Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 18 de abril de 2018

10 años más


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) acaba de extender por 10 años la concesión a los canales privados de televisión, RCN y Caracol. Estamos, sin duda, ante un hecho económico, cultural, periodístico y político de especial relevancia. Y es así, porque en esos diez años el Estado colombiano, de la mano de sectores de la sociedad y de la sociedad civil en particular, deberán dar cuenta de la implementación del Acuerdo Final y de otros hechos sensibles políticamente, que muy seguramente  serán recogidos a través de ejercicios periodísticos y la producción de seriados y novelas por parte de los equipos de producción de los dos señalados canales televisivos.

Que estos dos canales continúen informando y entreteniendo a por lo menos 20 millones de personas sobre lo que acontecerá, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad y la operación de la JEP, en el marco de la implementación de lo que acordaron el Gobierno de Santos y los plenipotenciarios de las Farc, define muy bien a qué le están apostando esos sectores del Establecimiento que acompañan o no la consolidación de una paz estable y duradera; es probable, a juzgar por la política editorial asumida por el canal RCN  en o para su Noticiero, que por el contrario, la producción noticiosa sirva a los propósitos de aquellos miembros y militantes del Centro Democrático[1], que asumieron aquello de hacer “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”[2] como un objetivo político y bandera de campaña en la actual coyuntura electoral.

Desconozco si la prórroga de la concesión obedeció a criterios estrictamente económicos, pero de lo que si estoy seguro es de que no hubo una valoración en torno a los “servicios” de entretener e informar que RCN y Caracol vienen prestando desde 1998. Si existieran criterios claros para valorar los tratamientos periodístico-noticiosos que los noticieros de estos dos canales vienen haciendo a hechos como el proceso de paz de La Habana, la implementación del Acuerdo Final y de asuntos que la Corte Suprema de Justicia y otras instancias judiciales investigan en torno a los vínculos que Álvaro Uribe tiene, según los denunciantes y los testigos (los pocos que quedan vivos) con estructuras paramilitares, entre otros temas sensibles, entonces la ANTV no debió extender los contratos de concesión.

Y es así, por el papel claramente político que decidió jugar, por ejemplo,  la dirección del Noticiero RCN, en el sentido de proteger la imagen del ex presidente, ganadero, caballista y latifundista, Álvaro Uribe Vélez. Y de forma paralela, trabajar periodísticamente para generar animadversión en sus audiencias en torno al proceso de paz de La Habana, a la implementación de lo acordado. El manejo periodístico-noticioso dado a la jornada plebiscitaria del 2 de octubre de 2016 tuvo un carácter tendencioso y abiertamente contrario a una ética periodística anclada en el respeto a la verdad y a la consideración de todas las perspectivas posibles para entender los alcances de la jornada electoral, del resultado mismo y por supuesto, de lo que sobrevino después: el ajuste al Acuerdo Final (I) en temas sustanciales como la presencia obligatoria de agentes de la sociedad civil (empresarios, por ejemplo) que hayan coadyuvado, patrocinado o aupado a grupos paramilitares. Como sabemos, en el Acuerdo Final (II), la presencia de dichos agentes quedó con un carácter voluntario.

Para el caso del noticiero Caracol, aunque menos tendencioso que su par con el que compite por las audiencias, la línea editorial actual lo asocia de manera clara con las campañas políticas[3] Vargas Lleras y Duque.

No se trata de evaluar solo los tratamientos periodístico-noticiosos que los dos noticieros vienen haciendo en temas sensibles para el país. También hay que someter a evaluación la oferta televisiva de novelas y seriados, que insisten en consolidar el ethos mafioso de una sociedad y de un Estado permeado por mafiosos (carteles de la droga) y toda suerte de bandidos y corruptos. Las novelas de narcos solo han servido para entronizar ese ethos mafioso con el actúan miembros de la clase dirigente, empresarial y política.

Dado lo anterior, la autoridad televisiva debió revisar las investigaciones realizadas por académicos, las críticas de columnistas de opinión y expertos en estos asuntos, en las que se analizan los ejercicios periodísticos de los equipos  de Caracol y RCN. Además, debieron los miembros de la ANTV preguntarle a las audiencias qué tipo de valoración hacen tanto de la oferta cultural como de la  informativa de los dos canales.

Así entonces, por 10 años más tendremos una oferta televisiva empobrecida y unos noticieros que cada vez más juegan en la esfera política. Fungen, sin duda, como actores políticos[4], con un agravante: los valores/noticia pierden el carácter universal y se convierten en acomodaticios y por ese camino, se ponen al servicio no solo de los conglomerados económicos que los respaldan, sino  que quedan a merced de quienes pautan en sus espacios  y de partidos políticos comprometidos con la naturalización y la extensión de ese ethos mafioso que deberíamos proscribir, en aras de avanzar hacia una sociedad decente y un Estado moderno.

Entonces, por 10 años más las audiencias colombianas serán informadas por periodistas incorporados[5] y afectos a un Régimen de poder que deviene  ilegítimo y que expone un carácter criminal y mafioso, que debería ser denunciado por la prensa. Pero es claro que en las condicione actuales, la prensa queda y está de tiempo atrás, a su servicio.

Esa prórroga de 10 años, servirá para consolidar una democracia restringida, formal y controlada por unas empresas mediáticas capturadas por poderes económicos y políticos interesados en mantener en esas condiciones el régimen democrático.


