NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

jueves, 26 de octubre de 2017

SUSTENTABILIDAD Y ECONOMÌA ECOLÒGICA

Por Germán Ayala Osorio, estudiante Doctorado en Regiones Sostenibles

Con las evidencias del deterioro ambiental que viene generando de tiempo atrás el actual modelo desarrollo económico, basado en el extractivismo y en los acelerados procesos de transformación ecosistémica, aparecen la Sustentabilidad y la Economía Ecológica (EE) como nuevos campos de lucha y propuestas que apuntan a re orientar el desarrollo, la economía y los principios que guían, en particular, a  una civilización occidental depredadora, consumista y racionalmente comprometida con la búsqueda de una felicidad cada vez más artificial y artificiosa.  

Parecería no tener mayor sentido hablar de sustentabilidad ante el evidente deterioro de ecosistemas naturales-históricos cuyos límites de resiliencia ya están siendo traspasados por la fuerte presión que sobre ellos ejerce un incontrastable antropocentrismo, vehiculizado por los viejos preceptos de la economía neoclásica.  Pero no es así. Hablar de sustentabilidad, entonces, debería de entenderse como una suerte de última oportunidad para aquellos socio ecosistemas que resisten  fuertes perturbaciones de origen antrópico, en el marco de una ciudadanía que no solo le da la espalda a la Naturaleza, sino que soporta y ancla la búsqueda de la felicidad en valores y principios alejados de la solidaridad, el respeto al Otro, o en acciones que buscan anular el principio de precaución y por supuesto, la insistencia en prácticas culturales que alimentan el hedonismo, el individualismo y consolidan el distanciamiento ecológico y ambiental de la especie humana, del contexto natural.

Al emerger la sustentabilidad y la economía ecológica (EE) como esa suerte de última oportunidad para modificar la histórica e inconveniente relación establecida por el Hombre con la Naturaleza, lo que resta por hacer es establecer, reconocer y entronizar la nueva apuesta de relaciones a generar con una Naturaleza transformada y con la presencia de ecosistemas emergentes cuya funcionalidad y sus “nuevos” servicios ecosistémicos desconocemos tanto, o igual, como ignoramos las funciones y las complejas conexiones y cadenas tróficas de aquellos ecosistemas “originales” enfrentados a procesos evolutivos (naturales),  o a fenómenos de sucesión ecológica producidos por la pesada mano del Hombre.

Las ideas que acompañan teleológicamente a estos campos de lucha tienen que ver con vocablos como reconversión, revisión, volver atrás, abandonar, restablecer, recuperar, dejar de lado y detener, entre otros. Todas estas nomenclaturas, al instalarlas en ejercicios prácticos sobre ecosistemas naturales y el propio modelo de desarrollo económico, darían cuenta de una imperiosa necesidad: hay que confrontar sistémica y profundamente el lugar preponderante que la especie humana alcanzó gracias a su inteligencia, poder transformador y a su capacidad para generar aquello sobre lo que sostiene y desde donde legitima su actual forma de estar en el Planeta: la Cultura.  

Así entonces, la vigencia y la posibilidad de acción que requieren la sustentabilidad y la EE para incidir y provocar cambios sustanciales, pasan por decisiones de carácter cultural, entendido este escenario como la cuna en donde todo lo que el ser humano es capaz de crear y re-crear, puede ser modificado, abandonado, proscrito o superado. Y muy seguramente, los cambios que desde ya sugieren los agenciadores de la EE requerirán de orientaciones culturales que implicarán adelantar procesos de toma de decisión complejos y difíciles.  

Propongo, entonces, que lo propuesto por  Lester Brown se asuma dentro de las decisiones que se pueden adoptar en Colombia, país biodiverso que ya entró en la peligrosa espiral de un desarrollo insostenible que no solo fragmenta y pone en riesgo la estabilidad y el equilibrio de valiosos y frágiles ecosistemas, sino que progresivamente va vaciando de sentido la vida de millones de habitantes que padecen tanto la inequidad y los problemas de distribución de la riqueza producida por su ineficiente aparato productivo, como todo tipo de exclusiones, en especial las de origen identitario.

Dice Brown que es necesario:

·         Finalizar la era de las energías no renovables e ir hacia la era de la energía solar, la energía eólica, las celdas de combustible, las pequeñas centrales hidroeléctricas y el hidrógeno. 
·         Hacer una transición hacia la economía del re­ uso y el reciclado de materiales en lugar de la del desperdicio y los desechables. 
·         Cambiar hacia tecnologías de baja intensidad de emisiones, principalmente en los sectores de generación de energía, calefacción y transporte. 
·         Poner fin a la explotación de las minas de oro y minerales, por los grandes costos materiales y de energía, y los impactos contaminantes que se generan. 
·         Promover con radicalidad un sistema impositivo y de subvenciones, al imponer impuestos sobre vertederos, eliminar subvenciones a actividades y sectores que dañan  el  medio ambiente, establecer impuestos al  consumo de combustibles fósiles  y a la deforestación, incentivar las actividades de  conservación y protección de ecosistemas  estratégicos. 
·          Aumentar la productividad en las tierras de cultivo. 
·          Aumentar la eficiencia en el uso del agua. 
·         Proteger los productos y servicios provenientes de los bosques. 
·         Desarrollar sistemas de transporte masivos públicos que predominen sobre el uso del automóvil. 
·         Estabilizar la población, reduciendo la fertilidad humana. 
·         Conseguir que los precios cuenten la verdad ecológica, a través de la incorporación de los costos ecológicos al precio final que paga la empresa y/o el consumidor”.[1]

Eso sì, lo planteado por Brown, para el caso colombiano, pasa por enormes dificultades, que devienen sistémicas, ancladas, por supuesto, a la matriz cultural en donde se produce y se reproduce el ethos mafioso que orienta las relaciones entre particulares y el Estado y claro està, las relaciones sociales, políticas y económicas.  A lo que suma, infortunadamente, el poder, por momentos incontrastable, de la Iglesia Católica y de otras iglesias y congregaciones cuyos discursos y proclamas devienen profundamente insostenibles desde el punto de vista ambiental, al insistir, por ejemplo, en la reproducción humana sin unos mínimos de consideraciones. Y no podemos dejar de señalar el carácter pre-capitalista de una clase empresarial que al tiempo que cree en el mercado (eso sì, reducido a sus intereses y aspiraciones), hace ingentes esfuerzos para extender en el tiempo la captura mafiosa del Estado. Y no podemos dejar por fuera a nuestra clase política, interesada cada vez más en convertir el ejercicio de la política en un mecanismo para su efectivo enriquecimiento.

De esta manera, tanto la sustentabilidad, como la Economía Ecológica en Colombia, son materias pendientes, lo que asegura que la deuda socio-ambiental siga creciendo.


