NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

jueves, 30 de noviembre de 2017

‘CONEJAZO’ A LA PAZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Tanto en los fallos proferidos recientemente por la Corte Constitucional, como en las actuaciones del Congreso de la República, se advierte una empobrecida noción de Estado. En ese orden de ideas, los magistrados que abordaron la discusión alrededor de la exequibilidad del marco legal que cobijaba el Acuerdo Final, y aquellos que modificaron el sentido del mismo, dejaron entrever que detrás de sus empobrecidas nociones alrededor de lo que es o deber ser el Estado, están sus individuales orientaciones ideológicas y la incapacidad de criterio para dimensionar lo que significa para una sociedad, poner fin a un largo y degradado conflicto armado interno de más de 50 años; en esa misma dirección, los congresistas  que asumieron la aprobación de las iniciativas legislativas con las que cobraría vida jurídica lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón de Bogotá, exhibieron el carácter mezquino de una clase política que históricamente ha actuado de espaldas al país. A estos les pudo más el funesto  centralismo bogotano, sus intereses electorales, su oposición al proceso de paz y el objetivo político-electoral que los hará participar en las elecciones de 2018: acabar de hacer trizas el Acuerdo Final. Ya lo golpearon estructuralmente. De llegar a la Casa de Nariño (de Nari, para este caso), estos sectores de poder (las bancadas del insepulto Partido Conservador, del Centro Democrático y algunos liberales que votaron en contra o que no votaron), lo que harán simplemente será protocolizar que el proceso de paz con las Farc fracasó (fracasará).

Pues bien, con el hundimiento del proyecto de ley que daba vida a las 16 Circunscripciones de Paz y días atrás con la aprobación amañada de la ley estatutaria que dio vida a la JEP, el Congreso de la República de Colombia acaba de hacerle conejo[1] al país político y a esa parte de la sociedad que esperaba  confiada a que dicha corporación legislativa asumiera con seriedad la tarea de legislar a favor de la construcción de una paz estable y duradera;  igualmente, los congresistas que ajustaron a su amaño el modelo de justicia transicional acordado en La Habana, acaban de hacerle conejo también a la ONU y a los países que acompañaron al Gobierno de Santos, en representación del Estado colombiano, en esos largos años de negociación con la entonces guerrilla de las Farc;  igualmente, se les hizo conejo a las Farc, agrupación que hasta el momento cumple con lo acordado en La Habana, como a los millones de colombianos que perdieron un familiar o fueron víctimas directas o indirectas  de los actores armados que participaron de las hostilidades: Fuerza Pública, Paramilitares y Guerrillas. 

Así registró El Espectador lo sucedido: “Por su parte, el senador Roy Barreras, de la U, culpó a los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y una parte del Conservador de negar el derecho a las víctimas de llegar al Congreso y le pidió al presidente Santos que garantice las curules para las víctimas del conflicto a través del estado de excepción.  Asimismo, Barreras le pidió al secretario del Senado que revisara la votación y cuál era la mayoría necesaria, pues, a su juicio, la mayoría absoluta no se debía calcular sobre 102 senadores, sino sobre 99 porque “hay tres suspendidos”.  “Acabamos de revisar. Evidentemente, la mayoría absoluta de 99 es 50, es más de la mitad de los senadores. En mi criterio, está aprobada. Por supuesto, es absolutamente lamentable que tengamos que estar apelando a estas cifras matemáticas cuando el Congreso entero debió haberlas aprobado”[2].

Lo cierto es que con el hundimiento de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, lo que se pone de presente es que la noción de Estado  que tienen los congresistas de las señaladas colectividades que improbaron, que se negaron a votar e hicieron todo para hundir el proyecto de ley, no les alcanza para pensar un orden político que, con carácter nacional, asuma el compromiso de llegar a todos los rincones del territorio y asegure la participación de los históricamente excluidos del sistema democrático y jamás reconocidos por un Estado que, a juzgar por lo actuado por los congresistas, llega hasta los límites de Chía, por el Norte y a Soacha, por el sur.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, dijo que “hoy la mezquindad de los políticos del Senado de la República ha primado sobre el interés de las víctimas y los sectores rurales. Lograron que se hundieran las 16 circunscripciones para La Paz”.

En toda esta debacle del proceso de implementación, hay que establecer responsabilidades. De un lado, le cabe responsabilidades directas al Gobierno Nacional por su incapacidad para mantener la Unidad Nacional, más allá de las presiones presupuestales de las congresistas. Debe señalarse, además, el pobre liderazgo de Santos, presidente que se nota cansado y que al ver cerca el final de su gobierno, se desentendió del único asunto por el que podrá ser recordado positivamente. Hay que responsabilizar también, a los enemigos del proceso de paz: Uribe y su Centro Democrático, a los políticos Asthon, Velasco (no estuvo en el recinto) y Sofía Gaviria, que no votaron; en las huestes del partido Conservador, los operadores legislativos Tamayo, Nadia Blel, Olga Suárez y Luis Sierra; la “liberal, Vivian Morales que votó NO, junto a Corso, Andrade, Nidia Osorio, Juan Diego Gómez, Merheg y Pedraza.

En estos momentos subiste la discusión sobre el número efectivo con el que se fijó la mayoría absoluta en el Congreso, cifra que, según interpretaciones del senador Roy Barreras, alcanzaría para que el proyecto de ley de las 16 Curules territoriales para las víctimas de las dinámicas y los actores armados, legales e ilegales, fuese aprobado. Lo cierto es que, siendo las 2:30 pm en Colombia, la Gran Prensa registra el hundimiento de las Circunscripciones Especiales de Paz, un elemento importante del Acuerdo Final, porque apuntaba no solo a ampliar la democracia y permitir la participación y la representación política de millones de colombianos que viven en esa parte del país en donde el Estado o jamás llegó o su acción institucional y simbólica es débil.  Si el proyecto logra salvarse, ello no impide señalar responsabilidades y advertir, de todas maneras, que el Congreso de la República fue inferior al compromiso de construir una paz estable y duradera. 

Después de lo sucedido, habrá que esperar que se aclare lo de la mayoría decisoria (102 o 99 operadores legislativos)  para confirmar o no lo del hundimiento de las Circunscripciones Especiales de Paz; de lo contrario, queda que la Corte Constitucional revise, de forma y de fondo, lo decidido en el Congreso. Si dicha alta Corte no modifica lo decidido en el Legislativo,  será en el escenario electoral en donde se pueda enderezar el proceso de implementación del Acuerdo Final. Mientras dichos escenarios se dan u ocurren, por ahora estamos ante un verdadero conejazo a la paz, a la reconciliación, al reconocimiento de las víctimas de la guerra interna y a la oportunidad para repararlas. Y estamos, igualmente, ante una prueba irrefutable de la empobrecida noción o idea de Estado que tienen magistrados y congresistas.