Imagen tomada de Kienke.com 

lunes, 16 de abril de 2018

LENGUAJE, SOSTENIBILIDAD Y POSTNATURALEZA


Por Germán Ayala Osorio, estudiante del Doctorado en Regiones Sostenibles[1]

Las discusiones sobre el desarrollo, el cambio climático y en general, las que se dan alrededor de los conflictos y problemas socio ambientales generados por la presencia incontrastable del ser humano en el planeta tierra, están inexorablemente atravesadas por el lenguaje y los discursos que en pro y en contra circulan en torno a una especie humana que logró imponerse sobre la Naturaleza[2], hasta el punto de domesticarla y transformarla, exponiendo, tardíamente,  límites a esa particular forma de relacionamiento con el entorno natural.

Al pasar todo lo concerniente al ser humano y su lugar en el mundo natural (prístino y transformado) por el tamiz del discurso y el lenguaje como capacidad nominadora, afloran las ideologías y emerge el discurso del poder. Así entonces, la sostenibilidad, como nuevo discurso, es, a decir de James O’Connor, “una cuestión ideológica y política, antes que un problema ecológico y económico”[3].

El mismo O’Connor, al hacer uso de su potencial discursivo, señala que “el capitalismo tiende a la autodestrucción y a la crisis; la economía mundial crea una mayor cantidad de hambrientos, de pobres y de miserables; no se puede esperar que las masas de campesinos y trabajadores soporten la crisis indefinidamente y, como quiera que se defina la “sostenibilidad”, la naturaleza está siendo atacada en todas partes”[4].

Al exponer las contradicciones del llamado “capitalismo sostenible”, el citado autor ancla la discusión de la sostenibilidad en el único estadio en el que es posible discutir en torno a su sentido como categoría e incluso, como posibilidad real de poder cambiar el rumbo de una especie que, como la humana, ha desatado fuerzas incontrolables como las del mercado. Ese único estadio es la Política, enmarcada claro está, en la Cultura, vista como una esfera mucho más amplia y compleja.

Entre tanto, Tagliavani y Sabbatella exponen el problema del distanciamiento del ser humano de la Naturaleza. Y lo hacen de esta manera: “no es la unidad del hombre con la naturaleza lo que necesita explicación sino su separación. Esa separación es de carácter histórico y es la base sobre la que se asienta la relación capital-trabajo. El trabajador es separado de su <<cuerpo inorgánico>> al mismo tiempo que el producto de su trabajo se convierte en mercancía apropiada por el capitalista”.[5]

Antes de la relación capital-trabajo, y vista esta como circunstancia y factor que permitirá al ser humano o al Hombre tomar distancia, salir y abandonar los límites de la Naturaleza, está la capacidad que lo distingue de los otros animales: el Lenguaje. Con todo el potencial nominador y representacional, el lenguaje, visto por los seres humanos como su gran morada, no solo permitió justificar, validar y legitimar sus actividades y procesos de transformación, sometimiento y domesticación de los ecosistemas naturales, sino que fue recreando su particular “nicho ecológico” con el que el animal humano mantiene su distanciamiento de la Naturaleza: la Cultura. Nicho que, a juzgar por los efectos socio ambientales generados por la presencia incontrastable del ser humano y por actividades antrópicas ambiental y ecológicamente negativas para el mantenimiento de los equilibrios ecosistémicos, resulta ser hoy el eslabón más importante para pensar acciones y decisiones que coadyuven a mitigar los efectos negativos de un desarrollo económico que deviene profundamente insostenible.

Anclado al desarrollo lingüístico, con el concepto de propiedad privada el ser humano confirmó su alejamiento de ese mundo natural al que por siglos se mantuvo atado, al tiempo que justificaba y mejoraba los procesos de domesticación de una Naturaleza que siempre le resultó hostil al hacer conciencia de su debilidad física para soportar, por ejemplo, las “inclemencias” del clima y al enfrentarse a topografías agrestes y retadoras intelectualmente.

Con el lenguaje, el ser humano no solo ha creado y recreado mundos posibles, sino que ha logrado entregar responsabilidades a “entidades” sobre las cuales giran análisis y cuestionamientos sobre la presencia dominante del ser humano, al tiempo que facilitan miradas que de soslayo examinan una condición humana de la que se puede esperar lo más sublime, pero también lo más execrable. Ejemplo de ello constituye el Capital que, como extensión de lo humano, logra no solo ponerle precio a la vida, a los ecosistemas y a todo lo que sea susceptible de transacción y especulación financiera, sino evitar que éste se auto cuestione y entienda que los problemas de la sostenibilidad, fuerte o débil, pasan por la propia condición de lo humano, factor suficiente para intentar “superar” la discusión alrededor de modelos o alternativas al desarrollo que resultan más amables con el medio ambiente, que el hegemónico sistema capitalista, en su etapa neoliberal.

Por ese camino, lo hecho por el ser humano en el planeta no es más que un proyecto de vida paralelo al que inicialmente le ofreció la Naturaleza, sobre el que se sostiene el norte al que la actual civilización apunta: la postnaturaleza. Esto es, la creación de entornos artificiales y artificiosos que darán lugar a lo inhumano, en la perspectiva de Lyotard, como correlato de un desarrollo científico que ya se erige, junto al mercado, como una fuerza incontrolable.

Con el escenario de la postnaturaleza el ser humano logrará superar la angustia moral y ética que le generan aún los efectos de un desarrollo económico avasallante. De esa manera, tomará distancia definitiva de lo Natural -de lo que queda-, para entrar de manera irreversible en la búsqueda de un mundo artificial en el que pretende sobrevivir sin la angustia de tener que cuidar ecosistemas naturales, depositando de esa manera su firme confianza en el ingenio humano.

