Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018

Nueva Publicación: Investigación sobre dos asentamientos informales de la ciudad de Cali. 2018
2 asentamientos: Los Samanes del Cauca y Navarro, ubicados en el jarillón del río Cauca.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.

NUEVA PUBLICACIÓN. PERIODISMO Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN COLOMBIA.
Resultado de un proceso investigativo, este libro en coautoría da cuenta del tratamiento periodístico dado por el Diario El País de Cali, a los hechos y circunstancias que hicieron posible el desplazamiento forzado en Colombia y la aparición de la categoría Desplazados. 2016

miércoles, 31 de enero de 2018

¡SAS !, SE ROBARON LA TIERRA (RESEÑA)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El siguiente documento pretende dar cuenta, a manera de reseña, del contenido del libro que Wilson Arias Castillo publicó recientemente, y en el que hace serias denuncias sobre el acaparamiento de tierras en la altillanura colombiana.

El autor de esta reseña considera de gran valor académico y político el contenido del libro Así se roban la tierra en Colombia. Y por ello, invita a estudiantes y profesores a que lo lean y divulguen las ideas y denuncias allí plasmadas, por cuanto refieren a hechos y asuntos públicos que comprometen no solo la seguridad alimentaria del país, la subsistencia del campesinado, sino al propio Estado en su rol garante de lo público, gravemente afectado por las acciones jurídicas emprendidas por poderosos agentes privados.

Así se roban la tierra en Colombia es el título del libro que recién publica Wilson Arias Castillo, quien por esta época aspira a llegar al Senado de la República.

El texto en cuestión constituye una pieza investigativa de enorme valor político y periodístico e incluso, tendría que servir como prueba a las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación debería de adelantar, en el contexto de un proceso disciplinario y penal que se ha dilatado en el tiempo, debido a la débil institucionalidad estatal y al poder intimidatorio de las familias y firmas que se apoderaron de manera irregular de baldíos en la altillanura colombiana.

El libro de Arias Castillo tiene un carácter de denuncia pública alrededor de unos hechos que el grueso de la población colombiana quizás ignore, porque los pocos registros periodísticos que se dieron en torno a los hechos denunciados,  no sirvieron para elevarlos a un asunto público de indiscutible importancia, trascendencia y relevancia.

En tres acápites, Wilson Arias soporta sus denuncias en los documentos oficiales recogidos, al tiempo que ubica las acciones emprendidas por empresas multinacionales, nacionales y poderosas familias, en un complejo contexto internacional en el que aparecen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que de manera directa e indirecta aúpan los procesos de concentración de la tierra, la modernización del campo y el crecimiento urbanístico en las condiciones propias de un Estado privatizado como el colombiano, que actúa en función de  los intereses de poderosos particulares.

En el texto se lee: “…este libro presenta una mirada del contexto internacional de la <<fiebre por la tierra>>, resaltando los actores que participan de dicha dinámica y la manera como se inserta la agricultura del Siglo XXI, propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos. La premisa fundamental de esta visión es que el Estado debe estar en función de las necesidades de los inversionistas” (Arias, 2017; p.11).

En el primer capítulo, intitulado Contexto internacional, fiebre por la tierra, el autor llama la atención sobre las compras masivas de tierras por parte de “multinacionales agrícolas, gobiernos, fondos privados financieros y fondos de pensiones, entre otros”(Arias, 2017; p.13), todos agentes que encontraron en Colombia las condiciones para acaparar tierras baldías, aprovechando la precariedad de las instituciones del Estado, la ineficiencia, ineficacia o el generalizado desinterés de organismos de control y de investigación como la Fiscalía, para vigilar de cerca las actuaciones de poderosos particulares que, de disímiles maneras, manipularon las normas y violaron las leyes en y para su propio beneficio.

Arias señala al respecto que “este fenómeno global encontró en Colombia dos factores claves para su desarrollo. De un lado, una región con características que la hacen atractiva para dinámicas globales de acaparamiento y por otra parte, un modelo de política pública que coincide ampliamente y promueve este tipo de inversiones” (Arias, 2017; p. 15).

El político vallecaucano advierte sobre los alcances de lo que se conoce como la agricultura del siglo XXI, que no solo representará la desaparición de la figura del campesino, sino que coadyuvará en buena medida a consolidar regiones ambientalmente insostenibles debido al modelo de plantación que se propone imponer en la altillanura colombiana y que no es más que el correlato del viejo latifundio y las prácticas propias de la agroindustria cañera y palmicultora.

En la publicación se lee lo siguiente: “Así, la agricultura del Siglo XXI considera que el sector privado debe hacer las inversiones, y el Estado debe hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que ellos hagan su labor. La locomotora del agro de Santos coincide con la denominada Agricultura del Siglo XXI. Una agricultura <<moderna>>, donde se prioriza la escala de producción, en grandes volúmenes de inversión, con una pretendida sostenibilidad ambiental y donde los pequeños productores (ya no denominados campesinos) <<solo pueden subsistir>> en el campo si se asocian con grandes inversionistas” (Arias, 2017; p. 15).

Una vez expuesto ese marco contextual y axiológico, el autor ubica y le explica al lector qué es eso de la altillanura colombiana, para posteriormente denunciar a los acaparadores que, en una suerte de un fino ethos mafioso, burlaron la ley y debilitaron la ya precaria institucionalidad estatal, con acciones jurídicas que claramente dan cuenta de para qué es el Poder.

El ex congresista Arias Castillo dice en su texto, que “la región de la Orinoquia está comprendida por los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada. Dentro de esta hay una subregión  conocida como la Altillanura, que abarca 7 millones  de hectáreas y comprende los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripàn en el departamento del Meta, y Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño en el Vichada. Los casos de acaparamiento de tierras investigados y presentados ante la opinión pública se circunscriben a esta región” (Arias, 2017; p. 20).