Adenda: minutos después de publicada esta nota, el Ministro de Gobierno señala que la ley que daría vida a las 16 curules especiales de paz, se salvó. Días después, el 06 de diciembre de 2017, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en una declaración pública, señaló que el proyecto de ley se hundió.



Imagen tomada de El Espectador.com


[1] En Colombia, se entiende por conejo o conejazo, aquella acción de engaño en la que incurre alguien. También se puede entender como una forma de robo, de timo, fraude, estafa, ardi, treta o trampa.

lunes, 27 de noviembre de 2017

INDIGNOS PALACIEGOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Explicar la vigencia política[1] de Álvaro Uribe Vélez sugiere mirar factores y circunstancias contextuales asociadas a la cultura política[2], a la acción mediática[3] y a la permanencia de una lucha ideológica que él mismo, en su momento, descalificó y quiso enterrar, como si se tratara del correlato de lo planteado por Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia.

Sobre el primer aspecto, hay que señalar con toda claridad y vehemencia que subsiste en Colombia, en todas las capas sociales, una baja cultura política que hace posible que millones de colombianos voten -y hayan votado por Uribe[4]-  por conveniencia (clientelismo) y por los favores recibidos durante los ocho años de su administración.

En cuanto al segundo aspecto, es claro que Uribe Vélez fue y sigue siendo una invención mediática, producto de un periodismo servil, acomodado y funcional al Establecimiento. Aunque su imagen negativa ha crecido exponencialmente, estafetas disfrazados de periodistas siguen prestos a abrirle los micrófonos para desinformar, confundir y engañar a una adormilada opinión pública y, de paso, enlodar a quienes osan criticar sus acciones como Presidente o señalar sus responsabilidades en la comisión de disímiles delitos que hoy hacen parte de cartapacios que acumulan polvo  en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Y en lo que hace referencia al último factor, hay millones de colombianos que a pesar de simpatizar con las ideas del latifundista y ganadero, no lo reconocen como un político de Derecha y mucho menos son capaces de reconocerse como militantes cercanos a esa orilla ideológica. No. Es tal la ceguera y su obcecada admiración por su líder, espiritual y político, que no alcanzan a dimensionar qué significa ser de derecha, de izquierda o de centro.

Interesa en esta columna hacer un ejercicio de caracterización de aquellos que siguen a este líder político. En un primer grupo de seguidores, simpatizantes y seguros sufragantes, están aquellos que profesan una enorme y acrítica simpatía por quien mandó en el país entre 2002 y 2010.

Quienes se ubican en este grupo de áulicos, carecen de criterio y de un carácter proclive o capaz  de permitirles hacer evaluaciones críticas de las acciones, conductas y decisiones de quien, en muchos sentidos, guía la vida social, económica y política de este grupo de palaciegos. En ese camino, esta suerte de cortesanos exhiben una ética acomodaticia (ethos mafioso[5])  en la medida en que desechan todo señalamiento que se haga de su líder por la violación de los límites éticos que, para el caso, se corrieron entre 2002-2010 y se siguen corriendo, como si se tratase de un mojón fronterizo que se mueve en la dirección de quien desea ampliar el horizonte de sus tierras.

A quienes hacen parte de este grupo, los llamo Indignos Palaciegos. Estos anodinos cortesanos jamás podrán sugerir a Uribe Vélez  que asuma responsabilidades, por lo menos políticas, en los casos de los “falsos positivos” que ocurrieron en gran número durante sus dos administraciones. Y mucho menos, serán capaces de cuestionar el temprano enriquecimiento de sus hijos, aprovechándose en buena medida de la condición de Presidente de su padre y del acceso a información privilegiada.

Dentro de este grupo de Indignos Palaciegos encontramos profesores universitarios, intelectuales y académicos[6] profesionales de diversas áreas, empresarios, ganaderos, militares y policías y estudiantes universitarios (especialmente de universidades privadas), entre otros. Estos ciudadanos, obnubilados por el talante autárquico, machista, violento y camarrorero del hoy senador de la República, suelen defender a dentelladas “la obra de Gobierno” de su Mesías, descalificando a quienes osan criticar a quien fuera elevado al estatus del “mejor Presidente de Colombia”.  

Podemos ubicar a los miembros de este grupo de áulicos en una suerte de clase media y media alta que, al desechar cualquier valoración ética de la función pública, actúan en sus espacios privados bajo los principios del Todo Vale.

Se pueden encontrar dentro de este grupo de Indignos Palaciegos algunas disidencias, en especial después del primer gobierno, 2002-2006. A pesar de la tardía comprensión del talante ético-político del político antioqueño, sobre estos ciudadanos recaen toda suerte de dudas alrededor de su propia ética y sobre todo, del real talante democrático desde el cual decidieron en su momento acompañar a Uribe Vélez en su afán de reelegirse, para luego no acompañarlo en su  intento de  quedarse en el Poder por ser el único capaz de “derrotar a las Farc”. Recordemos aquella idea de la hecatombe[7].

Dentro de este mismo grupo de Indignos Palaciegos están cientos de miles de ciudadanos pobres, cuyo precario capital cultural les impide mirar más allá de los “beneficios” recibidos, por ejemplo, a través del programa de Familias en Acción. Estos individuos, más cercanos a la condición de súbditos que a la de ciudadanos, poco o nada se diferencian de aquellos que ubicados en estratos socio económicos superiores, extrañan a Uribe Vélez porque en ocho años recibieron jugosos contratos en obras de infraestructura, especialmente. Entre recibir las migajas del señalado Programa, hoy elevado a la condición de Política Pública[8], becas, puestos en entidades estatales y recibir millonarios contratos, hay pocas diferencias éticas y morales.

Y para terminar, dentro de ese grupo de Indignos Palaciegos podemos encontrar cientos de miles de personas o proto ciudadanos que, con la misma indignidad[9] con la que se mantiene dentro del CD, el recién desechado, excluido, destronado  y rechazado Óscar Iván Zuluaga, se hincan ante la presencia de este Mesías que tanto daño[10] le hizo y le hace aún a Colombia. No hay derecho que subsistan tantos ignorantes, pero sobre todo, tanta indignidad e incapacidad para asumir posturas críticas, así sea frente a quien se admira y se sigue.  