En la postnaturaleza, como escenario de una ciencia sin límites, serán otras las angustias para un ser humano que sabe que todo lo que haga podrá justificarlo, explicarlo y legitimarlo con el lenguaje, en un marco cultural propicio para el sostenimiento discursivo de todo lo que acontezca en ese estadio en el que el Hombre continuará buscando el sentido de su existencia.



Imagen tomada de: https://www.google.com.co/wikipedia.


[1] Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle, Colombia.
[2] Decía Marx que la Naturaleza “es el cuerpo inorgánico del hombre, es decir, la naturaleza en cuanto no es ella misma el cuerpo humano. El hombre vive de la naturaleza; esto quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe permanecer en un proceso continuo, a fin de no perecer. El hecho de que la vida física y espiritual del hombre depende de la naturaleza no significa otra cosa, sino que la naturaleza se relaciona consigo misma, ya que el hombre es una parte de la naturaleza (Marx, 2004: 112), citado por Tagliavani y Sabbatella. p. 4
[3] O’Connor, J. ¿Es posible el capitalismo sostenible? PDF sin mayores datos.
[4] O’Connor. p. 29
[5] Tagliavani, D. (2012). La expansión capitalista sobre la Tierra en todas las direcciones. Aportes del Marxismo Ecológico. p. 5.

DOBLE ESTADO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Varios académicos coinciden en que el Estado colombiano es pre moderno porque no ha podido garantizar tres monopolios: el monopolio legítimo de la fuerza, el de la renta y el de la justicia. Se suma a lo anterior, que no ha podido copar el territorio nacional, lo que confirma su débil institucionalidad y la consecuente aparición de actores ilegales que compiten con su autoridad y llegan hasta remplazarlo en sus funciones naturales de brindar seguridad y garantizar la operación de la sociedad y el mercado en condiciones de normalidad, en el marco de complejos procesos civilizatorios.

Las enormes dificultades que arrastra el Estado colombiano para erigirse como un orden viable, justo y guía moral para sus asociados, tienen un profundo anclaje cultural, que se hace visible en ese ethos mafioso que guía el actuar de ciudadanos, de particulares y de funcionarios estatales.

En ese ethos mafioso confluyen toda suerte de prácticas y formas de entender no solo el papel del Estado, sino de entender y asumir lo Público, que no es otra cosa que aquello que nos interesa y beneficia a todos; y de diferenciarlo de lo privado, ámbito que se circunscribe estrictamente a las actividades de los particulares y a los intereses de aquellos que actúan dentro de este ámbito. Eso sí, siempre en una natural conexión con lo que se conoce como el colectivo y el interés general.

En ese ethos mafioso, ya arraigado y entronizado, se hacen visibles actitudes proclives a engañar, a torcerle el sentido a la ley,  a las normas; a buscar atajos, a mentir, a suplantar. Se suman a estas actitudes, la falta de profesionalismo, la desidia, la irresponsabilidad, y la falta de compromiso, especialmente en funcionarios del Estado.  

Todo lo anterior, hace posible que tengamos los colombianos un Doble Estado. Es decir, un Estado que actúa dentro de la legalidad, y un sector o sectores de éste, que lo hacen por fuera de la ley.

Pero así como hay consenso académico en torno a la debilidad del Estado y a su condición pre moderna, que comparte con la sociedad, no parece haber unidad de criterio en el sector académico alrededor de la idea de que en Colombia hay un Doble Estado. Es decir, que dentro del mismo aparataje estatal funcionan sectores de poder que se mueven entre lo legal y lo ilegal.

El caso del asesinato de Enrique Areiza, testigo clave en el proceso que  la Corte Suprema de Justicia sigue en el caso Uribe-Cepeda, es un ejemplo claro de ese Doble Estado. Los magistrados del alto tribunal ordenaron redoblar la seguridad del testigo. Según las autoridades, el señor Areiza fue asesinado este fin de semana en el municipio de Bello, en zona metropolitana de Medellín.

¿Por qué no se cumplió la orden de la Corte Suprema? Las respuestas pueden ser varias: quizás por desidia de los funcionarios que debieron asumir el compromiso de cuidar la vida del testigo; o es posible que lo ordenado por la CSJ haya sido desoído por interés de alguien con poder político y económico con la capacidad de incidir en decisiones de este tipo; en cualquier sentido que se encuentren o se den las explicaciones que muy seguramente exigirá el alto tribunal, o por cualquier otra circunstancia, lo cierto es que lo sucedido permite evidenciar la existencia de lo que aquí llamo un Doble Estado.

Así entonces, el Doble Estado en Colombia se sostiene y opera en un ya arraigado ethos mafioso, compartido por periodistas, ciudadanos del común, clase política y dirigente, abogados, magistrados, policías, militares, estudiantes y profesores, entre otros.

Mientras no logremos proscribir ese ethos mafioso y se desmantelen las estructuras mafiosas y criminales que se enquistaron en el Estado y en su institucionalidad, será muy difícil consolidar la paz y condiciones de convivencia social.

En plena campaña electoral, los candidatos presidenciales hablan y prometen acabar con la corrupción. Loable que así lo quieran hacer, pero lo que primero que deberían hacer los aspirantes a llegar a  la Casa de Nariño es reconocer que efectivamente hay un Doble Estado en Colombia, auspiciado en un ethos mafioso compartido por funcionarios estatales y dirigentes gremiales, lo que da como resultado que la corrupción público-privada sea el real problema a resolver por parte de los colombianos.