Imagen tomada de wwf.org.co


[1] Brown, Lester., 2007. El reto climático. Artículo publicado por el periódico El Espectador. Semana 
del 15 al 21 de Julio, Bogotá. Citado por Carmenza Castiblanco, en: La economía ecológica, una ciencia en busca de autor. 2007. Volumen 10, número 3. https://www.google.com.co/search?dcr=0&source=hp&ei=4n7yWaXELcqDmQGsnrKQAw&q=economia+ecologica+en+colombia&oq=economia+ecologica&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.2205.5205.0.11742.18.12.0.0.0.0.505.2200.2-1j3j1j1.6.0....0...1.1.64.psy-ab..12.6.2197...0i131k1.0.VktU7v4sOmQ Consulta: octubre 26, 22:25 pm).

martes, 24 de octubre de 2017

PAÍS DE MIERDA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

“Y hasta aquí los deportes, país de mierda[1]” fue la expresión que el periodista César Augusto Londoño usó, al aire, para rechazar el asesinato de Jaime Garzón. Que un periodista, en plena emisión de un noticiero, fustigue y exprese el dolor que le produjo el crimen del humorista y periodista, resultó, por lo menos, llamativo. Dejo esta idea aquí, para retomarla al final de esta columna.

Los ya 81 líderes sociales asesinados en lo que va del 2017, da cuenta de varios hechos y circunstancias que bien vale la pena atender y entender, en aras de dimensionar lo que significa lo que ya muchos señalan como crímenes sistemáticos asociados muy seguramente a un proyecto político aupado por sectores de derecha y ultraderecha. Es más, dichas acciones violentas sería el abrebocas de lo que vivirá el país en el 2018, año clave en el que dos proyectos políticos se verán enfrentados: de un lado, el proyecto que va de la mano de la implementación del Acuerdo Final, que implica y compromete transformaciones en el Estado y en la sociedad; y del otro lado, el proyecto conservador- tradicional, aupado por los sectores de poder en los que emergen figuras como Uribe Vélez y Vargas Lleras, entre otros.  

El primer hecho claro es, quizás, el más evidente, pero el menos advertido en términos de su importancia y  tiene que ver con las armas. Es decir, con aquellas que sicarios operaron contra víctimas con perfiles claramente definidos: defensores del medio ambiente, reclamantes de tierra, opositores a proyectos mineros, líderes cocaleros y defensores de derechos humanos.

Desconozco si las armas utilizadas en estos crímenes tienen un origen ilegal o legal y la suerte que corrió dicho armamento, en los casos, si los hubo, en los que hayan sido capturados los sicarios. El punto aquí es la facilidad con la que circulan armas ilegales. Me pregunto: ¿qué están haciendo los organismos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas para golpear y desarticular las redes y las mafias que están detrás del tráfico de armas? Parece que no mucho.  Este debería de ser el primer gran aspecto a poner en las mesas de los consejos de seguridad que se convocan, para diseñar estrategias que eviten el asesinato de estos líderes y en general, de cualquier colombiano.

¿Cuáles son los protocolos- si los hay- que se ponen en marcha cuando son decomisadas armas en operativos y allanamientos que realizan la Policía y las Fuerzas Militares? Si se guardan en las guarniciones militares o en las estaciones de Policía, quién responde para que dicho armamento no salga de esos depósitos y se usen en crímenes de especial valor político (como muerte de candidatos a la Presidencia ocurridos en el pasado) o estos, cuyo valor está asociado a prácticas con las que se busca impedir la implementación del Acuerdo Final (II).

El segundo hecho claro es que muchas de las muertes de los líderes y lideresas, responden, desde una perspectiva territorial, a los territorios que dejaron las Farc y en los que cobrarán sentido político y electoral las 16 Circunscripciones Especiales de Paz negociadas en La Habana y que aparecen en el Acuerdo Final firmado en el teatro Colón de Bogotá. Este elemento, de carácter político, es el eje en el que se pueden articular otros elementos con el fin de demostrar la sistematicidad que el Gobierno y la Fiscalía no desean reconocer.

Un tercer hecho tiene que ver con la valoración que sectores de la sociedad hacen de los crímenes. Como se trata de campesinos, afros o de indígenas, sus muertos no cuentan para el grueso de la sociedad que vive y sobrevive apiñada en ciudades y capitales de departamento. Y la negativa valoración nace o está anclada en un principio rector: se trata de ciudadanos disonantes cuyos proyectos de vida no se ajustan a las demandas del actual modelo económico extractivo. De allí que su eliminación física está más que justificada por aquellos sectores de poder político y social que vienen aupando la consolidación del modelo de las grandes plantaciones como palma africana, caña de azúcar o proyectos de mega minería, entre otros.

Así las cosas, el país de mierda de César Augusto Londoño, es el mismo país que no se moviliza por los crímenes perpetrados contra estos colombianos. Ese mismo  hedor que describió el periodista deportivo, acompaña a la sociedad colombiana que se “levanta” y se “une” más fácilmente en torno a un partido de fútbol de la Selección masculina de mayores. Por largos 90 minutos millones de colombianos se sentaron a sufrir y a disfrutar después, la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018 (una senadora cree que se clasificó a un “mundial” a realizarse en la antigua URSS). Pero la muerte de los 81 colombianos ni siquiera concita o convoca una conversación que dure 10 minutos. Eso somos como sociedad y como país: una mierda.





Imagen tomada de semana.com 

viernes, 20 de octubre de 2017

La Doctrina sigue vigente

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los sectores determinantes de la sociedad civil colombiana que, con el concurso de la Fuerza Pública, afrontaron el desafío de las guerrillas comunistas de los años 60, lo hicieron dando vida y reproduciendo la Doctrina de Seguridad Nacional.

Al ver confrontado el orden social y político establecido y al sentir  y sufrir las arremetidas de las fuerzas guerrilleras, específicos agentes de la sociedad civil (comerciantes, agroindustriales, ganaderos, medios masivos de comunicación y banqueros, entre otros)  tomaron la decisión de abrazar la causa ideológica de enfrentar al enemigo interno y acompañar las acciones de respuesta de los organismos de seguridad y de la misma Fuerza Pública, para atacar, disminuir, confrontar, eliminar, perseguir, anular, someter, neutralizar, asesinar, hostigar, estigmatizar y desaparecer a todo lo que oliera a Izquierda. Todo lo anterior, en el marco de lo que se conoce como la Doctrina de Seguridad Nacional, que no es más que el conjunto de medidas, protocolos y acciones encaminadas a mantener, a como dé lugar, el orden establecido, a pesar de su probada ilegitimidad por la entronización de ese ethos mafioso que desde tiempos históricos ha orientado la acción política y la vida económica y social de los colombianos. A esto se suma, el maridaje entre Fuerza Pública y Paramilitares, en el marco de un fenómeno multifactorial como lo fue y lo sigue siendo, el paramilitarismo.