Imagen tomada de Semana.com




[8] Una evidente institucionalización del clientelismo.

domingo, 26 de noviembre de 2017

URIBE-PASTRANA: ¡A REFUNDAR LA PATRIA!, ARRRRR


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- politólogo

El panorama electoral en Colombia se va aclarando en materia de aspiraciones presidenciales. El Partido Liberal, sumido en una profunda crisis ideológica y programática y a través de una onerosa Consulta Abierta, eligió a Humberto de la Calle Lombana como su candidato único; y ahora, y sin que hayan decidido què candidato puede alcanzar sus objetivos políticos, los expresidentes Uribe Vélez y Pastrana Arango anunciaron su alianza político-electoral.

En cuanto a la Alianza de Centro-Izquierda, sus principales fichas, entre ellas Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, no deciden aún quién de ellos enfrentará al ungido que decida el sector de  la derecha y ultraderecha que representará los intereses de la coalición Uribe-Pastrana, que son los mismos que tienen el ex ministro de Santos, Germán Vargas Lleras, los ex ministros de Defensa de Uribe y Santos, Martha Lucía Ramírez y Juan Carlos Pinzón y en representación de sectores religiosos,  el lefebvrista, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Sobre la alianza Uribe- Pastrana hay que decir que se unen dos políticos que comparten sus frustraciones en torno a la desaparición de las Farc-ep. Quien ocupó la Casa de Nariño entre 1998 y 2002, exhibe el fracaso de un proceso de paz que fue mal manejado y que se dio sin el decidido acompañamiento internacional y, sobre todo, sin el apoyo de los militares. Mientras que Uribe Vélez, quien fungió como una especie de Mesías-Militarista, y con toda la ayuda militar allegada por medio del Plan Colombia, arrinconó y golpeó a las Farc-ep, sin lograr eso sì, acabarlas militarmente como era su objetivo y sueño más preciado.

Los une, además, su apoyo ideológico y una evidente simpatía política con el fenómeno paramilitar. En el gobierno de Pastrana, por ejemplo, se extendió el paramilitarismo y con la llegada de Uribe al Solio de Bolívar, se documentó que los paramilitares lograron penetrar la institucionalidad estatal: se hicieron con el antiguo DAS, con el Congreso en un 35% y estratégicamente, con la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras instancias estatales.

Es decir, la alianza Pastrana- Uribe se puede entender como una suerte de proyecto político que buscará “Refundar la Patria”, tal y como pactaron los entonces líderes paramilitares y sectores políticos regionales, en los documentos que se conocen como los Pactos de Ralito, Chivolo y Pivijay. Por eso, ya se hacen oír sus áulicos, al gritar: ¡A refundar la Patria!, arrrrrr.

De esta manera, la alianza Uribe-Pastrana representa a los sectores del Establecimiento que no acompañaron y respaldaron el proceso de paz de La Habana. Los mismos sectores que han logrado modificar sustancialmente el Acuerdo Final en el Congreso, en el marco de la discusión de la Ley Estatutaria que daría vida a la JEP, con la ayuda de la Corte Constitucional en varios aspectos y temas decisivos sobre los cuales emitió reciente fallo. Esos mismos sectores harán todo lo que sea posible para incumplir la palabra empeñada en la firma del Acuerdo de Paz y someter al escarnio internacional la imagen de un Estado poco serio y exponer a que la CPI pueda asumir investigaciones contra militares por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco y en razón del conflicto armado, incluyendo, por supuesto, a los “falsos positivos”[1].

Hay que reiterar que las elecciones presidenciales de 2018 serán determinantes para pasar una gran parte de las páginas y del contenido de la historia de un degradado conflicto armado interno. Dependerá de la capacidad de un electorado que deviene polarizado, de asumir el proceso de paz de La Habana como un significativo hecho político y militar para lograr la pacificación del país. Eso sì, dicha comprensión deberá pasar por reconocer la compleja naturaleza de un conflicto armado que se degradó y que dicha circunstancia compromete las acciones y decisiones adoptadas tanto por empresarios, dirigencia política, élites, militares y por supuesto, a la propia guerrilla de las Farc-ep.


Adenda: un año después de firmado el Acuerdo Final de Paz, el futuro de los desmovilizados de las Farc-ep no es nada halagador. De esta manera, el país apenas si podrá aspirar a vivir escenarios de posacuerdo, porque al parecer, le quedará grande a su dirigencia, avanzar hacia estadios de posconflicto. Triste realidad y negativa y perversa manera de honrar la memoria de los millones de víctimas que dejaron las acciones demenciales de Paramilitares, Guerrilleros y Fuerza Pública.



Imagen tomada de Semana.com

viernes, 24 de noviembre de 2017

De fueros y desafueros


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Que  Ernesto Samper Pizano esté dispuesto a “renunciar” al fuero presidencial que el Acuerdo Final reconoció a los ex presidentes, y que por condición de expresidente tiene, corresponde a una estrategia política con la que el ex mandatario renueva su apoyo a la JEP, en medio de las acciones legislativas al interior del Congreso con las que las bancadas de Cambio Radical, Centro Democrático y del Partido Conservador, buscan dilatar y modificar sustancialmente el Acuerdo Final de Paz; pero también, con su disposición de presentarse ante los magistrados de la jurisdicción especial de paz, busca provocar y hacer reaccionar, en particular, a los ex presidentes Uribe y Pastrana, hoy aliados para torpedear el proceso legislativo que busca aprobar la Ley Estatutaria que dará vida jurídica y política al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz y para acabar de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final”, llevando a la Casa de Nariño a quien ellos consideren que puede cumplir con la tarea de incumplir lo que se pactó en La Habana, a nombre del Estado colombiano.

El diario El Espectador recoge apartes de la misiva enviada por Samper Pizano (1994-1998) a la Presidenta de la JEP, Patricia Linares: “No me escudaré en el fuero que nos han extendido a los expresidentes en los acuerdos de paz para excusar mi participación y responsabilidad en la búsqueda de la verdad de las víctimas, que es la razón de ser de la justicia con verdad, que ustedes presiden y la que necesita este país para recuperar la paz de su conciencia… Invito a mis colegas expresidentes a que hagan lo propio: sería un acto de transparencia histórica que agradecerán las nuevas generaciones de Colombia[1].

Más allá de si se trata de una estrategia o de una provocación política, en la propuesta de Samper Pizano se pueden vislumbrar, entre otros asuntos, una postura ética que, aunque tardía, bien puede servir para instaurar en Colombia una ética pública que reivindique el papel del Presidente de la República y de la Presidencia como institución política, afectados en gran medida por la entronización de ese ethos mafioso que la sociedad colombiana en su conjunto acogió y del que sectores de poder económico de la sociedad civil (empresarios y banqueros) supieron sacar provecho y sobre el que han soportado sus decisiones electorales al apoyar no solo las candidaturas de Samper, sino las de López Michelsen,  Belisario Betancur,  Turbay Ayala, Pastrana Arango y por supuesto, las de Álvaro Uribe Vélez; sobre este último, huelga recordar que los grandes ricos respaldaron la fina cirugía constitucional con la que se logró la reelección presidencial inmediata, modificación constitucional lograda sobre la base de las prácticas del señalado ethos mafioso. Recuérdese que dicha reelección fue comprada al interior del Congreso (Yidis política) y legitimada por empresarios, banqueros, militares, Iglesias, los medios masivos y la Academia.