Imagen tomada de banderadecolombia.com

lunes, 9 de abril de 2018

PRUEBA DE FUEGO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La captura de alias Jesús Santrich constituye una dura prueba de fuego para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por supuesto, para el propio proceso de paz con las Farc. Igualmente, la orden de detención internacional (expedida por la Interpol, según señaló el Fiscal Martínez Neira) pone contra las cuerdas el ordenamiento jurídico del país no solo con el cumplimiento de tratados de extradición, sino en lo que tiene que ver con la forma como operan las instituciones y la institucionalidad, pues al parecer, del operativo, liderado por el CTI, no fue informado el director de la Policía, Jorge Hernando Nieto.  Y es posible, que otros agentes institucionales hayan sido desconocidos, lo que bien se puede explicar por la existencia de un “doble Estado” en Colombia y de una institucionalidad cooptada por organismos policiales y de investigación internacional, como la DEA.

Lo pactado en La Habana señala que quien fuera reincidente en la comisión de delitos, incluido el narcotráfico, posterior a la firma del Acuerdo Final II, o no diga la verdad sobre delitos de guerra cometidos en el marco de un degradado conflicto armado interno, perdería los beneficios recibidos por cuenta de la negociación política y pasaría a la justicia ordinaria. Es aquí en donde radica la primera gran prueba de fuego para los magistrados de la JEP, dado que la captura del exguerrillero se soporta en un pedido de extradición por parte de un juez federal norteamericano.

En el Acuerdo Final se lee lo siguiente: "72. No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema (SIVJRNR), ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo... dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las Farc-Ep...cuando se alegue, respecto de un integrante  de las Farc-Ep o de una persona acusada de ser integrante de dicha organización,que la conducta atribuida  en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha  precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma del Acuerdo Final, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición...La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificadas que dependan de la colaboración de otras instituciones. En el Acuerdo Final de paz se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar lo antes establecido, así como para evitar que otras personas que estén ofreciendo Verdad ante el SIVJRNR sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad". (Acuerdo Final, página 170). 

El análisis que hagan los magistrados de la JEP de los documentos y las pruebas con las que se acusa a Santrich,  pondrá a esa jurisdicción en la mira no solo del Gobierno de los Estados Unidos, sino que al interior del país, el concepto emitido por una de las salas de reconocimiento, será determinante para el proceso de implementación del Acuerdo Final, en particular, en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica de la que al parecer había total confianza en la cúpula fariana, a pesar de varios incumplimientos del Gobierno con la entrega de recursos económicos y de tierras para el desarrollo de los proyectos productivos con los que se aseguraría la reincorporación de los ex militantes farianos. Surtido el paso por la JEP, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia y al presidente Santos, tomar la decisión final de extraditar o no a Jesús Santrich.

Ahora bien, más allá de si las pruebas son irrefutables y contundentes en contra del ex negociador de las antiguas Farc, el operativo de captura no deja de llamar la atención y despertar suspicacias, por los siguientes hechos: el primero, la cercanía de la visita del presidente Trump, de la que se espera -¿se esperaba?- un respaldo al proceso de implementación del Acuerdo Final.  En segundo lugar, según trascendió, el seguimiento a las actividades del excombatiente viene de meses atrás, lo que pone sobre el operativo un manto de duda, dado que el mismo se realizó con una intención política clara, por la coyuntura electoral (campaña presidencial) y por la ya cercana visita de Trump a Colombia.  

Al juntar estas dos circunstancias es posible colegir que de forma premeditada se construyó no solo un caso judicial, sino una bomba mediática y política, justo antes del encuentro entre los presidentes Santos y Trump. Deslegitimar la negociación obedece a un cálculo político por parte de la derecha americana, con el firme propósito de que la cumbre presidencial se dé en un marco de desconfianza, que ya se venía construyendo con el anuncio de que las hectáreas sembradas de coca aumentaron durante el proceso de paz que se adelantaba en La Habana.

Con todo y lo anterior, lo que se espera que haga la JEP es exigirle a la DEA las pruebas con las que pidieron la orden internacional de captura, para someterlas a un análisis y a una necesaria confrontación por parte del acusado, todo en el marco de un debido proceso que en casos de extradición suelen desconocerse o limitarse, por responder de manera acuciosa o diligente a las autoridades norteamericanas. 

Por estar de por medio la continuidad del proceso de paz y la implementación de lo acordado en Cuba y firmado en el teatro Colón, la confianza y la seguridad jurídica de los máximos comandantes de las Farc que negociaron el fin del conflicto armado con el Estado colombiano, el aparato de justicia de Colombia debe cerrar filas y hacer un frente común para que el debido proceso se respete y las pruebas que dice tener la DEA para acusar a Santrich, sean examinadas y preliminarmente refutadas.

Ahora bien, si se prueba que Santrich continuó delinquiendo, esa circunstancia deslegitima no solo a los miembros negociadores de las Farc, sino al mismo proceso de paz. Difícil de creer que el exguerrillero se haya arriesgado a continuar con negocios ilícitos, a sabiendas de que sobre la cúpula de las Farc hay una lista larga de políticos y jueces colombianos y americanos prestos a construir judicialmente casos, para afectar la legitimidad del Acuerdo y desbaratar el proceso y hacer trizas la unidad del partido Farc y con ella, provocar la desbandada de sus bases, para unirse al grupo de disidentes.  Compleja coyuntura. Amanecerá y veremos.


Adenda: habrá que esperar qué dicen los países garantes y acompañantes de lo acontecido. Lo mismo, la ONU, organismo multilateral que acompañò el proceso de entrega de las armas y envió una segunda Misión para verificar la implementaciòn. 