Con el proceso de paz que se adelantó en La Habana y con la firma del Acuerdo Final del teatro Colón de Bogotá, se espera que dicha doctrina vaya quedando proscrita, hasta quedar como dolorosa referencia del pasado violento  de un  Estado que sigue en construcción y de esa sociedad civil que poco a hecho para acelerar su proceso de consolidación como orden moderno. Pero no, dicha doctrina sigue vigente. Y es así, porque los procesos de adoctrinamiento al interior de las Fuerzas Armadas parece que continúan anclados al complejo contexto de los años 60.

Tanto la Policía, como los Militares continúan viendo a ciudadanos defensores de derechos humanos, del medio ambiente, a los sindicalistas, a los libres pensadores, a los maestros, a los críticos y detractores del orden social, político y económico vigente, como los enemigos. No se trata de un nuevo enemigo. No: se trata de los viejos enemigos que se persiguieron al tiempo que se luchaba con las guerrillas en las zonas rurales y selváticas del país.

Al desaparecer las Farc como grupo armado ilegal y por esa vía su condición de enemigo interno, se esperaría el gradual desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional. Pero si miramos los asesinatos de los centenares de líderes y lideresas sociales y políticas, reclamantes de tierra, líderes cocaleros y demás, nos damos cuenta que la doctrina sigue vigente y actuando de acuerdo con esos sectores del Establecimiento que odian y odiarán siempre a todo aquello que huela a Izquierda, que defienda los derechos y el medio ambiente, etc.; esto es, a todos los ciudadanos disonantes que no encajan en esta etapa de la globalización económica y en particular, que no aceptan el modelo económico extractivista que se espera  se consolide con la salida de las guerrillas de zonas biodiversas en donde la manigua esconde las riquezas que les interesa a multinacionales y a sus filiales colombianas.

Aquellos instructores y adoctrinadores de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad del Estado saben que una vez desmovilizadas las Farc y ojalá pronto el ELN, vendrán los tiempos de las movilizaciones y las protestas sociales y el resurgimiento de los movimientos sociales con vocación política que, en razón del conflicto armado y de las acciones de los actores armados, fueron silenciados, perseguidos o simplemente, se replegaron.

Lo más preocupante es el aparente desinterés de las cúpulas de la Policía y de las Fuerzas Militares en decirle al país, de qué forma el Acuerdo Final de Paz los conmina a cambiar las orientaciones en la formación de oficiales y suboficiales en sus escuelas. Resultaría interesante que le explicaran al país si el viejo “enemigo interno” sigue vigente  o si, por el contrario, están en camino de proscribirlo de las aulas y de los entrenamientos.

Mientras ello sucede, masacres como la de los seis campesinos cocaleros en Tumaco se podrían volver a presentar. Y no solo porque la orden es acabar con los cultivos de uso ilícito, sino porque a quienes están detrás de las matas de coca, los  siguen viendo como parte de ese enemigo interno que aún sigue presente en los imaginarios y representaciones sociales de policías y militares. Mientras se afinan las estrategias y el programa de sustitución voluntaria de los cultivos de coca, valdría la pena iniciar un re- adoctrinamiento de los miembros de la Policía Antinarcóticos y de los propios soldados que ejecutan las órdenes de erradicar a las matas de coca, y al parecer, a juzgar por lo ocurrido recientemente en Tumaco, la misma orden se extiende a la acción de extirpar a quienes las siembran: los campesinos.



Imagen tomada de noticieros.televisa.com

miércoles, 18 de octubre de 2017

Periodismo y Poder

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Detrás del publirreportaje que el director del Noticiero Caracol Noticias presentó como entrevista -y además, exclusiva, - el lunes 16 de octubre de 2017, estaría la decisión editorial y política de dicho medio masivo de acompañar en adelante a Germán Vargas Lleras en su aspiración presidencial.  Aunque dudo de que dicha empresa mediática haga pública la nueva orientación editorial, lo que si resulta claro es que dicha decisión política compromete, desde ya, el cubrimiento periodístico que Noticias Caracol hará en adelante de la campaña electoral de 2018.

Pero no solo compromete a sus lógicas y rutinas de producción noticiosa, sino al oficio periodístico mismo desde una perspectiva ética y de responsabilidad política e histórica con la coyuntura que el país afronta, en el marco del proceso de implementación del Acuerdo Final, que infortunadamente deviene lento y con un alto de riesgo de fracaso.  Y al hacerlo, el Canal Caracol, con su informativo a bordo, se confirma como un actor político de la sociedad civil, con el doble carácter que acompaña al canal informativo, en tanto empresa y medio de comunicación, sobre el que recaen mayores responsabilidades ético-políticas dado el poder de penetración que ostenta sobre y en relación con unas audiencias poco formadas y preparadas para el análisis político-mediático.

Más claro: existen en Colombia millones de colombianos incapaces de hacer disquisiciones elaboradas en torno a la forma como operan el Estado, el mercado y la sociedad. Justamente, esa cantidad importante de compatriotas son los que hacen parte de las audiencias con las que cuentan tanto Caracol Noticias, como el Canal Caracol, para influir en la toma de decisiones de carácter electoral y político, y, por supuesto, en la consolidación de un capital cultural que, a juzgar por la oferta televisiva del Canal Caracol, deviene empobrecido, banal, superficial y anclado a un consumo acrítico de dicha oferta cultural.

Al optar por un candidato en particular, el Noticiero Noticias Caracol empeña su credibilidad, amarra sus tratamientos informativos a los intereses del candidato y firme aspirante a llegar a la Casa de Nariño y confirma el maridaje entre poder político y periodismo. Así las cosas, el ejercicio del periodismo debe entenderse como lo que es y ha sido históricamente: un instrumento de Poder y una herramienta política al servicio de unos cuantos poderosos y del propio Establecimiento. Con esta constatación debería de quedar zanjada la discusión sobre la existencia o no de la objetividad. Queda claro que no se puede hablar de objetividad en una actividad atravesada por los intereses y por las relaciones de poder.

El problema radica en que las empobrecidas audiencias en Colombia y otros tantos millones de colombianos que aún no llegan a comportarse como verdaderos ciudadanos, van a creer a pie juntillas que la causa política que recién parece abrazar el Canal Caracol y su informativo es la que le conviene al país. Y todos sabemos que Germán Vargas Lleras no es una opción viable, posible, digna, ética, responsable y deseable para gobernar un país que está obligado a hacer el tránsito de un estadio de guerra, a un estadio de paz. Por lo tanto, apostarle a la llegada de Vargas Lleras a la Casa de Nariño, convierte al Canal Caracol y a su empresa mediática, en un instrumento para impedir la feliz implementación del Acuerdo Final durante los tres periodos presidenciales que señaló la Corte Constitucional en su reciente fallo, en el que no solo fijó la temporalidad, sino que elevó   el documento firmado en el teatro Colón de Bogotá, a política de Estado.