En el mismo anuncio del ex mandatario, involucrado en el escándalo del Proceso 8.000, se expone con claridad el enorme error que se cometió en la mesa de diálogo de La Habana al no acordar las partes, llevar ante la JEP a quienes en su calidad de Comandantes Supremos de las Fuerzas Armadas, son responsables, política y jurídicamente, de lo que hicieron o dejaron de hacer los hombres y mujeres que estuvieron bajo sus mandos a lo largo de 53 años de guerra. Todos los ex presidentes colombianos deberían de pasar por la JEP, y de esta manera, proponerle al país más que un nuevo pacto de paz, un Pacto Ético-Político que permita a todos los actores sociales, económicos y políticos proscribir actitudes, acciones y decisiones cercanas al ethos mafioso con el que mantenemos hoy no solo relaciones y transacciones de todo tipo, sino con el que camina, a pesar de todo, las institucionalidades estatal y privadas. Se cree que solo existe corrupción en las institucionales estatales, cuando es claro y evidente que en empresas privadas el ethos mafioso guía la acción de presidentes de corporaciones, gerentes y administradores de todo tipo.

Así entonces, lo expresado por Samper debería de servir para convocar a un gran debate ético, con el objetivo estratégico de desmontar el clientelismo, las prácticas mafiosas, el dolo y todo aquello que nos hace ver ante el mundo como una sociedad corrupta, un Estado moralmente cuestionado e inviable y una institución presidencial sostenida en buena medida por los mezquinos intereses de una clase dirigente y empresarial sucia, cicatera y criminal; la misma que hoy, haciendo uso de sus fichas en el Congreso, quiere impedir la entrada en funcionamiento de la JEP porque saben que varios de sus miembros tienen mucho que esconder por la responsabilidad que les cabe por los crímenes de lesa humanidad que auparon, al apoyar a los grupos paramilitares, el brazo armado de la Derecha de este país.

Es hora de abandonar fueros y empezar a contribuir con la Verdad Histórica de lo sucedido en 53 años de guerra, reconociendo la comisión de todo tipo de desafueros. A lo mejor así, se confirma que un ex presidente, en especial para el caso de Colombia, no es más que un testigo protegido de las redes de corrupción.




Imagen tomada de Semana.com

domingo, 19 de noviembre de 2017

UN ONEROSO Y COSTOSO TRIUNFO



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Al termino de las votaciones de la consulta interna del Partido Liberal del 19 de noviembre de 2017, Humberto De la Calle Lombana fue elegido como el candidato único por esa colectividad, para las elecciones de 2018.  
La convocatoria electoral no solo resultó onerosa en lo económico, sino costosa en lo político: confirmó la crisis ideológica del Partido Liberal y una profunda fractura entre el viejo liderazgo de César Gaviria y el que buscaba consolidar Juan Fernando Cristo; el ex ministro de Santos se enfrentó con Humberto De la Calle, el candidato del expresidente neoliberal, en una disputa que más que de ideas, lo fue de maquinarias. Se trató de una lucha intestina que expuso la debilidad que atraviesa dicha colectividad, lo que obliga desde ya a De la Calle a trabajar en aras de reunificar el Partido y hacer que, en bloque, la colectividad lo acompañe en su aspiración presidencial.

Es clara entonces la crisis programática e ideológica de un Partido que, junto al Conservador, y a partir de ahora, comparten una misma situación: ambas colectividades devienen insepultas. Sobreviven por la fuerza del clientelismo y por anacrónicas simpatías y militancias asociadas a viejos escenarios en los que el trapo rojo se agitó, enfrentado con aquellos que agitaban el trapo azul.

De los cerca de 738 mil sufragios que se contabilizaron, por los menos 90 mil se registraron en Bogotá, lo que indica con claridad que se trata de un Partido cuya mayor aceptación y quizás la del mismo De la Calle, se concentran en la capital del país. Los departamentos que siguieron a la Capital en votación fueron Atlántico y Valle del Cauca, lo que también puede confirmar que en estos territorios se movieron en mayor medida las maquinarias que acompañaron a los dos candidatos, sin descartar el voto de opinión.

Si bien el partido Liberal deviene en una profunda crisis política y programática, para las elecciones de 2018 es posible que la expedición de su certificado de defunción se aplace si De la Calle logra convocar a los millones que votaron por el SI y otros tantos que, con hidalguía, reconozcan que se equivocaron al votar negativamente, especialmente porque se dejaron influenciar por la tramposa campaña del NO, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, apoyada, en particular, por el Noticiero Noticias RCN.

Eso si, como partido político es posible que jamás recupere lo que fue como fuerza electoral y en adelante siga siendo, simplemente, una colectividad capaz de recoger el ethos mafioso que se entronizó en la función pública y en la política, fruto de la histórica transacción mafiosa que acordaron Liberales y Conservadores, y que se conoce como el Frente Nacional.

No la tendrá fácil De la Calle. Y no solo por los 362.229 mil votos obtenidos en la consulta interna (escrutado el 98.5%), sino por las fuerzas clientelares que hoy respaldan a Vargas Lleras, candidato con la mayor opción para llegar a la Casa de Nari, dado que cuenta con la simpatía de los grandes empresarios y de poderosos sectores económicos, políticos, militares y sociales, empeñados en no respetar el ya remendado Acuerdo de Paz.  Si bien De la Calle es cercano al Establecimiento, su importante liderazgo en el proceso de paz de La Habana le permite despejar las dudas que esa circunstancia produce en los sectores de la opinión que lo consideran como un candidato serio, no polarizador, aterrizado, equilibrado e idóneo para mantener las condiciones históricas del régimen de poder, sin que ello suponga incumplir con la palabra empeñada en el Acuerdo Final.

Sin embargo, haber sido jefe negociador en dicho proceso de paz, debe generar mayores suspicacias y resistencias en esa otra parte del Establecimiento que, comprometida con la violación de los derechos humanos y crímenes de guerra, en el marco de un degradado conflicto armado interno, ve en la JEP un riesgo grande para la estabilidad del Régimen y al propio candidato liberal, como un “amanuense” de los líderes de las Farc, interesados en enlodar el buen nombre de empresarios y clase política tradicional.