Imagen tomada de El Espectador.com



FÚTBOL FEMENINO Y PIEDAD CÓRDOBA


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Es ya un lugar común decir que la sociedad colombiana exhibe patrones, juicios, actos de poder, simbolismos, símbolos y comportamientos propios de una cultura machista, que reduce a la Mujer a un objeto de consumo sexual y por supuesto, a la reproducción humana. Es decir, las mujeres solo sirven, para una parte importante de la sociedad colombiana, para tener hijos, cocinar y para dar placer a los hombres.

En esta columna aludo a dos hechos que, mirados desde  esa circunstancia contextual, deberían hacernos reflexionar como sociedad alrededor del lugar que le damos a la Mujer. El primer hecho es deportivo y tiene que ver con la memorable actuación de la Selección Femenina de Fútbol  de Mayores que representa al país en la Copa América. Los apabullantes triunfos de las muchachas de la Selección no dieron para abrir emisiones de noticieros de televisión y mucho menos para titulares en las tapas de la prensa escrita.

La subvaloración noticiosa obedece a la aplicación de unos criterios de noticiabilidad que pretendidamente los periodistas, los manuales de periodismo y los propios medios dicen que son universales[1]. Pero la verdad es que no es así: los criterios con los que se elevan al estatus de noticia unos hechos y se les niega a otros la condición de lo noticioso, son acomodaticios y caprichosos no solo porque periodistas y editores los aplican de manera discrecional, sino porque el discurso de lo periodístico-noticioso, y sus agentes, están anclados a la cultura. Y ya sabemos que nuestra cultura es profundamente machista.

Si por el contrario, las goleadas en un certamen de esa categoría tuvieran como protagonistas a los hombres de la Selección de Mayores, noticieros y prensa escrita ya los hubieran elevado a la condición de “Héroes nacionales”. Pero no, se trata de una Selección Femenina y ello no amerita mayor despliegue.

Quienes no ven machismo alguno en la subvaloración del hecho deportivo, aducen que el fútbol femenino apenas comienza a hacerse popular, situación que de inmediato condiciona el proceso de elevación al estatus de noticia de lo realizado en la Copa América por las muchachas del combinado nacional. Suman al discutible argumento, que aún no existe un público numeroso (aficionados) que despierten interés en los anunciantes.

El otro hecho es político. Se trata de la renuncia de Piedad Córdoba a su aspiración presidencial. La ex congresista liberal adujo que se siente discriminada por la gran prensa que jamás la invitó a los debates con los candidatos presidenciales hombres. En la revista Semana se lee que “su fórmula vicepresidencial, Jaime Araujo, fue el encargado de la antesala, denunció que Córdoba fue víctima de discriminación por ser mujer, afrodescendiente y por sus ideas políticas[2].

Sin duda, en los casos de Piedad Córdoba y el de la también candidata presidencial, Viviane Morales, hubo discriminación por parte de los medios masivos y de los actores de la sociedad civil que programaron y auparon debates a los que sí fueron invitados los candidatos hombres más opcionados, de acuerdo con las encuestas.

En lo que toca a Piedad Córdoba, se pudieron sumar varias prácticas discriminatorias: una, de orden étnico, que, soportada en el racismo  y en prácticas de discriminación racial, permiten excluirla por “ser negra”. La segunda, por su condición de Mujer. Esta sociedad de Machos no soporta ni siquiera la posibilidad de que una Mujer pueda orientar los destinos del Estado. La tercera, por ser de izquierda. Es decir, sobre Piedad Córdoba recaen tres fobias que sirven muy bien para caracterizar a la sociedad colombiana: odia a los afros (a los negros, gritarán millones), a las Mujeres y a la “gente de Izquierda”.

Muchos dirán que el periodismo deportivo si destaca a los deportistas afrocolombianos que dejan en alto el nombre del país por sus triunfos en varias disciplinas. Pero ese cubrimiento particular no alcanza a matizar o a encubrir lo que el periodismo político suele hacer con mujeres “incómodas”, para la cultura dominante, como Piedad Córdoba.

Valdría la pena reflexionar sobre los casos aquí expuestos y examinarnos como sociedad alrededor del lugar que estamos dispuestos a reconocer a las Mujeres, superando miedos, taras y prácticas de exclusión por razones étnicas, “orientación” sexual o ideas políticas. Y avanzaremos como sociedad plural y respetuosa de las mujeres y de las diferencias, cuando la Prensa y los periodistas, políticos y deportivos, entiendan que el ejercicio periodístico sirve para darnos cuenta cuán “Modernos” somos. Y está claro, que tanto el Estado, como la sociedad, devienen profundamente pre modernos.


jueves, 5 de abril de 2018

¿ES POSIBLE PONER LÌMITES?



Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La discusión en torno a exigir y ponerle límites al desarrollo, en particular a las actividades minero-energéticas de corte extractivo a gran escala, a la especialización agrícola por la vía de la gran plantación con miras a producir agrocombustibles, y al crecimiento de las ciudades, entre otras, corre el riesgo de quedarse, poco a poco, en disquisiciones y diálogos discursivos que dan sustento a la Academia como espacio natural en donde suelen discutirse estos asuntos. Por ese camino, lo más probable es que esos dilemas poco trasciendan a la vida cotidiana y lo que puede ser peor, en nada logren modificar las lógicas de organismos como el Banco Mundial y sus agentes promotores en lo local, de eso que se conoce como el desarrollo, al que se le endilgan toda suerte de externalidades negativas y positivas.