La región a la que se alude, es de un enorme potencial por la disponibilidad del agua, la presencia del solo durante todo el año, las condiciones planas y otros elementos que acercan a quienes hoy acaparan grandes extensiones  de  esa tierra, al mercado inmobiliario, sector económico altamente especulativo.  

Pero Arias no solo denuncia con nombres propios a empresas multinacionales, nacionales y miembros de familias con enorme poder económico y político. Por el contrario, el autor del libro Así se roban la tierra en Colombia señala con claridad las acciones y decisiones de política pública adoptadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos entre el 2010 y el 2018. En el texto se lee: “Diferentes propuestas normativas se han planteado” para dar cuenta de las exigencias que los agentes privados le han hecho al actual Gobierno.  El “derecho de superficie, los Bonos agrarios y la política forestal y agua y la seguridad jurídica” constituyen acciones de política pública, en el marco de un Estado que prácticamente se puso al servicio de los mezquinos intereses de unos muy particulares agentes privados (Arias, 2017; p. 30 y 31).

En el segundo acápite del libro, el autor registra los casos de acaparamiento de tierras en la altillanura, analizados en el periodo legislativo 2010-2014. En cuadros muy bien dispuestos, Arias Castillo describe las empresas a través de las cuales agentes económicos se apoderaron de tierras baldías en la altillanura, las mismas que por ley deben entregarse a familias campesinas con un objetivo claro: asegurar la supervivencia del campesinado y por esa vía garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos.

En la relación de los agentes acaparadores de tierras aparece la familia Sarmiento Angulo y el Grupo Corficolombiana. Las empresas Mavalle, Unipalma e Ingenio Sicarare hacen parte de los procedimientos y las acciones jurídicas y de hecho emprendidas por la poderosa familia del banquero colombiano. Las hectáreas suman 28.900, cifra que confirma no solo el particular acaparamiento, sino que expone el ignominioso indicador de Gini que oscila entre 0,85 y 0.9, siendo 1 el límite con el que se indica la mayor concentración de tierra, para este caso.

En la misma relación aparece la familia Eder, del Grupo Manuelita, con 37 mil hectáreas. De igual manera, aparece el núcleo familiar Santa Domingo y el Grupo Valorem, con 5.500 hectáreas.  Y el grupo Aliar (Sindicato Antioqueño) con más de 40 mil hectáreas.

En el listado de multinacionales se reseñan al Grupo  Mònica del Brasil,  con 7 empresas que, según se lee en el libro de Arias, suman 13 mil hectáreas. A renglón seguido aparece Cargill con 25 mil Ha y el principal accionista de Avianca, Germán Efremovich y el Grupo Sinergy, con 8.000 hectáreas aproximadamente.

En lo denunciado por el autor, aparece Riopaila Castilla. Arias dice lo siguiente: “El caso Riopaila muestra cómo el acaparamiento de tierras en la Altillanura no ha sido responsabilidad exclusiva de actores extranjeros. También se han visto inmiscuidos empresarios colombianos, algunos con larga trayectoria en actividades agroindustriales, que buscando ampliar su portafolio de negocios decidieron invertir en esa región. Este hecho confirma la gravedad de la concentración de la tierra en la Altillanura: las mismas empresas, los mismos apellidos que han copado las mejores tierras del suroccidente del país, como las del Valle del Cauca, pretenden quedarse también con la última frontera agrícola… Este ingenio azucarero adquirió cerca de 34 mil hectáreas en el departamento del Vichada, en el proyecto conocido como Veracruz, para la siembra de palma de aceite y cereales” (Arias, 2017; p. 49).

Arias Castillo no solo relaciona a estas empresas y familias, al igual que a otras, sino que señala las cuantías de dinero que, a título de subsidios, recibieron del Estado colombiano. De igual manera, Arias detalla las argucias legales a las que apelaron estas firmas y familias para hacerse con las tierras baldías en la altillanura.

En todo este proceso de concentración de la tierra a través de sinuosos caminos jurídicos aparecen sospechosas omisiones como lo denuncia y enuncia en su libro Wilson Arias Castillo. En particular, refiere a la omisión del Gobierno de Uribe Vélez frente al caso del grupo Mónica Colombia. En el libro se lee: “Por ejemplo, en carta enviada el 27 de marzo de 2009 al entonces Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el representante legal de Mónica Semillas, Ricardo Cambruzzi, contaba lo siguiente: “Se conformó el grupo empresarial Mónica Colombia con otras seis empresas subordinadas. En síntesis, inversionistas nacionales o foráneos con capacidad de explotar grandes extensiones se ven limitados porque no pueden adquirir terrenos  que sobrepasen la mensura establecida en hectáreas para la UAF[1]. Este solo hecho desestimula la inversión, pues hace necesario recurrir a la creación de muchas sociedades, para poner en cabeza de socios o terceros, cada UA que se adquiere para plasmar proyectos agrícolas” (Arias, 2017; p. 43).

Ante semejante omisión presidencial, el autor cuenta que se elevó la denuncia correspondiente en la Comisión de Acusaciones o "de Absoluciones" de la Cámara de Representantes, en donde duerme el sueño de los justos.

Y en el tercer acápite o capítulo, intitulado Política de tierras  en el post-acuerdo, Arias Castillo analiza y cuestiona los alcances de lo acordado entre las Farc-Ep y el Gobierno de Santos, en el marco de lo que se conoce el Acuerdo Final II (versión firmada en el teatro Colón de Bogotá).