Y quizás, consciente de las dudas que genera por haber liderado la negociación política con las Farc, en los términos que se dio, minutos después de su elección como candidato oficial del Partido Liberal a las elecciones de 2018, expresó algunas ideas que mandan un mensaje claro a esos sectores que lo asocian como “amigo íntimo de las Farc”.

Así recogió El Espectador las primeras impresiones del candidato liberal: “Sobre la implementación de lo pactado en La Habana con las Farc, el candidato liberal aseguró que llegó el momento de "ir más allá de los acuerdos que lograron acabar con la guerrilla más antigua del mundo" y que el reto es ahora derrotar a la Farc en las urnas.  "Obviamente nos opondremos a las tesis de la Farc, y por ello mismo queremos derrotarla con votos y sin balas, a punta de argumentos. Así como nosotros estamos cambiando la historia, no vamos a permitir que queden en el olvido millones de víctimas. Pero no perdamos de vista que aquí no se trata de cambiar el pasado sino de cambiar nuestra manera de afrontar el futuro", detalló insistiendo en que esta es la oportunidad para que el país trabaje unido[1].

De la Calle también debe ser consciente de que no le alcanzará en primera vuelta para derrotar a Vargas Lleras, o al que diga Uribe, que será el comodín que terminará en las huestes de Vargas Lleras; de eso mismo deben ser conscientes Claudia López, Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Si estos pre candidatos logran hacer coalición con De la Calle, podrían competir con Vargas Lleras, quien al final terminará recibiendo el apoyo clientelista de Ordóñez Maldonado y del dueño único del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.  Así entonces, las elecciones de 2018 serán el segundo round del plebiscito del 2 de octubre de 2016.  

Muy seguramente, de los 362.229 mil votos alcanzados este domingo, un porcentaje puede estar asociado a un voto de opinión calificado, que a su vez hace parte de los millones de colombianos que votaron SI, el día del plebiscito.  De la Calle puede, soportado en la obligación de respetar lo acordado con las Farc, erigirse como el Estadista que necesita este país para hacer la transición de la guerra a la paz. Tiene el talante ético y moral para hacerlo, a pesar de la mancha que le cayó al ser fórmula vice presidencial de Ernesto Samper Pizano, en el contexto del proceso 8.000. Su renuncia y toma de distancia pública del “samperismo” genera confianza y procede como actitud ética para el presidente probo que este país necesita para garantizar una transición sin mayores traumatismos.

Sobre el derrotado de la consulta, Juan Fernando Cristo, se espera que acompañe al Candidato Único del Partido Liberal en la tarea de acabar con las luchas intestinas que ambos protagonizaron este domingo 19 de noviembre, en una consulta onerosa en lo económico y costosa en lo político. Amanecerá y veremos.

Adenda: poco ha cambiado la política en Colombia: llevamos varios años votando en contra de Uribe (Todos contra Uribe); ahora, quienes nos oponemos a esos liderazgos mesiánicos y autoritarios, y al Todo Vale, haremos parte del movimiento Todos contra Vargas Lleras. Es la triste realidad de una sociedad que permitió la entronización de ese ethos mafioso con el que el régimen de poder ha logrado mantenerse a flote.



Imagen tomada de Semana.com

miércoles, 15 de noviembre de 2017

SANTURBÁN, A LA ORDEN DEL GRAN CAPITAL

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Si para algo sirve ya y seguirá sirviendo la finalización del fin del conflicto armado[1] entre el Estado y las antiguas Farc, es para poner a la orden del Gran Capital, los recursos de la biodiversidad, en particular aquellos que el subsuelo guarda, como el carbón, el coltán y el oro, para nombrar solo algunos minerales.

Juan Manuel Santos acaba de validar el sentido de la anterior sentencia al confirmar la inversión de mil millones de dólares que hará los Emiratos Árabes, a través de  su multinacional Minesa, en la explotación de oro en el Páramo de Santurbán.

El asunto es de una enorme gravedad en la medida en que la licencia de explotación ya fue solicitada a la ANLA[2], entidad comprometida con la entrega rápida de autorizaciones a empresas de explotación de oro, carbón y petróleo, cuyos funcionarios se sentirán presionados por la millonaria suma de dinero que está dispuesta a invertir dicho país. Las licencias exprés se pusieron de moda durante la administración de  Uribe Vélez, política que tuvo continuidad en los dos periodos de Santos.

En esa línea, la ANLA funge como una suerte de rueda suelta que nadie controla, a juzgar por la rapidez con la que se entregan las licencias ambientales. Es más, se oye en los “mentideros políticos” que los funcionarios de dicha entidad “trabajan a destajo”, es decir, que su sueldo dependería del número de licencias aprobadas. Si eso llegare a ser cierto, los recursos de la biodiversidad estarían servidos en bandeja de plata al Gran Capital.

Volvamos al asunto. Por supuesto que los amigos del “desarrollo” por la vía del extractivismo, se frotan las manos por la llegada de semejante inversión. Muy seguramente las redes de corrupción ya están alertas para el cobro de comisiones y las formas institucionalizadas que entran en operación para otorgar la licencia de explotación en un ecosistema que afronta los problemas que genera la decisión de delimitar el Páramo de Santurbán, como si dicho ecosistema funcionara desde y bajo la lógica fragmentadora con la que opera la delimitación de un área que no debería de estar dispuesta para el desarrollo de minería a gran escala; y en cuanto a la minería artesanal, valdría la pena pensar en acciones de intervención con el fin de reorientar la vida de los mineros, ofreciéndoles, por ejemplo, servir de cuidadores del ecosistema.

Quienes aprueban y apoyan el desarrollo de dichas actividades mineras en el Páramo de Santurbán, parecen desconocer el principio de precaución planteado en la Ley 99 de 1993, en su artículo 1, de los Principios Generales Ambientales: “La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (...) 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

¿Por qué insistir con proyectos de minería a gran escala si se conocen experiencias en el mundo y en el propio país, de los graves efectos socio ambientales que deja la llegada y operación de retroexcavadoras y las transformaciones de un ecosistema frágil y por sobre todo, vital para los cientos de miles de ciudadanos que dependen del suministro del agua que nace de dicho Páramo?

Ojalá las comunidades allegadas al Páramo de Santurbán y en general los colombianos, emprendamos acciones colectivas que permitan detener toda actividad minera a gran escala tanto en este ecosistema, como en otros amenazados por la llegada de multinacionales y sus filiales, interesadas en saquear los recursos del subsuelo, ahora que el país “vive en el posconflicto”. 

Queda claro que delimitar el territorio en el que subsiste el Páramo es una estratagema que abre el camino para actividades de exploración y explotación que benefician a unos pocos, en detrimento de la calidad de vida futura de quienes se benefician de los servicios ecosistémicos que ofrece en particular el Páramo de Santurbán.