El lenguaje y con este la generación de cultura, son facultades humanas ilimitadas, lo que claramente asegura que la discusión sobre el desarrollo, el desarrollo sostenible y recientemente, la perspectiva de la sostenibilidad (fuerte y débil), se tornen perennes, salvo que ocurra “algo” que impida a la especie humana, de un momento a otro, continuar  habitando  en el lenguaje y desde allí generar aquella plataforma desde donde defiende  y justifica su lugar en el mundo: la(s) cultura(s). La cultura, entonces, funge como el nicho ecológico que la especie humana proscribió, desde el preciso momento en el que tomó distancia de la Naturaleza.  

Con el discurso todo es posible. Desde crear países de cucaña a los que hizo referencia Estanislao Zuleta, hasta recrear escenarios apocalípticos en los que triunfa la maldad, la desidia, el caos y la soberbia de una especie tan inteligente, de la que es posible dudar que pueda ejercer control total (toma de conciencia) de su capacidad transformadora, domesticadora y destructora de los entornos naturales. Las afectaciones socio ambientales de las que hoy hacemos conciencia y a las que el Papa Francisco aludió y llamó la atención en su reciente encíclica, indican que la capacidad humana para someter y domesticar a la Naturaleza no parece tener límites y, por el contrario, al contar con la capacidad discursiva, se crean y se recrean discursos que simplemente validan actividades antrópicas que claramente aseguran la desaparición de especies animales y vegetales, sin que ello logre permear la conciencia colectiva.

Por ejemplo, a través de dicotomías como países ricos (desarrollados)- países pobres (subdesarrollados) suelen ocultarse circunstancias que comprometen la ética y la responsabilidad política tanto a los que lideran la implementación del paradigma dominante (el desarrollo), como aquellos que adhieren a dicha perspectiva de vida, sin comprender las realidades culturales que se asoman en sus propios países, sometidos a la frenética carrera de alcanzar el deseado desarrollo.

Al hablar de países en desarrollo o pobres, de manera clara y efectiva se ocultan o se logran hacer desvanecer las responsabilidades políticas y ambientales que deberían asumir las naciones ricas, poderosas y desarrolladas que lideran de tiempo atrás ese anhelo económico y civilizatorio moderno. Y del otro lado, las que deben asumir los líderes políticos de los países pobres y subdesarrollados que, en lugar de haber entrado en ese juego de intereses, hubiesen dedicado sus lugares privilegiados en el poder, para señalar que la condición de pobres y subdesarrollados se deriva de relaciones asimétricas con las que se aseguraron siglos de dominación y sometimiento económico, cultural y político. Y a partir de esa realidad contextual, haber promovido alternativas a ese único modelo y paradigma del Desarrollo.

En las discusiones sobre el desarrollo sostenible y la sostenibilidad (económica, política, social y ambiental) poco se ponen de presente asuntos que, altamente problematizados y problemáticos, puedan, quizás, lograr hacer ajustes sustanciales al modelo económico que le da sentido a la pretensión de alcanzar un máximo desarrollo.  Asuntos o temas como el crecimiento de las ciudades, la superpoblación, la disposición de fuentes de agua y en general, la conservación de ecosistemas estratégicos para la supervivencia del ser humano y de las otras especies, suelen quedar subsumidos por discursos grandilocuentes de organismos multilaterales que agencian procesos económicos que terminan por ponerle precio a la vida en todas sus manifestaciones.

Si ubicamos la discusión en lo que se conoce como Ciudades sostenibles, ese diálogo debe discurrir en torno a la planificación urbana, el control de la natalidad y a las migraciones, las políticas de uso del suelo y de vivienda, las finanzas y los modelos de gobierno.  Y por supuesto que deberá aludirse a los asentamientos informales, tan “normales” en países de América Latina; asentamientos ilegales, subnormales o de desarrollo humano incompleto que son la clara muestra de los problemas de inclusión/exclusión que genera el capitalismo, los mismos que muchos dejan por fuera cuando asumen la sostenibilidad solo desde la perspectiva económica.

En el crecimiento de las ciudades y en la consolidación de la urbanización como norte civilizatorio moderno, la ONU promueve programas como Habitat con los que se consolida la ciudad como el mejor referente de lo que se puede llamar el mayor triunfo del ser humano sobre la Naturaleza. Y de esa manera, las ciudades van corriendo sus propias cercas, y terminan acorralando lo rural, visto aún como lo atrasado, lo incivilizado y lo premoderno.

Estas disquisiciones apuntan a la necesidad de que el ser humano, y en particular, quienes habitan en Colombia y ejercen algún tipo de poder, hagan lo que sea necesario para poner la discusión, académica, ética y política, en torno a cuáles pueden ser los límites que de manera urgente hay que ponerle al crecimiento de ciudades capitales que no solo crecen y se desbordan, sino que se erigen como centros económicos, mientras que cientos de miles de sus ciudadanos deben encerrarse para vivir seguros, mientras que otros tantos miles, se cuelgan de laderas y jarillones, para sobrellevar allí las penurias de un sistema económico, político y social que los expulsa y los mantiene por fuera de los beneficios que dicen que promueve el desarrollo.

Adenda: en plena campaña electoral en Colombia, el candidato Iván Duque propone, de llegar a la Presidencia, continuar el modelo extractivo y el de la gran plantación que apoyó su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, durante sus ocho años de gobierno (2002-2010). Uribe debilitó la institucionalidad ambiental y muy seguramente Duque hará lo mismo. 