Los cuestionamientos que hace el autor de Así es como se roban la tierra en Colombia, comienzan con la ley Zidres[2] y se presentan en este sentido: “Dentro de nuestras principales preocupaciones y críticas en contra de esta figura  se encuentran: i) que el gobierno eliminó el régimen de baldíos de la nación  para responder a exigencias como las planteadas  por la multinacional Mónica Semillas, que veían en la UAF una <<traba burocrática>>; ii) por otra parte, se concentrará en mayor medida la propiedad y el uso de la tierra, en un país que de lejos es de los más desiguales del mundo con un Gini que ronda el 0,9 yiii) complementario a lo anterior, se modificará el ordenamiento del territorio en función de los intereses corporativos de compañías que… buscan expandirse  y acaparar no sólo tierras, fuentes hídricas  y bienes públicos, sino que con las Zidres  lograron legalizar  las acumulaciones expuestas, y podrán expandirse  y ampliar el tamaño de sus emprendimientos, ahora con la entrega de tierras por parte del Estado” (Arias, 2017; p. 83).

 Arias Castillo deja entrever sus dudas alrededor de lo que se negoció en La Habana en materia de acceso a la tierra, en el marco del punto de Reforma Agraria Integral. Se colige de lo planteado en el libro, que al parecer el Secretariado de las Farc terminó aceptando una negociación que en materia de tierras y reforma agraria integral poco o nada beneficia a los campesinos por los que dijeron sostener su lucha armada  por más de 50 años; y por el contrario, lo negociado y lo aceptado después de firmado el Acuerdo Final, ya se sabe que beneficia y beneficiará a los grandes capitales, familias y empresas interesadas en imponer el modelo de las grandes plantaciones y por esa vía, eliminar, simbólica y físicamente a los campesinos colombianos, convirtiéndolo en empobrecidos jornaleros.

Insisto en que el libro de Arias Castillo, en sus 93 páginas, constituye un buen ejemplo de seguimiento y análisis a un fenómeno como el de la concentración ilegal de la tierra en pocas manos. Con ejemplos bien documentados, el autor señala y acusa a poderosas multinacionales, empresas nacionales y sus filiales, como a miembros de “prestigiosas” familias, de  emprender maniobras sinuosas para arrebatarle a la Nación y a los campesinos, los baldíos de la altillanura.

Nota: muchos pensaràn que incurro en un error al usar la figura jurìdica empresarial SAS en lugar de zas, expresiòn muy usada para señalar un ruido que se produce por la caìda o la ruptura de algo. No. Al usar la voz SAS, hago referencia a esta figura dando cuenta de que fue usada por los acaparadores de tierras como estrategia para poder torcer el cuello a la ley. Y en los casos reseñados aquì es claro que a travès de varias SAS, se produjo un fuerte !zas! en la institucionalidad estatal, debido al rompimiento del orden jurìdico a travès de estratagemas de todo tipo. 


Imagen tomada de Radiomacondo.fm



[1] Unidad Agrícola Familiar, UAF.
[2] Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, Zidres. 

lunes, 29 de enero de 2018

ELN y el contexto electoral

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La acción de guerra perpetrada por un comando urbano del Ejército de Liberación Nacional (ELN)[1] contra una estación de policía de Barranquilla, se puede entender, desde el punto de vista militar, porque  al no renovarse el cese bilateral del fuego, es apenas “normal y lógico” que se den operaciones y hostigamientos entre los dos bandos enfrentados. Bajo esa lógica suelen operar los combatientes y sus comandantes que tienen poca capacidad para entender la compleja coyuntura político-electoral por la que atraviesa el país.

Por esa línea argumental, ese mismo atentado dinamitero, en perspectiva política, es la expresión clara de la torpeza y la incoherencia con la que actúan los milicianos y combatientes del ELN[2] y  el propio Comando Central (COCE[3]). Insistir en atacar a la fuerza pública y a los ecosistemas naturales en el presente marco electoral, facilita el camino a la Coalición de Derecha[4] en su propósito de vender miedo a la sociedad, para que compremos seguridad. Nuevamente, el discurso de Mano fuerte se erige como el único capaz de “enderezar al país y evitar la llegada del castrochavismo”. Y quienes celebran a escondidas, al tiempo que en público fustigan a Santos y al proceso de negociación de Quito, son los líderes de la Coalición de Derecha, de la que hacen parte el impúdico Ordóñez Maldonado, el ungido del propietario del Centro Democrático, Iván Duque Márquez y la ex ministra de Defensa y líder de un sector de la godarria,  Martha Lucía Ramírez.

Es decir, las acciones armadas del ELN juegan a favor de la Derecha y en contra de los candidatos presidenciales y los aspirantes a llegar al Congreso  que, afectos a las ideas de izquierda, al discurso de la paz y la reconciliación, buscan llegar a la Casa de Nariño y  a esa corporación con el firme propósito de defender el Acuerdo Final[5] II y el proceso de implementación de lo que se acordó en La Habana[6] y se firmó en el teatro Colón de Bogotá. De la misma manera, los actos de guerra del ELN afectan el proyecto político de la Farc[7], en la medida en que un grueso de la población colombiana tiene la idea de que la guerrilla es una sola, y que no hay mayor diferencia entre los elenos y los antiguos farianos. Además, alienta a las fuerzas disidentes de las Farc para insistir en una lucha que hace rato se tornó anacrónica. A lo anterior se suma toda la propaganda negra y las tergiversaciones que medios masivos como Noticias RCN[8] han hecho en torno al proceso de negociación que se surtió en Cuba y al que se adelante en el Ecuador.

Es tal el daño que producen las acciones temerarias y obtusas de los combatientes del ELN, que sobre el “pensamiento de izquierda” se siguen consolidando odios, estigmas, prevenciones y se amplía el proceso de exterminio, que ya toma visos de genocidio, del que vienen siendo víctimas[9] reclamantes de tierras, defensores de los DDHH, líderes sociales y políticos.

Con la suspensión del inicio del quinto ciclo de la negociación que se adelanta en Quito, el proceso mismo entra en una etapa difícil en la medida en que es poca la confianza que queda en la mesa de diálogos y la esperanza de lograr, por lo menos, un nuevo cese al fuego bilateral y avanzar ojalá en  la negociación misma de los puntos agendados.