Lo que está en juego con Santurbán no solo es el ecosistema en sí mismo, sino la institucionalidad ambiental y científica cada vez más afecta al desarrollo de este tipo de actividades antrópicas que claramente poco o nada aportan al “desarrollo” del país, por cuanto las ganancias terminan en los bolsillos de los accionistas de multinacionales como Minesa, en paraísos fiscales y algunas migajas que sabrá recoger agentes estatales corruptos. Y resulta peor el panorama ambiental, cuando el Estado colombiano no solo deviene débil y precario, sino que no tiene una política ambiental coherente que realmente haga posible pensar en eso que ya se volvió un lugar común y parte fundante y fundamental de acciones de green wash: hablar de desarrollo sostenible o sustentable.

A la presencia de todo tipo de intereses alrededor de la explotación en zonas de Páramo, en particular en el de Santurbán, se suman las diferencias de criterio y de lectura de lo expresado por el Código Minero, en las sentencias de la Corte Constitucional y en lo expresado por expertos, científicos y directores de instituciones ambientales oficiales.

De tiempo atrás, el ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, viene advirtiendo sobre los riesgos de autorizar la explotación de oro en dicho ecosistema. Lo hizo en su momento, cuando la multinacional Greystar se interesó en el oro que se oculta en las entrañas de dicho ecosistema estratégico para millones de habitantes que dependen de su equilibrio y funcionalidad ecológicas. Rodríguez señaló: “No entiendo por qué estamos aquí. Y no lo entiendo porque el Código Minero excluye a los páramos de toda explotación. Entonces me parece que estamos en una situación absurda creada por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, que aceptó, en forma que me parece condenable, la solicitud de una licencia ambiental por parte de la empresa canadiense Greystar[3].

Hoy, parece que el ambientalismo y la defensa de la biodiversidad devienen en una profunda crisis, a juzgar por el poco eco y apoyo que ya tienen esas voces de alarma en universidades e instituciones de carácter ambiental. El silencio de la Academia desconcierta en la medida en que alienta a las interesadas multinacionales como Minesa, para intervenir en ecosistemas sobre los que poco se tienen cuenta las  valoraciones estéticas[4] y éticas que la ciudadanía hace, en aras de exigir que se detenga cualquier acción que comprometa el equilibrio ecológico del Páramo de Santurbán. En esa medida, parece que para muchos científicos y académicos resulta mejor explotar unos recursos, haciendo uso de una autonomía sin límites y desprovista de cualquier responsabilidad con el medio ambiente y sobre todo, con quienes de manera directa se benefician de los servicios ecosistémicos que les presta el señalado y deseado Páramo de Santurbán.

Augusto Ángel Maya, en su libro Ataraxia, habla de la Hybris humanista, como “… desconocer y separar esta pertenencia y unidad del hombre al ser, y vivir en una ilusión de autonomía sin límites”. Tantos los ingenieros de Minesa, el Presidente Santos y el Estado colombiano caerán en lo que los griegos llamaron la Hybris, como el pecado en el que cae el ser humano al rebasar sus propios límites y comportarse como si fuera Dios.

¿No será que desde sectores de la Academia y de la institucionalidad ambiental se le está haciendo el juego al extractivismo, cuando desde esos mismos escenarios, de duda y de ciencia, debería de gritarse a voz en cuello, que el desarrollo tiene unos límites y que estos aparecen cuando lo que se pondrá en riesgo es la propia supervivencia de cientos de miles de personas?

Creo que es urgente volver al ambientalismo de los años 60 y 70, de cara a enfrentar a quienes desde la Academia, silentes o no, y desde los usos particulares de la ciencia, promueven discursos que, afectos por ejemplo al discurso de los ecosistemas emergentes, terminan validando todo tipo de acciones antrópicas de explotación que solo benefician a unos pocos, basados en que el dinamismo de la Naturaleza permite todo tipo de acciones humanas, como la explotación de oro en Santurbán.

Al principio de precaución hay que sumarle esta pregunta: ¿cuántos de los beneficiados y cuántos los afectados? Y es claro, que con la explotación de oro en Santurbán, los beneficiados serán unos pocos y los afectados, se cuentan por millones. Mientras la ANLA juega con la biodiversidad y el Páramo de Santurbán es ofrecido al Gran Capital, la Academia y los agentes de las ciencias ambientales, guardan cómplice silencio.



viernes, 10 de noviembre de 2017

POR LA ESPALDA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El crimen de Aulio Isarama Forastero, a manos de un miembro de la guerrilla del ELN, es un hecho grave no solo por tratarse de un líder y gobernador indígena, por el delicado contexto del pactado cese al fuego bilateral temporal, sino por las circunstancias en las que se produjo la muerte del indígena: fue asesinado por la espalda.

El diario El Espectador recoge la versión oficial del dictamen de Medicina Legal: “La causa de la muerte obedece a un daño vascular severo a nivel del tórax, producido por el paso de dos proyectiles de arma de fuego de alta velocidad. Estos disparos se realizaron de atrás hacia adelante, de la espalda hacía adelante, en una modalidad de contacto firme. Es decir, con la boquilla del arma firmemente apoyada sobre la pared posterior del tórax en momentos en los cuales se evidencia que el tórax estaba desnudo. Se encuentra evidencias de un disparo a contacto firme de un tórax desnudo[1].

Es decir, se trató de un crimen vil, cobarde, execrable y demencial. Si, el COCE reconoció que el crimen es responsabilidad de uno de sus frentes, y es posible que dicho reconocimiento sirva para señalar que subsiste unidad de mando dentro de la organización guerrillera, pero no señaló qué acciones iba a emprender contra quien ordenó y/o disparó al cuerpo de  Forastero. Y es lo mínimo que se espera de una guerrilla que dice guiarse por unos “códigos revolucionarios”. Entonces, debe llevar al asesino de Isarama Forastero a un juicio de acuerdo con sus normas y de ser posible, entregarlo en primera instancia a la comunidad indígena afectada por el asesinato de su líder para que en ese escenario comunitario sea juzgado; o, en una lejana e improbable decisión, entregarlo a la institucionalidad que combaten desde los años 60.

Por lo anterior, se espera que el COCE haga públicas las acciones disciplinarias que tomará en contra de quienes participaron del crimen de Forastero. Así como justifican el secuestro de civiles, a los que someten a su “justicia revolucionaria[2]”, se espera el juzgamiento del victimario que asesinó al Gobernador indígena. No puede el ELN caer en la trampa de valorar más los resultados operacionales que pudo haber entregado hasta el momento quien disparó por la espalda en contra de Isarama Forastero, y ponerlos por encima de semejante acción demencial.  No.

