NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

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Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

jueves, 30 de noviembre de 2017

‘CONEJAZO’ A LA PAZ

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Tanto en los fallos proferidos recientemente por la Corte Constitucional, como en las actuaciones del Congreso de la República, se advierte una empobrecida noción de Estado. En ese orden de ideas, los magistrados que abordaron la discusión alrededor de la exequibilidad del marco legal que cobijaba el Acuerdo Final, y aquellos que modificaron el sentido del mismo, dejaron entrever que detrás de sus empobrecidas nociones alrededor de lo que es o deber ser el Estado, están sus individuales orientaciones ideológicas y la incapacidad de criterio para dimensionar lo que significa para una sociedad, poner fin a un largo y degradado conflicto armado interno de más de 50 años; en esa misma dirección, los congresistas  que asumieron la aprobación de las iniciativas legislativas con las que cobraría vida jurídica lo acordado en La Habana y firmado en el teatro Colón de Bogotá, exhibieron el carácter mezquino de una clase política que históricamente ha actuado de espaldas al país. A estos les pudo más el funesto  centralismo bogotano, sus intereses electorales, su oposición al proceso de paz y el objetivo político-electoral que los hará participar en las elecciones de 2018: acabar de hacer trizas el Acuerdo Final. Ya lo golpearon estructuralmente. De llegar a la Casa de Nariño (de Nari, para este caso), estos sectores de poder (las bancadas del insepulto Partido Conservador, del Centro Democrático y algunos liberales que votaron en contra o que no votaron), lo que harán simplemente será protocolizar que el proceso de paz con las Farc fracasó (fracasará).

Pues bien, con el hundimiento del proyecto de ley que daba vida a las 16 Circunscripciones de Paz y días atrás con la aprobación amañada de la ley estatutaria que dio vida a la JEP, el Congreso de la República de Colombia acaba de hacerle conejo[1] al país político y a esa parte de la sociedad que esperaba  confiada a que dicha corporación legislativa asumiera con seriedad la tarea de legislar a favor de la construcción de una paz estable y duradera;  igualmente, los congresistas que ajustaron a su amaño el modelo de justicia transicional acordado en La Habana, acaban de hacerle conejo también a la ONU y a los países que acompañaron al Gobierno de Santos, en representación del Estado colombiano, en esos largos años de negociación con la entonces guerrilla de las Farc;  igualmente, se les hizo conejo a las Farc, agrupación que hasta el momento cumple con lo acordado en La Habana, como a los millones de colombianos que perdieron un familiar o fueron víctimas directas o indirectas  de los actores armados que participaron de las hostilidades: Fuerza Pública, Paramilitares y Guerrillas. 

Así registró El Espectador lo sucedido: “Por su parte, el senador Roy Barreras, de la U, culpó a los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y una parte del Conservador de negar el derecho a las víctimas de llegar al Congreso y le pidió al presidente Santos que garantice las curules para las víctimas del conflicto a través del estado de excepción.  Asimismo, Barreras le pidió al secretario del Senado que revisara la votación y cuál era la mayoría necesaria, pues, a su juicio, la mayoría absoluta no se debía calcular sobre 102 senadores, sino sobre 99 porque “hay tres suspendidos”.  “Acabamos de revisar. Evidentemente, la mayoría absoluta de 99 es 50, es más de la mitad de los senadores. En mi criterio, está aprobada. Por supuesto, es absolutamente lamentable que tengamos que estar apelando a estas cifras matemáticas cuando el Congreso entero debió haberlas aprobado”[2].

Lo cierto es que con el hundimiento de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, lo que se pone de presente es que la noción de Estado  que tienen los congresistas de las señaladas colectividades que improbaron, que se negaron a votar e hicieron todo para hundir el proyecto de ley, no les alcanza para pensar un orden político que, con carácter nacional, asuma el compromiso de llegar a todos los rincones del territorio y asegure la participación de los históricamente excluidos del sistema democrático y jamás reconocidos por un Estado que, a juzgar por lo actuado por los congresistas, llega hasta los límites de Chía, por el Norte y a Soacha, por el sur.

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, dijo que “hoy la mezquindad de los políticos del Senado de la República ha primado sobre el interés de las víctimas y los sectores rurales. Lograron que se hundieran las 16 circunscripciones para La Paz”.

En toda esta debacle del proceso de implementación, hay que establecer responsabilidades. De un lado, le cabe responsabilidades directas al Gobierno Nacional por su incapacidad para mantener la Unidad Nacional, más allá de las presiones presupuestales de las congresistas. Debe señalarse, además, el pobre liderazgo de Santos, presidente que se nota cansado y que al ver cerca el final de su gobierno, se desentendió del único asunto por el que podrá ser recordado positivamente. Hay que responsabilizar también, a los enemigos del proceso de paz: Uribe y su Centro Democrático, a los políticos Asthon, Velasco (no estuvo en el recinto) y Sofía Gaviria, que no votaron; en las huestes del partido Conservador, los operadores legislativos Tamayo, Nadia Blel, Olga Suárez y Luis Sierra; la “liberal, Vivian Morales que votó NO, junto a Corso, Andrade, Nidia Osorio, Juan Diego Gómez, Merheg y Pedraza.

En estos momentos subiste la discusión sobre el número efectivo con el que se fijó la mayoría absoluta en el Congreso, cifra que, según interpretaciones del senador Roy Barreras, alcanzaría para que el proyecto de ley de las 16 Curules territoriales para las víctimas de las dinámicas y los actores armados, legales e ilegales, fuese aprobado. Lo cierto es que, siendo las 2:30 pm en Colombia, la Gran Prensa registra el hundimiento de las Circunscripciones Especiales de Paz, un elemento importante del Acuerdo Final, porque apuntaba no solo a ampliar la democracia y permitir la participación y la representación política de millones de colombianos que viven en esa parte del país en donde el Estado o jamás llegó o su acción institucional y simbólica es débil.  Si el proyecto logra salvarse, ello no impide señalar responsabilidades y advertir, de todas maneras, que el Congreso de la República fue inferior al compromiso de construir una paz estable y duradera. 

Después de lo sucedido, habrá que esperar que se aclare lo de la mayoría decisoria (102 o 99 operadores legislativos)  para confirmar o no lo del hundimiento de las Circunscripciones Especiales de Paz; de lo contrario, queda que la Corte Constitucional revise, de forma y de fondo, lo decidido en el Congreso. Si dicha alta Corte no modifica lo decidido en el Legislativo,  será en el escenario electoral en donde se pueda enderezar el proceso de implementación del Acuerdo Final. Mientras dichos escenarios se dan u ocurren, por ahora estamos ante un verdadero conejazo a la paz, a la reconciliación, al reconocimiento de las víctimas de la guerra interna y a la oportunidad para repararlas. Y estamos, igualmente, ante una prueba irrefutable de la empobrecida noción o idea de Estado que tienen magistrados y congresistas.

Adenda: minutos después de publicada esta nota, el Ministro de Gobierno señala que la ley que daría vida a las 16 curules especiales de paz, se salvó. Días después, el 06 de diciembre de 2017, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en una declaración pública, señaló que el proyecto de ley se hundió.



Imagen tomada de El Espectador.com


[1] En Colombia, se entiende por conejo o conejazo, aquella acción de engaño en la que incurre alguien. También se puede entender como una forma de robo, de timo, fraude, estafa, ardi, treta o trampa.

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