Al poner el noticiero al servicio del proyecto político de Vargas Lleras, el Canal Caracol asume, por extensión, la responsabilidad que como actor político[1] y económico de la sociedad civil le corresponde, por apoyar una aspiración política que, sin duda, buscará hacer trizas el Acuerdo Final o torpedear administrativa y políticamente el ya difícil proceso de implementación.

De las audiencias se espera que asuman la tarea de juzgar los tratamientos periodístico-noticiosos del informativo Caracol y por esa vía, adoptar posturas en contra de los anunciantes que en adelante mantengan la pauta en un Canal y en un Noticiero que claramente le están apostando al fracaso del proceso de implementación, al apoyar la candidatura y eventualmente al gobierno de Germán Vargas Lleras.

Es hora de que las audiencias asumamos actitudes ciudadanas que nos lleven a boicotear el consumo de bienes y servicios producidos por aquellas empresas que denodadamente apoyen proyectos políticos claramente contrarios a las aspiraciones de un sector importante de la población que dijo SI al Plebiscito del 2 de octubre y que mantiene su apoyo al cumplimiento de lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón.

Lo que el país espera con la implementación del Acuerdo Final es ampliar su democracia que deviene restringida y profundamente procedimental; igualmente, es la oportunidad para proscribir el ethos mafioso que la clase empresarial y política inoculó en las prácticas cotidianas y en el ejercicio mismo de la política; y por supuesto, estamos ante la oportunidad y el reto de consolidar un Estado legítimo, que haga posible vivir en paz.

Ojalá la referida “entrevista” motive discusiones en facultades de comunicación social y periodismo en las que aún se habla de la objetividad y se entregan pautas para un ejercicio del oficio, alejado de cualquier actor de poder.  El papel que jugó Juan Roberto Vargas frente al candidato de la Derecha y la Ultraderecha, Germán Vargas Lleras no solo confirmó el histórico proceso de instrumentalización que la política, los políticos y el Establecimiento vienen haciendo de los periodistas y del periodismo, sino que elevó a la condición de principios fundamentales para ejercer la dirección de un noticiero de televisión, ser pusilánime, irresponsable con el contexto, obediente, acrítico y timorato[2]. Y ese parece ser, desde la lógica del Poder, el Deber ser.



Imagen tomada de especialesSemana

martes, 17 de octubre de 2017

Se destaparon los Vargas

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Ayer, en la emisión de las 7 de la noche, el candidato de Derecha, Germán Vargas Lleras, rompió su silencio y expuso sus reparos y sus “tesis” frente al Acuerdo Final (II) y al proceso de implementación de lo firmado en el teatro Colón. Y el interesado silencio de este hijo entrañable del Establecimiento, lo rompió con la anuencia del director del Noticiero Caracol Noticias, Juan Roberto Vargas[1].

¿Se trató, acaso, de una entrevista convenida y prefabricada? Una de las preguntas da pie para pensar  que el contenido de lo que diría Vargas Lleras, lo conocía el periodista: “¿Hace cuántos años no hablaba usted como va a hablar hoy?

Lo cierto es que el ex ministro y ex vicepresidente del Gobierno de Santos aprovechó el pusilánime carácter del periodista para mentir y manipular los hechos relacionados, por ejemplo, con la entrada en operación de la JEP. Señaló, entre otros asuntos, que dicha jurisdicción se diseñó para juzgar al ex presidente Uribe Vélez. Miente el candidato de la Derecha y la ultraderecha, porque en el Acuerdo Final claramente se señala que: “la creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de  la República, de conformidad con lo establecido en el artículos 174 de la Constitución Política de Colombia en el que momento de aprobarse el presente documento. En caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, remisión que se efectuará en el momento que se considere adecuado por la JEP, después de haber realizado las verificaciones pertinentes” (AF, p. 149).

Examinemos qué dejó de hacer el periodista Juan Roberto Vargas. Debió interpelar a Vargas Lleras para señalarle que en el Acuerdo Final, el juzgamiento de ex presidentes no está previsto, tal y como lo sugiere el citado texto. Así entonces, de manera deliberada, Vargas, el periodista, le permitió a Vargas, el político, que mintiera y por esa vía, ganara simpatías con los seguidores de Uribe Vélez, pensando en atraerlos para una segunda vuelta, ante la enorme posibilidad de que ninguno de los candidatos presidenciales alcance el triunfo  en la primera vuelta presidencial.

Lo dicho por Vargas Lleras se entiende como una clara invitación al propietario del Centro Democrático, para que sumen esfuerzos para enfrentar a la coalición de Centro izquierda de la que hacen parte hasta el momento, Jorge Enrique Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo. Las presentadoras de la entrevista, hablaron de extrema izquierda, recogiendo las palabras del invitado.

En la entrevista, Juan Roberto Vargas dejó que Vargas Lleras manipulara hechos relacionados con el listado de “colados” en las Farc, cuya responsabilidad recae en el mecanismo tripartita que se acordó entre los delegados de la ONU, del Gobierno y de las propias Farc. Además, señalar que las Farc dejarán una “retaguardia narcomilitar” pone en entredicho la seriedad no solo de las Naciones Unidas y la de los países garantes, sino la del mismo proceso de paz. La actitud del periodista fue la misma: silencio.

Durante la entrevista, se notó que Vargas Lleras estaba preparado. Llevó documentos y tenía en su cabeza los temas sensibles con los cuales poder generar aún más suspicacias en las audiencias en torno al Acuerdo Final. Lo contrario sucedió con el entrevistador, quien no pudo ocultar su admiración por el candidato presidencial  y su falta de preparación e interés por confrontar a su entrevistado. Por momentos, Vargas Lleras se pudo haber sentido como si estuviera en un “monólogo”, a juzgar por el nivel de desinformación y la actitud sumisa asumida por quien debió interrogar con mayor rigor a su invitado y confrontarlo en asuntos, por ejemplo, como los señalamientos que indican su cercanía a los paramilitares.

La inocencia programada de Juan Roberto Vargas le permitió preguntar: cómo es eso de la ventade cupos; quién vende esos cupos y sugiere, a renglón seguido, que lo hacen los jefes de las Farc, para ingresar al listado definitivo de desmovilizados o reintegrados. Es decir, el periodista fungió más como estafeta y simple notario de las quejas, “tesis” y reparos del candidato a la Presidencia.

En su calidad de oficial de la Reserva, Vargas Lleras defendió a las fuerzas militares, en particular a quienes ordenaron, participaron y perpetraron los llamados “Falsos positivos”. Y en este punto, cuando el periodista intentó replicar, recordando el sentido de la visita de la Fiscal de la CPI, de inmediato dejó que su entrevistado impusiera su lectura de los hechos. Al final, nuevamente Juan Roberto Vargas exhibió su tibio carácter para enfrentar a quien sí se preparó para el encuentro periodístico.