Planteadas así las cosas, solo queda esperar que las fuerzas militares den un golpe a la agrupación armada ilegal, lo que mete al país, nuevamente, en una espiral de violencia y venganza al mejor estilo de la ley del Talión[10]. Y eso sucede cuando los combatientes, legales e ilegales,  desestiman la comprensión política de la actual coyuntura electoral por la que atraviesa el país, poniendo por encima de la Política y de la coyuntura electoral, la necesidad de mostrar resultados, esto es, exhibir los cuerpos calcinados del enemigo, como trofeos de guerra.  

Es tal la confusión y desesperanza que generan tanto las arremetidas del ELN, como el ya sistemático asesinato de líderes sociales, que bien se puede señalar que el asesinato de ciudadanos como Temístocles Machado, en Buenaventura, son de entera responsabilidad del Establecimiento, el mismo que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confronta, excita,  estimula, provoca y alienta para que sus agentes continúen la escalada de violencia contra todo aquel que reclame tierras, exija el respeto a los derechos humanos, o simplemente reclame una oportunidad para construir paz y reconciliación en una sociedad que se cansó de la guerra.  







Imagen tomada de la revista Semana.com


[7] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/09/por-german-ayala-osorio-comunicador.html Ahora se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.

jueves, 25 de enero de 2018

Cultura Falo céntrica

El caso de violación del que reconoció haber sido víctima la periodista Claudia Morales, las reacciones y la ola de especulaciones que generó su columna de opinión, hay que anclarlas en una cultura falo céntrica como la colombiana, la misma que está inserta en un mundo masculinizado que, por siglos, ha podido no solo dominar y someter a la Mujer, sino a la Naturaleza.

Más allá de las especulaciones alrededor de la posibilidad, real o no, de que el violador, es decir, “Él”, sea el ex presidente Uribe Vélez, lo que hay que decir es que la periodista muy seguramente no midió los efectos que produciría su confesión,  el haber expuesto su caso y sobre todo, el exigir públicamente el derecho que tiene a guardar silencio en torno a los hechos y sobre todo, alrededor de la identidad del criminal que la violó.  El derecho al silencio al que apela la periodista tiene graves problemas en su reconocimiento y aplicabilidad a partir del momento en el que hizo públicos los hechos. Y es claro que en el discurso no hay lugar a la ingenuidad.

Los efectos de su columna son claros: en primer lugar, la comunicadora viene siendo re victimizada por los propios colegas periodistas que al saber el nombre del abusador sexual o sospechar, con un alto grado de certeza de la identidad del violador, se abstienen de llamarlo y confrontarlo, así como a los otros que fungieron en el pasado como jefes de Claudia Morales, para que se pronuncien sobre el hecho publicado. Por supuesto que eso incluye preguntarle de manera directa al senador Uribe, así se niegue a responder o eluda referirse al tema, dado que ahora mismo sobre Él recaen las sospechas no solo por las “pistas” que la propia periodista dio al señalar que se trata de una figura pública, poderosa, que genera miedo y terror y de constante aparición pública, sino por la tardía y el tono de la respuesta que brindó el operador político sobre el particular.

El caso de Claudia Morales no se agota en lo periodístico-noticioso. El periodismo colombiano está ante una única oportunidad de convertir lo sucedido en un asunto que, en clave cultural, permita que reflexionemos no solo alrededor de las prácticas del Poder, y de las actuaciones de los hombres poderosos, sino en torno al ejercicio mismo, en el sentido en que el violador de Claudia Morales, cualquiera que sea, muy seguramente gozó de la complacencia, relaciones melifluas y la zalamería de periodistas y empresas mediáticas; igualmente, tuvo que haber gozado y beneficiado de un entorno social, cultural y político igualmente complaciente.

No es suficiente con sacar algunas notas reproduciendo lo que pasa en las redes sociales. Los  colegas de Morales deben cerrar filas en torno a unos hechos que una sociedad solidaria y normal no puede dejar de lado, así haya de por medio el miedo de la periodista que fue violada y el posible exceso de respeto, admiración e incluso temor, hacia el principal señalado de haber cometido el acceso carnal violento. Estamos ante un evidente caso de auto censura porque  la figura comprometida por las especulaciones que circulan en las redes sociales,  hace parte de un Régimen de poder que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que sus figuras y defensores sufran algún tipo de erosión en la positiva imagen que la misma Prensa coadyuvó a consolidar del hoy intocable senador de la República.

En segundo lugar, la andanada de insultos que circulan en las redes sociales, de hombres y mujeres, simpatizantes y áulicos del Senador sobre quien giran las sospechas y especulaciones, dan cuenta, con claridad, de que somos una sociedad que subvalora a las mujeres, en particular a las que se atreven a reconocer y denunciar que fueron violadas por hombres que saben que contarán con el respaldo de una sociedad que puso por encima de la decencia, el pudor y la ética, el acceso a como diera lugar al Poder político, a partir del Todo Vale. Por eso, una violación siempre será en Colombia un “mal menor”, un “error”, un "desliz", una "situación confusa" o un “impasse”.

Así entonces, el caso de Claudia Morales hay que ubicarlo y entenderlo en un marco cultural complejo, en el que sobresale una sociedad machista. Estamos inmersos en una cultura  falo céntrica que le permite a Machos con Poder, pensar que pueden acosar y violar mujeres, porque dichas prácticas hacen parte del viejo derecho de pernada. Y puede resultar así, porque en este país podemos encontrarnos con Hombres poderosos que piensan y actúan como si viviesen en señoríos feudales y que en su calidad de nobles, tienen el derecho  de pasar la primera noche («ius primae noctis») con específicas mujeres.


Adenda: como Hombre, persona y ciudadano siento vergüenza con Claudia Morales. Y sugiero cambiar el pronombre para seguir llamando al hombrecillo que la violó. No digamos Él, hablemos de Ese. 