El gobernador indígena hacía parte de una comunidad afectada por todos los actores armados, incluyendo, por supuesto, a las Fuerzas Militares y al débil Estado colombiano. Las condiciones de abandono, pobreza y miseria  en las que vive esta comunidad indígena y otros sectores poblacionales,  han servido a los líderes del ELN para justificar su presencia armada y su lucha contra el Estado.  Se pide un mínimo de coherencia en quienes dicen haberse alzado en armas para defender a un Pueblo que soporta el yugo de un oprobioso e ilegítimo régimen de poder.

Resulta inaceptable que dentro de una organización que se dice “revolucionaria” se den este tipo de hechos, más propios de grupos de delincuencia común, de bandidos a sueldo, de sicarios que un día se pusieron un brazalete para “defender a los débiles”. ¿Qué tiene de revolucionario asesinar a una persona en las condiciones en las que se produjo el deceso de Isarama Forastero? Mas bien, se trata de una acción propia de matreros y no de sujetos políticos alzados en armas.

Más allá de exigirle al Gobierno una reacción conducente a romper el delicado cese bilateral y temporal del fuego, lo que debería hacer el Ejecutivo y el equipo negociador del Presidente Santos, es pedirle a la comandancia del ELN que explique si el asesinato de Forastero obedece a decisiones autónomas que sus miembros pueden tomar en cualquier momento. De ser así, la negociación política se tornaría aún más delicada porque estaría mediada por la pérdida de la “mística revolucionaria”, hecho que le restaría sentido a continuar negociando, por cuanto no se estaría dialogando con alzados en armas, sino con enajenados sicarios.




Imagen tomada de El Espectador.com

martes, 7 de noviembre de 2017

Periodismo Incorporado

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El primero de noviembre, en Bogotá, se realizó el foro[1] sobre noticias falsas. Más allá de los resultados del evento, bien vale la pena señalar que el asunto de las fake news aparece, junto a la posverdad, como vocablos, nomenclaturas, hechos y situaciones nuevas y propias de esta época postindustrial y postmoderna, cuando claramente las noticias falsas y la posverdad son tan antiguas como el ejercicio mismo del Poder, así  el uso del tèrmino posverdad, por ejemplo, se  remita apenas a una década atrás.

Lo curioso del asunto es que al hablar de posverdad y fake news, la Gran Prensa trata de pasar incólume ante la responsabilidad histórica que debe asumir por haberse prestado en el pasado a la construcción de mentiras y a recoger versiones de organismos de inteligencia y fuentes oficiales, en especial de la fuente castrense, con el firme propósito de tergiversar los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado interno, acomodar las versiones de los bandos enfrentados y en general, para tratar de disimular el hedor de un Establecimiento desde donde se auparon acciones y actitudes que terminaron borrando los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal. La Gran Prensa, con sus periodistas vedettes, trató de perfumar ese hedor con las noticias del entretenimiento, industria que supo bien explotar en su noticiero el reconocido periodista Yamid Amat.

La discusión, entonces, está mal planteada: el problema no está tanto en las falsas noticias que hoy circulan por las redes sociales y que recogen los propios Medios masivos. El gran problema está en la forma como la Gran Prensa colombiana viene informando, especialmente desde 1998, cuando nacieron las empresas periodísticas privadas RCN y Caracol que, con sus noticieros, han logrado manipular a unas audiencias ignorantes, así como disimular la hediondez de un régimen político corrupto, sostenido más por el ejercicio del poder tradicional, que por una bien ganada legitimidad.

Todo régimen de poder político sabe -debe- cooptar a la Prensa y usarla para consolidarse y servir a los intereses de unos pocos. Lo ha hecho la izquierda y la derecha, sin mayor diferencia en las rutinas de producción noticiosa de medios masivos a lo largo y ancho del planeta. Y cuando ello sucede, los Regímenes hacen lo que deben hacer para mantener el poder: mentir, acomodar, manipular, enlodar y ocultar, entre otras acciones. Para ello, apelan a los periodistas incorporados, o lo que se conoce en inglés como embedded reporter y que se puede traducir como “reporteros incrustados”[2]; también se pueden llamar “periodistas incorporados”, es decir, aquellos que afectos a un gobierno en particular, harán todo lo posible para salvaguardar secretos, desviar la atención sobre hechos trascendentales, auto censurarse y en general, dejar de informar. Tambièn, sirven esos periodistas incrustados para posicionar- imponer-  lìderes carismàticos capaces de extender en el tiempo un tipo de Règimen u orden de dominaciòn.

Lo mínimo que se esperaría que hicieran dichos regímenes, en el marco de una democracia ideal, es garantizar la vigilancia y el control por parte de la Prensa que milita con los sectores de poder que perdieron las elecciones o aquellos que se declaren en oposición. Es decir, lo que se debe garantizar es pluralidad informativa, asunto al que le suelen temer los gobernantes, de izquierda y derecha. Unos y otros, temen al escrutinio y buscan controlar a las audiencias, en particular, desean mantener los altos niveles de ignorancia e incapacidad de cientos de millones de ciudadanos incapaces de descifrar las lógicas bajo las cuales funciona y opera el poder político.

Así entonces, no nos debe preocupar la posverdad y las falsas noticias. Lo que nos debe preocupar es la incorporación, cada vez menos disimulada, de periodistas vedettes a los que las audiencias suelen creerles y seguir sus discursos aparentemente democráticos y profundamente anclados en una ética periodística supuestamente no afecta a ningún sector de poder.

Como audiencias lo que debemos hacer es consumir con extremo cuidado las versiones periodísticas, en especial las que entregan de manera amañada empresas mediáticas como RCN y Caracol. Luego, debemos contrastarlas con otras fuentes, eso sí,  siempre apelando a la historia y a la lectura de informes y libros que nos permitan develar lo que la Gran Prensa siempre maquillará, callará o tergiversará.

Adenda: la pérdida sistemática de audiencias del Noticiero RCN, según los últimos estudios de rating, bien podría entenderse como el rechazo de unas audiencias que aprendieron a consumir y que se dieron cuenta de la perversa política editorial que guía el ejercicio periodístico de dicha empresa mediática. Aunque dicha pérdida no le generará mayores problemas económicos al conglomerado económico que está detrás de dicho noticiero, si se trata de un duro golpe a la hegemonía informativa que por largos años ostentó el informativo RCN.





Imagen tomada de Monitoreodemedios.co


[2] Especialmente, alude a periodistas que hacen parte de las filas de ejércitos y asisten a los combates y a las operaciones militares para informar desde el  punto de vista de la fuerza que lo incorporó o a la que pertenece por decisión propia. 

jueves, 2 de noviembre de 2017

TIMOCHENKO: ¿PRESIDENTE?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La aparición e irrupción de las ex guerrillas Farianas en la procedimental y restringida Democracia colombiana cuenta, desde los primeros pre acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo de La Habana,  con enormes resistencias desde disímiles sectores de la sociedad civil.