Y luego, al abordar el tema del juzgamiento a terceros que patrocinaron y/o cometieron delitos de lesa humanidad, en razón del conflicto armado interno, se demuestra que la entrevista fue preparada, el sentido de la misma concertado y que los videos que aportó Vargas Lleras, el periodista los conocía de antemano. Es decir, Juan Roberto Vargas se prestó para que el candidato presidencial expusiera y validara sus “tesis” y especulaciones en torno al proceso de paz, la JEP y el proceso de implementación.

Así entonces,  si la entrevista exclusiva de Caracol se presentó como el gran destape de Vargas Lleras, quedó claro que no solo lo hizo el candidato presidencial, sino que el periodista y la dirección del Noticiero Caracol Noticias también se destaparon. Esto es, que Vargas Lleras dejó ver no solo sus aspiraciones políticas, sino su reticencia a cumplir con lo acordado, a pesar del blindaje que recientemente le dio la Corte Constitucional al Acuerdo Final, al elevarlo al estatus de política pública de Estado. Y del lado de Vargas, el periodista, éste dejó ver que no sabe dirigir una entrevista, que no se preparó, que fungió como estafeta y que le entregó a Vargas Lleras un espacio privilegiado y en horario prime time, para confundir a las audiencias.   Y del lado del Noticiero, quedó claro que apoyará en adelante a Vargas Lleras. Como actor político, la empresa mediática optó por un candidato y este es Germán Vargas Lleras. Por lo anterior, en la emisión de ayer lunes (festivo), en la emisión de las 7 de la noche, cientos de miles de colombianos asistimos al  destape de los Vargas.




viernes, 13 de octubre de 2017

Razones para conservar

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Constituye ya un lugar común señalar que Colombia es un país biodiverso, poseedor de una gran oferta ambiental y por ende, una fuente de servicios ambientales que los disímiles ecosistemas naturales-históricos que hay dentro de su territorio, le prestan a la sociedad en general, pero en particular a los grupos humanos que han establecido con éstos, una relación inmanente.

Pero al tiempo que se reconoce la existencia de dicha riqueza ambiental, sectores de poder aplauden a rabiar procesos y prácticas que, asociadas a una idea de desarrollo económico (desarrollismo), poco a poco ponen en riesgo valiosos, frágiles y estratégicos ecosistemas.

Minería a gran escala, monocultivos legales e ilegales, ganadería extensiva, la desecación de humedales por la Potrerización o el avance descontrolado y ambientalmente insostenible de ciudades capitales y otros centros urbanos, entre otros fenómenos socio económicos, van poniendo en riesgo la vida de especies vegetales y animales; desde la perspectiva de la ecología funcional, estos efectos, propios de  un desarrollismo efectista y generador de falsas expectativas alrededor de lo que es el bienestar para los humanos, rompen finas conexiones y relaciones en cadenas tróficas que el grueso de la población y la dirigencia política y empresarial desconocen o suelen subvalorar.

Huelga señalar que la visión actual de desarrollo se consolidó gracias a la economía que, como disciplina, coadyuvó en buena medida a la consolidación de una idea de desarrollo hegemónico, que no admite modelos alternativos de producción.  Señalo que el discurso del desarrollo económico se sirvió de disciplinas como el derecho y la ingeniería, para validar las apuestas transformadoras de ecosistemas que sufrieron y soportaron acciones y decisiones modernizadoras y modernizantes. La política, como ejercicio del poder, sirvió también como instrumento a los intereses de los agentes promotores del desarrollo desde la perspectiva de ese unívoco discurso de la Modernidad; de igual manera, el periodismo ha sido instrumentalizado y puesto al servicio de quienes promueven una idea de desarrollo que poco o nada considera y valora los ecosistemas naturales- históricos.

En todo este largo proceso discursivo del desarrollo, se marginaron disciplinas como la historia y la naciente historia ambiental; la ecología, la antropología y lo que podríamos llamar las “ciencias de la cultura”. Por lo anterior, lo que se debe promover es un diálogo interdisciplinar, sobre la base del establecimiento de consensos mínimos alrededor de mitigar los impactos ambientales del crecimiento económico, de cumplir con la normatividad ambiental y de asumir actitudes de co-responsabilidad entre todos los agentes estatales y privados involucrados.

Así entonces, dada la presencia  hegemónica de la economía y de la lógica del mercado, y la entronización del discurso de un desarrollismo galopante, aparece una pregunta que recoge los principios éticos y estéticos en los que se ancla eso de “llevar el progreso y el desarrollo” hasta las zonas selváticas, boscosas y a los territorios rurales, tradicionalmente vistos como atrasados y desaprovechados. La pregunta es: ¿para qué conservar?

La pregunta misma conlleva  viejas dicotomías: desarrollo-subdesarrollo; vida-muerte; prudencia-insensatez y  sapiencia-ignorancia.  Y podrían aparecer más relaciones dicotómicas. Por lo anterior, expondré lo que podrían considerarse como razones para justificar las acciones de protesta de movimientos ambientalistas que buscan frenar actividades como la minería a gran escala, la ganadería extensiva o el crecimiento desordenado de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que exhiben un ordenamiento territorial caótico. E incluso, podrían estas razones usarse para tratar de convencer a los tecnócratas  que desde una cómoda oficina, orientan determinaciones, aprueban licencias de exploración y explotación y entregan licencias ambientales, de los enormes  riesgos que generan ciertas actividades económicas, llevadas a cabo sin mayores consideraciones socio ambientales.   

La primera razón para legitimar acciones de conservación de bosques húmedos tropicales,  o biomas secos, e incluso, esos últimos relictos de vida silvestre, tiene un carácter  de obligación moral de un ser humano que, al ubicarse como especie dominante, parece determinado a transformar y arrasar con todo lo natural, para ir, poco a poco-como siguiendo una suerte de destino único-, construir un mundo totalmente artificial y artificioso, para seguir huyendo de esa condición  finita que lo atormenta.

La segunda razón para conservar, está asociada a una realidad: por más que han avanzado las ciencias ambientales, el conocimiento  y la información científica y se conocen inventarios faunísticos y florísticos, siempre habrá espacio para la ignorancia. Quizás, jamás el ser humano logre descifrar el misterio de la vida y en particular comprender las lógicas funcionales de ecosistemas naturales complejos, que no se pueden conocer en toda su magnitud, desde las siempre finitas fronteras disciplinares.

La tercera razón alude a un principio que el derecho recogió, pero que debería estar mejor anclado a un asunto sociocultural: el de la precaución. No puede el ser humano insistir en un modelo de desarrollo extractivista, sin tomar medidas de mitigación, de cuidado y de actuar con mesura ante riesgos que los expertos exponen ante determinadas actividades como el “fracking”. Si existen dudas, para qué insistir en una determinación o decisión técnica.