Farallones de Cali, imagen tomada del diario Elpais.com.co

lunes, 26 de marzo de 2018

DUQUE, CHÀVEZ, URIBE, MADURO Y PETRO


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Con la irrupción de las redes sociales como dispositivos para “engañar, desinformar y generar estados de opinión fundados en el miedo”, la elección presidencial del próximo 27 de mayo en Colombia se torna compleja no solo por lo que está en juego en términos del ejercicio del poder político, sino porque subsiste una población que, por sus altos niveles de ignorancia y pobreza cultural, resulta proclive o susceptible a ser engañada. Por lo anterior, resulta clave tratar de hacer claridad en torno a asuntos y hechos que se vienen exponiendo en la actual coyuntura política y electoral que vive el país.

Quiero hacer referencia al miedo a que Colombia se convierta en otra Venezuela, ante un posible gobierno de Gustavo Francisco Petro[1] Urrego. La aprensión social está asociada, inexorablemente, a las ideas de Izquierda, al socialismo[2] como sistema político y económico y a la quimera del comunismo.

Para mayor claridad, lo que hay en práctica en el vecino país es una suerte de estatismo, realidad política distante de lo que es realmente un modelo socialista, tal y como lo concibe, por ejemplo, el ex presidente del Uruguay, y ex guerrillero, Pepe Mujica[3]. Eso sì, ese modelo venezolano está bastante lejos del régimen ecuatoriano que lideró el presidente Rafael Correa. Y aquí en este punto vale la pena señalar que la Derecha colombiana, con el concurso de la Gran Prensa y el uso ideologizado de las redes sociales, hábilmente crea el fantasma de la venezolanizaciòn de Colombia, al tiempo que oculta los avances que en materia de infraestructura vial y manejo macro económico logró el gobierno socialista (¿progresista?) de Rafael Vicente Correa Delgado. Por eso, quizás, nadie se atreva a pensar y proponer que subsiste el riesgo de la “ecuatorizaciòn de Colombia”.

Y como se trata de enfrentar a un fantasma que parece que realmente  asusta, en especial a los más ignorantes, bien vale la pena señalar  que la Izquierda colombiana es torpe y a la propia campaña de Petro le falta una dosis de perspicacia, por no enfrentar los miedos que genera la derecha con el llamado “Castrochavismo”[4], destacando los avances y los logros alcanzados por el Ecuador en los últimos años, a pesar de que insistió, el gobierno de Correa, con prácticas asociadas a la extracción de petróleo, a las que claramente se opone el candidato Petro Urrego.

En otro punto, la Derecha[5] y su numeroso “ejército” de indoctos y desinformados, asocian a Petro con el comandante Chávez y con su sucesor, Nicolás Maduro Moros. En este punto hay que señalar que Hugo Rafael Chávez[6] Frías fue una suerte de militar populista que buscó reivindicar la vida de millones de venezolanos pobres y miserables que la Derecha económica, social y política venezolana invisibilizó por más de 50 años. Pero comparar a Petro con el talante autoritario del Coronel golpista es un apreciable error conceptual por el origen castrense del primero. Que Petro se haya levantado en armas contra el Estado colombiano bien podría acercarlo, por esa condición, a la vida que llevó Pepe Mujica en los convulsionados años 60; eso sì, hay que guardar las proporciones en cuanto al enorme ego que exhibe el ex alcalde bogotano, frente a la sencillez y al tono reposado del uruguayo. Lo que no se puede negar es que Petro comparte el mismo talante mesiánico con el que actuaba Chávez Frías. Y mucho menos podemos olvidar es que Gustavo Petro, una vez reincorporado, ha actuado dentro de la institucionalidad y jugado dentro de las reglas de la democracia. 

Quienes fustigan o temen a ese modo de concebir el poder popular y el papel del Estado, deben saber y reconocer que líderes mesiánicos existen tanto en la izquierda como en la derecha. De allí que Uribe Vélez sea reconocido como un Mesías de derecha que claramente no buscó, entre 2002 y 2010, reivindicar a los más desposeídos, pobres y miserables colombianos que superan los 15 millones que viven en esa Colombia rural profunda que se acostumbró a que grupos armados ilegales ejercieran la autoridad y fueran el “Estado” en sus territorios. No. Por el contrario, en sus ocho años de gobierno- que pudieron ser 12 si la Corte Constitucional no se lo impide- solo buscó beneficiar a los grandes ricos, a las multinacionales y por supuesto, ampliar su riqueza[7] y sus dominios territoriales en su calidad de ganadero, caballista y latifundista. Realmente, los daños[8] que Uribe Vélez le hizo al país, a la institucionalidad y al Estado social de derecho y a la democracia, en sus ocho aciagos años de mandato, lo acercan más al talante y a los gobiernos de Chávez y Maduro. Por lo anterior, el ex presidente y reelecto senador es el mejor exponente de un gobierno autoritario, de mano dura, que desdice de la democracia y del equilibrio de poderes, tal y como sucede tanto en Venezuela como en la Cuba de los Castro.

Se trae a colación al ex presidente antioqueño (2002- 2010) porque existe la enorme posibilidad de que pueda regresar al poder presidencial, esta vez en el cuerpo de su ungido, Iván Duque Márquez. Y los temores de que ello suceda no son infundados, si tenemos en cuenta lo dicho y lo no dicho por su candidato en varios escenarios. Recientemente, en un foro-debate en la universidad de Columbia, en NY, el elegido por Uribe y sus seguidores, señaló que es partidario de acabar con las Altas Cortes, para crear solo una.

La pretensión de Duque Márquez lo acerca no solo al talante poco democrático de su mentor[9] y a su incansable búsqueda de concentrar el poder en sus manos, debilitando el estado social de derecho y el equilibrio de poderes, sino al carácter autoritario de Hugo Chávez Frías y su sucesor, Nicolás Maduro[10].