Imagen tomada de lafm.com.co

lunes, 22 de enero de 2018

Cuenta de cobro

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Que la Organización Ardila Lulle esté considerando no renovar la licencia[1] para mantener al aire su Canal RCN, debido a los bajos consumos de las audiencias, según lo señalan las mediciones del rating, bien puede obedecer a la equivocada y malintencionada política editorial asumida por el Noticiero RCN frente al proceso de paz adelantado en La Habana. Directrices que tienen en la periodista Claudia Gurisatti a su más férrea ejecutora, quien al final llevó a que el noticiero fungiera como una suerte de courrier[2] propagandístico[3]  de los sectores de poder enemigos de las negociaciones y  actor político[4], con todo y lo que ello significa.

Si ese factor contextual explica la crisis económica del Canal y el que la organización Ardila Lulle esté considerando no dar continuidad a la licencia y por esa vía renunciar al uso del espectro electromagnético, estamos ante hecho político, social, cultural y mediático de inusitado valor. Y es así, porque ello sugiere la consolidación de unas audiencias  que, con toda la capacidad para conectar los intereses económicos y políticos que siempre aparecen detrás del funcionamiento de un noticiero, en particular los fuertes hilos del poder que se agitan con cada emisión del noticiero RCN,  y con el criterio suficiente para definir qué consumir, pueden estar presionando cambios no solo en la dirección del Noticiero RCN, sino en la continuidad misma de la operación del Canal.

Insisto en que de comprobarse que los bajos niveles de rating que marca la oferta televisiva del mencionado Canal privado, tienen conexión con el rechazo que generó aquella política editorial de deslegitimar el proceso de paz y afectar la credibilidad del Gobierno de Santos, estamos ante un enorme cambio cultural de un sector importante de la opinión pública que reconoce cuándo un medio informa de manera veraz y "objetiva" y cuándo hace apología de la guerra, tal y como lo hizo el noticiero RCN bajo la dirección de Claudia Gurisatti.

La conexión clara e indiscutible entre bajo consumo de la oferta televisiva y el ejercicio malintencionado del periodismo la hicieron un poco tarde las directivas del Canal, al advertir el bajo consumo y los bajos niveles de rating de la novela, recientemente lanzada, sobre la vida del periodista y humorista, Jaime Garzón. Omar Rincón, crítico de televisión y analista de medios señala que: “La gran contradicción es que el canal uribista, clasista y anti-paz de Colombia haga una serie para celebrar todo lo contrario: el pensar colectivo, los derechos humanos, la igualdad social, el hacer las paces. El peor enemigo del éxito de la serie Garzón es RCN, o siendo directos: el peor enemigo de la serie es el noticiero de RCN. Otra vez más, la ficción cuenta más sobre el país que el noticiero[5].

Lo cierto es que lo que viene sucediendo con el Canal RCN es un campanazo de alerta tanto para libretistas, periodistas y directivos. Advertencia que claramente les dice que las audiencias en Colombia cambiaron y que el manejo informativo y la política editorial no pueden ir en contravía de un anhelo de paz que, aunque controversial por la forma como se dio la negociación política en La Habana, estaba anclado en lo más profundo de un sector amplio de la sociedad que se hartó de la guerra y que poco a poco venía expresando su molestia con ese periodismo que poco aportaba a la reconciliación y a la comprensión de  la delicada coyuntura y el momento histórico por el que atraviesa el país.

Al final, creo que esas audiencias cansadas de la manipulación de los hechos y de las acciones informativas tendientes a tergiversar lo que acontecía en La Habana y lo que se dio posterior a la firma del Acuerdo Final, le están pasando cuenta de cobro al Noticiero RCN y por su conducto, a todo lo que representa el canal RCN. Eso sí, la pérdida de credibilidad[6] y el bajo consumo de la oferta cultural e informativa lleva años consolidándose y al parecer, las directivas del Canal apenas se están percatando.



Imagen tomada de El Tiempo.com

viernes, 19 de enero de 2018

La cruzada de los Inmorales

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El viaje[1] que emprendió a Venezuela la pre candidata presidencial, Martha Lucía Ramírez, confirma que la ex ministra de Defensa apelará al fantasma del “Castrochavismo”[2], en caso de que decida lanzarse como candidata independiente, ante la dificultad de consolidarse la coalición de Derecha y ultraderecha de la que hacen parte el candidato que escogió Uribe Vélez, el bogotano Iván Duque y el corrupto ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.   

Como parte o no de la coalición, la señora Ramírez apela a la estratagema electoral de asustar al electorado colombiano con los riesgos de que Colombia se “vuelva como Venezuela”. Viaja al vecino país y se toma fotos en estantes vacíos de supermercados. A la ex ministra le preocupa la “crisis humanitaria” de Venezuela, pero guarda sospechoso silencio frente al sistemático asesinato de líderes sociales y políticos y al hambre que padecen millones de colombianos que, bajo el sistema capitalista que ella defiende, viven en extrema pobreza. De la misma manera como jamás le preocupó a la señora Ramírez el drama humanitario de la población colombiana víctima del desplazamiento forzoso por cuenta de los actores armados enfrentados: guerrillas, paras y fuerza pública. Y mucho menos le preocupò la muerte de cientos de miles de civiles que fueron asesinados por militares, en lo que se conoce como "Falsos positivos".

En las críticas que hace a Venezuela, la ex ministra de Defensa en el Gobierno de Uribe comparte tareas con Iván Duque, quien desde España hizo lo mismo con el régimen de Maduro. Mientras el ungido por el dueño y Patrón del Centro Democrático y la elegida de Andrés Pastrana Arango usan la situación de desabastecimiento y la crisis económica y política del vecino país para atrapar incautos e ignorantes, el fanático religioso Ordóñez Maldonado insistirá en el “rayo homosexualizador” que sobrevino sobre Colombia una vez se firmó el Acuerdo Final en La Habana, para convencer a cientos de miles de   homofóbicos que como él, aún creen que ser homosexual es una enfermedad o una perversa confusión.

