejor Vargas  Lleras, que deviene en una suerte de correlato de lo acaecido entre 2002-2010 en Colombia, sin que se nos advierta que con Vargas Lleras, puede ser mucho peor.  


Adenda: ¿qué busca la DEA y quizás otros organismos de investigación o agencias norteamericanas al filtrar, ad portas de un escenario electoral, las pruebas recolectadas en contra de magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Acaso, generar una crisis institucional que nos lleve a una peligrosa Asamblea Nacional Constituyente?


Imagen tomada de revista Semana

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