El asunto y la propuesta de reducir el número de Cortes tiene como trasfondo dos hechos claros: el primero, que fue la Corte Constitucional, con ponencia negativa del entonces magistrado Humberto Sierra Porto, la instancia que impidió que Uribe[11] se reeligiera por segunda vez consecutiva y alcanzara su tercer periodo como presidente, afectando el equilibrio democrático y reduciendo el funcionamiento del Estado a su carácter autárquico. Y el segundo hecho, tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia[12], cuyos magistrados fueron “chuzados” por agentes del DAS, entidad que Uribe la manejó como su policía política para perseguir a sus críticos, periodistas, magistrados y académicos. Recientemente, en esa misma corporación se ordenó investigar las actuaciones de Uribe en las masacres del Aro y la Granja.

Así entonces, la propuesta de Duque se sostiene en una vieja aspiración de Uribe Vélez de cerrar o acabar con las altas Cortes, en especial, con aquellas cuyos magistrados han tenido la entereza ética de enfrentarlo jurídicamente y tratar de esclarecer los hechos que varios miembros de las AUC han denunciado y que vinculan al hoy senador de la República con fuerzas paramilitares.

Y frente al trino del propietario del Centro Democrático en el que claramente amenazó a las directivas del Noticiero Noticias Uno, de revisar la concesión estatal de la que goza el informativo en un eventual gobierno de su ungido, el candidato presidencial no solo se muestra incapaz de interpelar a Uribe y de rechazar lo que sería una abierta censura a un medio de comunicación, sino que su disposición de respetar la libertad de prensa no suena creíble.  

En este punto, entonces, tanto Uribe, como Duque, se acercan más al talante autoritario de Chávez Frías, especialmente en el caso del cierre de RCTV[13] y de otros medios. Un caso similar sucedió con el gobierno de Correa, quien de muchas maneras se enfrentó a la Prensa afecta al viejo régimen que él logró vencer en las urnas y someter a su modelo político y económico. Y en este punto no nos podemos equivocar. Tanto en los regímenes de derecha e izquierda, la libertad de prensa es una utopía. En ambos casos, podemos hablar de “periodistas incorporados” que juegan a favor del régimen político vigente. No hay realmente periodismo libre. Otro asunto es que subsistan medios alternativos, que intentan sobrevivir en medio de un ejercicio periodístico que informa de la mano del Poder político y económico.

Explotar la paz en dos sentidos

La derecha y la ultraderecha buscarán explotar el fin del conflicto armado interno que logró el presidente Santos con las Farc, a pesar de las disidencias que ya alcanzan los 1.200 miembros. Y lo harán en dos perspectivas: la primera, en el orden de lo económico[14], llevando actividades extractivas a los territorios que las Farc-ep abandonaron. Es decir, Uribe-Duque o Duque-Uribe buscarán, con el concurso de Vargas Lleras, hacerse con esos territorios para extender su modelo extractivo y acentuar la especialización agrícola por la vía de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana, entre otros, para la producción de agro combustibles. Ya llegaron sus amigos industriales, empresarios y banqueros a la altillanura. Y la segunda perspectiva, en el orden de lo político, poniendo las curules alcanzadas el pasado 11 de marzo, para hacer trizas el Acuerdo Final, o por lo menos, para torpedear el ya difícil y lento proceso de implementación.

Ante este panorama, se espera que los países que acompañaron el proceso de paz de La Habana y la misma ONU enciendan las alarmas y vigilen de cerca el proceso electoral en Colombia y ante un triunfo de Duque o de Vargas Lleras, establezcan los mecanismos para monitorear de cerca las decisiones  políticas que adopten quienes claramente buscarán regresar al país a los años de la barbarie, la entronización del ethos mafioso y la consolidación de un modelo económico y político que agranda la brecha entre ricos y pobres.

En materia ambiental, el Estado colombiano asumió compromisos ambientales por ser un país biodiverso. Y es claro que entre 2002-2010 las licencias mineras crecieron exponencialmente. Debe el mundo reconocer que Colombia no tiene la institucionalidad ambiental suficiente para enfrentar actividades extractivas y los proyectos minero-energéticos agenciados tanto por Uribe, como por Santos. Muy seguramente, los conflictos socio ambientales crecerán y con éstos, los problemas de orden público y el malestar social que ya se respira en zonas en donde hacen presencia multinacionales que Uribe benefició con la entrega de licencias exprés.

Así las cosas, es urgente que los colombianos analicen muy bien los discursos de los candidatos presidenciales y tomen la decisión de votar, basados en la comprensión de sus proyectos y no llevados por los miedos y las verdades a medias que circulan en las redes sociales y en los medios[15] masivos. Quizás baste con dedicar unos minutos a leer y a interpretar, así sea con la ayuda de un vecino que tenga mejores criterios e información. Lo que nos jugamos el 27 de mayo no es un asunto menor. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia.

Adenda: desde esta tribuna, y dado el escenario de crispación ideológica, invito a votar por Humberto de la Calle Lombana[16] en primera vuelta. 




Imagen tomada de la revista Semana.com



[3] Véase la entrevista que concedió Pepe Mujica a la periodista Claudia Palacios: https://www.youtube.com/watch?v=tuOjL5Zjx4M

[7] Públicamente ofreció presentar su declaración de renta, como un acto de transparencia. Esta fue presentada al entonces Procurador General de la Nación, el impúdico Alejandro Ordóñez Maldonado, que jamás la hizo pública, porque no era de su competencia ni recibir, ni de exhibir el contenido de dicho documento.


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