Es decir, esta coalición del NO insistirá en reeditar la campaña plebiscitaria del 2 de octubre, para engañar al electorado con el ya manido fantasma del "Castrochavismo" y el riesgo de que todos los colombianos que apoyen el proceso de paz con las Farc y la implementación de lo acordado, firmado y refrendado por el Congreso , terminen  "convertidos" en homosexuales.

Sin duda, estamos ante una cruzada moral, curiosamente anclada en la inmoralidad que acompaña al inmediato pasado público del señor Ordóñez Maldonado, quien se hiciera reelegir como Procurador General de la Nación de manera irregular,  violando la Constitución Política de Colombia. De igual manera, la cruzada moralizante está ancorada en la indignidad que acompaña a los ex presidentes que la sostienen política y económicamente: Álvaro Uribe Vélez[3] y Andrés Pastrana Arango[4].

Estamos, sin duda alguna, ante una campaña presidencial que reedita la vieja doctrina del “enemigo interno”, con la que se persiguió a comunistas y que en Colombia la Derecha y la ultraderecha insisten en mantener, a pesar del desarme y la reincorporación de las Farc a la vida social y política del país. El peligroso aderezo que acompaña a los símbolos y al discurso de dicha coalición, lo pone el quemador de libros, lefebvrista  y clientelista Alejandro Ordóñez Maldonado[5]. La prensa no debería de hablar de “Coalición de derecha”, lo que simplemente es la Cruzada de los Inmorales. Còmo estaremos de mal en Colombia, que Uribe, Pastrana y Ordòñez son hoy, para millones de ignorantes y despistados, el faro moral del paìs. 





jueves, 18 de enero de 2018

CHIRAJARA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El desplome de una parte de la estructura del puente Chirajara  golpea la confianza social, técnica y política que sobre  la ingeniería colombiana se venía construyendo con promocionadas vías 4G y con otras ejecutorias a nivel nacional; además,  deja entrever con claridad la detestable práctica de los actores involucrados en el hecho, de no asumir con rapidez y diligencia la responsabilidad correspondiente. No basta con salir a  los medios[1] a lamentar la muerte de los 9 trabajadores que cayeron en el colapso de la estructura. Antes de que la Fiscalía investigue y señale responsabilidades penales, se esperaría que alguien, por lo menos políticamente, asuma la responsabilidad de lo sucedido. Bien podrían asumirlas el propio Presidente Santos y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Por el contrario, asumir responsabilidades por lo acontecido se torna complejo y difícil porque el enrevesado esquema de subcontratación facilita la aceptada práctica cultural de evitar asumirlas hasta tanto no haya una presión de la justicia o exista una sentencia judicial que así lo señale. Y sobre la presión que puede ejercer la prensa, ellos saben que a través de titulares[2] se puede matizar el vergonzoso episodio.

Sin duda, la caída del pontón Chirajara es un hecho, además de técnico e ingenieril, público, y por lo tanto, tiene un carácter político. De allí la necesidad de “politizar” el hecho, dado que allí están comprometidos el Estado en su conjunto, el Gobierno de Santos como garante político y ético de unas obras, así como los consorcios y firmas que las diseñaron, financiaron y ejecutaron.

Una vez ocurrido el desplome de la estructura, se esperaría que las firmas comprometidas en la ejecución técnica de la obra desplazaran un equipo, con el acompañamiento de grupos privados  de ingenieros y la vigilancia de los entes de control estatal, para evaluar con rapidez y diligencia lo sucedido y explicar las causas del desprendimiento de una parte del puente en cuestión.

Resulta inaceptable que los voceros de las firmas comprometidas no le hayan anunciado al país la conformación de un equipo de trabajo que busque establecer qué sucedió con el puente. Pero no, es más fuerte la práctica de “esperar a ver qué pasa”, para luego asumir responsabilidades civiles y penales.

Esos silencios hacen parte de lo que en varias columnas llamo el ethos mafioso. Como sociedad hemos naturalizado no solo las coimas que pagaron funcionarios de Odebrecht a políticos para que adjudicaran obras civiles de gran calado como el proyecto Ocaña-Gamarra (4G), sino la permisividad en la ejecución de obras, en la aceptación de las mismas por parte de interventores que a pesar de saber de riesgos por problemas técnicos, comprometen sus firmas y las avalan, participando así de actos de corrupción. Lo más probable es que en el desplome de la obra se descubran problemas de cálculo o aquellos surgidos por la mala calidad de materiales usados en la estructura que se vino al suelo.  

Lo que deben entender las entidades comprometidas en este caso es que no solo se desplomó una estructura, sino que se vino abajo la confianza, el buen nombre, la respetabilidad y el actuar  ético de unas firmas de ingenieros y de un Gobierno que le apuntó a la construcción de vías para conectar y hacer más competitivo el país.

Y ojalá que el proceso de reparación a las familias de las víctimas del siniestro sea transparente y justo y ojalá cuente con el acompañamiento  de alguna entidad del Estado, porque es de esperar que se ofrezcan compensaciones económicas que no alcanzan a compensar el dolor infringido. Y esto se puede dar, porque no generan confianza quienes guardan un desacertado y cómplice silencio frente a un suceso en el que de manera directa e indirecta, hay responsables naturales.





Foto tomada de El Espectador, cortesía de Periódico del Meta.