Y una cuarta  razón tiene que ver con la valoración estética de los ecosistemas. Que existan grupos humanos que desde el goce visual prefieran, al abrir sus ventanas, la presencia del cemento, no quiere decir que esta perspectiva estética se torne homogénea e incontrastable. De allí la necesidad de ponerle límites a las ciudades. Y no se trata como ya proponen algunos arquitectos y urbanizadores, de “forrar” edificios y “sembrar el verde” en sus fachadas y terrazas. No.  De lo que se trata, por ejemplo, es de conservar ecosistemas como los Farallones de Cali, para que dicho paisaje permita el goce visual de una ciudadanía atormentada por el caos vehicular, disímiles formas de violencia física y simbólica y las angustiantes condiciones de una vida moderna vaciada de sentido. 

Todas las razones aquí expuestas y otras que puedan surgir, pasan por la urgente necesidad de abandonar esa visión antropocéntrica con la que fue posible justificar ese No lugar ambiental, desde el que miramos con desdén a las otras especies y a sus habitats. Quizás por ello, al olvidarnos de nuestra propia fragilidad, y al ignorar o desconocer la de los ecosistemas naturales, poco a poco nos convertimos en una peligrosa especie.



Imagen tomada del diario El País de Cali y que corresponde a la explotación a gran escala que por varios años las autoridades ambientales dejaron posar sobre el cauce del río Dagua, a la altura del corregimiento de Zaragoza, en cercanías a Buenaventura. 

miércoles, 11 de octubre de 2017

Elogio a la mediocridad

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

En el partido de fútbol, por las eliminatorias al Mundial en Rusia 2017, jugado anoche entre las selecciones de mayores de Perú y Colombia, se dio una escena que muchos calificaron como “un pacto de no agresión”, dado que el empate a un gol convenía a los dos oncenos: Colombia clasificaba de manera directa a la cita orbital, en el cuarto lugar y Perú, accedía a lo que se conoce como el “repechaje”, al ocupar el quinto puesto de la eliminatoria. La misma revista Semana, de Colombia, tituló su nota del día de hoy, 11 de octubre, de la siguiente manera: El pacto de Lima: ¿Falcao acordó el empate ante Perú?[1]

Varios portales[2] de noticias dieron cuenta de lo que sucedió minutos antes de terminar el partido, cuyo marcador  resultaba definitivo a los intereses de una tercera selección: la de Chile.  En la imagen, se vio a Radamel Falcao García conversando con varios jugadores peruanos. Posteriormente, se notó con claridad que la selección peruana renunció a buscar la victoria, tocando el balón en su campo; lo mismo ocurrió con su similar de Colombia, cuyos jugadores no buscaban quitarle el balón a sus adversarios.

Al parecer, estamos ante un “pacto de no agresión”, que no es nuevo en el fútbol, por lo menos en este hemisferio[3]. Incluso, varios que defienden y ven como normal lo sucedido, recuerdan que Colombia fue víctima, en el pasado, de pactos de este tipo, para evitar que accediera a un mundial. En particular, rememoran un partido entre Uruguay y Argentina, en las eliminatorias para el Mundial de Korea en el 2002. Y al hacerlo, estos compatriotas terminaron validando la perniciosa decisión adoptada por los seleccionados del Cono Sur. Tan inaceptable lo que sucedió en aquella época, como lo acontecido anoche en Lima.

Lo sucedido en la cancha del Estadio Nacional de Perú, da cuenta de un episodio que confirma que el fútbol, como deporte espectáculo, hace rato dejó de ser una justa deportiva asociada, exclusivamente, a la búsqueda de la “gloria deportiva y los máximos honores”, para convertirse en un vulgar negocio. Un jugoso y rentable negocio, capaz de someter el honor deportivo, el respeto por una camiseta nacional y, sobre todo, el que se deben los jugadores  hacia millones de fanáticos que aún creen que asisten a un enfrentamiento deportivo y no a un encuentro comercial y empresarial disfrazado de partido.

Es decir, lo pactado o no en Perú, nada tiene que ver con la competencia deportiva, en tanto los jugadores de las selecciones de Colombia y Perú renunciaron a jugar en los minutos finales, dejando de esa manera, de cumplir con dos funciones sustanciales en dicha disciplina deportiva: atacar y defenderse. Funciones que se cumplen a través de la disputa y la tenencia del balón.

Así las cosas, llamo a lo sucedido en dicho escenario deportivo, como el “elogio a la mediocridad”, en tanto se dejó de competir para alcanzar un lugar privilegiado en la historia deportiva del continente, y se conformaron, unos, siendo cuartos en la tabla de posiciones, pudiendo ser segundos o terceros, de haber insistido hasta el final, por alcanzar la victoria; y los otros, que dejaron de buscar la posibilidad de derrotar a Colombia, conformándose con la opción de ser quintos y jugar el “repechaje”, asumiendo, muy seguramente, que será fácil derrotar al rival que les corresponde enfrentar.  

Se trató, además, de la comisión de un “fraude deportivo” que queda oculto detrás de las celebraciones a rabiar de los hinchas peruanos y colombianos, y por supuesto, la de los propios jugadores cafeteros e incas, que brincaban de alegría: los primeros, por acceder al Mundial Rusia 2018 y los otros, por el chance de acompañar a Colombia a la misma justa deportiva, si derrota a la selección de Nueva Zelanda, en el marco de lo que se conoce como el “repechaje”.

El periodismo deportivo se hizo co-partícipe de dicho elogio a la mediocridad, en la medida en que volvió a los viejos procesos de heroización, convirtiendo a los jugadores colombianos en Héroes. ¿En Héroes de qué? En ¿dónde está el heroísmo? En lugar de rechazar lo que sucedió en las postrimerías del encuentro, varios, por no poder decir todos los periodistas, se acomodaron a las circunstancias que impone el negocio del fútbol. Y como voceros de ese “fraude deportivo”, sirvieron de estafetas a los patrocinadores que, por supuesto, jamás entrarán a criticar la conducta poco deportiva en la que cayeron los protagonistas de dicho partido.

Distinto lo que mostró el seleccionado de Brasil en la misma eliminatoria a Rusia 2018.  El fútbol que exhibió en las últimas jornadas y la actitud de sus jugadores hacen parte de lo que llamo la búsqueda genuina de la gloria y el reconocimiento. De esa forma, sepultaron cualquier asomo de mediocridad. Justo, lo contrario a lo mostrado por los seleccionados de Perú y Colombia.

Lamentable lo que sucedió en dicho escenario deportivo. Y por supuesto, que no podemos esperar reacción alguna de la FIFA, cuestionado ente no solo por el comportamiento mafioso y corrupto de varios de sus dirigentes, sino porque su poder, resulta incontrastable aún para los propios Estados.

Más grave aún resulta el episodio no futbolístico, para una sociedad como la colombiana en donde por estos días, y ante el silencio de los fusiles de las Farc, los colombianos podemos escuchar en toda su magnitud, el ruido insoportable de la corrupción. Lo sucedido en Lima, sin duda, contribuye a ese ethos mafioso que se entronizó en el país y que tiene en la viveza y en la maña a sus correlatos más inmediatos.