Al contar ya con personería jurídica, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) podrá participar en las elecciones de 2018, en las condiciones pactadas en el Acuerdo Final. Los máximos dirigentes de la Farc entran, así y de lleno, a la institucionalidad democrática. Y lo hacen sin que se hayan creado todas las instituciones  y generado las institucionalidades de las que se habla en el documento con el que se negoció el fin del conflicto armado entre el Estado y la guerrilla Fariana, hoy desmovilizada.

La dirigencia del nuevo partido político (Farc) dio a conocer a los colombianos los cuadros que buscarán llegar al Congreso y se determinó también que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, será el candidato presidencial con el que intentarán hacerse con el poder del Estado, esta vez a través del ejercicio de la política y el respaldo del electorado afín al ideario de dicha organización.

Por supuesto que no se hicieron esperar las reacciones en contra de la participación y la elegibilidad política de los integrantes de una ex guerrilla que se desmovilizó, que entregó las armas, pero que aún no comparece ante los magistrados de la JEP. Hay que advertir que aún no entra en operación dicha jurisdicción, lo que significa que de resultar electos al Congreso e incluso, en el remoto caso de que “Timochenko” resulte elegido Presidente de la República, las decisiones judiciales, esto es, las sanciones a las que haya lugar y que deberán adoptar los magistrados de la JEP y que no favorezcan a los ex guerrilleros, tendrán que cumplirse durante el desarrollo de sus funciones públicas.

Es comprensible hasta cierto grado las resistencias sociales que ya se expresan en torno a la posibilidad de que los ex combatientes de las Farc, señalados de la comisión de crímenes de guerra, en el contexto de un largo y degradado conflicto armado interno, puedan participar de las elecciones de 2018 sin haber pasado primero por la JEP.

Presento a continuación varias consideraciones y elementos que pueden coadyuvar a la comprensión del escenario político-electoral que se avecina con la participación de los ex guerrilleros reinsertados en la vida democrática del país.

1.    Quienes rechazan, con inusitada vehemencia y odio que Rodrigo Londoño se presente a las elecciones de 2018 en su calidad de candidato presidencial de la Farc, terminan validando la conducta criminal y mafiosa de un Establecimiento que por largo tiempo promovió y aupó acciones de terror (el paramilitarismo, por ejemplo) que terminaron con los asesinatos de periodistas, profesores, líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, líderes cocaleros y candidatos presidenciales de izquierda, entre otros.  A lo que se suma, el desplazamiento de más de seis millones de colombianos, entre campesinos, afros e indígenas, por la incursión de los grupos paramilitares, que operaron con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública.

2.     Oponerse a la participación política de los ex combatientes de las ya desaparecidas Farc-EP, termina por desconocer el carácter político de la entonces organización subversiva y la lucha política que por 53 años libraron, contra un Estado y un régimen al que siempre consideraron ilegítimo. Caen en un sinsentido y en un lugar común aquellos que insisten en negar y rechazar la incursión en política de los ex guerrilleros; y lo hacen, aupados por sectores de la prensa afectos a los Señores de la Guerra que no solo viven dentro del Establecimiento,  sino que con su capacidad coercitiva, lo convirtieron en un Régimen peligroso para aquellos que piensan distinto y desconocen la naturalizada legitimidad del actual orden de dominación.

3.   Es claro que con la participación de la Farc en el escenario electoral de 2018, la institucionalidad democrática se fortalece, y en general, se beneficia en buena medida el mismo Régimen de poder, en tanto que, al permitir la participación política de los ex combatientes, la comunidad internacional podría entender como un "progreso" que dicho Régimen permita la inclusión de esa nueva fuerza política. Eso sí, hay que advertir que habrá sectores de poder político, económico y social que buscarán la desaparición física de los reinsertados, por los miedos que generan los fantasmas del “castrochavismo”  y el “comunismo”.

4.  Es importante reconocer que el escenario electoral de 2018 puede resultar un quiebre histórico importante para el país, en la medida en que se abren dos caminos posibles: de un lado, una vía que conduce a que el actual Régimen de poder se fortalezca y con toda su ilegitimidad, logre consolidarse a pesar de que las causas objetivas e históricas que provocaron el levantamiento armado en los años 60 siguen sin superarse, lo que hace que los conflictos sociales, políticos y económicos se extiendan aún más en el tiempo; y la otra ruta, llevaría a la posibilidad de un cambio estructural en la forma en la que opera el Estado, la sociedad y el mercado, sin que ello necesariamente signifique llegar a lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Esto último podría darse si se cumple el punto 3.4.2 del Acuerdo Final firmado en el teatro Colón, en el que se propone un Pacto Político Nacional.

5.    El Pacto Político Nacional podría convertirse en una oportunidad para aquella élite enquistada en el Estado y que sostiene al mismo Establecimiento, de reorientar al país hacia mejores estadios sociales, económicos y políticos, que aseguren no solo el fortalecimiento de la democracia, el pluralismo político e ideológico, sino que entre todos se acuerde proscribir el uso de las armas en el ejercicio de la política, así como  desterrar ese ethos mafioso con el que operan el Estado, la sociedad y el mercado.

Habrá que esperar que entre en operación la JEP, que las elecciones de 2018 transcurran en calma y que no se presenten actos de terror contra comunidades rurales o atentados contra quienes empeñaron su palabra y pactaron cumplir lo firmado en el Acuerdo Final. Pero sobre todo, lo que realmente esperamos es que pasado un tiempo, no asistamos al intercambio de impunidades entre los máximos líderes de la Farc, el Establecimiento y aquellos sectores de la sociedad civil comprometidos con el devenir del conflicto armado interno y la participación en crímenes atroces y violaciones a los DDHH y al DIH.

Y termino con esta idea: el problema no está en que Timochenko se lance a la Presidencia puesto que se pactó en La Habana la participación política de los miembros de la cúpula de esa agrupación armada ilegal. Y para lograrlo, necesitará vencer a la maquinaria y al poder económico que respalda a Vargas Lleras; el  asunto de fondo es si estamos dispuestos a seguir validando un régimen de poder que es responsable del nacimiento de las guerrillas y por lo tanto, de la existencia de quien, desde la civilidad, hoy busca o pretende cambiar el rumbo del país de acuerdo con lo que él considera es un proyecto viable y la salida a los complejos problemas del país. No podemos olvidar que Rodrigo Londoño, alias Timochenko,  es producto de ese ilegítimo orden político que muchos defienden al rechazar su temprana aspiración política. 




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