[2] El titular de EL TIEMPO, medio que pertenece a Sarmiento Angulo, comprometido en la obra en cuestión, es una clara muestra de un ejercicio de salvaguardar el nombre del propietario: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/puente-en-via-bogota-villavicencio-se-desplomo-y-deja-victimas-mortales-171458

lunes, 15 de enero de 2018

Estado y proceso de implementación

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Durante los 50 años de conflicto armado interno[1] entre el Estado y la guerrilla de las Farc-Ep[2], se consolidó la idea alrededor de que Colombia no alcanzaba niveles constantes y óptimos de crecimiento económico y desarrollo, justamente, porque se debía enfrentar a ese “enemigo interno”, lo que suponía un esfuerzo militar y económico y por supuesto, institucional desde la perspectiva política, para lograr imponerse y someter, militar y políticamente a dichas fuerzas subversivas.

Adjunta a esa idea gravitó otra que advertía como obstáculo histórico para que el Estado colombiano fuera considerado moderno en el sentido planteado por el proyecto de la euro modernidad, su evidente debilidad, manifiesta en su no presencia hegemónica a lo largo y ancho de su territorio.

Estas dos ideas fueron sumándose a lecturas académicas, circunstancias y hechos, dando lugar a una tesis que indicaba que el origen mismo del conflicto armado interno entre el Estado y las guerrillas se dio y se mantuvo por más de 50 años, por la nula presencia del Estado como un tipo de orden capaz de guiar y controlar la vida de sus habitantes.

Si hoy, gracias al proceso de paz de La Habana, la guerrilla más grande del país (las Farc-Ep) ya no existe como tal[3], en qué radican las dificultades institucionales para lograr que el Estado cope el territorio nacional y por esa vía someta, en beneficio colectivo, a aquellas fuerzas y actores que insisten en actuar en contra de o de forma paralela al Estado formalmente establecido (paraestados)? Es decir, después de la salida de los combatientes de las Farc de los territorios en los que hacían presencia militar, para concentrarse en las zonas de verificación, proceso que completa 18 meses, ¿por qué no se ha construido Estado, sociedad y mercado en aquellos lugares?

Más allá de las discusiones de si el Estado es una especie de “artefacto portátil” que se lleva y se instala en determinado territorio y de las dificultades que subsisten para que su operación sea efectiva y perenne en el tiempo, hay una verdad inocultable: el Gobierno de Santos no pudo, en nombre del Estado y Juan Manuel Santos como jefe de Estado, lograr que la institucionalidad estatal llegase a los territorios que las Farc abandonaron gracias a que se puso fin al conflicto armado interno.

Para explicar la no presencia del Estado en los señalados territorios ex farianos, propongo la siguiente tesis: subsisten dentro del Estado mismo, el Gobierno actual y al interior de lo que se llama el Establecimiento, poderosos actores económicos, políticos y sociales que luchan  contra la institucionalidad que busca, desde una aceptada noción de Estado, expandir y asegurar la presencia estatal hegemónica. Dichos actores, conectados interesadamente con fuerzas ilegales (narcotráfico y todo tipo de actividades mafiosas como contrabando), presionan y hacen ingentes esfuerzos para que no se diseñen e implementen acciones y políticas públicas tendientes a edificar y garantizar la presencia y la operación de un Estado desde la concepción moderna. Igualmente, aparecen los intereses particulares de ganaderos, latifundistas y filiales de multinacionales a las que les conviene, hasta cierto punto, que el Estado se mantenga ausente, débil o proclive a ofrecer todo tipo de garantías a inversionistas solo interesados en aprovecharse de la labilidad estatal y de las oportunidades que ofrecen las tierras que fueron liberadas de las Farc-Ep.

Lo dicho por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, confirma la penosa situación que afrontan cientos de miles de colombianos que en particulares territorios, viven a pesar de la No presencia del Estado, o de su presencia debilitada. Dijo Antonio Guterres, en el marco de la evaluación del proceso de implementación del Acuerdo Final firmado en el teatro Colón entre las antiguas Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, “acelerar el proceso de presencia activa del Estado en la totalidad del territorio nacional (…) para terminar la dualidad entre una Colombia próspera, útil y desarrollada y una Colombia periférica, marginada, donde el Estado está muy débilmente presente y donde las comunidades no tienen acceso a las ventajas del desarrollo económico y tecnológico”. Pero puntualizó que tal presencia no es solo para garantizar seguridad, sino también para promover el acceso a servicios públicos, a la salud, a la educación y “para solucionar problemas muy antiguos, como los ligados a la tierra, para mejorar las condiciones de la población[4].

Sin duda, es importante la crítica y el llamado que hace el Secretario General de las Naciones Unidas al actual Gobierno de Colombia para que en el poco tiempo que le queda al frente del Estado, intente por lo menos dejar acciones y decisiones institucionales que pueda recoger el próximo Gobierno y que conduzcan a la consolidación del Estado como un orden moderno. Pero no será fácil, porque en Colombia hay “un doble Estado”: uno que  actúa inmerso en la ilegalidad y otro que le permite a determinados actores de poder no solo fungir como Estado, sino aprovecharse de una debilidad auto inducida.

El presidencialismo y el ejercicio mismo de la política son un factor claro que impide la consolidación[5] del Estado como un orden justo, legítimo y perenne a lo largo y ancho de sus fronteras internas. El débil sistema de pesos y contrapesos, consecuencia de la acción clientelista de congresistas, ministros y presidentes, aporta significativamente a extender en el tiempo la presencia no hegemónica del Estado o que se considere como un “Estado en construcción”.