Que en feroces guerras y batallas los guerreros pacten treguas, vaya y venga, pero que en un deporte espectáculo como el fútbol se “negocie” no jugar, no competir, termina siendo una conducta que acerca a los involucrados a la comisión de un “fraude deportivo”.




lunes, 9 de octubre de 2017

TUMACO EN TRES DIMENSIONES

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los hechos acaecidos en zona rural de Tumaco pueden examinarse desde tres  dimensiones-realidades: la primera, que confirma la histórica debilidad del Estado para copar el territorio y por esa vía, exhibe la dificultad para erigirse como un referente de orden moral no solo para sus asociados, sino para los propios miembros de la Fuerza Pública y los demás funcionarios de esa precaria institucionalidad pública con la que suele expresarse el Estado colombiano y en particular el gobierno local en ese puerto nariñense; la segunda, las enormes dificultades que afronta la implementación del Acuerdo Final, justamente por la débil institucionalidad estatal, pero  con un agravante: la crisis misional de la Policía Nacional, y el funcionamiento aislado de la Policía Antinarcóticos, que da a este cuerpo armado el carácter de rueda suelta; y una tercera dimensión-realidad, alude al fenómeno de desterritorialización del Estado, de la legalidad, del deber ser y de las prácticas de campesinos y en general de la vida civil. En su lugar, se expresa la territorialización del crimen, de lo incorrecto y  de la ilegalidad.

La labilidad del Estado asegura no solo la presencia de cultivos de uso ilícito, de narcotraficantes, paramilitares y de otras organizaciones criminales, sino que la inmoralidad de los funcionarios públicos del nivel central (magistrados de altas cortes, políticos profesionales y operadores políticos) permea a las instituciones armadas estatales. Baste con recordar episodios en los que miembros de la Policía y el Ejército terminaron cuidando a ciertas estructuras delincuenciales, a narcotraficantes y paramilitares. Allí los límites entre lo legal y lo ilegal se hicieron borrosos. Es tiempo de revisar si dentro de la Policía Antinarcóticos existen hoy alianzas con narcotraficantes y reductos paramilitares. Lo cierto es que la rampante corrupción en las altas esferas del Estado es el espejo en el que muy seguramente muchos miembros de la Fuerza Pública se miran para cumplir con su deber, guiados, eso sí, por el mal ejemplo de una clase política corrupta, sórdida y  cicatera.

En lo que refiere al proceso de implementación del Acuerdo Final, lo sucedido en Tumaco confirma la lenta llegada de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y quizás, el mensaje que envía lo acaecido, es que dichos programas y estrategias  ya están fracasando o fracasarán en lo consecutivo. De allí que se necesite de una intervención humanitaria sistémica y sistemática  en Tumaco, así como en otros territorios en donde el monocultivo de la coca no solo está acabando con selvas y ecosistemas naturales, sino que está erosionando la soberanía estatal, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y  contaminando a miembros de la Fuerza Pública que pueden estar hoy más cerca de los intereses de narcotraficantes; y otros, que empeñados con la  erradicación de la coca, siguiendo las órdenes del Gobierno, poco les importe asesinar  civiles. Al fin y al cabo, esos policiales saben que en Bogotá y en otras ciudades capitales la muerte de campesinos cocaleros no moviliza a la opinión pública.

Y en cuanto a la tercera dimensión-realidad, Tumaco, como otros municipios y zonas del país, hacen parte de lo que se conoce como territorios  en disputa. La política anti drogas, la precariedad del Estado, la presencia de organizaciones criminales de diverso pelambre, así como las transformaciones culturales de campesinos y otras comunidades permeadas por el poder económico que da cultivar coca,  coadyuvan en buena medida a los procesos de desterritorialización que sufre Tumaco. Los efectos son claros: de tiempo atrás en zonas cocaleras, como las que existen en dicho puerto, lo que subiste es una suerte de territorialización del crimen, de la ilegalidad y de prácticas contrarias al buen vivir.

La masacre de seis campesinos es un hecho execrable y un crimen que de inmediato debería hacer reaccionar al Ejecutivo y al propio Congreso, en aras de revisar a profundidad la política anti drogas y en particular, examinar las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito puestas en marcha en el marco del proceso de implementación de lo acordado en La Habana.

Resulta inaceptable que la Policía Antinarcóticos exhiba comportamientos propios de una entidad que funciona por fuera de límites y controles institucionales. No por atender las exigencias en materia de la lucha contra las drogas por parte del Departamento de Estado de los EE.UU, el Estado colombiano puede entrar en la dinámica de mandar a asesinar civiles inermes, que si bien protestan y se enfrentan a la Fuerza Pública, su condición civil no puede ser desatendida por miembros de la Policía Antinarcóticos, cuerpo armado que confirma la desviación misional de la Policía Nacional, cuerpo civil armado que debería velar por la seguridad ciudadana.

Quienes defienden el papel de la Policía Antinarcóticos dirán que justamente los narcotraficantes y todo lo que se mueve alrededor de su accionar, ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Es posible que así sea, pero los hechos sucedidos en zona rural de Tumaco nos llevan a la urgente necesidad de revisar cuál es la misión de la Policía y de esa forma, desmontar la actual Policía Antinarcóticos, dando lugar a otra estructura y si se quiere, a otra institucionalidad que enfrente a los cultivos de uso ilícito.

Si se confirma la participación de miembros de la Policía Antinarcóticos en el asesinato de los seis civiles, la responsabilidad política la debe asumir el Presidente de la República y sus ministros; de igual forma, los policiales deben ser procesados y condenados. Lo sucedido amerita, insisto, en una revisión de ese cuerpo de la Policía. Algo pasa en su interior. A la gravedad de la masacre de los seis campesinos, se suma el ataque de la Policía Antinarcóticos a la misión humanitaria que intentaba entrar en la zona en donde ocurrieron los hechos del jueves pasado. Dicho comportamiento puede indicar un nivel de estrés muy alto por la presión que ejerce el Ejecutivo para cumplir con el Departamento de Estado de los EEUU, pero también un comportamiento anormal y criminal, fruto de la porosa frontera que los mismos policiales, posiblemente contaminados por el poder corruptor de narcos y del negocio de la coca, establecieron entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo institucional y lo no institucional.

Adenda: que miembros del Ejército hayan auxiliado a los civiles atacados por la Policía Antinarcóticos, y que hayan al parecer evitado más muertos, genera muchas dudas alrededor de la forma como operan estos dos cuerpos armados en dicho territorio.



Imagen tomada de Elcolombiano.com


viernes, 6 de octubre de 2017

Implementación y disidencias

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los problemas que hoy afronta la implementación del Acuerdo Final  son de responsabilidad compartida entre el Gobierno de Santos, la institucionalidad estatal involucrada, agentes de la sociedad civil, los colombianos en su conjunto,  las dinámicas políticas al interior del Congreso y por supuesto, las propias Farc, en una proporción menor. Eso sí, subsiste un inicio común para todos: la idea y la terquedad de Santos de refrendar lo acordado vía plebiscito y la derrota sufrida el 2 de octubre de 2016.

De forma rápida señalo en qué consisten las responsabilidades. En el caso del Gobierno, porque la Unidad Nacional no se fundó sobre la existencia de un documento de política pública de paz que, tanto como documento y como doctrina, permitiera, por ejemplo, planificar escenarios de posconflicto, anclados en amplios consensos políticos, sociales y económicos. Todos sabemos que la Unidad Nacional fungió como una suerte de colmena burocrática en donde confluyeron los ávidos intereses de grupos de poder regional, por hacerse a unos recursos y a unos presupuestos. No los atrajo, a esa colmena, un genuino interés por consolidar la paz.

La débil institucionalidad estatal poco ha estado articulada en torno a la Paz. Es más, los otoñales problemas de coordinación entre instituciones públicas constituyen hoy el mayor obstáculo no solo para implementar lo acordado, sino para consolidar la paz territorial de la que se habla en el Acuerdo Final (II). Como no subsiste una idea consensuada, unificada y única en torno a lo que debe ser un Estado moderno, las decisiones que se adoptan desde ministerios y otras instancias, se soportan más en intereses sectoriales, asociados a los de jefes políticos, politiqueros de oficio e incluso, enemigos del proceso de paz, enquistados y parapetados en la misma institucionalidad estatal.  

En cuanto a la sociedad civil, esta deviene profundamente polarizada. Además, durante los largos años de confrontación armada, agentes de la sociedad civil coadyuvaron en buena medida con la degradación del conflicto armado, apoyando a los actores armados, en particular a las estructuras paramilitares. Convertido en un escenario de confrontación ideológica y política, la posibilidad de ponerle fin al conflicto no logró permear a todos sus agentes, en la idea de generar consensos  en torno a la necesidad de frenar las hostilidades, parar el derramamiento de sangre y dar el paso para construir una paz estable y duradera.

Y en lo que alude a la sociedad en general, cientos de miles de colombianos jamás comprendieron  las circunstancias que originaron el levantamiento armado en los turbulentos años 60. Los altos índices de ignorancia contextual, la baja cultura política, la pobreza de criterio y en muchas ocasiones, un impúdico desinterés, evitó que el conflicto armado y sus perversas dinámicas de dolor y muerte permeara la vida societal. Si la guerra no interesó,  la firma del fin del conflicto no tendría por qué convocar a las grandes mayorías.

En lo que corresponde al Congreso, infortunadamente hay que reconocer que históricamente ha sido el peor escenario para la consolidación del Estado. En dicha corporación legislativa confluyen los mezquinos intereses de una clase dirigente cicatera y responsable en gran medida del levantamiento de las guerrillas y de la consolidación del paramilitarismo; de igual manera, concurre una clase emergente que encontró en el ejercicio de la política, la oportunidad para enriquecerse. Al final, y a pesar de ser el escenario natural para tramitar el Acuerdo Final, hay que reconocer la poca legitimidad social y política del Congreso de la República.

Y claro,  les cabe responsabilidad a los combatientes de las Farc, por haber dilatado en el tiempo una negociación política con el Estado, a sabiendas de que jamás estuvieron cerca de derrotar a las fuerzas del Establecimiento. Pudo más la inercia y la arrogancia. Los errores cometidos durante las negociaciones con Belisario Betancur, el mal manejo de la zona de Distensión en los tiempos de Pastrana Arango, los hechos de guerra cometidos durante el proceso de La Habana, y la degradación de muchas de sus operaciones militares que terminaron dañando a la población civil, sirvieron a la consolidación de odios y resquemores en una sociedad mediatizada y mediada por medios informativos cooptados por el Establecimiento, en particular desde 1998.

Cambios y disidencias

Hay que recordar que el Acuerdo mismo sufrió modificaciones debido al resultado electoral de la jornada plebiscitaria de octubre de 2016 y ese mismo proceso de ajuste continuó y continúa aún en el propio Congreso, y luego en la Corte Constitucional[1] con fallos como aquel que modificó el sentido del mecanismo del Fast Track[2]. Es más, ahora mismo que se discute la ley estatutaria para el funcionamiento de la JEP, nuevamente se le está metiendo el diente a lo acordado, en particular en el tema de la elegibilidad política de los ex combatientes.

Pero más allá de la metamorfosis que ha sufrido el Acuerdo Final, vale la pena concentrarse en un asunto espinoso: las disidencias.

Las responsabilidades recaen en el Gobierno y en el Estado mismo, por la lenta operación de los programas y proyectos encaminados a garantizar la reincorporación social, económica y política de los ex guerrilleros. Insisto en la tesis: existe una estrategia para  fracturar a la naciente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Y esta se puso en marcha a través de la demora[3] en la adecuación de las zonas veredales, en la entrega de tierras para que los ex guerrilleros dieran inicio a sus actividades productivas y el desembolso de los recursos económicos convenidos en La Habana. Por físico cansancio y por los altos niveles de incertidumbre, cientos de miles ex guerrilleros han abandonado las zonas y los puntos de “concentración”. A estas disidencias, hay que sumarle la de los combatientes del Frente Primero que desconoció, al final de la negociación, lo que se acordó en la Mesa de Diálogo.

Distintas fuentes indican que en la zona de Suárez, en el Cauca y en otras de ese mismo departamento, hay presencia de disidencias y que estas adelantan actividades de reclutamiento de menores y de rearme de sus estructuras. Grave situación.

El Estado, con toda la contundencia, debe enfrentar a estas estructuras delincuenciales y evitar que se fortalezcan. El país no puede permitir que dichos grupos se consoliden política y militarmente. Resulta inconcebible e inaceptable pensar que en unos años, el Estado esté nuevamente negociando la desmovilización de dichas estructuras disidentes.

Y al proceso de sometimiento pueden aportar los ex combatientes de la Farc. Conocen sus lógicas de operación y en ese sentido, están obligados política y moralmente a coadyuvar a que las autoridades los persigan, los sometan o los “neutralicen”.

Estas disidencias son también responsabilidad de la dirigencia de la hoy llamada  Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en la medida en que son fruto de una  unidad de mando que la cúpula Fariana dijo que tenía sobre  estos combatientes. Y no es así. Deben reconocer que la penetración del negocio del narcotráfico erosionó el trabajo de adoctrinamiento de quienes hoy delinquen en varias zonas del país, a nombre de las Farc. Hubo, sin duda, procesos de lumpenización que hoy muestran su rostro en los disidentes. 

Si bien las disidencias se tornan “normales” en estos procesos de negociación política, lo que no puede asumirse como parte del paisaje, es el surgimiento de “otras Farc”. No. Los tiempos de la negociación política ya pasaron. Hay que apostarle a la consolidación de un Estado que no solo sea moderno, sino legítimo.






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