Pedro Medellín lo señala de esta manera: “aunque ofrezca lo divino y lo humano en la campaña electoral, por más que se comprometa con la salud o la educación, al próximo presidente le va a tocar la tarea más relevante y decisiva: restablecer el orden constitucional que en solo 25 años, un gobierno tras otro, han destrozado.  Y no lo es por las 54 reformas constitucionales que desde el 18 de agosto de 1993 han ido vaciando la Constitución de 1991. El desafío está, sobre todo, en quitar el piso a las prácticas gubernamentales, legislativas y judiciales que, desde los días siguientes a la expedición de la Constitución de 1991, han ido desmantelando el orden constitucional del país.  Me refiero a los centenares de leyes orgánicas y decretos reglamentarios que, desde la Presidencia y el Congreso, se han expedido alterando las reglas del juego constitucional y legal del país. Todo a través de un proceso en que se entregan puestos y contratos a los congresistas a cambio de apoyos a los proyectos de ley presentados por el gobierno ante Senado y Cámara, sin importar si transgredían las normas o no”[6]

Por lo anterior, en varios años el mismo u otro Secretario General de la ONU podrá hacer la misma crítica y el mismo llamado pues el problema de construir Estado, sociedad y mercado no solo pasa por una aún no consensuada y compartida noción de lo que debe ser un Estado moderno, sino que pasa por los mezquinos intereses de élites de poder local y regional que insistirán en mantener una institucionalidad estatal a la altura de sus deseos y negociados. Y todo, porque como sociedad permitimos la entronización del ethos mafioso que guía la vida de los funcionarios públicos y la de los agentes privados.   



Imagen tomada de la revista Semana.com


[3] Aunque mantienen la misma sigla, hoy existe la Farc: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Véase:  http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com.co/2017/09/por-german-ayala-osorio-comunicador.html

jueves, 11 de enero de 2018

ELN: ¿EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL?

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El proceso de paz que el gobierno adelanta con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) acaba de sufrir su más fuerte traspiés, por la absurda decisión de miembros de ese grupo armado ilegal de atentar contra la infraestructura económica y unidades militares, horas después de finalizado el cese bilateral y temporal al fuego[1] pactado con el Gobierno de Santos.

Tanto los atentados de ayer, como el crimen del indígena Aulio Isarama Forastero[2] dejan entrever una fuerte tensión y fractura entre la dirigencia del ELN y miembros de Frentes que parecen operar desconociendo la línea de mando y las directrices del COCE. Si eso es así, estamos ante una compleja circunstancia política y operativa que haría casi imposible que la negociación política avance, se logre poner fin a las hostilidades en forma definitiva y los miembros de esa agrupación subversiva se desmovilicen y reintegren a la vida social, económica y política del país. Y si por el contrario, los señalados hechos corresponden o dan cuenta del cumplimiento de órdenes emanadas por el Comando Central, entonces estamos ante una dirigencia guerrillera obtusa, envilecida por la guerra, ciega e irresponsable con el momento histórico que vive el país, lumpenizada, criminal y en exceso dogmática, que se ahoga poco a poco en su anacrónica lucha armada.

En esa misma dirección, cito apartes de lo expresado recientemente por Víctor De Currea-Lugo: “El ELN sabe de los graves problemas de incumplimiento del gobierno en el caso de las FARC, pero no es eso lo que le amilana, eso hace parte del inventario. Lo que les pesa como un ancla es la unidad interna que quieren salvar a toda costa y, como dice el refrán, los ejércitos avanzan al paso del más lento. El problema es que el más lento, en este caso las llamadas “barras bravas” elenas y la minoría contraria a los diálogos, parece que están ganando el pulso. Los incidentes, que son reales, también sirvieron de excusa...”[3]

Con todo y los problemas con la implementación del Acuerdo de La Habana[4], dicho proceso de paz hace parte del positivo momento histórico por el que atraviesa el país, circunstancia esta que  debería de ser el norte que los guerrilleros del ELN y su dirigencia busquen, con el firme propósito de abandonar aquella sentencia que los hace ver cada vez más como una guerrilla dogmática: “liberación o muerte”. Pero al juzgar por los hechos acaecidos, la ya vetusta dirigencia elena no solo parece que se quedó petrificada en los convulsionados años 60, sino que contradice sus mismos principios y valores de lucha, al afectar negativamente a los sectores sociales y comunitarios cuya presencia la consideran definitiva y necesaria para la discusión pública de la agenda pactada con el Gobierno.  Se trata de esas mismas comunidades que claman el cese de las hostilidades, un alivio humanitario, el respeto de sus vidas, cosmovisiones y territorios.

Ese mar de contradicciones del ELN se puede explicar en las profundas diferencias de formación política que suelen darse entre los altos mandos y la base guerrillera. De un lado, unos gozan de formación académica que les permite mantener el sentido de un proyecto político, a pesar del incuestionable fracaso de la lucha armada; y otros tantos, la inmensa mayoría de la base guerrillera, arropados por la ignorancia, la nula o poca formación política y presionados por alcanzar un lugar importante dentro de una organización vertical y dominante, no alcanzan a entender que el tiempo de la lucha armada ya pasó y que al insistir en esta, corren no solo el riesgo de morir, sino de empeorar la vida de los “desvalidos”, del “pueblo abandonado” y de los “pobres” por los cuales dicen luchar contra un orden político corrupto, criminal y violento.

Parece que el COCE y la base guerrillera no comprenden las delicadas circunstancias en las que se desarrollará el próximo  escenario electoral. Con cada atentado perpetrado, la derecha y la ultraderecha se afianzan ante una opinión pública manipulada y sus candidatos ganan visibilidad para desestimar no solo el actual proceso de negociación que se adelanta en Quito, sino lo acordado en La Habana.

De romperse el proceso de negociación que se adelanta en Quito (Ecuador) y de mantener las hostilidades y de consolidarse la degradación de la lucha armada, el Comando Central de dicha guerrilla corre el riesgo de quitarle y borrarle a dicha organización lo poco que le queda de “Ejército de Liberación Nacional”; al final, lo que lograrán es poner en duda si realmente son lo que dicen ser, porque ni actúan como Ejército, ni lograron “liberar al pueblo” que dicen defender y porque el alcance territorial de su lucha  es mínimo y su presencia termina por aumentar la pobreza y la miseria que se vive, por ejemplo, en el Chocó.






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